Según el artículo 1.1 de la Ley 39/2015:
La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficiencia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa y potestad legislativa.
La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa y potestad legislativa.
La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, los recursos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
Según el artículo 1.2 de la Ley 39/2015:
Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley.
Solo mediante ley orgánica, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley.
Solo mediante ley orgánica, cuando resulte eficiente, proporcionado y necesario para la consecución de los fines ajenos del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley.
Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, no podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley.
Mediante ley, podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, del territorio, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.
Reglamentariamente, podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, del territorio, formas de iniciación y terminación, publicación e informes preceptivos a recabar.
Mediante ley, podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes preceptivos a recabar.
Reglamentariamente, podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.
De acuerdo con la Ley 39/2015, se notificarán a los interesados las resoluciones y actos en los términos siguientes:
Si bien existen registros telemáticos, la ley prohíbe las notificaciones telemáticas
Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se intentará de nuevo hasta dos veces en horas distintas dentro de los 3 días siguientes
Las notificaciones deben contener, entre otros, la expresión de los recursos que procedan frente al acto que se notifica
Las notificaciones deberán ser cursadas en el plazo de 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
Según lo dispuesto en el artículo 77, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor de este acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo
No superior a 30 días nin inferior a 15
No superior a 30 días ni inferior a 10
No superior a 10 días ni inferior a 30
Ninguna de las anteriores es correcta
De acuerdo con el artículo 76.1, los interesados podrán aportar documentos:
en cualquier momento del procedimiento
en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia
en cualquier momento del procedimiento anterior a la propuesta de resolución
solo con la instancia
Según el artículo 79, en el procedimiento administrativo los informes a través de medios electrónicos serán emitidos en el plazo de:
5 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor
10 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor
20 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor
30 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor
De acuerdo con el art. 25 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, siempre que no se hayan paralizado por causas imputables al interesado, produce el siguiente efecto:
Los interesados pueden entenderlos desestimados por silencio administrativo.
La prescripción
Exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver
La caducidad
Según el art. 41.5 de la Ley 39/2015 ¿Cómo debe actuar la administración cuando el interesado en el procedimiento rechace una notificación?
La Administración debe hacer constar el rechazo a la notificación en el expediente y se le tendrá por decaído en el procedimiento
La Administración debe hacer constar el rechazo a la notificación en el expediente y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento
La Administración hará constar el rechazo a la notificación en el expediente, junto con el día y la hora, y deberá repetir el intento de notificación por una sola vez y en una hora distinta dentro de los 3 días siguientes
La Administración hará constar el rechazo a la notificación en el expediente, junto con el día y la hora, y deberá repetir el intento de notificación tantas veces como sea posible y en horas distintas dentro de los 3 días siguientes.
El Título Preliminar de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de ñas Administraciones Públicas se denomina:
Disposiciones Generales
Ámbito de actuación
De las Administraciones Públicas
Del Régimen Jurídico
¿Cuál es el objeto de la Ley 39/2015 según su artículo 1?
Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, excluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas.
Regular los requisitos legislativos y formales de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, excluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas.
Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común de la Administración General del Estado, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas.
Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas.
A tenor del artículo 1 de la Ley 39/2015, dicha Ley tiene por objeto, entre otros, regular el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas:
Excepto el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas.
Incluyendo el sancionador, con la excepción de la reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas.
Ninguna de las respuestas es correcta.
Incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas.
En la Ley 39/2015 se regulan, según su artículo 1:
Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de potestad reglamentaria.
Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa.
La a y la c son correctas.
Según el artículo 1.2 de la Ley 39/2015, podrán incluirse en el procedimiento trámites adicionales o distintos a los contemplados en ella:
Todas las respuestas son correctas.
Solo mediante ley.
Cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento.
De manera motivada.
De acuerdo con el artículo 1.2 de la Ley 39/2015, podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes:
Sin requisito alguno cuando sea necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento.
Reglamentariamente.
Según el artículo 1.2 de la Ley 39/2015, reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a:
Los órganos competentes, plazos generales de los procedimientos, formas de iniciación, tramitación y terminación, no publicación por razón de materia e informes a omitir.
Los órganos competentes, plazos generales de los procedimientos, formas de iniciación, tramitación y terminación, no publicación por razón de materia e informes a recabar.
Los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.
Los órganos competentes, plazos generales de los procedimientos, formas de iniciación, tramitación y terminación, publicación e informes a recabar.
La Ley 39/2015 se aplica al sector público, que comprende, según el artículo 2.1 de dicha Ley:
La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas que no tengan transferidas las competencias, las Entidades que integran la Administración local y el sector público estatal.
Exclusivamente la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
Según el artículo 2.2 de la Ley 39/2015, el sector público institucional se integra, entre otros, por:
Las Universidades públicas, que se regirán por las previsiones de dicha Ley y para lo no dispuesto en la misma por sus propias normas.
Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
Las entidades de derecho público vinculadas e independientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
A tenor del artículo 2.2 de la Ley 39/2015, el sector público institucional se integra, entre otros, por:
Las Universidades públicas, que regirán por las previsiones de la Ley 39/2015 y, para lo no dispuesto en la misma, por sus propias normas.
Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la citada Ley.
Las Universidades públicas y privadas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la citada Ley.
Según el artículo 2 de la Ley 39/2015, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de dicha ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades:
De gestión.
Laborales.
Administrativas.
Según el artículo 2.3 de la Ley 39/2015, tienen la consideración de Administraciones Públicas:
Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.
Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
Las Universidades públicas.
De acuerdo con el artículo 2.3 de la Ley 39/2015, tienen la consideración de Administraciones Públicas:
Las Entidades que integran la Administración local.
La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
A tenor del artículo 2.4 de la Ley 39/2015, se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la Ley 39/2015:
Las Corporaciones de Derecho Público.
