Son contratos del sector público los contratos onerosos que celebren:
Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social.
Las fundaciones públicas.
Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Todas las contestaciones anteriores son correctas.
A efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en que el contratista:
Obtenga algún tipo de beneficio, sea económico o de cualquier otra naturaleza.
Obtenga algún tipo de beneficio económico directo.
Obtenga algún tipo de beneficio económico o en especie.
Obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta.
A los efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, no se considera que forman parte del sector público:
Los Organismos Autónomos.
Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades públicas sea inferior al 50%.
Las autoridades administrativas independientes.
Los fondos sin personalidad jurídica.
Están excluidos del ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público:
Los contratos regulados en la legislación laboral.
Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.
La relación de servicio de los funcionarios públicos.
¿Están excluidos del ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público?
No.
La LCSP no regula esta cuestión.
Sí, si su utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general.
Sí, si su utilización por los usuarios requiera un pago de aplicación general.
No están excluidos del ámbito de los contratos del sector público:
Los contratos por los que una entidad del sector público se obligue a entregar bienes o derechos o a prestar algún servicio.
Los contratos que tengan por objeto servicios relacionados con campañas políticas, cuando sean adjudicados por un partido político.
La prestación de servicios sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos.
Todos estos casos están excluidos.
Los contratos del sector público:
Tendrán carácter administrativo siempre.
No podrán tener carácter privado.
Podrán estar sometidos a un régimen jurídico de derecho administrativo o de derecho privado.
Pueden tener carácter administrativo, o carácter mercantil.
Tendrán la consideración de contratos privados los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de:
Administraciones Públicas.
Organismos Públicos.
Entes Públicos.
Empresas públicas.
¿Tendrán la consideración de contratos privados los celebrados por entidades del sector público?
No, en ningún caso.
Sí, si no reúnen la condición de poder adjudicador.
Sí, en todo caso.
Dependerá de la cuantía del contrato.
El orden jurisdiccional competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos es:
El civil.
El contencioso-administrativo.
El contencioso-administrativo o el civil, en su caso.
El contencioso-administrativo o el mercantil, en su caso.
El orden jurisdiccional competente para resolver las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas, es:
El mercantil.
A las relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos del ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿se les aplicará esta norma?
No, precisamente porque están excluidos.
Solamente para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
Sí, supletoriamente.
Sí, por remisión expresa de las partes.
El contrato de obras, ¿podrá comprender la redacción del correspondiente proyecto?
Sí.
Sí, siempre que su presupuesto sea superior a 250.000 euros.
Sí, siempre que se licite de forma independiente.
El contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el contrato de obras es:
Concesión de obras públicas.
Gestión de obras públicas.
Concertación de obras públicas.
Ejecución de obras públicas.
Respecto de aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal, el contrato de concesión de obras públicas podrá también prever que el concesionario esté obligado a:
Proyectarlas y repararlas.
Proyectarlas, ejecutarlas y repararlas.
Proyectarlas, ejecutarlas, reponerlas y repararlas.
Proyectarlas, ejecutarlas, conservarlas, reponerlas y repararlas.
El contrato de gestión de servicios públicos:
Puede concertarlo una Administración Pública exclusivamente.
Puede concertarlo una Administración Pública, una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales o un Colegio Profesional.
Puede concertarlo una Administración Pública o una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
No está previsto actualmente con dicha denominación en la LCSP.
Son contratos de suministro los que tienen por objeto:
La adquisición de bienes inmuebles.
La adquisición de productos o bienes inmuebles.
La distribución de productos o bienes inmuebles.
La distribución de productos.
Los contratos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad son:
Contratos de servicios.
Contratos de suministros.
Concesiones administrativas.
Contratos de prestaciones.
Respecto de los contratos de servicios, ¿podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos?
Sí, salvo los que supongan ejercicio de la potestad sancionadora.
Sí, salvo los que supongan ejercicio de la potestad reglamentaria.
Según el artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el objeto de la ley es regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de, entre otros:
Conservación del medioambiente.
Transparencia de los procedimientos.
Simplicidad, claridad y proximidad a los licitadores.
Todos los principios señalados son recogidos en el artículo 1.
Establece el artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que el objeto de la ley es regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de, entre otros (señale la respuesta INCORRECTA):
Libertad de acceso a las licitaciones.
Independencia y discrecionalidad técnica en la adquisición de bienes.
Publicidad y transparencia de los procedimientos.
Conforme a lo dispuestos en el artículo 1.2 de la 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es objeto de la Ley la regulación del régimen jurídico aplicable:
A los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.
A los requisitos, efectos, interpretación, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.
