La Segunda República: Parte 2

La Constitución de 1931

Las elecciones del 28 de junio dieron la victoria a la coalición republicano-socialista. Una Comisión Constitucional nombrada por las Cortes elaboró el proyecto de la Constitución, de carácter democrático y progresista, que fue aprobado en diciembre de 1931. Sus principales características son:

La República se constituye en Estado integral, aunque compatible con la autonomía de los municipios y regiones. Se establece la separación de poderes: el legislativo recae en unas Cortes unicamerales. El ejecutivo, bajo el control parlamentario, queda en manos del Consejo de ministros y el presidente de la República. El poder judicial, en jueces independientes. Establece la posibilidad de expropiación y de nacionalización de los servicios públicos por motivo de utilidad social. Introduce una amplia declaración de derechos y libertades. Se reconoce tanto el matrimonio civil como el divorcio. El voto es para los adultos mayores de 23 años, y se reconoce el derecho a voto a las mujeres. Art. 36. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. En materia religiosa, se declara la separación entre Iglesia y Estado (se elimina el presupuesto del clero, se declara la no confesionalidad del Estado y se disuelve cualquier orden que tenga como voto el respeto a una autoridad distinta a la del estado español: caso de los jesuitas). Se adopta una bandera nueva: Art. 1. (…) La bandera de la República española es roja, amarilla y morada.

Los temas que más contribuyeron a enconar los ánimos de los diputados, generando acalorados debates parlamentarios, fueron los relativos a la cuestión religiosa y a las regiones autónomas. La aprobación de los artículos referidos a la religión provocó una fuerte reacción eclesiástica y la dimisión de los sectores católicos, entre los que se encontraba el propio jefe del gobierno, Alcalá Zamora, quien tras su dimisión fue sustituido por Manuel Azaña, lo cual no fue impedimento para que, una vez aprobada la Constitución, Alcalá Zamora fuera elegido Presidente de la República.

Las fases de la República

Primera Fase: El Bienio Reformista (1931 - 1933) Durante este período Manuel Azaña presidió un gobierno formado mayoritariamente por republicanos de izquierdas y socialistas que impulsó el plan de reformas ya iniciado por el gobierno provisional.

La Reforma Religiosa La República trató de limitar la influencia de la Iglesia en la sociedad y en la política española y para ello procedió con la secularización del estado, declarándose la no confesionalidad oficial, la libertad de cultos y suprimiendo el presupuesto de la Iglesia. Asimismo, se legalizó el matrimonio civil y el divorcio y se secularizaron los cementerios. Se decretó además la disolución de aquellas órdenes que tuvieran como cuarto voto la obediencia al Papa frente a cualquier otra autoridad, para, entre otras cosas, garantizar la obediencia de todos los españoles al Estado. De este modo la orden de los jesuitas, que tenía una gran influencia en la educación, quedó disuelta en España, quedando sus bienes nacionalizados. Además, se prohibió la práctica de la enseñanza de las órdenes religiosas, quedando ésta controlada por el estado. Todas estas medidas provocaron una polarización radical de la opinión pública. Del ámbito religioso surgieron importantes enemigos de la República. La mayor parte de la población de aquella época era católica, por lo que no le fue difícil a la jerarquía religiosa movilizar a importantes sectores en contra del gobierno. El gobierno, por su parte, decidió entonces expulsar de España a aquellos religiosos especialmente activos y molestos para los planes de modernización de España.

La Reforma del Ejército Azaña pretendía constituir un ejército profesional defensor de la democracia. Para ello era necesario reducir la proporción de oficiales existente (era de uno por cada tres soldados). Se promulgó en este sentido la Ley de retiro de la oficialidad, que obligaba a jurar fidelidad a la República o, en caso contrario, a retirarse voluntariamente conservando el sueldo íntegro. Por otra parte, se cerró la Academia militar de Zaragoza, cuyas enseñanzas se consideraban tradicionalistas y anticuadas, y se clausuraron los Consejos de Honor, el Consejo Supremo de Justicia Militar y se eliminó la prensa militar. También se pretendía modernizar materialmente el ejército, aunque la disminución de su presupuesto impidió llevar a cabo tal propósito. La ley de reforma militar fue recibida por un sector del ejército como una agresión a la tradición militar, por lo que provocó importantes tensiones, especialmente entre los africanistas.