Las Administraciones que integran el sector público
Conforme al artículo 2.4 de la Ley 39/2015, las Corporaciones de Derecho Público, en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, se regirán por:
Su normativa específica y supletoriamente por la Ley 39/2015
Por la Ley 39/2015 en todas sus actuaciones.
La Ley 39/2015 y para lo no dispuesto en la misma por su normativa específica.
¿Cómo se denomina el Título I de la Ley 39/2015?
De los interesados en el procedimiento
Disposiciones generales
De la capacidad de obrar
Del ámbito de aplicación
¿Cuántos Capítulos tiene el Título I de la Ley 39/2015?
3
5
4
2
¿Quién podrá actuar en representación de otra, ante las Administraciones Públicas, conforme al artículo 5 de la Ley 39/2015?
Cualquier persona física
Únicamente las personas físicas con capacidad de obrar
Cualquier persona con capacidad de obrar que tenga relación directa con el procedimiento
Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos
De acuerdo con texto literal del artículo 5.2 de la Ley 39/2015, las personas jurídicas podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas:
En caso de estar autorizados por los interesados
En cualquier caso
Ninguna de las respuestas es correcta
Siempre que ello esté previsto en sus Estatutos
Según el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, ¿en cuál de los siguientes casos se presumirá la representación?
Para presentar comunicaciones
Para interponer recursos
Todas las respuestas son correctas
Para actos y gestiones de mero trámite
Según el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, en relación con el procedimiento administrativo y la representación, para los actos y gestiones de mero trámite:
Deberá acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna
Se presumirá la representación
Deberá realizarse mediante la declaración en comparecencia personal del interesado
No será necesaria la presencia del interesado ni del representante
Según el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados a personas:
Físicas o jurídicas
Exclusivamente jurídicas
Exclusivamente físicas
La habilitación, por las Administraciones Públicas de personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados, deberá especificar, a tener del artículo 5.7 de la Ley 39/2015:
Las obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes
Las condiciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes
Determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa
En el caso de que las Administraciones Públicas habiliten con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados:
El interesado no podrá comparecer por sí mismo, salvo autorización expresa de la Administración
Siempre deberá comparecer la persona habilitada en el procedimiento
Siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento
Según el artículo 6.1 de la Ley 39/2015, en el registro general de apoderamientos deberá constar:
El escrito original de la representación con la firma del interesado, del representante y del representante de la Administración
La autorización de la Administración
El bastanteo realizado del poder
Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales, según el artículo 6.2 de la Ley 39/2015:
Serán inoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos
Serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos
Serán completamente independientes de los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos
¿Cuál de la siguiente información deberán contener, entre otras, los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos, conforme el artículo 6.3 de la Ley 39/2015?
Número de entrada en el registro
Período de tiempo por el cual se solicita el poder
Período de tiempo por el cual se otorga el poder
Según el artículo 6.4 de la Ley 39/2015 y en relación a los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos:
Cada Comunidad Autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administración
Cada Entidad Local aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administración
El Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro independientemente del ámbito territorial al que se circunscriban las actuaciones
Cada Comunidad Autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro cuando tengan transferidas las competencias, con independencia del ámbito territorial de su otorgamiento
Según el artículo 12.2 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos:
A los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del art. 14, de la citada Ley, que así lo soliciten
A los interesados incluidos en los apartados 2 y 3 del art. 14, de la citada Ley, que así lo soliciten
A todos los interesados incluidos en los apartados 2 y 3 del art. 14, de la citada Ley
A todos los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del art. 14, de la citada Ley
A tenor del artículo 12.2 de la Ley 39/2015, si alguno de los interesados, con derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos, no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo:
Podrá ser válidamente realizada por un funcionario público
No podrá ser realizado por funcionario público
Se tramitará por cualquier funcionario público un sistema válido de identificación o firma electrónica
Será sustituida por su firma presencial, mediante escrito dirigido al órgano encargado de tramitar el procedimiento administrativo
Establece el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 que, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, entre otros:
Las personas jurídicas
Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración
Las entidades sin personalidad jurídica
Según el artículo 14, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la relación de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, entre otros:
Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.
Los empleados de las Administraciones Públicas para todos los trámites que realicen con ellas, independientemente de su condición.
La a y la b son correctas
Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación voluntaria u obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.
A tenor del artículo 16.3 de la Ley 39/2015, el registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, entre otras, de:
En su caso, referencia al contenido del documento que se registra
Fecha y hora de su presentación
Persona u órgano administrativo al que se envía
Conforme el artículo 17 de la Ley 39/2015, dedicado al archivo de documentos, la eliminación de los documentos electrónicos:
Obligará a la Administración a trasladar los documentos a formato físico para su consulta
Deberá efectuarse una vez transcurrido el plazo en que proceda su recurso en vía administrativa o judicial
Se realizará de manera periódica para asegurar su integridad
Deberá ser autorizada de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable
Según el artículo 19.2 de la Ley 39/2015, en los casos en que proceda la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, la correspondiente citación hará constar:
Expresamente el lugar, fecha y hora, siendo el resto de datos opcionales
Expresamente el lugar, fecha, hora, objeto de la comparecencia y la obligatoriedad o no de acudir con representante
Ninguna es correcta
Expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, asi como los efectos de no atenderla
Según el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, ¿cuál será el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo?
Un mes
Seis meses
Un año
Tres meses
Según el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado el silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos:
De revisión de oficio iniciados a solicitud de la Administración
En que así se establezca reglamentariamente
Que impliquen el ejercicio de actividades que puedan modificar el medio ambiente
De responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
Según el artículo 25.1 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
En el caso de procedimientos de los que pueda derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo
En el caso de procedimientos de los que pueda derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, se producirá la caducidad
Según el artículo 29 de la Ley 39/2015, los términos y plazos establecidos en ella u otras Leyes obligan:
Únicamente a los interesados en los mismos
Únicamente a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos
A las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos.