A los presupuestos, requisitos, efectos, interpretación, cumplimiento, penalización, ejecución y extinción de los contratos administrativos.
A los requisitos, efectos, interpretación, extinción y sanción de los contratos administrativos.
De acuerdo con el artículo 1.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva:
Criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato.
Cláusulas administrativas de no discriminación entre hombres y mujeres en la contratación realizada por los poderes adjudicadores.
Cláusulas administrativas de no discriminación entre hombres y mujeres en la contratación realizada por los adjudicatarios.
Criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas.
El artículo 3.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, considera que forman parte del sector público:
Los consorcios regulados por la legislación aduanera.
Las autoridades administrativas dependientes.
Las fundaciones privadas que reúnan los requisitos que ese mismo artículo recoge.
Los fondos con personalidad jurídica.
Las asociaciones sin ánimo de lucro.
Las asociaciones con ánimo de lucro.
Las fundaciones públicas que reúnan los requisitos que ese mismo artículo recoge.
El artículo 3.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, considera que forman parte del sector público (señale la respuesta INCORRECTA):
Las Universidades.
Las sociedades mercantiles.
Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Las Entidades que integran la Administración Local.
Las sociedades mercantiles en cuyo capital social, directa o indirecta, de entidades mencionadas en las letras a), b) c), d), e), g) y h) del citado artículo sea superior al 50%.
Las sociedades mercantiles en cuyo capital social, directa o indirecta, de entidades mencionadas en las letras a), b) c), d), e), g) y h) del citado artículo sea inferior al 50%.
Las sociedades mercantiles en cuyo capital social, directa o indirecta, de entidades mencionadas en las letras a), b) c), d), e), g) y h) del citado artículo sea superior al 50%, o sin superar ese porcentaje, se encuentre en el supuesto del artículo 5 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 3.3 de la 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se considerarán poderes adjudicadores:
Las sociedades mercantiles creadas para satisfacer necesidades de interés particular.
Las asociaciones constituidas por las sociedades mercantiles.
Las fundaciones privadas.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 3.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se considerarán poderes adjudicadores:
Las asociaciones de consumidores.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 3.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se considerarán poderes adjudicadores (señale la respuesta INCORRECTA):
Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras que señala el citado artículo.
Las asociaciones privadas sin ánimo de lucro.
Las Administraciones Públicas.
Según lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son negocios o contratos excluidos del ámbito de la citada Ley, rigiéndose por sus normas especiales (señale la respuesta INCORRECTA):
Los contratos relativos a servicios y arbitraje y conciliación.
Los contratos subvencionados por las Comunidades Autónomas.
Los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con otros sujetos de derecho internacional.
Según el artículo 11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son negocios o contratos excluidos del ámbito de la citada Ley, rigiéndose por sus normas especiales (señale la respuesta INCORRECTA):
Los contratos subvencionados por las entidades que integran la Administración Local.
La prestación de servicios sociales por entidades privadas en los términos que señala el precepto.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los tipos de contratos regulados en la Ley son:
Contratos de concesión servicios, contratos de suministro de energía, contratos de concesión de obras y concesión de servicios públicos.
Contratos de servicios y suministros, autorizaciones administrativas de obras y contratos de concesión de licencia de obras.
Contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios.
Contratos mayores, contratos menores, contratos de obras y servicios, contratos de concesión de suministros y contratos de servicios.
En relación al contrato de obras, el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señala que se entenderá por «obra»:
El resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil o militar, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.
El resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.
El resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien mueble o inmueble.
El resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil o militar, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien mueble o inmueble.
El contrato de concesión de obras tiene por objeto, según el artículo 14 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
La realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a las que se refiere el contrato de obras en el que la contraprestación consiste en el derecho a explotar la obra y, además, a percibir un precio.
La realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a las que se refiere el contrato de obras en el que la contraprestación consiste, o en el derecho a explotar la obra, o únicamente a percibir un precio por la concesión.
La realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a las que se refiere el contrato de obras en el que la contraprestación consiste, o en el derecho a explotar la obra, o en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
Ninguna de las anteriores es correcta.
El contrato de concesión de servicios, según el artículo 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
a) Es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, o cuya contrapartida venga constituida por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
b) Es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
Es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso o lucrativo a una o varias personas, naturales o jurídicas, la c) gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
El contrato de suministro tiene por, según el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con opción de compra, de productos o bienes muebles.
La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles e inmuebles.
La adquisición, venta, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles e inmuebles.
Son contratos de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro.
Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer o no hacer, consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro.
Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer, consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto o similar a una obra o suministro.
