Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación a los medios y periodos de prueba regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
El instructor del procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias sin necesidad de resolución motivada.
En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.
Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes, se recojan los hechos constatados por aquéllos, harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.
Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.
Cuando de una resolución administrativa nace una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria que haya de abonarse a la Hacienda Pública, señale cuál de los siguientes medios electrónicos no está contemplado expresamente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como de utilización preferente:
Tarjeta de crédito y débito
Trasferencia bancaria
Domiciliación bancaria
Cheque bancario
¿Cuál de los siguientes trámites no está incluido entre los que la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, determina como integrantes de la tramitación simplificada del procedimiento?:
El trámite de audiencia cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado
El informe del servicio jurídico, en todo caso.
La subsanación de la solicitud, en su caso.
Las alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.
De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, no es una de las medidas provisionales que pueda acordarse en el procedimiento administrativo:
El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble
La consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.
La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas.
Las que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los intersados.
Las Administraciones Públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:
Formular alegaciones.
Proponer pruebas.
Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
No es obligatoria la firma en ninguno de los casos anteriores.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en:
La Constitución.
La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Demás leyes que resulten de aplicación.
Todas las respuestas son ciertas.
Señale la respuesta falsa en relación con la caducidad de los procedimientos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre:
Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.
No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que sean indispensables para dictar resolución.
Los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción de las acciones del particular o de la Administración.
La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración.
Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿en cuál de los siguientes procedimientos iniciados de oficio la falta de resolución expresa no producirá la caducidad?:
En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras.
En los procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas.
En los procedimientos de intervención.
En los procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen.
En relación al artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, señale la respuesta correcta:
Los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan o no la condición de interesados.
Los interesados en un procedimiento tienen derecho a presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas.
Los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
Todas las alternativas anteriores son correctas.
En los procedimientos administrativos iniciados por los interesados, ¿en qué plazo la Administración Pública informará a éstos del plazo máximo normativamente establecido para resolver y notificar?:
Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración competente para su tramitación.
Dentro de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro electrónico del órgano competente para su tramitación.
Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro electrónico del órgano competente para resolver.
Dentro de los veinte días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro electrónico del órgano competente para resolver.
En relación al cómputo de los plazos, indique la alternativa correcta:
a) Cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son inhábiles.
b) Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto.
c) Los plazos expresados por horas no podrán tener una duración superior a doce horas.
d) Las alternativas b) y c) son correctas.
¿Qué lengua podrán utilizar los interesados que se dirijan a órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma?:
Únicamente el castellano al tratarse de la Administración General del Estado.
En todo caso, la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma donde tiene sede el órgano de la Administración General del Estado.
El castellano o la lengua cooficial en la Comunidad Autónoma donde tiene sede el órgano de la Administración General del Estado.
La lengua española que determine el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Indique la respuesta correcta en relación con el silencio administrativo:
Con carácter general, los interesados podrán entender estimados por silencio administrativo sus recursos administrativos.
Si del procedimiento se derivase el reconocimiento de un derecho, los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones al vencimiento del plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa.
La desestimación por silencio en los procedimientos iniciados de oficio exime a la Administración del cumplimiento de la obligación de resolver.
Los actos administrativos producidos por silencio administrativo solamente se podrán hacer valer ante las Administraciones Públicas.
Según el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido no se aplicará, en todo caso, a los siguientes procedimientos:
Los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares.
Los procedimientos que, tramitándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero.
Los procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen.
Los procedimientos en los que intervengan interesados residentes fuera de España.
La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia y declarará concluso el procedimiento, salvo que se dé alguno de los siguientes supuestos:
Que habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de 15 días.
Que la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase intereses particulares.
Que fuere conveniente sustanciar la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento para su definición y esclarecimiento.
Todas las respuestas son correctas.
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para resolver:
Éste será de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor.
Éste será de tres meses.
El órgano instructor deberá fijar un plazo mediante resolución que deberá ser notificado a todos los interesados.
Éste será de tres meses si el procedimiento se inició a solicitud del interesado, y de seis meses si se inició de oficio.
Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿cómo se acreditará la representación en los supuestos en que deba serlo?:
a) Por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna.
b) La representación siempre se presumirá, no es necesario acreditarla.
c) Mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal del interesado.
d) Las respuestas a) y c) son ciertas.
18. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece respecto a los informes evacuados en el transcurso del procedimiento administrativo:
El órgano emisor del informe podrá determinar si son vinculantes.
Serán preceptivos, por lo que vincularán a la resolución.
Será facultativa su petición, aunque una vez solicitados serán preceptivos.
Serán facultativos y no vinculantes, salvo disposición en contrario.
El plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución, ¿se puede suspender?:
No, en ningún caso.
Sí, cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y facultativo de un órgano consultivo.
Sí, cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea.
Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y no determinantes del contenido de la resolución.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con el artículo 80 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?:
El informe emitido fuera de plazo podrá ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán interrumpir las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe solicitado.
La no emisión en plazo de los informes preceptivos que sean determinantes para la resolución del procedimiento conllevará el poder proseguir las actuaciones.
El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿qué órgano administrativo, cualquiera que haya sido la forma de iniciación del procedimiento administrativo, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión?:
El órgano administrativo que inicie o tramite el procedimiento.
El órgano administrativo competente para dictar la resolución.
Únicamente el órgano administrativo que inicie el procedimiento.
El órgano administrativo que tramite o resuelva el procedimiento.
¿Qué afirmación no es cierta en relación con las medidas provisionales adoptadas antes de la iniciación de un procedimiento administrativo?:
Serán adoptadas por el órgano administrativo competente para iniciar o instruir el procedimiento.
Podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento solo si lo solicita la parte interesada.
En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.
En todo caso, quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
En los procedimientos iniciados por los interesados, el plazo máximo para resolver y notificar se contará:
Desde la fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.
Desde la fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el registro electrónico del órgano competente para dictar la resolución.
Desde la fecha en que la solicitud ha sido presentada.
Desde la fecha en que la solicitud ha sido firmada por el interesado.
Conforme al artículo 69 apartado 3º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las declaraciones responsables y comunicaciones permitirán con carácter general el reconocimiento ejercicio de un derecho o iniciación de actividad:
Desde el día siguiente al de su presentación.
Desde el día en el que el documento conteniendo la declaración responsable o comunicación previa entre en el registro del órgano competente para su tramitación.
Desde el día de su presentación sin excepción.
Desde el día de su presentación, salvo la comunicación que podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.
Según el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿se podrá prescindir del trámite de audiencia en el procedimiento administrativo?:
Sí, si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones.
Sí, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
Sí, si antes del vencimiento del plazo para resolver los interesados manifiestan su decisión de efectuar alegaciones y aportar nuevos documentos o justificaciones.