Según el artículo 30.1 de la Ley 39/2015, los plazos expresados por horas se contarán desde:
La hora hábil siguiente al momento en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate
La hora, minuto y segundo en que tenga lugar la notificación del acto de que se trate
La hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate
La hora entera en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate
Según el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea:
Se podrá hacer constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones
El órgano encargado de tramitar decidirá sobre si es necesario o no hacer constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones
El órgano encargado de resolver decidirá sobre si es necesario o no hacer constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones
Se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones
A tenor del artículo 30.5 de la Ley 39/2015, cuándo se considerará un día inhábil en todo caso:
Cuando el día fuese hábil en la sede del órgano administrativo, e inhábil en la Comunidad Autónoma en que residiese el interesado.
Todas son correctas
Cuando el día fuese hábil en la sede del órgano administrativo, e inhábil en el municipio en que residiese el interesado
Cuando el día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo
Según el artículo 30.7 de la Ley 39/2015, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos:
Se publicarán en el BOE antes del comienzo de cada año, acto mediante el que cobrarán validez
Se publicará antes del primer día inhábil del año en el diario oficial que corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los ciudadanos
Se publicará antes del comienzo de cada año en el BOE y en el respectivo de cada Comunidad Autónoma y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los ciudadanos
Se publicará antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado
¿Cuál(es) de las siguientes reglas regirá el funcionamiento del registro electrónico de las Administraciones Públicas según el artículo 31.2 de la Ley 39/2015?
En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento
Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior
El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo
Según el artículo 33.2 de la Ley 39/2015, y en relación con el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia de un procedimiento:
Los plazos se reducirán a la mitad de los establecidos para el procedimiento ordinario, incluso los relativos a la presentación de solicitudes y recursos
Los plazos se reducirán en el tiempo que estime conveniente el órgano que deba conocer el procedimiento, salvo los relativos a la resolución del procedimiento
Los plazos se reducirán a la mitad de los establecidos para el procedimiento ordinario en todos los trámites
Según el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, ¿cuáles de los siguientes serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho?
Los que continúen con el criterio seguido en actuaciones precedentes.
Los actos que amplíen derechos subjetivos o intereses legítimos.
Todas son correctas.
Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren la inadmisión.
Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.
Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.
Los acuerdos de suspensión de actos, cualesquiera que sea el motivo de ésta.
Según el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, ¿cuáles de los siguientes actos serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho?
Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.
Los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.
Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
Los actos que acuerden la iniciación del procedimiento.
Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
Todos los actos que acuerden la terminación del procedimiento.
Según el artículo 35.2 de la Ley 39/2015: ¿En qué procedimientos la motivación de los actos se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte?
En todos los actos que pongan fin a un procedimiento administrativo.
En todos los actos de los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva
En los actos que cada órgano competente estime convenientes, informando previamente a los interesados.
En los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva
Según el artículo 36.2 de la Ley 39/2015, y en relación con la forma de los actos administrativos, en los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal:
Si se trata de notificaciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.
Si se trata de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma escrita, con expresión de su contenido.
Si se trata de notificaciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma escrita, con expresión de su contenido.
Si se trata de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.
Según el artículo 36.3 de la Ley 39/2015, cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza:
Podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.
Deberá realizarse un acto por cada uno de los interesados.
Podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que generalicen los efectos del acto para cada interesado.
Deberán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.
Según el artículo 38 de la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo:
Justificables con arreglo a lo dispuesto en dicha Ley
No serán ejecutivos
Justificables con arreglo a lo dispuesto en la Constitución
Serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en dicha Ley
Según el artículo 39.1 de la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde:
La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa
Desde el mismo día de su notificación a los interesados
El día siguiente a la fecha en que fueron dictados, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
Desde la publicación en el diario o boletín correspondiente, o desde el día siguiente a su notificación.
Según el artículo 40.1 de la Ley 39/2015 se notificará a los interesados:
Las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses.
Toda resolución o acto administrativo, afecte o no a sus derechos e intereses legítimos.
Únicamente las resoluciones que afecten a sus intereses.
Ninguna es correcta.
Según el artículo 40.3 de la Ley 39/2015, las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el artículo 40.2 de dicha Ley, surtirán efecto:
A partir de la fecha en que dicha comunicación se comunicará al interesado.
A partir del día siguiente al que la notificación se comunicara al interesado.
A partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.
Según el artículo 40.5 de la Ley 39/2015, cuando las resoluciones y actos administrativos tengan por destinatarios a más de un interesado, las Administraciones Públicas:
Deberán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos personales
Deberán hacer constar en las mismas los datos de todos los interesados para el conocimiento y posibles recursos a presentar de manera conjunta
Deberán comunicar a todos los interesados los datos del resto de interesados, a meros efectos de conocimiento
Podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos personales
De acuerdo con el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas:
Físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
Físicas o jurídicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
Físicas o jurídicas que por razón de su capacidad económica, residencia, horario, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
Jurídicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
A tenor del artículo 41.5 de la Ley 39/2015, cuando el interesado o su representante rechacen la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio:
Dando por no efectuado el trámite y paralizándose el procedimiento por causas imputables al interesado o representante
Dando por efectuado el trámite y paralizándose el procedimiento
Dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento
Dando por no efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento haciendo constancia de tal circunstancia en el expediente
A tenor del artículo 42.3 de la Ley 39/2015, cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica:
Se le presentará un mensaje comunicando que el resto de notificaciones se realizarán a través de medios electrónicos
La respuesta b, ofreciendo la posibilidad de cambiar nuevamente de medio de comunicación en el plazo de 10 días desde su acceso
Se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos
¿Cuál(es) de las siguientes medidas provisionales se podrán acordar a tenor del artículo 56.3 de la Ley 39/2015, en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil?
Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen
Aquellas medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución
La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas
De acuerdo con el artículo 59 de la Ley 39/2015, en relación con la iniciación del procedimiento administrativo a propia iniciativa, se entiende por propia iniciativa, la actuación del conocimiento:
Siempre directo de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.
Directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de resolución
Directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación
Siempre directo de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano superior al que tiene atribuida la competencia de iniciación
Según el artículo 64.1 de la Ley 39/2015, el acuerdo de iniciación de los procedimientos de naturaleza sancionadora:
Se comunicará al órgano encargado de resolver el procedimiento
Únicamente se comunicará al denunciante, en tanto en cuanto, no se proceda a la resolución del mismo
Se comunicará al instructor del procedimiento
Según el artículo 66.1, las solicitudes de iniciación de un procedimiento administrativo deberán contener cierta información. Los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación:
Obligatoriamente si se identifican mediante un medio electrónico
Obligatoriamente, en todo caso
Adicionalmente
Según el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, en los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirán:
Prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva
Empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas
Prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo
Al año de la publicación en el BOE o en el DOUE, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea
Conforme al artículo 70.1 de la Ley 39/2015, el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla, se entiende por:
Acto administrativo
Resolución
Expediente administrativo
Declaración responsable
Según el artículo 74 de la Ley 39/2015, no suspenderán la tramitación del procedimiento administrativo:
Las cuestiones incidentales que se susciten, con excepción de las que se refieran a la nulidad de actuaciones, salvo la recusación
Las cuestiones incidentales que se susciten, incluso la recusación, salvo las que se refieran a la nulidad de actuaciones
Las cuestiones incidentales que se susciten, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, salvo la recusación
Las cuestiones procedimentales que se susciten, con excepción de las que se refieran a la nulidad de actuaciones, salvo la recusación
De acuerdo con el artículo 75.2 de la Ley 39/2015, las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán facilitar:
La unidad y claridad de los procedimientos
La simplificación y la publicidad de los procedimientos
La complejidad y notificación de los procedimientos
Su integridad y unidad
Según el artículo 80.1 de la Ley 39/2015 y, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:
No facultativos y vinculantes
Facultativos y vinculantes
Facultativos y no vinculantes
Ni facultativos, ni vinculantes
Según el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, de no emitirse un informe preceptivo en el plazo señalado
Se suspenderá la tramitación del procedimiento hasta su recepción
Se suspenderá el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la Ley 39/2015
Se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la Ley 39/2015
De acuerdo con el artículo 81.1 de la Ley 39/2015, en relación con la solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial:
No será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable
Será recomendable solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable
Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable
Establece el artículo 82.5 de la Ley 39/2015, que en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público:
No será necesario dar audiencia al interesado
Será necesario en todo caso dar audiencia al contratista
Se prescindirá del trámite de audiencia al contratista
El artículo 95 de la Ley 39/2015 indica que contra la resolución que declare la caducidad:
Únicamente procede el recurso contencioso-administrativo
No cabrá recurso alguno
Procederán los recursos pertinentes
Procederá cualquier tipo de recurso
De acuerdo con el art. 96 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas podrán acordar la tramitación simplificada del procedimiento administrativo:
Únicamente a solicitud del interesado
De oficio o a solicitud del interesado
Únicamente de oficio
La respuesta c, cuando razones de interés público así lo aconsejen
Según el artículo 98.1 de la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que:
Se produzca la suspensión de la ejecución del acto
Una disposición establezca lo contrario o se necesite aprobación o autorización superior
Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición
En el caso de que los interesados opten pro relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma (SEÑALE LA INCORRECTA):
Sistemas de firma electrónica.
Sistemas de huella electrónica.
Sistemas de sello electrónico.
En caso de que en un escrito figuren varios interesados, tal y como establece el artículo 33 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las actuaciones a que de lugar se efectuarán:
Siempre con el representante, y en su defecto con el interesado que figure en primer término.
Únicamente con el interesado que, en todo caso, se haya señalado de forma expresa y, en su defecto, con el que figure en primer término.
Siempre con el interesado que figure en primer término y, en su defecto, con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado.
Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán:
Con el representante.
Con el interesado que expresamente hayan señalado.
En defecto de los dos anteriores, con el que figure en primer término.
Cuando en una solicitud figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán en primer lugar con:
El representante o interesado que expresamente se haya señalado.
El interesado que figure en primer término.
El representante de mayor edad.
Cuando en una solicitud, escrito o comunicación, figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán en primer lugar con:
El interesado que expresamente hayan señalado.
Con el que figure en primer término.
Con el representante en primer lugar, si lo hubiera.
De forma distinta con cualquiera de los tres anteriores.
Respecto a las solicitudes en que figuren varios interesados:
Las actuaciones a que den lugar se efectuarán a todos los interesados.
Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante señalado o al que figure en primer lugar.
Las actuaciones a que den lugar se efectuarán en el tablón de anuncios de la Entidad.
Las respuestas a y b son correctas.
Son interesados en un procedimiento administrativo:
Cuando la condición de interesado derive de aquellas relaciones jurídicas transmisibles en las que los derechohabientes se convierten en interesados cualquiera que sea el estado del procedimiento.
Únicamente los que habiendo iniciado el procedimiento, tengan intereses que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
Aquellos cuyos derechos legítimos, únicamente individuales, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
Las organizaciones y asociaciones representativas de intereses económicos y sociales:
Serán titulares de intereses legítimos individuales.
Serán titulares de intereses legítimos individuales en los términos que la Ley reconozca.
Serán titulares de intereses legítimos individuales o colectivos en los términos que la Ley reconozca.
Serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.
Se consideran interesados en el procedimiento administrativo (señale la correcta):
Quienes lo promuevan como titulares de derecho o intereses legítimos únicamente individuales.
Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución provisional.
B y C son correctas.
¿Es heredable la condición de interesado?