La Reforma Agraria La agricultura jugaba un papel importantísimo en la economía española de la época, tanto por contribución a la renta nacional como por mano de obra que empleaba. De los 8.5 millones de habitantes que tenía España, unos 4 millones trabajaban en la agricultura, siendo jornaleros unos dos millones de ellos. En el caso de Andalucía, más del 50% de la propiedad pertenecía a los grandes latifundistas. La ley más ambiciosa con la que se pretendía encarar y dar soluciones a los graves problemas del campo fue la de Reforma Agraria de 1932, cuyos objetivos fueron fundamentalmente expropiar los grandes latifundios y asentar a los campesinos sin tierras. Las tierras de la nobleza podían ser expropiadas, en parte, sin pagarse indemnización; las tierras mal cultivadas, arrendadas sistemáticamente o no regadas, pudiendo serlo, podían ser expropiadas, pero pangándose una indemnización. Esta ley, que contribuyó a acentuar la tensión social, tuvo un alcance muy limitado, debido a la complejidad técnica de su aplicación, la falta de presupuesto, la lentitud burocrática y la resistencia de los propietarios. La Ley de Reforma Agraria terminó alineando frente a la República tanto a los latifundistas, que contaban con gran fuerza económica y poder, como sectores importantes del campesinado, que frustrados ante la falta de resultados y defraudados con las posibilidades de cambio social ofrecidas por la República, se reorientaron hacia posiciones de carácter revolucionario.

La Reforma del Estado Centralista: Las Autonomías La Constitución de 1931 había abierto la posibilidad de constituir un estado de regiones autónomas que satisficiese las aspiraciones nacionalistas de determinadas regiones. En Cataluña, el 14 de abril de 1931, Francesc Macià, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, proclamó la República Catalana dentro de la Federación Ibérica. El gobierno provisional de la República Española reconoció este gobierno autónomo, la Generalitat. Se encargó a una comisión la elaboración de un Estatuto de Autonomía, el Estatuto de Nuria, que fue aprobado en referéndum con un 99% de votos afirmativos. A pesar de la oposición de algunos sectores en el parlamento, finalmente fue aprobado, aunque eso sí, con algunas modificaciones. Cataluña pasaba a tener gobierno y parlamento propio, pero carente de competencias en materia económica, social, educativa y cultural. En el País Vasco, el PNV (Partido Nacionalista Vasco) y los carlistas aprobaron en 1931 el llamado Estatuto de Estella, al que se opuso el republicanismo de izquierda y los socialistas debido a su carácter confesional y poco democrático, incompatible con la legalidad democrática republicana. Se mantuvieron intensas negociaciones hasta que en octubre de 1936, iniciada ya la guerra, fue aprobado un estatuto vasco de carácter democrático, siendo elegido José Antonio Aguirre (PNV) Lehendakari. En Galicia, con un movimiento nacionalista menos fuerte, el proceso estatutario fue más lento, no llegando a ser aprobado por las Cortes.

Las Reformas Sociales El socialista Largo Caballero fue el impulsor de una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales: Ley de contratos de trabajo y de jurados mixtos. Establecimiento de la jornada laboral de 40 horas. Aumento de los salarios. Se impulsan los seguros sociales. Las organizaciones patronales se opusieron a todas estas medidas.

