La distribución competencial entre un ente territorial y sus Administraciones dependientes se denomina:
Descentralización política.
Descentralización administrativa.
Desconcentración.
Cooperación.
¿Cuál de las siguientes técnicas no se incluye en la colaboración?
El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios.
La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa.
La creación de un registro electrónico de información interoperable con el resto de registros electrónicos generales.
El deber de asistencia y auxilio.
Deben remitirse al Tribunal de Cuentas:
Los convenios que superen los 500.000 euros.
Ningún convenio.
Los convenios que superen los 400.000 euros.
Los convenios que superen los 600.000 euros.
Delegación de firma:
Está prohibida en las mismas materias excluidas para la delegación de competencias.
La delegación de firma altera la titularidad del la competencia del delegante.
No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación.
En las resoluciones y actos que se firmen por delegación no es necesario hacer constar la autoridad de procedencia.
El deber de colaboración señala que las Administraciones Públicas deben respetar:
El ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.
El reparto de competencias establecido en la LRJSP.
El reparto de competencias establecido en la CE.
Ninguna de las anteriores es correcta.
El órgano que tiene por objeto la deliberación de asuntos y la adopción de acuerdos de interés para el Estado y las Comunidades Autónomas es:
La Conferencia de Presidentes.
Las Conferencias Sectoriales.
Las Comisiones Territoriales de Coordinación.
Las Comisiones Bilaterales de Cooperación.
El principio que persigue asegurar la coherencia o cohesión de la acción administrativa se denomina:
Colaboración.
Coordinación.
Eficacia.
Jerarquía.
El principio referido a la virtud de asignar competencias a favor de los órganos inferiores dentro de una misma Administración es el de:
Descentralización.
En el inventario de entidades del Sector público estatal, autonómico y local:
No se inscriben las sociedades mercantiles locales.
Sólo es obligatoria su inscripción para los entes vinculados o dependieres del sector público estatal.
La inscripción es requisito para la obtención del número definitivo de identificación fiscal.
No pueden inscribirse las fundaciones públicas.
En la delegación de competencias:
Los efectos jurídicos se atribuyen siempre al órgano delegado.
Los efectos jurídicos se atribuyen al órgano delegante.
Siempre se delega la titularidad y el ejercicio de la competencia.
Sólo es posible delegar en un órgano jerárquicamente subordinado.
Integran el Sector público:
Sólo las Administraciones territoriales y los organismos públicos vinculados o dependientes de las Administraciones públicas.
Sólo las Administraciones Territoriales y las entidades de Derecho privado, cuando ejerzan potestades administrativas.
Las Administraciones territoriales, y los organismos públicos vinculados o dependientes de las Administraciones públicas, y las entidades de Derecho privado y las Universidades.
Las Administraciones territoriales y las Universidades.
La anulación de un acto administrativo:
Siempre implica que se indemnice a los ciudadanos que se hayan visto afectados por su aplicación.
Sólo implica que se indemnice a los ciudadanos que se hayan visto afectados por su aplicación cuando sea anulado por el Tribunal Constitucional.
Sólo implica que se indemnice a los ciudadanos que se hayan visto afectados por su aplicación cuando sea anulado por alguna Administración territorial.
No supone necesariamente que se indemnice a los ciudadanos que se hayan visto afectados por su aplicación.
La avocación de competencias:
Se realizará mediante acuerdo motivado que no tiene que ser notificado a los interesados en el procedimiento en ningún caso
Se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte.
Contra el acuerdo de avocación cabe recurso de alzada
Se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, una vez se haya dictado la resolución final.
La cooperación y la colaboración:
A pesar de que han sido utilizados alternativamente por las normas, la LRJSP aclara que la colaboración es obligatoria y la cooperación voluntaria.
Han sido incorporadas por la LRJSP.
A pesar de que han sido utilizados alternativamente por las normas, la LRJSP aclara que la colaboración es voluntaria y la cooperación obligatoria.
Siempre han estado correctamente empleadas por las normas.
La lealtad institucional:
Sólo se aplica a las relaciones interadministrativas.
Se aplica a todas las relaciones jurídicas.
Se aplica siempre que los administrados lo soliciten.
No está regulada en Derecho Administrativo.
La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley:
Producirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Producirá efectos desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Producirá efectos desde la notificación al administrado.
La suplencia:
La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación.
Los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente sólo en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación.
Los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente sólo en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad.
La suplencia no implicará alteración de la competencia y para su validez será necesaria su publicación
Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal:
Ejercen actividades económicas de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación.
Tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley.
Prestan servicios públicos declarados esenciales por Ley.
En sus funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas tienen que actuar atendiendo al interés empresarial o comercial del sector.
Las Conferencias Sectoriales puede adoptar:
Recomendaciones.
Acuerdos.
Recomendaciones y acuerdos.
Ni recomendaciones ni acuerdos.
Las entidades públicas empresariales de ámbito estatal
Se financian mayoritariamente con ingresos de mercado.
No se financian mayoritariamente con ingresos de mercado.
No pueden ejercer potestades administrativas.
No tienen la consideración de Administración pública.
Las fundaciones del sector público estatal:
Pueden ejercer potestades públicas.
Su creación se realizará por ley que establecerá los fines de la fundación y, en su caso, los recursos económicos con los que se le dota.
Su creación se realizará por Acuerdo de Consejo de Ministros que establecerá los fines de la fundación y, en su caso, los recursos económicos con los que se le dota.
Su personal es funcionario.
Los convenios
Pueden tener vigencia indefinida.
Deben tener una duración determinada no superior a 4 años.
Deben tener una duración determinada no superior a 5 años.
Los Organismos autónomos:
El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral.
El personal al servicio de los organismos autónomos será sólo funcionario.
El personal al servicio de los organismos autónomos será siempre laboral.
Los Organismos autónomos no pueden llevar a cabo actividades de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación.
Los principios novedosos incorporados en la LRJSP son:
La colaboración y la transparencia.
La transparencia y la eficacia.
La planificación y dirección por objetivos y la transparencia.
Todas las anteriores son correctas.
Los Protocolos Generales de Actuación:
No tienen la consideración de convenios.
No están permitidos en nuestro ordenamiento jurídico.
Tienen la consideración de convenios si su objeto son prestaciones propias de los contratos.
Tienen la consideración de convenios si su objeto son intenciones generales.
Para que surja la responsabilidad administrativa el daño debe ser:
Efectivo, evaluable económicamente, individualizable y antijurídico.
Efectivo, individualizable y antijurídico.
Evaluable económicamente, efectivo y antijurídico.
Efectivo, evaluable económicamente e individualizable.
Si el convenio no prevé su régimen de modificación:
Será necesario el acuerdo unánime de los firmantes.
Será necesaria la mayoría absoluta de los firmantes.
Bastará con la mayoría simple de los firmantes.
Depende del tipo de convenio en el que nos encontremos.
Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional:
Procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.
Procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.
Procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia definitiva desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.
Tendrán la consideración de órganos administrativos:
Todas las unidades administrativas.
Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros.
Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
Las unidades administrativas cuya actuación tenga carácter preceptivo.
Tienen la consideración de Administración pública a efectos de la LRJSP:
Las Universidades públicas.
Las sociedades mercantiles estatales cuando ejerzan potestades públicas.
Las fundaciones del sector público
Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas
