La actividad científica que se dedica al conocimiento del Derecho penal positivo se le denomina:
Criminología.
Política Criminal.
Teoría General del delito.
Dogmática
La actividad que se dedica al conocimiento del derecho penal objetivo, su interpretación y sistematización, se denomina:
Jurisprudencia
Política Criminal
Criminología
La actividad o ciencia que se dedica al estudio del delito como hecho social, su etiología y fenomenología, se denomina:
Política criminal.
Dogmática penal.
Derecho penal objetivo.
El “carácter fragmentario” del Derecho Penal hace referencia a:
A la necesidad de que su estudio se diversifique en Dogmática, Política criminal y Criminología.
Es una de las consecuencias del principio de legalidad.
Al principio de intervención mínima como principio legitimador.
A que el Derecho Penal sólo estudia una parte del criminal y de su comportamiento.
Cuando hablamos de disciplinamiento de comportamiento humano en sociedad, hablamos siempre de:
Derecho Penal en sentido objetivo.
Derecho Penal en sentido subjetivo.
Control social.
Ppio. de legalidad.
Los llamados tipos abiertos son aquellos:
En los que las fronteras de la conducta punible son difusas.
Que permiten la aplicación de penas y medidas de seguridad.
En los que cabe aplicar la analogía para concretar su ámbito de aplicación.
Que pueden identificarse con las normas penales en blanco.
Una ley penal intermedia:
Tiene efectos “ultra-activos”, por lo que no le afectarán los efectos favorables de leyes posteriores.
Sigue los mismos criterios de retroactividad e irretroactividad que las leyes temporales.
Es siempre, y por definición, una ley penal en blanco.
Puede aplicarse aun estando derogada y no haber estado en vigor durante la comisión de los hechos enjuiciables.
¿Qué quiere decir que hay leyes penales “ultracctivas”?
Que se emplean con mucha frecuencia y su vigencia está doblemente reforzada.
Que no se pueden aplicar por ser perjudiciales para el reo.
Que tienen efecto retroactivo incluso si perjudican al reo.
Que se aplican a hechos cometidos bajo su vigencia, aunque existan leyes posteriores más favorables al reo.
Las llamadas “normas penales en blanco”:
Son aquellas en las que las fronteras de la conducta punible son difusas.
Son aquellas que permiten la aplicación de penas y medidas de seguridad, alternativamente.
Son aquellas en las que figura el supuesto de hecho, pero no la pena.
Las tres respuestas son incorrectas.
Las llamadas “leyes penales en blanco”:
Son siempre compatibles con el principio de legalidad de los delitos, pues es una técnica legislativa que simplifica la labor del legislador, bastando con que formalmente la amenaza de pena parta de una ley penal.
Están prohibidas en el derecho penal, por no agotar la descripción de la conducta declarada por la ley penal como delictiva.
Son compatibles con el principio de legalidad de los delitos, si el núcleo fundamental de la conducta prohibida bajo amenaza de pena está en la ley penal.
No se utiliza ya por el legislador español esta técnica legislativa, aunque el Código Civil la incluye entre las clases de normas.
Las “normas en blanco”, si no cumplen los requisitos marcados por el Tribunal Constitucional, podrían no ser admisibles en derecho penal:
Por conculcar el principio de legalidad
Por conculcar el principio de culpabilidad
Por conculcar el fundamento preventivo especial de la pena
Por su carácter de “norma de analogía”
El art. 360 Cp dice “el que despache o suministre medicamentos sin cumplir con las formalidades prevista en las Leyes o Reglamentos respectivos, será condenado con la pena de seis meses a dos años”. Se trata de:
Un tipo abstracto
Un tipo imprudente
Una norma penal en blanco
Un tipo penal cometido en comisión por omisión
Las normas penales en blanco son constitucionales:
Si constituyen una norma penal completa
Si contienen la descripción de la pena dentro del supuesto de hecho
Si contienen el núcleo esencial de prohibición de la conducta
Si son convalidadas antes de treinta días por las Cortes Generales
La búsqueda de la resocialización del reo a través de talleres profesionales y ocupacionales puede incluirse como una practica propia de:
La prevención especial.
La prevención general.
La retribución ética.
La dogmática.
Si se entiende que el fin de la pena es apartar al que ya ha delinquido de la comisión de futuros delitos, bien a través de su corrección, bien a través de su aseguramiento, estamos hablando de:
Prevención especial
Prevención general
Prevención absoluta
Retribución
La función motivadora que cumple la norma penal referida a la comunidad sobre la que se manifiesta, se denomina:
Función de culpabilidad
Función político-criminal
Las teorías absolutas de la Pena:
Prescinden totalmente de la idea de fin, priorizando solo su sentido
Priorizan la de forma absoluta la pena, por encima incluso del delito
Parten de la idea de disminución de la delincuencia como política criminal idónea
Coinciden con el derecho penal del enemigo
La pena de muerte sería incompatible en todo caso con un objetivo de la pena:
Preventivo especial.
Retributivo.
Preventivo general.
Las tres respuestas anteriores son incorrectas.
Cuál de las siguientes posturas sobre la pena impedirían, en última instancia, la aplicación de la pena de muerte al condenado:
Una postura retribucionista.
Una postura preventivo especial.
Una postura preventivo general.
Ninguna de las tres posturas impediría su planteamiento.
Si discutimos sobre las perspectivas abolicionistas del derecho penal, estamos hablando de:
Su justificación
Su legitimación
Su fundamentación
Su naturaleza
Si hablamos del sentido y fin de la pena tendremos que hacer referencia a:
Los problemas de la legitimación del derecho penal.
El problema de la naturaleza del derecho penal
Las llamadas consecuencias del principio de culpabilidad
Las llamadas escuelas penales
Cuando una persona habla de que el fin de la pena tiene que ser la retribución del mal causado, en plan “ojo por ojo”, está refiriéndose:
A la justificación de la pena
A la fundamentación de la pena
A la legitimación de la pena
A la naturaleza de la pena
Una ley que fijara la retroactividad (desfavorable) de la responsabilidad civil derivada de un delito:
Necesitaría autorización del gobierno.
Sería contraria al principio de legalidad.
Necesitaría el consentimiento del condenado.
Sería constitucionalmente correcta.
Alberto cometió un delito de cohecho en 2015, cuando ese delito estaba castigado con pena de 1 año de prisión. La policía consiguió detenerle cuando quedaban dos semanas para que prescribiera el delito, y se le va a juzgar hoy, cuando el cohecho tiene pena de multa.
Se le impondrá la pena de 1 año, ya que fue detenido antes de la prescripción del delito.
Se le impondrá tanto la pena de multa como la de prisión.
Se le impondrá la pena de multa.
El art. 2.2 CP excluye, en principio, del efecto retroactivo de la ley penal posterior más favorable a los hechos ocurridos bajo la vigencia de:
Las leyes orgánicas.
Las leyes ordinarias.
Las leyes temporales.
Las leyes intermedias.
Las disposiciones sobre responsabilidad civil contenidas en las normas penales:
Serán irretroactivas aunque resulten beneficiosas para el reo, salvo que la norma disponga otra cosa.
Serán irretroactivas si resultan beneficiosas para el reo, en aplicación del art. 2.2 del CP.
Serán irretroactivas en todo caso si resultan perjudiciales para el reo.
Siguen el mismo criterio de retroactividad o irretroactividad que la norma penal en la que están contenidas.
Según nuestro CP, son retroactivas las leyes penales:
Si son favorables al reo sólo si al entrar en vigor todavía no ha recaído sentencia firme o el condenado no ha empezado a cumplir condena.
Tanto si son favorables como desfavorables al reo, siempre que se trate de Leyes Orgánicas.
Las leyes penales no son retroactivas salvo que ellas mismas dispusieren lo contrario.
Si son favorables al reo aunque al entrar en vigor haya recaído condena o el condenado haya empezado a cumplirla.
¿En qué casos tienen las leyes penales efecto retroactivo?
En caso de leyes orgánicas
Cuando favorezcan al reo
En los que lo disponga expresamente la ley
Nunca. Las leyes penales son una excepción al resto de normas jurídicas
Las llamadas “leyes temporales” pueden constituir una excepción a:
La exigencia o reserva de ley orgánica
La retroactividad de las leyes penales posteriores más favorables
Los principios de culpabilidad y proporcionalidad
El momento en que se entiende cometida la infracción penal
Una norma penal derogada el 23 de febrero de 2011, ¿podría aplicarse a un hecho cometido el 10 de enero de 2012?
No
No, salvo que la nueva norma fuera más favorable al reo
Sí, si así lo dispone la nueva norma aprobada
Sí, si se trata de una norma ultraactiva
Si un sujeto ya ha sido condenado por una ley ¿podrá solicitar que se le aplique una ley penal posterior que le resulte más favorable?
Sí
Sí, pero siempre que no se trate de una ley intermedia
No, ya que las leyes posteriores más favorables sólo se aplican si el sujeto aún no ha sido juzgado
No, salvo que se trate de una ley temporal
La analogía en Derecho Penal es:
Sinónimo de interpretación teleológica de la ley.
Sinónimo de interpretación extensiva de la ley.
A una forma de promulgación de la ley.
A una forma de aplicación de la ley.
La aplicación de la ley penal:
Admite analogía únicamente en supuestos de criminalidad organizada
Sí admite analogía, salvo que la propia ley dispusiera lo contrario
Admite analogía sólo por necesidades político criminales
Las tres respuestas anteriores son incorrectas
¿En qué casos se admite la aplicación analógica de la Ley penal?
En los que las fronteras de la conducta punible son difusas
Siempre que no esté expresamente prohibido por la ley en concreto
En los casos de analogía in bonam partem
¿Puede un Juez indultar a un condenado, si aprecia que se dan las exigencias legales para hacerlo?
Sí, si lo pide alguien.
Sí, en todo caso.
No, no podría en ningún caso
No, salvo que lo autorice el Tribunal Supremo
Si pretendemos incluir en el término legal el máximo de acepciones permitidas por su tenor literal, incluyendo incluso las posibles de acuerdo con el espíritu de la norma, estaremos realizando una interpretación:
analógica
intensiva
extensiva
auténtica
La interpretación llevada a cabo por el legislador en la propia ley donde se configura la figura delictiva se denomina:
Declarativa.
Legal.
Autentica.
Doctrinal.
Según la modalidad o método utilizado, puede hablarse de una interpretación:
Declarativa
Teleológica
Extensiva
Doctrinal
¿Puede utilizarse una interpretación sistemática, o una interpretación teleológica, de la norma, en Derecho Penal?
Sí, en todo caso
No, en ningún caso
Sí, si es para reducir el ámbito de lo punible
No, salvo que se trate de delitos de terrorismo o genocidio
Cuando la el Código penal dice que se entenderá por “incapaz” toda persona que no pueda gobernarse por sí misma, haya sido o no declarado judicialmente, está haciendo una interpretación del término:
Legal
Analógica
Auténtica
Cuál de los siguientes es un principio limitador o legitimador del poder punitivo del Estado:
La retribución
La prevención
La culpabilidad
La resocialización
¿Cuál de las siguientes consecuencias puede derivarse del Ppio. de legalidad entendido materialmente?
Que los tipos penales deben ser abiertos, y no entrar en el detalle
Que los delitos deben afectar a bienes jurídicos materiales, no etéreos o inmateriales.
Que las normas deben ser taxativas.
Que debe ser el parlamento del Estado el que legisle en materia penal.
La Constitución (arts. 81 y 149), y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en lo que atañe a penas privativas de libertad, confirman que el principio de legalidad penal solo se puede cumplir:
Con una norma emanada de las Cortes Generales del Estado o de las Cámaras Legislativas de las diversas CCAA.
Solo con una norma emanada del Congreso de los Diputados.
Por su desarrollo por una norma emanada del Congreso, o por un Decreto-legislativo del ejecutivo.
Las leyes penales que en la descripción de conductas delictivas contengan elementos que precisen de un juicio de valor emitido por el juez:
Cumplen con el Ppio. de legalidad de los delitos, siempre que el significado de tales elementos pueda ser completado por el juez o tribunal con criterios lógicos, técnicos o de experiencia.
No cumplen con el Ppio. de legalidad, que en derecho penal es fundamental y riguroso.
Sólo cumplen con el Ppio. de legalidad si existe una remisión a una ley extrapenal para completarlo.
Deberán no aplicarse y remitirse al Tribunal Supremo para que determine sobre su legalidad.
La formulación latina del ppio. de legalidad predicada por Feuerbach, es una consecuencia inmediata de:
Su teoria preventivo general de la pena.
Su teoria preventivo especial de la pena.
Su concepción retribucionista del Derecho Penal.
Su concepción del Derecho Penal como "Derecho Penal del Enemigo".
El principio de legalidad se extiende:
Obviamente, sólo a los delitos
A los delitos, a las penas y a la ejecución y cumplimiento de éstas
A los delitos y a las penas, y nada más
Sólo a las penas
¿Cuál de los siguientes mandatos se deriva del principio de legalidad penal, como contenido material del mismo?
Culpabilidad
Taxatividad
Humanidad de las penas
Presunción de inocencia
Las consecuencias del Ppio. de intervención mínima, en lo que se refiere a la gravedad de las consecuencias jurídicas del delito:
Confluyen en el Ppio. de culpabilidad.
Son el Ppio. de humanidad y el Ppio. de proporcionalidad.
Son la prevención general, la prevención especial y la retribución.
Implican que no puede castigarse ninguna acción ni omisión como delito o falta sino por ley anterior a su perpetración.
El principio de intervención mínima:
Aconseja, de acuerdo al principio de división de poderes, que el poder ejecutivo intervenga lo menos posible en la actuaciones del poder judicial.
Es uno de los principios limitadores del poder punitivo del Estado
Podemos decir que es uno de los significados de la “culpabilidad” penal
Se aplica a las penas, pero nunca a los delitos
El principio de intervención mínima quiere decir que el Derecho Penal:
No deber intervenir
Debe sancionar los delitos y no las faltas
Debe intervenir en los casos de ataques muy graves a bienes jurídicos fundamentales
Debe sancionar todos los actos que sean ilícitos
El principio de intervención mínima como principio legitimador del poder punitivo del Estado supone:
Que, en caso de duda, debe aplicarse siempre la pena más leve de las posibles contenidas en el tipo
Que sólo intervenga cuando se hay constatado la insuficiencia del resto de instrumentos de control social
Que el mismo injusto no puede ser castigado más de una vez
Que el legislador debe formular la ley penal con la máxima precisión posible
Si discutimos sobre el principio de intervención mínima y el principio de culpabilidad en derecho penal, estamos hablando de:
En el título preliminar del CP se acoge, aunque de manera incompleta, el Ppio. de culpabilidad:
Al mencionar que no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por ley anterior a su perpetración.
Al mencionar que no hay pena sin dolo ni imprudencia.
Al mencionar que nadie será responsable de un delito hasta que se demuestre lo contrario.
Curiosamente, el CP no se pronuncia ni expresa ni tácticamente sobre el Ppio. de culpabilidad.
El Ppio. de especialidad en la extradición significa:
Que es necesario que el extraditado no haya sido juzgado ya en el país desde el que se realiza la extradición.
Que, aunque tenga otras causas abiertas, solo cabe juzgar al extraditado por el hecho por el que se le extradita.
Que la conducta por la que se extradita debe ser delictiva en los dos países intervinientes.
Que no cabe aplicar el bis in ídem en ninguno de los países intervinientes.
El Ppio. "non bis in idem":
Implica que, en ningún caso, puede acumularse una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho.
No se aplica en Derecho Penal.
Es impedimento insalvable para que autoridades de distinto orden sancionen el mismo hecho a través de procedimientos distintos.
Ninguna de las respuestas es correcta.
Respecto al Ppio. de reserva de ley en Derecho Penal, cabe decir:
El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre la necesidad de que las normas penales que señalan pena de multa deben ser también leyes orgánicas.
Existe una rigurosa e inquebrantable reserva de Ley Orgánica (art. 81 CE) para toda materia relativa a Derecho Penal, sea la pena que sea.
El Tribunal Constitucional permite que, para algunos delitos y penas, quepa utilizar el Decreto Ley y la LO, pero jamás el Decreto Legislativo.
Basta con que el Parlamento dicte una Ley Ordinaria. Lo que se prohibe tajantemente por la Constitución es el uso, para esta materia, de Decretos Legislativos y Decretos Leyes.
