Erstellt von Eivar Sterling Sandoval
vor etwa 4 Jahre
|
||
Existían tres clases principales, política y jurídicamente distintas:
Esclavos: carecían de derechos políticos. Formaban un tercio de la población griega.
Ciudadanos: miembros de la polis, con derecho a tomar parte de la vida política; la condición se adquiría por nacimiento. La participación en los asuntos públicos oscilaba entre el poder asistir a la asamblea de la ciudad y poder ser designado para cargos públicos.
Los griegos no consideraban la ciudadanía como algo poseído, sino como algo compartido (una especie de familia). Así no se trataba de conseguir para el hombre unos derechos, sino asegurarle el lugar que le corresponde.
Un emperador es el monarca soberano de un imperio o un monarca que tiene como vasallos a otros reyes. Es el título de mayor dignidad, por encima del rey.
Así, los cargos de magistrados eran desempeñados por grupos de diez ciudadanos, escogidos de modo que cada uno de ellos fuese miembro de una de las tribus en que estaban divididos los ciudadanos. Sin embargo, la mayor parte de los magistrados tenía poco poder. Los dos cuerpos que formaban la clave del control popular en Atenas eran el Consejo de los Quinientos y los tribunales con sus grandes jurados populares.
Consejo de los Quinientos: en Atenas, cada una de las diez tribus en que estaban divididos los atenienses, daba cincuenta de los miembros del consejo. Por lo tanto, un comité de cincuenta, junto con un consejero de cada una de las nueve tribus a las que no tocaba en aquel momento pertenecer a él, tenía el control real y tramitaba los asuntos en nombre de todo el consejo.
El consejo era el órgano ejecutivo central del gobierno. Los magistrados estaban en gran parte sometidos a su control. El consejo podía encarcelar e incluso condenar a muerte a los ciudadanos. Tenía un control absoluto de la hacienda, la administración de la propiedad pública y los impuestos. La flota y sus arsenales estaban también sometidos a su control directo.
Tribunales: emitía decisiones judiciales en los casos particulares, tanto civiles como criminales. También tenían poder para juzgar una ley, lo que les daba verdadero poder legislativo, pudiendo impugnar una decisión del consejo o de la asamblea. Cualquier ciudadano podía presentar una queja y entonces se suspendía la entrada en vigor de la ley en cuestión hasta que decidía un tribunal.
Los miembros de los tribunales eran nombrados por los demos, designándose una lista de hasta seis mil ciudadanos cada año, a los que se destinaba por sorteo a los distintos tribunales y casos.