Reformismo Borónico

Reformismo Borbónico.La reorganización político-administrativa del nuevo Estado fue obra de los tres primeros monarcas de la dinastía borbónica: Felipe V, Fernando VI y Carlos III, cada uno de los cuales contribuyó al establecimiento de una monarquía fuerte, centralista y unificada, según el modelo francés. La modificación más importante fue la unificación jurídica e institucional de la monarquía, sobre todo con los Decretos de Nueva Planta, promulgados por Felipe V. Por el apoyo prestado al archiduque Carlos de Austria en la Guerra de Sucesión, suprimió los fueros e instituciones particulares de los territorios de la Corona de Aragón y establecía como máxima autoridad en cada uno de sus territorios a un capitán general al frente de una Audiencia. Se suprimieron también las Cortes particulares, en lo sucesivo serían Cortes únicas para toda la monarquía. De esta forma, se consiguió la monarquía unitaria. Solo se mantuvieron los fueros vascos y navarros, por fidelidad de estos territorios al bando borbónico durante la guerra. Se trasvasaron las tradicionales funciones de los consejos hacia las denominadas Secretarias de Estado y del Despacho -Estado, Justicia, Marina, Guerra, Indias y Hacienda-. Y a su frente estaban los secretarios que despachaban directamente con el rey. Los Consejos, por tanto, fueron decayendo y solo el de Castilla mantuvo su rango de máximo órgano político, cuyo presidente era el cargo político más importante después del rey. En cuanto a la organización territorial: se crearon las intendencias (divisiones administrativas creadas por los Borbones siguiendo el modelo francés, en su afán de controlar desde el poder central todo el territorio), a su cabeza estaban los intendentes, hombres de confianza que actuaban como delegados territoriales del Gobierno, con muy amplias y variadas funciones. A través de ellos, la monarquía pudo impulsar en las provincias muchos de sus proyectos de reforma. También se creó el cargo de corregidores, que se encargaban de controlar que se cumplían todas las órdenes del rey. En América también se crearon intendencias, nuevos virreinatos y un ejército regular. Con Felipe V y como consecuencia de los Decretos de Nueva Planta, se les obligó a los territorios de la Corona de Aragón a contribuir monetariamente a Castilla, este impuesto global se denominó se denominó catastro. Fernando VI pretendió implantar una reforma fiscal en Castilla mediante el proyecto elaborado por su ministro el marqués de la Ensenada, consistía en sustituir los múltiples tipos de impuestos que se cobraban en cada provincia castellana por una única contribución, inspirada en el catastro catalán. De este modo aumentaría la racionalidad y eficacia del sistema tributario. Pero el gasto ocasionado por la Guerra de Independencia de USA, obligó a la monarquía (Carlos III) a buscar ingresos extraordinarios. A partir de 1780 se recurrió al viejo sistema de emitir deuda pública, pero con una novedad: a cambio del préstamo recibido, las casas de comercio recibirían unos vales reales que funcionaban a modo de cheque. Sin embargo, la crisis económica llegó al reinado de Carlos IV, cuando las dificultades incitaron a abusar de esta medida hasta tal punto que la Corona ya no podía atender el pago de los intereses, con lo que los bales reales eran rechazados y empezaron a perder su valor. El regalismo era una doctrina jurídica surgida a finales del siglo XV que propugnaba la superioridad del rey sobre la Iglesia en cualquier ámbito que no fuera la pura doctrina religiosa. Uno de los objetivos principales de los monarcas regalistas era construir una Iglesia Nacional sometida a su autoridad, y para conseguir esto, necesitaban conseguir el patronato regio (derecho de la Corona a nombrar a los cargos eclesiásticos a su elección). Tras largas y complejas negociaciones, se firmó el Concordato de 1753, por el cual el Papa reconocía a ña monarquía un patronato prácticamente universal sobre la Iglesia española. Esta doctrina alcanzó su máxima expresión con la expulsión de los jesuitas, decretada por Carlos III en 1767. Los jesuitas fueron acusados de haber instigado los motines de 1766 originados en Madrid – motín de Esquilache –, cuya verdadera razón era el descontento social ante la subida de precios y la falta de alimentos y la crisis económica, bajo pretexto del nuevo Decreto de Sobreros y Capas elaborado por el ministro y amigos del rey, Esquilache.