El principio de “reserva de ley” significa, a grandes rasgos:
Que las normas penales deben emanar del Gobierno de la Nación o de sus cámaras legislativas
Que las normas penales deben ser aprobadas siempre por leyes, sean estas del tipo que sean
Que sólo por Ley Orgánica puede aprobarse la configuración de un delito o su pena
Que se reserva a la Ley, la jurisprudencia y el Tribunal Supremo la posiblidad de dictar normas de carácter penal
¿Puede aplicársele el principio de personalidad a un extranjero nacionalizado español con posterioridad a la comisión del hecho delictivo?
Sí, si se cumplen los demás requisitos del art. 23,2 LOPJ
No. Sólo podría aplicársele ese principio si, además de los requisitos restantes del art. 23,2 LOPJ, el extranjero se hubiera nacionalizado español con anterioridad a la comisión del hecho delictivo
El principio de personalidad no. Si acaso, el real o el de justicia universal
Sólo si así lo autoriza expresamente el país del que el extranjero era nacional
El principio de personalidad como presupuesto de la competencia penal de los tribunales españoles para delitos cometidos en el extranjero exige:
Que el delincuente se encuentre en España
Que el delito consista en una infracción contra los intereses específicos de España
Que el comportamiento sea delito tanto en España como en el lugar de ejecución
Que la víctima del delitos sea Español o nacionalizado español antes de la comisión del delito
El principio de especialidad en la extradición significa:
Que no cabe aplicar el bis in idem (non bis in idem) en ninguno de los países intervinientes
Que es necesario que el extraditado no haya sido juzgado ya en el país desde el que se realiza la extradición
Que la conducta por la que se extradita debe ser delictiva en los dos países intervinientes
Existen algunas dudas entre los autores respecto a la necesidad de cumplir con el principio de reserva de ley orgánica en el caso de:
Delitos castigados con penas pecuniarias
Delitos de Terrorismo
Faltas y sanciones leves
Leyes temporales
Respecto al delito de terrorismo, la euroorden española permite no cumplir con el principio de doble incriminación:
Si la pena supera los 3 años
Si así lo consiente el imputado
Si el imputado no es español o es extranjero nacionalizado español
Si el imputado es reincidente
El principio de doble incriminación en la extradición significa:
Que los hechos no pueden castigarse dos veces
Que el sujeto deberá ser procesado y penado en el lugar donde se juzgue
Que el comportamiento que se va a juzgar debe ser delito en el país de comisión y en el país del juicio
¿Cuáles de estos delitos no puede ser objeto de extradición?
Los políticos
Los comunes
Los de terrorismo
Los económicos
Las fuentes de la extradición pasiva en España son:
Los tratados internacionales, la ley de extradición pasiva y la reciprocidad.
La Constitución, las leyes orgánicas referidas a dicha institución, la ley de extradición pasiva y la reciprocidad.
La Ley de extradición española, luego la del otro país, y finalmente el tratado que haya entre ellos.
Las tres respuestas son inexactas.
La extradición pasiva, en España:
Es competencia administrativopolicial
Es de competencia exclusivamente gubernativa
Es de competencia exclusivamente judicial
Es competencia judicial y gubernativa
Si España se considera competente para conocer de un delito ¿pedirá la extradición de su autor al país donde éste se encuentre?
Si, en todo caso. Si España es competente debe pedir la extradición del delincuente.
Si, salvo que el autor esté en el país de su nacionalidad o en el de ejecución del delito.
No, salvo que así lo pida el país donde el autor se encuentre.
No, en aplicación del principio de especialidad.
Un sueco mata en China a un funcionario español (en el ejercicio de sus funciones), y se oculta en un rincón de Texas. ¿Pedirá España su extradición?
Sí.
No, salvo que China lo autorice.
Sí, siempre que el sueco lo admita.
No, salvo que lo autoricen las autoridades competentes de EEUU.
Un ciudadano inglés mata a un español en Madrid y huye a Rusia:
España no es competente para juzgarlo
España es competente para juzgarlo, pero no pedirá su extradición
España es competente para juzgarlo y pedirá su extradición
España pedirá su extradición, si bien no es competente para juzgarlo
Si España se considera competente para conocer de un delito y enjuiciar a su autor, pero éste se encuentra en otro país:
Pedirá en todo caso su extradición
Puede ser que, aun siendo competente, no pueda pedir legalmente la extradición
España ya no usa le ley de extradición, sino la Orden de Detención y Entrega
Un angoleño mata a un marroquí en Madrid. Angola y Marruecos piden la extradición del autor:
España concederá la extradición a Angola
España concederá la extradición a Marruecos
España no concederá la extradición
España concederá la extradición al país que primero la pida, de entre Angola y Marruecos
¿Es España competente para conocer de un delito de trafico ilegal de inmigrantes, cometido por un nacional de Etiopia, en territorio de Somalia, sobre ciudadanos etíopes?
Si, en todo caso.
Si, pero solo si el responsable se encuentra en España.
No.
No, salvo que el gobierno de Somalia así lo solicite.
Un ciudadano marroquí mata en China a Juan Carlos de Borbón, padre del rey Felipe IV ¿es España competente para juzgar al marroquí?
Solo si el marroquí se nacionaliza español.
Si, de acuerdo con el principio de doble incriminación.
Si, de acuerdo con el principio real o de protección de intereses.
En ningún caso. Debería ser español en el momento de la comisión del delito.
¿Es España competente para juzgar un delito de homicidio cometido por un nacional español en Gran Bretaña, siendo considerado el homicidio también delito en Gran Bretaña y sin que se encuentre su autor juzgado ni indultado?
Sí, por aplicación del Ppio. de personalidad pasiva.
Sí, por aplicación del Ppio. de justicia universal.