No, porque los derechos del interesado concluyen con el fallecimiento.
Sí.
No, salvo en casos excepcionales.
Sólo si el fallecido era titular de un derecho legítimo.
Se considerarán interesados en el procedimiento administrativo:
Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan verse afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
¿Puede considerarse como interesado a una asociación?
No, en ningún caso.
Sí, siempre que represente a intereses subjetivos de una colectividad.
Sí, siempre que represente intereses legítimos colectivos.
Sólo en casos de fuerza mayor.
No es interesado en el procedimiento administrativo:
Quien presente la solicitud de iniciación como titular de un interés legítimo.
Quien sea titular de derechos que puedan resultar afectados por la resolución que se adopte al finalizar el procedimiento.
El titular de intereses subjetivos que no puedan resultar afectados por la resolución que se adopte.
El titular de interés legítimo que pueda resultar afectado por la resolución que se adopte, siempre que se persone en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
¿Se puede transmitir la condición de interesado por vía testamentaria?
¿Quién debe disponer de un registro electrónico general de apoderamientos?
La Administración General del Estado.
Las Comunidades Autónomas.
Las Entidades Locales.
Todas las anteriores.
Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derecho o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte:
Se paralizará la tramitación del procedimiento.
Se suspenderá la tramitación del procedimiento.
Se incluirá de oficio a dichas personas sin necesidad de comunicarles la tramitación del procedimiento.
Se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.
Se considera interesado en un procedimiento administrativo:
El que tenga capacidad de obrar ante la Administración Pública que lo tramite.
Las asociaciones representativas de cualquier interés colectivo.
Los que sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
Quienes lo prueben como titulares de acciones sin renunciar a derechos.
No se consideran interesados en un procedimiento administrativo:
Quienes lo promuevan como titulares del derecho.
Los que sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte.
Aquellos cuyos intereses colectivos pueden resultar afectados por la resolución que se adopte y se personen en el procedimiento cuando recaiga la resolución definitiva.
Quienes lo promuevan como titulares legítimos.
Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición:
Si el procedimiento no se ha iniciado.
Si el procedimiento se halla en fase de instrucción.
Cualquiera que sea el estado del procedimiento.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
No.
No, salvo casos excepcionales.
Respecto al concepto de interesado, se consideran interesados en el procedimiento a las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, como titulares de:
Intereses particulares.
Intereses legítimos colectivos.
Intereses públicos.
Intereses legítimos privados.
¿Podrá ampliarse el plazo legal para subsanar el defecto en la acreditación insuficiente de la representación?
En ningún caso.
Podrá otorgarse un plazo superior cuando las circunstancias lo requieran.
Solo podrá otorgarse un plazo superior mediante resolución motivada.
Solo podrá otorgarse un plazo superior cuando lo solicite el representado.
Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados en el uso obligatorio de firma para (SEÑALE LA INCORRECTA):
Renunciar a derechos.
Interponer recursos.
Formular solicitudes.
Presentar alegaciones.
Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos, no es necesario que contengan:
El período de tiempo por el cual se otorga el poder.
Dirección y número de teléfono de apoderado.
Fecha de inscripción.
Tipo de poder según las facultades que otorgue.
¿Cómo y quién debe aprobar, con carácter básico, los modelos de poderes inscribibles en el Registro Electrónico de Apoderamientos?
Por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Por Decreto del Presidente del Gobierno.
Por Ley.
Por Orden del Ministro de Empleo Y Seguridad Social.
El apoderamiento "apud acta" se otorgará:
Únicamente mediante comparecencia electrónica.
Únicamente mediante comparecencia personal.
Mediante comparecencia electrónica o personal.
Los poderes inscritos en el Registro Electrónico de Apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de:
3 años.
5 años.
4 años.
2 años.
Las prórrogas otorgadas por el poderante al Registro Electrónico de Apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de:
Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
Quienes lo promuevan como ciudadanos.
Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan intereses que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
Aquellos cuyos intereses legítimos individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución.
Todas son falsas.
Aquellos, que no habiendo iniciado el procedimiento, y sean titulares de intereses legítimos, individuales o colectivos, ¿se considerarán inmediatamente interesados en el procedimiento?
Deben personarse en el procedimiento antes de que recaiga resolución definitiva.
Dependerá del interés legítimo que invoquen.
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar:
Aquellas personas físicas o jurídicas que la ostenten con arreglo a las normas civiles.
Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídicoadministrativo.
Cuando la ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
Son interesados:
Los que promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
Los que ostentan derechos que puedan resultar afectados aunque no hubieran iniciado el procedimiento.
A y B son correctas.
Las respuestas A y B son ciertas, y también los que puedan verse afectados por la resolución en sus intereses legítimos y se personen o no en el procedimiento.
Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representantes, ¿Quién puede ostentar la representación de otra persona?
Abogados y procuradores.
Gestores administrativos.
Cualquier persona con independencia de su capacidad.
Cualquier persona física con capacidad de obrar, y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus estatutos.
Según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, para los actos y gestiones de mero trámite ante las Administraciones Públicas:
No es necesaria la representación.
No puede acudirse mediante representante.
Deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho.
Se presume la representación.
Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales:
No pueden ser titulares de intereses legítimos colectivos.
Ninguna respuesta es correcta.
La falta o insuficiente acreditación de la representación:
Impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate.
Se puede subsanar dentro del plazo de 15 días.
Se puede subsanar dentro del plazo de 10 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
Se puede subsanar solamente dentro del plazo de 10 días.
Los interesados con capacidad de obrar:
Nunca podrán actuar por medio de representante.
Sí, podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
Sí, podrán actuar por medio de representante pero sólo en aquellas actuaciones administrativas que expresamente le otorguen poder.
Solo puede actuar su representante cuando lo acredite por medio de poder notarial para cualquier actuación administrativa.
