Recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica.

Recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico.

Recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las comunidades autónomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto:
a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera.
b) Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses.
c) Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros.

Recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administración periférica del Estado y de las comunidades autónomas, contra los actos de los organismos, entres, entidades o corporaciones de derecho público, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los órganos superiores cuando confirmen íntegramente los dictados por aquello en vía de recurso, fiscalización o tutela.

Resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración periférica del Estado o por los órganos competentes de las CCAA.

Impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los términos previstos en la legislación electoral.

Autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la Entidad Pública competente en la materia.

Autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera individualizada.

Autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de la Competencia, cuando, requiriendo dicho acceso e inspección el consentimiento de su titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.

Recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto materias de personal cuando se trate de actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado, salvo que confirmen en vía de recurso, fiscalización o tutela, actos dictados por órganos inferiores, o se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, o a las materias recogidas en el art. 11.1.a) sobre personal militar.

Recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto los actos de los órt¡ganos centrales de la AGE en los supuestos previstos en el apartado 2.b) del art.8

Recursos cont-admtvos que se interpongan contra las disposiciones generales y contra los actos emanados de los organismos públicos con personalidad jurídica propia y entidades pertenecientes al sector público estatal con competencia en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en 10.1.i)

Recursos contra las resoluciones dictadas por los Ministros y Secretarios de estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros

Resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político.

Resoluciones que, en vía de fiscalización, sean dictadas por el Comité Español de Disciplina deportiva en materia de disciplina deportiva.

Autorización a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2000, así como autorizar la ejecución de los actos adoptados por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico.

Procedimiento previsto en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos

Recursos que se deduzcan en relación con los actos de las Entidades locales y de las Admones de las CCAA, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Cont-Admtvo

Recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales emanadas de las CCAA y de las Entidades locales

Recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las CCAA, y de las instituciones autonómicas análogas al tribunal de Cuentas y al defensor del Pueblo, en materia de personal, administración y gestión patrimonial.

Recursos que se deduzcan en relación con los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.

Recursos que se deduzcan en relación con las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo central en materia de tributos cedidos.

Recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de CCAA, así como recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y reclamación de Presidentes de Corporaciones locales, en los términos de la legislación electoral.

Recursos que se deduzcan en relación con los convenios entre AAPP cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.

Recursos que se deduzcan en relación con la prohibición o propuesta de modificación de reuniones previstas en la LO 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión.

Recursos que se deduzcan en relación con los actos y resoluciones dictados por órganos de la AGE cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.

Recursos que se deduzcan en relación con los actos y resoluciones de los órganos de las CCAA competentes para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.

Recursos que se deduzcan en relación con las resoluciones dictadas por el órgano competente para la resolución de recursos en materia de contratación previsto en el artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos incluidos en el ámbito competencial de las CCAA o de las Corporaciones locales.

Recursos que se deduzcan en relación con las resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales.

Apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo cont-admtvo, y correspondientes recursos de queja.

Recursos de revisión contra las sentencias firmes de los Juzgados cont-admtvo.

Cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo cont-admtvo con sede en la Comunidad Autónoma.

Recurso de casación para la unificación de doctrina previsto en el artículo 99.

Recurso de casación en interés de la Ley previsto en el art. 101

Solicitud de autorización al amparo del art. 122 ter, cuando sea formulada por la autoridad de protección de datos de la Comunidad Autónoma respectiva.

Autorización o rectificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.

Recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera. Asimismo, recursos contra los actos de cualesquiera órganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antigüedad en el escalafonamiento y destinos.

Recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de estado cuando rectifiquen en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o de tutela los dictados por órganos o entres distintos con competencia en todo el territorio nacional.

Recursos en relación con los convenios entre AAPP no atribuidos a los TSJ

Actos de naturaleza económico-administrativa dictados por el Ministro de Economía y Hacienda y por el Tribunal Económico-Administrativo Central, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.e)

Recursos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, y de la autorización de prórroga de los plazos de las medidas de dicha Comisión, conforme a lo previsto en la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.

Resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.k)

Recursos contra los actos del Banco de España, de la comisión Nacional del Mercado de Valores y del FROB adoptados conforme a lo previsto en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

Recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado.

De la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que la autoridad sanitaria estatal considere urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales, cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.

Apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo Cont-Admtvo y correspondientes recursos de queja.

Recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Cont-Admtvo.

Cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-admtvo.

Solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea formulada por la Agencia Española de Protección de Datos

Recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno

Recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones del CGPJ

Recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del senado, del Tribuanl Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo.

Recursos de casación de cualquier modalidad, en los términos establecidos por esta Ley, y los correspondientes recursos de queja.

Recursos de casación y revisión contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas, con arreglo a lo establecido en su Ley de Funcionamiento.

Recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por las Salas de lo Cont-admtvo de los TSJ, de la AN y del TS, salvo lo dispuesto en el art. 61.1.1. o dela Ley Orgánica del Poder Judicial.

Recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones de la Junta electoral Central, así como los recursos contencioso-electorales que se deduzcan contra los acuerdos sobre proclamación de electos en los términos previstos en la legislación electoral.

Recursos deducidos contra actos de las Juntas Electorales adoptados en el procedimiento para elección de miembros de las Salas de Gobierno de los Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea formulada por el CGPJ.