Sólo si interpone querella el agraviado o el ministerio fiscal.
Los tribunales españoles no son competentes.
¿Es España competente para conocer de un delito de tráfico de drogas cometido por un nacional de Etiopía en territorio de Somalia?
No, salvo que el gobierno de Somalia así lo solicite
Si
Sí, pero sólo si los responsables se encuentran en España
La muerte de la esposa del Príncipe de Asturias por parte de un ciudadano angoleño en Túnez, es competencia de los tribunales españoles de acuerdo con el principio de:
Justicia Universal
Personalidad
Real o de Protección
Los tribunales españoles no son competentes
De acuerdo con el actual art. 23 LOPJ ¿Es España competente para conocer de un delito de genocidio cometido por un nacional de Chile en territorio chileno?
Sí, pero si ha habido alguna víctima española
No, salvo que el gobierno de Chile así lo solicite
¿Es España competente para conocer de un delito de lesiones graves, por infección dolosa del SIDA, cometido por un nacional de Etiopía en territorio de Somalia?
Sí, de acuerdo con el principio de justicia universal
Sí, pero sólo si el responsable se encuentra en España
¿Es España competente para juzgar un delito de homicidio de un español cometido por un chino en Alemania?
Sí, siempre que el chino se encuentre en territorio español y con el objetivo de evitar la impunidad de un delincuente
Sólo si el homicidio es delito tanto en Alemania como en España
Sólo si interpone querella el agraviado o el ministerio fiscal
¿Son competentes los tribunales españoles para conocer del homicidio de un sueco, cometido en Polonia, no juzgado y realizado por un español?
Sí, en cuanto haya denuncia
Sólo si el español se encuentra en España
No, salvo que el Polonia ceda la competencia a España
¿Es España competente para conocer de un delito de ablación (mutilación genital femenina), cometido por un nacional de Etiopía en territorio de Somalia?
Un turco mata a un español en Suecia, y la policía lo localiza en Madrid:
España puede juzgarlo de acuerdo con el Ppio. de personalidad pasiva.
España puede juzgarlo de acuerdo con el Ppio. de protección de intereses.
España solo podrá juzgarlo si Turquía y Suecia lo permiten.
España no puede juzgarlo.
La embajada de EEUU en España.
Es territorio americano y España no tiene competencia en ella.
Es territorio americano, pero los tribunales penales españoles tienen competencia en ella.
Es territorio español.
Es territorio español y americano, admite una competencia compartida.
¿Podría aprobarse por Ley Ordinaria la creación de un delito que afectara al desarrollo de un derecho fundamental pero cuya pena solo fuera pecuniaria (y no de prisión ni privativa de libertad)?
Si.
No, estos casos solo podrían ser regulados por una Ley Orgánica.
No, salvo que hubiera un mandato expreso del Tribunal constitucional.
Sólo si la Ley Ordinaria procediera del Gobierno Central y no de los gobiernos de las Comunidades Autónomas.
El Derecho Penal Subjetivo es:
La potestad del Estado para determinar los delitos y hacer cumplir las penas.
El derecho penal de los sujetos de una determinada comunidad.
El Derecho penal de acuerdo con la visión particular de cada individuo, discutible y valorativa.
La potestad del individuo para ser sujeto de delitos y de penas.
En el Derecho Penal español:
Se considera legítimo cualquier medio utilizado por el Estado, siempre que la consecuencia sea la disminución o la eliminación de la delincuencia.
Los jueces pueden dictar resoluciones de equidad, de forma que, aunque no cumplan con lo estipulado en las leyes, alcancen fines concretos, convenientes y justos.
Cabe restringir el ámbito de una norma penal a menos casos que los que se derivan de una interpretación gramatical de sus elementos.
Nunca cabría aplicar una ley penal promulgada con posterioridad al hecho susceptible de castigo.
El Tribunal Penal internacional juzga:
Solo personas.
Personal y Naciones.
Personas, naciones, organizaciones y grupos criminales.
Cualquier sujeto o entidad nacional o supranacional capaz de cometer delitos de genocidio, lesa humanidad o crimines de guerra.
¿Puede el presidente de una Comunidad Autónoma dictar una ley de contenido penal?
Sí, pero solo en el caso de que la pena o sanción no afecte a Derechos Fundamentales.
Sí, pero sólo por delegación de su parlamento
A los efectos del delito de atentado, la presidenta de la Comunidad de Madrid quiere dictar una ley penal que equipare los médicos de la seguridad social con “agentes de la autoridad”:
No puede hacerlo.
Solo puede hacerlo si lo aprueba el parlamento autonómico por ley orgánica.
Solo puede hacerlo si se aprueba por unanimidad.
Puede hacerlo por mayoría simple.
Llamamos jurisprudencia en sentido estricto y siguiendo la definición del art. 1 CC:
A la opinión dominante de los jueces y tribunales en la interpretación de la ley, la costumbre y los Ppios. generales del derecho.
A la doctrina reiterada del Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los Ppios. generales del derecho.
A la opinión dominante de los estudiosos del derecho en la interpretación de la ley, la costumbre y los Ppios. generales del derecho.
A la última y más moderna interpretación de la ley, la costumbre y los Ppios. generales del derecho que ofrezca el Tribunal Supremo,
No son inviolables por los hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones:
Los Adjuntos al defensor del Pueblo
Los Magistrados del Tribunal Constitucional
Los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas
Los Diputados de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas
La autoridad de emisión española de una euroorden es:
El Tribunal Supremo
La sala de lo penal de la Audiencia Nacional
El juez de instrucción que conozca de la causa
El ministerio de justicia o, en su caso, el de interior
El derecho penal en sentido subjetivo es:
El derecho penal de autor
El derecho penal del comportamiento, frente al derecho penal del objeto
El que estudia la voluntad del autor, sus intenciones y su pensamiento
La potestad del estado para determinar los delitos y hacer cumplir las penas
La autoridad de emisión española de una orden de detención y entrega es:
La Audiencia Nacional.
El juzgado de instrucción que esté conociendo el asunto.
El Tribunal Supremo, en todo caso.
Los juzgados de lo penal que se designen en la Orden.
Las llamadas “escuelas penales” debatían y discrepaban esencialmente sobre:
Los principios legitimadores del derecho penal
El fundamento de la pena
La justificación o abolicionismo del castigo corporal
Las medidas de seguridad, salvo la libertad vigilada:
Se aplican a los inimputables y semiiniputables.
Pertenecen al ámbito policial.
Se aplican a todo delincuente peligroso y culpable.
Se desarrollan en la (obsoleta) Ley de vagos y maleantes.
Las medidas de seguridad:
Tienen efecto retroactivo si benefician la resocialización, reinserción o re-educación de la persona a la que se la impone.
Son siempre y, en cualquier caso, irretroactivas.
Pueden tener efecto retroactivo solo si la ley así lo dispone.
Siguen los mismos criterios de retroactividad que las penas.
Los bienes jurídicos dignos de protección penal:
Se deducen de los típicos establecidos en el Código Penal.
Coinciden exactamente con los derechos fundamentales del hombre.
Son siempre bienes jurídicos individuales, ya que (por ejemplo) no se puede “matar o violar a nadie que no sea una persona individual”.
Coinciden con los derechos fundamentales del hombre
Son siempre bienes jurídicos individuales, ya que (por ejemplo) no se puede “matar o violar a nadie que no sea una persona individual”
Pueden referirse al orden social establecido
No necesitan, en cuanto a su determinación, de una valoración histórica, sino que hacen referencia a verdades universales y, hasta cierto punto, inmutables.
Sobre el fundamento de la pena, en el art. 25 CE prescribe:
Que todos los ciudadanos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Que estará orientada a la reinserción social y la reeducación.
Que están proscritos los tratos inhumanos y degradantes.
Que no será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración.
Cuando hablamos de la necesidad de un juicio de desvalor, o de valor negativo, sobre el sujeto que realiza la acción típica, estamos hablando de:
Principio de legalidad
Desvalor de la acción
Derecho penal subjetivo
En el planteamiento “finalista” de la acción y del delito (el que hemos estudiado en clase y figura en el Manual de Muñoz Conde), el dolo es:
Una forma de la culpabilidad
Un elemento del tipo
La conciencia de la antijuridicidad de la conducta
La realización de la acción sin el deber objetivo de cuidado
Podría resumirse que el dolo exige:
Un elemento volitivo, un elemento intelectivo y un elemento mixto
Acción, resultado, causalidad y deber objetivo de cuidado
Un elemento volitivo y un elemento intelectivo
Acción, resultado, causalidad y ausencia del deber objetivo de cuidado
Para diferenciar dolo eventual e imprudencia consciente, nuestros tribunales e investigadores de la ciencia penal utilizan:
La teoría de la culpabilidad y de la imputación objetiva
La teoría de la probabilidad y el consentimiento
La teoría final de la acción
¿Qué supone la exigencia de dolo o imprudencia para que pueda darse un delito?
La necesidad de existencia de una pena
La proscripción de la responsabilidad objetiva
La exigencia del principio de legalidad
La existencia de un fundamento retributivo en el sistema penal
Un sujeto mata a otro sin dolo ni imprudencia. Desde una perspectiva finalista, podemos decir:
Que no hay tipicidad
Que no hay antijuridicidad
Que no hay culpabilidad
Que no hay justificación
La llamada teoría de la imputación objetiva:
Supone un complemento restrictivo a la tradicional teoría de la causalidad
Sustituye a la tradicional teoría de la causalidad a la hora de establecer la relación causal entre acción y resultado
Amplía significativamente el ámbito de resultados atribuibles a una acción en comparación con la tradicional teoría de la causalidad
Afecta al elemento subjetivo del tipo, no al objetivo
¿Qué significa “culpabilidad”, entendida ésta como principio fundamentador del poder punitivo del Estado?
Que no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito o falta por Ley anterior a su perpetración.
Que todos los ciudadanos son inocentes hasta que, tras un juicio, se demuestre lo contrario.
Que no hay pena sin dolo ni imprudencia.
Que todo detenido debe conocer sus derechos de modo inmediato a la detención.
La relación de causalidad:
Es un elemento valorativo del tipo
Es un elemento descriptivo del tipo
Pertenece a la culpabilidad
Pertenece a la antijuridicidad
Un caso de ausencia de culpabilidad que no sea un caso de inimputabilidad es, por ejemplo:
Un caso fortuito
Un miedo insuperable
Una legítima defensa
Un error vencible de prohibición
La legítima defensa exige:
Que el autor de la agresión de la que trae causa sea culpable
Que el medio que utilizo para defenderme sea proporcional
Que el defensor no tenga obligación de sacrificarse
Que haya ánimo de defensa por parte del que trata de justificarse
La teoría de la “equivalencia de las condiciones” en la causalidad:
Es una teoría que convierte a la relación de causalidad en un elemento normativo
Nos obligaría a un interminable “regreso ad infinitum” para indagar causas del resultado
Une los principios de equivalencia, previsibilidad y diligencia debida a la hora de determinar la relación de causalidad
Las tres respuestas son incorrectas
Para que exista legítima defensa, el Código Penal no exige como requisito imprescindible:
Proporcionalidad del medio utilizado
Racionalidad del medio empleado
Falta de provocación por parte del defensor
La existencia de una agresión ilegítima
El estado de necesidad planteado entre males de la misma categoría y entidad, es un caso de:
Causa de exculpación
Causa de justificación
Causa de atipicidad
Causa de ausencia de antijuridicidad
Un sujeto inimputable:
No puede realizar una acción
No puede realizar una acción típica
No puede realizar una acción típica antijurídica
No puede realizar una acción típica antijurídica culpable
¿Cuál de los siguientes elementos o condiciones es imprescindible para que un delito pueda imputarse en comisión por omisión?
