Cuando se aporten a la Comunidad bienes inmuebles o derechos reales es necesario que la constitución se haga en escritura pública.
Se puede pactar la conservación de la Comunidad por un plazo determinado, que no podrá exceder de diez años; y que podrá prorrogarse por pacto unánime de todos los copropietarios.
La Comunidad de Bienes no tiene personalidad jurídica propia así que cuando haya que demandar a una Comunidad de Bienes, se debe demandar simultáneamente a todos los comuneros y no a la Comunidad de Bienes.
De las deudas de la Comunidad primero responderá ésta y después los comuneros de forma ilimitada y solidaria, con todo su patrimonio personal.
Todo copropietario podrá obligar a los copartícipes a contribuir a los gastos de la cosa o derecho común.
Ningún copropietario podrá, sin consentimiento de los demás, hacer alteraciones en la cosa común.
Las comunidades de bienes no tributan por el impuesto de sociedades, sino que, en la medida en que constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, son entidades sometidas al régimen de atribución de rentas del IRPF, junto con las sociedades civiles y las herencias yacentes (LGT art.35.4).
En caso de enajenación de la cuota de alguno de los comuneros, el resto tiene reconocido el derecho de retracto.
Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común.
La administración de un proindiviso está sometida al régimen de mayoría.
El acto de conciliación sobre venta de proindiviso es un procedimiento judicial mediante el cual comunicamos de manera fehaciente a la otra parte nuestra voluntad de poner fin al proindiviso y le pedimos que o bien compre nuestra cuota en el proindiviso o que se avenga a vender la totalidad del inmueble a un tercero por su valor de mercado.
La inscripción de los inmuebles en el Registro de la Propiedad no se practica a favor de la comunidad ni a favor de los cotitulares vigente la comunidad, se practica a favor del heredero a quien se le ha adjudicado el inmueble tras la partición.
La administración de los bienes que constituyen el objeto de la comunidad hereditaria, puede estar acordada judicialmente, o dispuesta por el testador, u organizada por los comuneros por unanimidad.
Todo coheredero tiene la plena titularidad de su participación en la herencia y puede enajenarla, cederla o hipotecarla, si bien el efecto de la enajenación o de la hipoteca quedará concretado en los bienes que se le adjudiquen en la partición.
