LOSU: artículo 59 transparencia y rendición de cuentas

Las universidades están obligadas a rendir cuentas ante el órgano de control interno de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas.

Las universidades se someterán a auditorías públicas determinadas por la normativa estatal, y desarrollarán un sistema de control interno con dependencia de los órganos de gobierno unipersonales de la universidad.

El uso de los recursos económico-financieros de las universidades estará sujeto a principios de transparencia y de rendición de cuentas, y el control interno deberá contar con un sistema de auditoría interna independiente.

Las universidades implantarán un sistema de contabilidad propia o equivalente.

Las universidades estarán sometidas a auditorías internas, determinadas por la normativa autonómica.

Las universidades estarán sometidas a un régimen de auditoría pública determinado por la normativa autonómica o estatal, además de desarrollar un sistema de control interno que contará, en todo caso, con auditoría interna.

Las universidades estarán sometidas a las auditorías externas realizadas por órganos de control de la Comunidad Autónoma, sin necesidad de un control interno.

Las universidades estarán sometidas a un régimen de auditoría pública determinado por la normativa autonómica o estatal, además de desarrollar un sistema de control interno con auditoría interna. El órgano responsable de este control dependerá del Gerente.

Los grupos de investigación reconocidos por la universidad pueden celebrar contratos con entidades públicas o privadas para la realización de trabajos científicos, tecnológicos o humanísticos.

Los departamentos universitarios y los institutos de investigación pueden celebrar contratos con personas físicas, entidades públicas o privadas, pero solo para actividades específicas de formación.

Los grupos de investigación, los departamentos, los institutos y el profesorado de las universidades podrán celebrar contratos con personas físicas, universidades o entidades públicas y privadas para realizar trabajos científicos, tecnológicos, humanísticos o artísticos, y para actividades formativas.

El profesorado universitario solo podrá colaborar con entidades privadas para la transferencia de resultados de investigación, bajo la supervisión directa de los órganos de gobierno de la universidad.

Determinan los tipos de trabajos que pueden realizarse y deciden unilateralmente el destino de los recursos obtenidos, sin necesidad de atenerse a las normas básicas dictadas por el Gobierno.

Regulan los procedimientos de autorización de los trabajos y contratos, en el marco de las normas básicas dictadas por la CCAA, y establecen los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos obtenidos.

Supervisan la transferencia de resultados de investigación, sin intervenir en la celebración de contratos ni en el destino de los bienes obtenidos por los grupos de investigación ya que está regulado por el gobierno.

Regulan los procedimientos de autorización de los trabajos y contratos, en el marco de las normas básicas dictadas por el Gobierno, y establecen los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos obtenidos.

Serán acordados por la CCAA, con la aprobación del Consejo Social, de conformidad con las normas que, a este respecto, determine el Estado, Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio histórico y cultural.

Serán acordados por la universidad, con la aprobación de su Consejo de Gobierno, de conformidad con las normas que, a este respecto, determine la CCAA, Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio histórico y cultural.

Serán acordados por la universidad, con la aprobación de su Consejo social, de conformidad con las normas que, a este respecto, determine la CCAA, Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio histórico y cultural.

Serán acordados por el rector de la universidad a propuesta del gerente, Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio histórico y cultural.

Los bienes que integren el patrimonio histórico y cultural pueden ser administrados y dispuestos por las universidades, de acuerdo a su normativa.

Los bienes de patrimonio histórico y cultural no pueden ser reclamados por la Administración de origen.

Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio histórico y cultural, los actos de disposición de los bienes inmuebles y de los muebles de extraordinario valor serán acordados por la universidad, con la aprobación de su Consejo Social, de conformidad con las normas que, a este respecto, determine la Comunidad Autónoma.

Las universidades pueden utilizar los bienes de patrimonio histórico y cultural para fines distintos a los propios de la universidas.

Los derechos de propiedad industrial e intelectual que se generen exclusivamente a partir de actividades de investigación financiadas por convocatorias públicas.

Los derechos de propiedad industrial e intelectual que sean resultado del desempeño de funciones propias del personal de la universidad y de convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general.

Los derechos de propiedad intelectual derivados de publicaciones académicas realizadas por el profesorado de la universidad.

Los derechos de propiedad industrial que provengan de contratos firmados con entidades privadas para la explotación comercial de resultados de investigación.

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo.

La ley 14/2011, de 1 de junio.

Los Estatutos de la UPV

Los bienes afectos al cumplimiento de sus fines.

Los actos que se realicen para el desarrollo inmediato de tales fines y sus rendimientos.

Los bienes afectos al cumplimiento de sus fines y los actos que se realicen para el desarrollo inmediato de tales fines y sus rendimientos, disfrutarán de exención tributaria siempre que los tributos y exenciones recaigan indirectamente sobre las universidades en concepto legal de contribuyentes, a no ser que sea posible legalmente la traslación de la carga tributaria.

Los bienes afectos al cumplimiento de sus fines y los actos que se realicen para el desarrollo inmediato de tales fines y sus rendimientos, disfrutarán de exención tributaria siempre que los tributos y exenciones recaigan directamente sobre las universidades en concepto legal de contribuyentes, a no ser que sea posible legalmente la traslación de la carga tributaria.

Bienes de dominio privado adquiridos a través de donaciones.

Los bienes de dominio público que estén destinados al cumplimiento de sus funciones, así como los que sean adscritos por el Estado, excepto los que integren el patrimonio histórico y cultural.

Los bienes de dominio público que estén destinados al cumplimiento de sus funciones, así como los que sean adscritos por el Estado o Comunidades Autónomas, excepto los que integren el patrimonio histórico y cultural.

Los bienes de dominio público que estén destinados al cumplimiento de sus funciones, así como los que sean adscritos por el Estado o Comunidades Autónomas, excepto los que integren el patrimonio histórico y cultural. Además las AAPP podrán adscribir bienes de su titularidad a las universidades públicas para su utilización en las funciones propias de las mismas.

La normativa específica de cada universidad.

La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo.

Se aplicarán las normas generales que rijan en esta materia.

La ley 49/2002, de 23 de diciembre.

Como una actividad académica.

Como una actividad económica que se desarrolla mediante investigación estructural.

Como una actividad básica de las universidades.

Como una actividad económica que se desarrolla mediante investigación básica y aplicada.

No, según la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, solo tienen beneficios fiscales las universidades privadas.

Si, tiene los previstos en la ley 14/2011, de 1 de junio

Si, tiene los previstos en la ley 49/2022, de 23 de diciembre

No tiene derecho a beneficios fiscales