La Reforma Educativa En materia educativa se potenció la universalización de una educación laica, liberal, mixta, obligatoria y gratuita. El objetivo principal fue la educación primaria. Se levantaron 10.000 nuevas escuelas y se contrataron 7.000 maestros. Asimismo se pusieron en marcha Misiones Pedagógicas, con el objeto de llevar la cultura a las zonas rurales, creando bibliotecas, cines, coros, teatros…

Los enemigos de las reformas y la conflictividad social El amplio programa reformista puesto en marcha por el gobierno de izquierdas del primer bienio de la República amenazaba, si no dañaba directamente, los intereses de amplios grupos sociales pertenecientes a la Iglesia, al ejército y a la patronal industrial y latifundista. Para defender el mantenimiento del orden social preexistente que las reformas pretendían alterar, estos sectores procedieron bien con la organización de la derecha monárquica, bien impulsando organizaciones de carácter autoritario. El descontento también se extendió entre la clase obrera, no satisfecha con la lentitud y poco alcance de las reformas emprendidas y muy perjudicada como consecuencia del paro y de las duras condiciones de trabajo y vida en general. Las reformas republicanas afectaron a los intereses de un amplio sector de la población perteneciente a la Iglesia, el ejército, la patronal y al latifundismo. Como decíamos más arriba, para enfrentarse a la República estos sectores procedieron, bien con la reorganización de la derecha monárquica, bien impulsando organizaciones de carácter autoritario. Asimismo la clase obrera, descontenta con la suavidad de las reformas emprendidas y afectada por el paro y las duras condiciones de trabajo y vida en general, protagonizaron una fuerte oleada de insurrecciones violentas.

La Reorganización de las Derechas Las tendencias monárquicas fueron derivando hacia posiciones anti-democráticas. Destacan partidos como: Acción Española, una fuerza monárquica, católica y tradicional, con líderes como José María Pemán o Ramiro de Maeztu, Renovación Española, liderado por José Calvo Sotelo, partido alfonsino fundado en 1933 que defendía la necesidad de un golpe de estado, los carlistas por su parte se unieron en la Comunión Tradicionalista, que se asociaría con Renovación Española con el objeto de agrupar las fuerzas monárquicas. En 1931 surgieron pequeños grupos de corte fascista, como las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), que más tarde se uniría a Falange Española, partido fundado en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, que impulsó la formación de grupos paramilitares para enfrentarse con las fuerzas de izquierda. En 1932 se creó la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) de carácter autoritario, dirigida por José María Gil Robles. Del ámbito militar surgió en 1933 se fundó la UME (Unión Militar Española), de carácter derechista y anti-reformista, que tendría una gran importancia en el golpe de 1936. En agosto de 1932 se hubo una intentona de Golpe de Estado en Sevilla protagonizada por el general Sanjurjo (la Sanjurjada) que terminó en fracaso.

Obrerismo y Conflictividad Social El cenetismo (CNT), con más de un millón de afiliados hacia 1936, se dividió a partir de 1931: Por un lado estaban los moderados, llamados Treintistas, encabezados por personas como Ángel Pestaña o Juan Peiró, que prestaban un cierto apoyo a la República. Este sector defendía la revolución social, aunque consideraban necesario pasar por una fase preparatoria previa. Por otro lado estaban los más radicales, organizados a través de la FAI y liderados por personas como Buenaventura Durruti, Juan García Oliver y Francisco Ascaso. Durante el período republicano fomentaron las huelgas, la insurrección campesina y la creación de comunas libertarias. La Federación de Trabajadores de la Tierra, sindicato del campo asociado a la UGT, con más de 450.000 afiliados, también se radicalizó. Fueron constantes las revueltas, normalmente consistentes en la toma del ayuntamiento del pueblo, la quema del registro de la propiedad, las colectivizaciones y la declaración del comunismo libertario. Solían terminar con la llegada de las fuerzas del orden y la represión de la insurrección, que podía generar muertos (sucesos de Casas Viejas, Cádiz, donde fueron asesinadas doce personas). Los socialistas cada vez se separaban más de la República y alentaban el levantamiento campesino (destaca en este sentido la revuelta campesina de Castilblanco en Extremadura). La coalición gubernamental republicano-socialista sufrió un fuerte desgaste, al tiempo que perdía la confianza de la sociedad ante las medidas empleadas para controlar el orden público. Azaña dimitió, disolvió las Cortes y convocó elecciones para noviembre de 1933.