En sus relaciones con la Administración, los menores de edad:
Pueden actuar por sí mismos en todo caso.
Deben actuar asistidos en todo caso.
Pueden actuar por sí mismos en determinados casos.
Deben actuar asistidos por abogado y/o procurador.
Los menores incapacitados, ¿tendrán capacidad de obrar?
Sí, en cualquier caso.
Cuando la extensión de la incapacitación no afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
Cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
¿Quiénes podrán actuar por medio de representante?
Todos.
Los interesados.
Aquellos interesados que tengan capacidad de obrar.
Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas las personas físicas o jurídicas que la ostenten con arreglo a:
La Constitución.
Las normas civiles.
Las normas administrativas.
Las normas administrativas y civiles.
Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:
Los mayores de 18 años solamente.
Únicamente las personas que lo ostenten con arreglo a las normas civiles.
Todos los menores de edad.
Cuando actuamos a través de representante, debemos acreditar la representación:
Para presentar declaraciones responsables.
Para entablar recursos.
Para desistir de acciones o renunciar a derechos.
La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella en el plazo de:
3 días.
10 días.
20 días.
5 días.
¿Se presume la existencia de representación en el procedimiento administrativo?
Si, para actos y gestiones de mero trámite.
Nunca
Sí, para formular solicitudes, entablar recursos y desistir de acciones.
Si, siempre.
Según la Ley 39/2015, ¿tienen los menores de edad capacidad de obrar?
Sí, sin excepción alguna.
Sí, para el ejercicio y la defensa de sus derechos cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
Para ser representante de otra persona en un procedimiento administrativo es necesario:
Tener capacidad de obrar, si se es persona física, y que esté previsto en sus Estatutos, si se es persona jurídica.
Ser español.
Estar inscrito en el Colegio de Abogados
Todas las respuestas anteriores son correctas.
La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos:
Solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.
Solo será obligatoria cuando así lo establezca el reglamento.
Será potestativa para el ciudadano.
La obligación de la Administración Pública de resolver expresamente los procedimientos administrativos se exceptúa:
Sólo cuando el interesado desiste de su derecho en el procedimiento.
Sólo si el interesado renuncia expresamente a su derecho en el procedimiento.
Cuando el procedimiento termine por pacto o convenio.
El cómputo para el plazo de resolución o notificar al interesado la misma empieza en los procedimientos iniciados de oficio:
Desde la fecha del acuerdo de iniciación.
Desde la fecha en que cualquier ciudadano presente una solicitud.
Desde la fecha en que se haya cometido la infracción.
Señala cual es el plazo máximo que tiene la Administración Pública para notificar la resolución al interesado en caso de que la norma reguladora del procedimiento no lo establezca:
3 meses.
6 meses.
1 año.
2 meses.
Las Administraciones Públicas:
Están obligadas a dictar resolución expresa en todo caso.
Se exceptúa de la obligación de resolver en los casos de la terminación del procedimiento por pacto o convenio.
Se exceptúa de la obligación de resolver en los casos de prescripción, caducidad y renuncia de derechos.
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa, según la Ley 39/2015, no podrá superar:
12 meses.
¿Qué plazo tiene la Administración, como regla general, para resolver las cuestiones planteadas por los administrados?
Tres meses, salvo que las normas reguladoras del correspondiente procedimiento fijen otro plazo.
Un mes.
Dos meses.
Tres meses.
De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:
La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto finalizador del procedimiento.
En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho Internacional aplicable en España establezcan lo contrario.
Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada.
En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, produce los siguientes efectos, cuando la Administración ejercite potestades sancionadoras:
La caducidad.
La prescripción.
La desestimación de todas las alegaciones que el interesado hubiera presentado.
La Administración está obligada a dictar resolución expresa:
En todos los procedimientos.
Solamente en los procedimientos iniciados a instancia de parte.
En los procedimientos iniciados de oficio.
No está obligada, puede resolver por silencio administrativo.
Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán:
Responsables subsidiarios de su tramitación.
Responsables directos de su tramitación.
Responsables solidarios de su tramitación.
Ellos no serán los responsables, sino su superior jerárquico.
Son los plazos se señalen por horas, se entenderán hábiles:
Las horas comprendidas entre las 8 y las 15 horas.
Las horas comprendidas entre las 8 y las 20 horas.
Todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
Las horas comprendidas entre las 9 y las 14 horas.
Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, es un supuesto:
En el que se deberá suspender el plazo máximo legal para resolver y notificar una resolución.
En el que se podrá suspender el plazo máximo legal para resolver y notificar una resolución.
No es ningún supuesto de suspensión del plazo legal para resolver y notificar una resolución.
Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el art. 86 de la Ley 39/2015, es un supuesto:
Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, es un supuesto:
Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, es un supuesto:
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo:
No podrá exceder de tres meses en ningún caso.
No podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
No podrá exceder de seis meses en ningún caso.
No podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la comunicación que se dirija al efecto al interesado dentro de:
Los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.
Los cinco días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.
Los tres días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.
Los quince días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.
Cuando las normas reguladoras del los procedimientos no fijen el plazo máximo para resolver un expediente, éste será de tres meses, que se contarán en los expedientes iniciados a solicitud del interesado:
Desde el comienzo material del expediente.
Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.
Desde el comienzo formal del expediente.
Las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo:
En todo caso.
En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, una vez transcurridos diez días desde que la solicitud tuvo entrada en el registro del órgano competente señalando cuando tuvo lugar.
En los procedimientos iniciados de oficio, cuando lo considere la Administración conveniente.
El plazo de resolución y notificación se contará:
En los procedimientos iniciados de oficio, desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de iniciación.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde el día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.
A y B son incorrectas.
El efecto del silencio administrativo en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, tiene carácter:
Estimatorio.
Desestimatorio.
De caducidad.
De prescripción.
