Se reconoce autonomía en la Constitución española a:
A las nacionalidades y comunidades autónomas.
A las regiones y a las nacionalidades.
A las regiones.
A las comunidades autónomas y a las regiones.
Según la CE en los Estatutos aprobados por el procedimiento ordinario, la organización institucional se basará en una Asamblea Legislativa:
Elegida por sufragio universal.
Dicho sufragio universal deberá efectuarse con arreglo a un sistema de representación proporcional.
Dicho sistema proporcional deberá asegurar la representación de las diversas zonas del territorio.
Ninguna respuesta es correcta.
La organización judicial en el ámbito de la Comunidad Autónoma, estará culminada:
Por un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.
Por un Tribunal Superior de Justicia, que asumirá en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma la jurisdicción que sobre el mismo ostentaba el Tribunal Supremo.
Por una Audiencia Territorial, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.
Por las respectivas Audiencias Provinciales, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.
Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas:
No podrán implicar, en ningún caso, un distinto tratamiento de los ingresos públicos.
Podrán consagrar los privilegios que sean procedentes, cuando su origen no se sustente en cualquier clase de discriminación.
La pregunta está erróneamente formulada, en tanto en cuanto todos los Estatutos han de ser idénticos.
No podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
¿Quién elige al Alcalde?
Los concejales.
El pueblo.
Los concejales o los vecinos.
Los vecinos.
Respecto de una de las siguientes materias, por ser exclusiva del Estado, no podrán ser asumidas competencias, en principio, por las Comunidades Autónomas:
El marisqueo, la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
Los montes y aprovechamientos forestales.
Sanidad e higiene.
Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
¿De cuánto tiempo disponían las Corporaciones Locales interesadas en constituirse en CC.AA por la vía común, para cumplir todos los requisitos exigidos por la Ley?
Un mes.
Dos meses.
Seis meses.
Un año.
El Estado tiene competencia exclusiva sobre todas las materias siguientes, menos sobre una:
Hacienda general y deuda del Estado.
Legislación laboral, en todas sus manifestaciones, incluso las de ejecución.
Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Defensa y Fuerzas Armadas.
El control de la actividad de los órganos de las Comunidades autónomas, en lo relativo a la administración autónoma y sus normas reglamentarias:
Al Tribunal de Cuentas.
Al Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.
Al Tribunal Constitucional.
A la jurisdicción contencioso-administrativa.
La colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado:
Será regulada mediante Ley Orgánica.
Será regulada en los Estatutos de Autonomía.
No es susceptible de regulación, en tanto en cuanto tal colaboración no es posible.
Está regulada en la Constitución.
En el procedimiento ordinario la iniciativa del proceso autonómico corresponde según la Constitución:
A todos los municipios interesados.
A las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría absoluta del censo electoral de cada provincia.
A las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las 2/3 partes de los municipios que representen al menos la mayoría del censo electoral.
Ninguna es correcta.
El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, en lo relativo al ejercicio de las funciones delegadas respecto de las materias de competencia exclusiva del Estado, corresponderá:
A la jurisdicción contencioso - administrativa.
En principio, las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas al amparo de lo establecido en el art. 148.1 de la Constitución, podrán ampliarse sucesivamente, dentro del marco establecido en el art. 149 en el plazo de:
Cinco años.
Cuatro años.
Tres años.
Dos años.
Las Comunidades Autónomas, en materias de competencia estatal:
Podrán dictar, por sí mismas, normas legislativas sin limitación alguna, si tal facultad les ha sido atribuida por las Cortes Generales.
Podrán dictar, por sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una Ley Estatal, cuando las Cortes Generales le hayan atribuido tal facultad.
Las normas podrán ser dictadas en los casos y con los requisitos indicados en la opción b), pero la atribución de la facultad de emitirlas corresponde al Gobierno de la Nación, y no a las Cortes Generales.
No podrán dictar, por sí mismas, normativa alguna.
Régimen aduanero y arancelario.
Gestión en materia de protección del medio ambiente.
Comercio exterior.
Determinación de la hora oficial.
Los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas:
Necesitarán la autorización de las Cortes Generales.
No será preciso que se prevean en los respectivos Estatutos los supuestos en que procedan, así como sus requisitos y términos.
Dichos acuerdos no necesitarán la autorización de las Cortes Generales, ni ser comunicados a la misma.
Todas las otras respuestas son falsas.
Según el Título VIII de la CE, ¿quién integra un Ayuntamiento?
El Pleno.
El Alcalde y los Concejales.
Los Concejales.
El Alcalde.
Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias:
Que supongan un obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios, en los pasos fronterizos con terceros países.
Sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan un obstáculo para la libre circulación de bienes y personas.
Sobre bienes situados en el interior de su territorio, propiedad del Estado.
Todas las otras respuestas son correctas.
Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de:
Coordinación con las Haciendas Locales.
Coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles.
Solidaridad entre todas las Comunidades Autónomas.
Progresividad, reparto equitativo de la riqueza y justicia distributiva.
El Presidente de una Comunidad Autónoma es nombrado por:
El Jefe del Estado.
El Senado.
La Asamblea Autonómica.
El Presidente del Gobierno.
Además del contenido mínimo ordinario, ¿Cuál de los siguientes contenidos debe incluir en su estatuto, una Comunidad Autónoma de vía especial?
Un Tribunal Supremo.
Un Tribunal Superior de Justicia.
Una Cámara de Cuentas.
Un Defensor autonómico.
Una de las siguientes cuestiones no deberá estar contenida en los Estatutos de Autonomía:
La delimitación de su territorio.
La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias y de las delegaciones en su territorio del Gobierno central.
La denominación de la Comunidad, que será la que mejor corresponda a su identidad histórica.
Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución, y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
El Gobierno y la Administración autónoma de las provincias estarán encomendados:
A Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.
A Diputaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
A Diputaciones y a Mancomunidades de Municipios.
A Diputaciones y a Mancomunidades Provinciales.
¿Cuántos municipios debían formar parte de la iniciativa autonómica en el caso de las Comunidades que accedieron por la vía común, en el caso de que no tuvieran régimen provisional de autonomía?
1/3 partes
2/3 partes
2/4 partes
3/4 partes
No es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva:
La libertad sindical.
La formación continua.
La negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo.
El ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo:
Promoción interna vertical.
Promoción interna horizontal.
Carrera horizontal.
Carrera vertical.
Consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el TREBEP:
Deberá reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos:
Las cuantías de las retribuciones básicas.
El incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
El incremento de la masa salarial del personal laboral.
Todas son correctas.
Los empleados públicos tienen derecho para la determinación de sus condiciones de trabajo a:
La negociación colectiva.
La representación.
La participación institucional.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
Se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra:
Las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal.
Las Organizaciones Sindicales más representativas de Comunidad Autónoma.
Los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución.
Entre los principios que deben ser respetados por las Administraciones Públicas en su actuación y en sus relaciones no figura el principio de:
Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
Servicio efectivo a los ciudadanos.
Corresponsabilidad en la gestión de recursos públicos.
Evaluación de los resultados de las políticas públicas.
La avocación...:
Sólo se puede realizar por un órgano superior respecto de órganos que no son jerárquicamente dependientes.
En los supuestos de delegación de competencias en órganos no jerárquicamente dependientes sólo se podrá realizar por el órgano delegante.
Deberá publicarse.
Sólo es posible en el supuesto de competencias delegadas, nunca en las que correspondan ordinariamente a un órgano.
Las condiciones e instrumentos de creación de sedes electrónicas:
Serán determinados por el Ministerio de Administraciones Públicas.
Serán determinados por la Agencia Española de Protección de Datos.
Serán determinados por cada Administración Pública.
Serán determinados por el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
La competencia de un órgano administrativo:
Se ejercerá siempre por el órgano que la tenga atribuida.
Puede ser ejercida por otros órganos en los casos de suplencia o encomienda de gestión.
Puede ser ejercida por otros órganos en los casos de delegación de firma o suplencia.
Puede ser ejercida por otros órganos en los casos de delegación y avocación.
Las Instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en diario oficial:
Siempre, sin perjuicio de su publicación en otros medios complementarios.
Únicamente cuando así lo establezca una disposición específica.
Cuando se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse.
Las Instrucciones y órdenes de servicio no son objeto de publicación.
Según el artículo 4 de la LRJSP las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos:
Deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.
Asimismo deberán evaluar trimestralmente los efectos y resultados obtenidos.
Deberán aplicar el principio de legalidad, velar por la satisfacción del interés general, y procurar que no se produzcan diferencias de trato discriminatorias.
Todas las respuestas anteriores son falsas.
Tendrán la consideración de órganos administrativos:
Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo.
Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo.
Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia:
Suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
No suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
Suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
El plazo para interponer un recurso extraordinario de revisión cuando se fundamente en la aparición de documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida, será de:
3 meses.
4 años.
1 mes.
1 año.
De conformidad con lo dispuesto la ley de Procedimiento Administrativo Común, la Administración, cabrá la convalidación de los actos administrativos subsanando los vicios de que estos adolezcan cuando sean:
Nulos.
Anulables.
Tanto nulos como anulables.
De conformidad con lo dispuesto la ley de Procedimiento Administrativo Común, la Administración, señala que cuando la Administración convalide un acto anulable subsanando el vicio de que este adolezca, el acto de convalidación producirá efecto:
Desde que se publique en el BOP.
Desde su fecha.
Desde que se dé cuenta al Pleno.
Desde que se publique en el BOE.
Señale la respuesta Incorrecta. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
Que en la resolución hayan influido hechos constitutivos de infracción penal o que se haya dictado como consecuencia de ésta.
Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
De acuerdo con el artículo 36.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos se producirán por escrito:
Y se notificarán inmediatamente a los interesados, ya sea por medios electrónicos o no.
A través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
A través de medios de notificación personal, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
A través de publicación edictal, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
No es causa de nulidad de pleno derecho de un acto administrativo:
Que se haya dictado separándose del criterio del dictamen de un órgano consultivo.
Que se haya dictado por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
Que tenga contenido imposible.
Que sean constitutivo de infracción penal o se dicte como consecuencia de ésta.
Según el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿contra cuál de los siguientes tipos de actos de trámite no cabe recurso de alzada o potestativo de reposición?
Contra un acto de trámite que decida directa o indirectamente el fondo del asunto.
Contra un acto de trámite que produzca perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
Contra un acto de trámite que determine la imposibilidad de continuar el procedimiento.
Contra un acto de trámite que haya denegado la apertura del procedimiento a la práctica de pruebas.