Dolo
Que se trate de un tipo de resultado
La posición de garante de la víctima
Imprudencia
Desde una perspectiva estrictamente penal, ¿cuál de los siguientes supuestos no constituye un caso de “ausencia de acción”?:
Comportamiento sin dolo ni imprudencia
Presencia de fuerza irresistible
Realización de movimientos reflejos
Comportamiento en estado de inconsciencia
El ejercicio legítimo de un derecho por parte de un sujeto puede suponer la realización de un tipo penal:
No, en ningún caso. El ejercicio legítimo de un derecho no puede suponer la realización de un tipo penal
Sí, pero el sujeto estará exculpado
Sí, pero el sujeto estará amparado en una causa de justificación
Sí, puede suponer la realización de un tipo penal y, por lo tanto, cometerá el correspondiente delito
De acuerdo con la Ley de 13 de marzo de 1986, no es un requisito para justificar el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad:
La oportunidad
La congruencia
La proporcionalidad
La legitimidad
Una de las siguientes afirmaciones referentes a la imprudencia es falsa:
Para que se pueda imputar subjetivamente un tipo a título de imprudencia es necesario que, además, se pueda imputar objetivamente el resultado a la acción.
Puede que un hecho sea cometido con dolo e imprudencia, al mismo tiempo, siempre que se trate de dolo eventual
Para determinar el deber de cuidado hay que atender a la capacidad individual, al nivel de conocimientos particulares, del autor.
El deber de cuidado, pese a ser un elemento de la imprudencia penal, puede venir establecido en normas administrativas
El antiguo art. 379 del Código Penal castigaba a quien “condujere un vehículo a motor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o bebidas alcohólicas”. Se trataba de un delito:
De resultado
Especial propio
De simple actividad
Imprudente
La relación de causalidad no debe ser estudiada en:
Los tipos de comisión por omisión
Los tipos en los que no se de imputación objetiva
Los tipos que nos sean antijurídicos
Los tipos imprudentes
Es requisito del estado de necesidad:
La falta de provocación suficiente por parte de la víctima de la acción típica justificada
La proporcionalidad entre los males realizados
Que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar
Que el mal sea inferior al que se trata de evitar
El miedo insuperable supone:
Una causa de justificación
Una excusa absolutoria
Una causa de inimputabilidad
Una causa de exclusión de la culpabilidad
El error de prohibición vencible tiene como consecuencia:
Que la pena impuesta disminuye
Que lo doloso se transforma en imprudente
Que no se da imputación objetiva del resultado
Que queda excluida la culpabilidad
El encubrimiento entre parientes está exento de responsabilidad penal. Se trata de un caso de:
Causa de Justificación
Ausencia de imputabilidad
La realización de una actividad de acuerdo con la lex artis ad hoc de la profesión de que se trate:
Impide la imputación objetiva del resultado causado
Impide la imputación del resultado causado a título de imprudencia
Convierte al autor en responsable en comisión por omisión del posible resultado
Supone un caso de “ausencia de acción” penal
Según la teoría finalista imperante en la dogmática penal moderna, la imprudencia es un elemento que pertenece a:
La Tipicidad
La Antijuridicidad
La Culpabilidad
La Punibilidad
Si un sujeto se halla bajo el síndrome de abstinencia a la hora de realizar un tipo penal:
Supone un supuesto de ausencia de antijuridicidad
Es un supuesto de ausencia de culpabilidad
Es un caso de disminución de la culpabilidad, pero no de ausencia de la misma
Es un caso de eximente incompleta
A, madre de B, menor de cinco años, abandona a éste en el domicilio familiar durante dos semanas; B muere como consecuencia de la falta de atención, y el portero C sabía y conocía perfectamente la situación. En el caso de C estaríamos ante un delito:
De comisión por omisión
De omisión pura
De acción imprudente
De acción en comisión
A un sujeto inculpable que, sin ser peligroso, comete una infracción tipificada en el código penal:
Se le aplicará una pena
Se le aplicará una medida de seguridad
Se le aplicará una sanción administrativa grave
No se le aplicará ninguna consecuencia penal
Si creo, de forma equivocada pero invencible, que alguien me va a agredir ilegítimamente, y me defiendo realizando un tipo penal:
Estaré amparado por una causa de exculpación
Se me aplicarán las reglas del error invencible de tipo
Actuaré conforme a un error vencible de prohibición
Cometeré el tipo penal en cuestión sin justificación ni exculpación alguna
El médico de guardia, para salvar la vida a un paciente que necesita un trasplante de riñón inmediato, le extirpa un riñón -sin permiso- a un joven que iba a operarse de apendicitis. Su conducta:
Está exenta de antijuridicidad
Supone un estado de necesidad justificante
Supone un estado de necesidad disculpante (exculpante)
Para no morir de hambre, un naufrago A le roba la comida a un naufrago B. Si B golpea a A para evitar el robo:
Se defiende en legítima defensa
Actúa en estado de necesidad
Cometería un delito de lesiones, al golpear injustamente a otro individuo
Actuaría amparado por una excusa absolutoria
Si como resultado de una acción imprudente y objetivamente imputable, A mata a B:
Habrá tipo penal completo, si bien para que haya delito se tendrán que dar otros elementos
Puede haber tipo penal o no, dependiendo de otros elementos
Se tratará de un delito de peligro consumado
Tendremos que estudiar el elemento subjetivo del tipo para determinar la culpabilidad o no de la conducta
Un sujeto, tras haber estrangulado a su víctima y en la creencia de que la ha matado, la arroja por un precipicio para ocultar el cuerpo, siendo entonces cuando la víctima, que sólo estaba desvanecida, muere realmente a consecuencia de la caída.
Es un caso de aberratio ictus.
Es un caso de error de tipo
Es un caso de error en el golpe
Es un caso de dolus generalis
Si, sin ánimo de lucro, encubro a mi madre:
Hay tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, pero no punibilidad
Hay tipicidad y antijuridicidad, pero no culpabilidad
Hay tipicidad, pero no antijuridicidad
En esencia, puede decirse que el hecho no es típico
El Diputado “A” llama mentiroso y traidor al Presidente del Gobierno en una sesión de control. No se podrá castigar en este caso al diputado A:
Por ser inviolable
Por ser inmune
Salvo que las cámaras lo autoricen
Si han sido injurias, el diputado A podrá ser castigado como cualquier otro español
Una barca en la que van dos náufragos se está hundiendo porque el peso de ambos hombres excede el que puede soportar la barca. El náufrago A golpea al náufrago B para echarlo de la barca y así salvarse. El náufrago A actúa:
En legítima defensa
Sin que se le pudiera imputar objetivamente el resultado
En estado de necesidad justificante
En estado de necesidad exculpante
Según el principio de accesoriedad, en el derecho penal español la responsabilidad del partícipe exige:
Que el partícipe haya ejecutado su acción previsiblemente causal
Que el autor cometa un hecho típico consumado.
Que el autor comience a ejecutar un hecho típico antijurídico
Que el autor haya al menos planeado la realización de un tipo
Si un sujeto que ha iniciado la ejecución de un delito desiste de su consumación
Quedará exento de pena, aunque el delito se consume, si lo ha intentado evitar de manera seria y firme
Tendrá el mismo tratamiento legal que si impide voluntariamente la producción del resultado en caso de tentativa acabada
Tendrá la pena inferior en uno o dos grados a la establecida para el delito consumado
Si el cómplice de un delito está amparado por una causa de justificación:
Ello afectará a todos los ejecutores del delito en lo que atañe a la antijuridicidad
Se le aplicará la pena inferior en uno o dos grados a la correspondiente al autor.
No se dará comportamiento penalmente relevante
No se dará en él antijuridicidad
Si se rompe el pacto en una conspiración delictiva mediante el desistimiento propio y voluntario:
No cabe extinción de la penalidad, que sólo es efectivo en caso de desistimiento en la tentativa
Se extingue la conspiración y su consiguiente punibilidad
Se impondrá la pena en un grado inferior a la establecida por la ley para la conspiración
Se impondrá la pena inferior en dos grados a la establecida por la ley para la conspiración
Si colaboro imprudentemente en el delito doloso de otro:
Realizo un hecho impune
Tendré la pena correspondiente a un cómplice o a un cooperador necesario, según determine el Tribunal
Seré coautor imprudente del delito doloso
Nuestro Código Penal sólo castiga con la pena del autor:
Al autor directo, al autor mediato, coautor, inductor y cooperador necesario
Al autor directo, autor mediato y coautor
Al autor directo, autor mediato, coautor, inductor, cooperador necesario y cómplice
Al autor directo, autor mediato, coautor e inductor
La inducción y la provocación se diferencian en:
La inducción es una forma de autoría y la provocación una forma de participación
La provocación no seguida de ejecución de un tipo es impune, y la inducción no necesita la ejecución del tipo
El número de personas sobre las que se trata de influir
El que, imprudentemente, induce a otro para que realice un tipo doloso será:
Autor mediato (imprudente) que utiliza a un instrumento doloso
Autor de un delito imprudente
Inductor de un delito imprudente
Una de las diferencias entre la punición de la tentativa y la de los actos preparatorios es:
Que la tentativa se castiga para todos los delitos y los actos preparatorios sólo en caso de delitos dolosos
Que la tentativa se castiga en todos los casos de delitos dolosos de resultado y los actos preparatorios sólo en los que el C.P. lo especifique
Que la tentativa se castiga para toda clase de delitos y los actos preparatorios sólo en los que el Código Penal especifique
Que la tentativa se castiga sólo en los casos de delitos dolosos de resultado y los actos preparatorios en todo tipo de supuestos
El desistimiento en la tentativa:
Exige voluntariedad en el intento de consumar el delito
No es relevante penalmente si estamos ante delitos contra la vida o la integridad física
Es un problema que afecta a la punibilidad
La inducción no seguida de acción por parte del autor:
Supone que al inductor se le pueda bajar la pena en uno o dos grados
Permitiría castigar la inducción en grado de tentativa
Sería punible si se hubiera hecho ante una concurrencia de personas
No sería punible en ningún caso, dada la accesoriedad de la participación con respecto de la autoría
En el Derecho penal español
La conducta típica del autor material sirve de referente para determinar el título de imputación de todos los intervinientes
Cada interviniente en el delito será castigado según sus especiales circunstancias típicas
Los partícipes se castigan con la misma pena que los autores en todo caso
Los partícipes se castigan con la pena de los autores, disminuida en un grado
