Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una [blank_start]vivienda digna[blank_end] y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las [blank_start]normas[blank_end] pertinentes para hacer efectivo este [blank_start]derecho[blank_end], regulando la utilización del suelo de acuerdo con el [blank_start]interés general[blank_end] para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.