El plazo máximo en que deba notificarse la resolución expresa será de:
El que fije la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
¿Es obligatoria la comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas?. En su caso, ¿qué contenido mínimo debe obrar en la citación de la comparecencia?
Siempre. Lugar, fecha y hora.
Si está previsto en una norma con rango de ley o reglamentario. Efectos de no atenderla.
Si está previsto en una ley. Lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla.
Nunca. Lugar, fecha, hora y efectos de no atenderla.
La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos salvo en:
Los procedimientos iniciados de oficio.
Los procedimientos en materia sancionadora.
Los procedimientos, que por Ley, hayan de resolverse por silencio administrativo.
Los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución:
No puede suspenderse en ningún caso.
Puede suspenderse discrecionalmente por la Administración.
Se puede suspender cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.
Puede suspenderse siempre, salvo cuando se inicien negociaciones para la terminación del procedimiento por convenio.
¿Cuál de los que se mencionan no es un derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas?
A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.
A aportar documentos en cualquier fase del procedimiento antes de la resolución definitiva del asunto.
El silencio administrativo positivo del artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:
Vinculan a la Administración en todo caso.
Requieren la denuncia de mora.
Se considera acto administrativo finalizador del procedimiento a todos los efectos.
Es una forma anormal de terminación del procedimiento.
Cuando un plazo se señale por días, se entenderá que se cuenta por:
Días naturales.
Días hábiles.
De fecha a fecha.
Los plazos nunca pueden contarse por días.
Según la Ley 39/2015, en lo referente al silencio administrativo, señale la opción INCORRECTA:
En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
En los casos de desestimación por silencio administrativo, en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
En los supuestos en los que el procedimiento iniciado de oficio se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, no se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.
¿Se puede ampliar el plazo máximo de resolver y notificar?
Se puede ampliar, pero no suspender.
Se puede ampliar cuando así lo decida la Administración previo acuerdo con el interesado.
Si, excepcionalmente se puede acordar de manera motivada y sólo una vez agotados todos los medios personales y materiales disponibles.
¿Qué tipo de recurso cabe contra el acuerdo de ampliación de plazos del procedimiento?
El recurso extraordinario de revisión.
El recurso de alzada.
El recurso de potestativo de reposición.
No cabe recurso.
Contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, cabrá el recurso de:
Alzada.
Reposición.
Revisión.
Los ciudadanos:
No tienen derecho a exigir de los funcionarios un trato respetuoso.
Tienen derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
Tienen derecho a obtener de la Administración una resolución estimatoria de sus pretensiones.
Tienen derecho a exigir de los funcionarios un trato preferente.
Los plazos en el procedimiento de urgencia serán:
Los mismos que en el procedimiento ordinario.
La mitad que en el procedimiento ordinario.
Una tercera parte de los establecidos para el procedimiento ordinario.
No excederán de diez días.
La materia de términos y plazos obligará a:
Las autoridades.
Al personal al servicio de la Administración Pública.
Si un interesado de una Comunidad Autónoma con lengua oficial se dirige a un órgano de la Administración General del Estado sito en su Comunidad, ha de hacerlo en:
Castellano necesariamente.
Su lengua oficial exclusivamente.
Cualquiera de las dos anteriores, a su opción.
La que se le indique por la citada Administración.
La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será:
El castellano.
Cualquiera de las lenguas oficiales del país.
La que elija el interesado, siempre que sea una de las oficiales del Estado Español.
Si el órgano actuante de la Administración General del Estado tiene su sede en una Comunidad Autónoma con lengua propia, ¿en qué lengua se tramitará el procedimiento en el que concurran varios interesados?
Siempre en la lengua elegida por el interesado que sea titular de un derecho subjetivo y haya iniciado el procedimiento.
En castellano, si hay discrepancia entre los interesados en cuanto a la lengua en la que debe tramitarse el procedimiento.
En la lengua que sea cooficial en la Comunidad Autónoma en todo caso.
Todas son incorrectas.
En caso de seguirse un procedimiento en una lengua cooficial, ¿deberán traducirse al castellano los documentos?
Sí, siempre que los interesados lo soliciten expresamente.
Sí, cuando los documentos deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma.
No, en aplicación del principio de economía procesal.
Las opciones A y B son correctas.
¿En qué lengua deben tramitarse los procedimientos que se desarrollen en el ámbito de la Administración General del Estado?
En castellano.
En español.
En castellano o en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma respectiva a elección de la Administración.
En la lengua elegida por el interesado y si existiera discrepancia el procedimiento se tramitará en castellano.
En sus relaciones con las Administraciones Públicas, los ciudadanos tienen derecho a:
Ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
A utilizar en todo el territorio nacional cualquiera de las lenguas oficiales del país.
A acceder, sin limitaciones de ningún tipo, a todos los documentos obrantes en cualquier procedimiento de tramitación.
Todos son derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
¿Qué efectos tiene la estimación por silencio administrativo?
Permitir al interesado interponer el recurso administrativo o contencioso que proceda.
La consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
Ambas son correctas.
En el caso de desestimación por silencio administrativo de una solicitud, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo:
Debe ser desestimatoria, ya que las solicitudes se rigen por el derecho de petición.
Debe ser estimatoria según la última reforma de la Ley.
No puede dictarse resolución ya que habiendo transcurrido el plazo previsto por la ley para dictar resolución esta debería ser siempre estimatoria.
Puede ser estimatoria o desestimatoria.
En el supuesto de que se produzca silencio administrativo positivo y, luego la Administración resuelva expresamente:
Puede denegar lo conseguido en virtud del silencio.
Indistintamente, puede rectificar lo concedido o denegarlo.
Necesariamente ha de confirmar lo conseguido por el silencio.
Se entiende que el silencio de la Administración tiene carácter negativo en el siguiente caso:
Tratándose de solicitudes de concesión de licencias y autorizaciones de instalación de un centro de trabajo.
Cuando en la normativa de que se trate no se diga nada al respecto.
