TEMA 1. OPOSICION AGENTE. D. TRIBUTARIO

Ley 57 / 2003, de 18 de diciembre

Ley 56 / 2003, de 19 de diciembre

Ley 58 / 2003, de 17 de diciembre

Ley 55 / 2003, de 16 de diciembre

Configura el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica de cada contribuyente como un mandato constitucional que vincula tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos e incide en la naturaleza misma de la relación tributaria.

El sistema fiscal o tributario puede ser definido como el conjunto de tributos integrados en el ordenamiento jurídico de un determinado ente territorial.

Configura los principios y normas jurídicas generales que regulan las actuaciones de la Administración tributaria por aplicación en España de la normativa sobre asistencia mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea o en el marco de los convenios para evitar la doble imposición o de otros convenios internacionales.

Todas son correctas

Igualdad, justicia, solidaridad y progresividad, sin que en ningúnn caso pueda tener alcance confiscatorio.

Igualdad y progresividad, que en determinados casos podrá tener alcance confiscatorio.

Igualdad, justicia, solidaridad y progresividad, que en determinados casos podrá tener alcance confiscatorio.

Igualdad y progresividad, sin que en ningúnn caso pueda tener alcance confiscatorio.

De los ingresos públicos

Del sistema tributario

Del gasto público

Del sistema presupuestario.

No, las prestaciones patrimoniales tienen carácter privado.

Sí, porque las prestaciones patrimoniales se establecen por vía reglamentaria

No, salvo autorización expresa por medio de ley orgánica

Sí, con arreglo a la Ley

Andalucía

País Vasco

Cataluña

Navarra

Los ingresos públicos consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración Pública como consecuencia de la realización del supuesto de echo al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de garantizar la solidaridad entre todos los territorios integrantes del Estado Español.

Los ingresos públicos consisten en prestaciones personales exigidas por una Administración Pública como consecuencia de la realización del supuesto de echo al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de garantizar la solidaridad entre todos los territorios integrantes del Estado Español.

Los ingresos públicos consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración Pública como consecuencia de la realización del supuesto de echo al que l a ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos

Los ingresos públicos consisten en prestaciones personales exigidas por una Administración Pública como consecuencia de la realización del supuesto de echo al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos

De la política económica general no, de la política tributaria general, sí.

No, en ningún caso porque se desvirtuaría su naturaleza

Sí, y además podrán atender a la realización de los principios y fines contenidos en la CE.

Ninguna es correcta

Eficacia

Proporcionalidad

Eficiencia

Ninguna es correcta

Sí, de forma compartida con el Estado

Sí, es la Administración Local la que no la quiere

No, salvo que expresamente medie autorización del Consejo de Ministros

No, dicha potestad corresponde en exclusiva al Estado

Sí, de acuerdo con lo establecido en el respectivo Estatuto de Autonomía

No, salvo habilitación expresa de la CCAA

No, salvo autorización expresa del Ministerio competente en materia de hacienda

Sí, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Potestativo

Sistemático

Discrecional

Reglado

Instantáneos

Objetivos

Directos

Reglados.

Podrán estar sujetas al Impuesto sonar la Renta de los no Residentes

Estarán sujetas, en todo caso, al Impuesto sonar la Renta de los no Residentes.

No estarán sujetas al Impuesto sonar la Renta de los no Residentes.

Ninguna es correcta

El incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 10 años.

El incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 30 años.

El incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

El incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 40 años.