El Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

Los integrantes del Ministerio Público podrán ejercer la abogacía y la representación de terceros en juicio, salvo en los asuntos propios o en los de su cónyuge, ascendientes o descendientes.

Los fiscales son los encargados de defender los intereses públicos en los procesos judiciales, instando la acción pública.

Los defensores públicos son los encargados de defender los derechos de las personas perseguidas por los tribunales del país o que, por alguna circunstancia no pueden ejercer su defensa.