En los procedimientos de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.
En ninguno de los tres casos anteriores.
La desestimación por silencio administrativo:
Afecta al derecho del particular, que se entiende perdido.
Exime de la obligación de resolver.
Se concede en beneficio de la Administración.
Tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte competente.
Cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, la no resolución en el plazo previsto supondrá:
La estimación del recurso, siempre que no se refiera a ciertas materias enumeradas en el apartado 1 del artículo 24 de la Ley 39/2015.
La desestimación del recurso.
No podrá resolverse por silencio administrativo.
No cabe recurso alguno.
En el procedimiento de la tramitación de urgencia:
Se reducen todos los plazos a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
Todos los plazos se reducen a la mitad.
Todos los plazos son de 15 días.
Los plazos se determinarán administrativamente en cada procedimiento.
Señala en qué lengua se tramitará un procedimiento seguido ante la Administración General del Estado, en caso de ser varios los interesados en un procedimiento y existir discrepancias entre ellos:
En la lengua que elija la mayoría.
En la lengua de la Comunidad Autónoma donde se esté tramitando el procedimiento.
En la lengua que decida el órgano administrativo encargado del caso.
En un procedimiento iniciado a solicitud del interesado se produce desestimación por silencio administrativo. En este caso, el interesado:
Únicamente puede interponer un recurso en vía contencioso administrativa.
Sólo puede interponer recurso de reposición.
Si interpone recurso de alzada y no se resuelve de forma expresa, se entenderá desestimado.
Si interpone recurso de alzada y no se resuelve de forma expresa, se entenderá estimado, como norma general (se exceptúan ciertos casos).
Los interesados en un procedimiento:
Podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de ley o norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho Internacional aplicable en España establezcan lo contrario.
Podrán entender desestimadas por silencio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que una norma con rango de ley o norma de derecho comunitaria establezca lo contrario.
Podrán entender caducadas sus solicitudes en todos los casos, si no se dicta resolución administrativa, salvo que una norma con rango de ley o norma de Derecho de la Unión Europea establezcan lo contrario.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haber notificado resolución expresa legitima al interesado para:
Interponer el correspondiente recurso administrativo.
Interponer el correspondiente recurso administrativo y en su caso contencioso administrativo.
Para entender estimada su pretensión por silencio administrativo.
Para entender estimada o desestimada su pretensión por silencio administrativo.
El certificado acreditativo del silencio administrativo deberá emitirse en el plazo de:
15 días.
30 días.
No hay plazo determinado, puesto que ni siquiera es obligatoria su emisión.
Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer:
Ante la Administración.
Ante cualquier persona física.
Ante cualquier persona jurídica.
La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas:
Será obligatoria.
Será obligatoria, si con esa condición ha sido citado.
Será obligatoria, si así está previsto en una norma con rango de ley.
No se podrá obligar al ciudadano a comparecer ante la Administración, si no es una autorización judicial.
Las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa haciendo constar la comparecencia:
Cuando así lo solicite el interesado.
De oficio.
No tienen obligación.
En los casos de estimación de la pretensión por silencio administrativo, la resolución expresa dictada con posterioridad:
No tendrá vinculación para la Administración.
Solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
Podrá dictarse en cualquier sentido.
Señale la opción INCORRECTA en relación con la validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas:
Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos.
Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.
Las Administraciones Públicas no estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente.
Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las restantes Administraciones.
No están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:
Las entidades sin personalidad jurídica.
Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.
Las personas físicas.
¿Desde cuándo se entenderá producido el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado?
Desde la fecha de salida de la correspondiente notificación fehaciente.
Desde que se emita el certificado acreditativo del silencio, si se hubiera solicitado.
Desde el vencimiento del plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa.
Desde que éste interponga el correspondiente recurso.
En el procedimiento administrativo, si los plazos se expresan por días:
Se entenderán hábiles excluyéndose del cómputo los domingos y festivos.
Se entenderán hábiles excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y festivos.
Se entenderán naturales.
Se entenderán hábiles excluyéndose del cómputo los domingos.
En relación con el funcionamiento del registro electrónico de presentación electrónica de documentos, señale la opción incorrecta:
La presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
El registro electrónico permitirá la presentación de documentos todos los días hábiles del año durante las veinticuatro horas.
El inicio del cómputo del plazos que hayan de cumplir las Administraciones vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo.
Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior.
¿Quién establece los días y el horario en que deben permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos?
Una normativa europea.
La Administración autonómica en caso de que la estatal no lo haga.
Cada Administración Pública.
Cuando una Administración Pública tenga que recabar informes preceptivos ya elaborados por un órganos administrativo distinto al que tramita el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de:
15 días a contar desde su solicitud.
20 días a contar desde su solicitud.
10 días a contar desde su solicitud.
Un mes a contar desde su solicitud.
Señale la opción incorrecta en relación con la emisión de documentos por las Administraciones Públicas:
Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito y en papel, a menos que su naturaleza exija una forma más adecuada de expresión y constancia.
No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo.
Para ser considerado válido un documento electrónico administrativo debe incorporar los metadatos mínimos exigidos.
Para ser considerado válido un documento electrónico administrativo debe incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
Tiene consideración de documento público administrativo:
Los documentos válidamente emitidos por los ciudadanos que dirijan a la Administración Pública.
Los documentos válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas.
Solo los válidamente emitidos por las Administraciones Públicas con carácter oficial.
Si un interesado en un procedimiento conoce datos de otros que no han comparecido en el mismo:
Puede dárselos a la Administración.
Tiene el deber de proporcionárselos a la Administración actuante.
Para garantizar su intimidad, debe ocultarlos.
No tiene obligación alguna al respecto.
¿Pueden presentarse documentos en las oficinas consulares de España en el extranjero?
Solo en caso de fuerza mayor.
Solo en caso de que vayan dirigidos a la Administración General del Estado.
