Durante el último siglo, hemos sido testigos de la peor violencia en la historia de la humanidad. Sólo en los últimos 50 años, más de 250 conflictos han entrado en erupción en todo el mundo y más de 86 millones de civiles, sobre todo mujeres y niños, han muerto en estos conflictos. La mayor parte de estas víctimas han sido olvidadas y sólo un puñado de perpetradores ha respondido ante la justicia. Las Naciones Unidas, por medio de su Asamblea General, reconoció la necesidad de un mecanismo permanente para procesar a asesinos y criminales de guerra en 1948, siguiendo los juicios de Nuremberg y de Tokio, celebrados luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, las leyes, los tratados, las convenciones y los protocolos han definido y prohibido desde los crímenes de guerra, hasta el uso de gas tóxico y armas químicas, pero ninguno instauró un sistema que contemple a los individuos responsables penales de las violaciones más serias del derecho internacional, sino hasta la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 1998. Además de otorgar justicia a las víctimas de tales atrocidades, la CPI sirve para que
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