Preguntas CE. Título VII. Economía y Hacienda (arts. 128 a 136 CE)

Toda la riqueza del país [blank_start]en sus distintas formas[blank_end] y sea cual fuere [blank_start]su titularidad[blank_end] está subordinada [blank_start]al interés general[blank_end].

Se [blank_start]reconoce[blank_end] la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante [blank_start]ley[blank_end] se podrá reservar al sector público [blank_start]recursos o servicios esenciales[blank_end], especialmente en caso de [blank_start]monopolio[blank_end] y asimismo acordar [blank_start]la intervención de empresas[blank_end] cuando así lo exigiere [blank_start]el interés general[blank_end].

La [blank_start]ley[blank_end] establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los [blank_start]organismos públicos[blank_end] cuya función afecte directamente a la [blank_start]calidad de la vida[blank_end] o al [blank_start]bienestar general[blank_end].

Los [blank_start]poderes públicos[blank_end] promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la [blank_start]empresa[blank_end] y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las [blank_start]sociedades cooperativas[blank_end]. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los [blank_start]medios de producción[blank_end].

Los [blank_start]poderes públicos[blank_end] atenderán a la modernización y desarrollo de todos los [blank_start]sectores económicos[blank_end] y, en particular, de la [blank_start]agricultura[blank_end], de la [blank_start]ganadería[blank_end], de la [blank_start]pesca[blank_end] y de la [blank_start]artesanía[blank_end], a fin de equiparar el nivel de vida de todos los [blank_start]españoles[blank_end].

Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los...

Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las...

[blank_start]El Estado[blank_end], mediante [blank_start]ley[blank_end], podrá planificar la actividad económica general para atender a las [blank_start]necesidades colectivas[blank_end], equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

El Estado, mediante ley, podrá planificar la [blank_start]actividad económica general[blank_end] para [blank_start]atender a las necesidades colectivas[blank_end], [blank_start]equilibrar y armonizar el desarrollo[blank_end] regional y sectorial y [blank_start]estimular el crecimiento[blank_end] de la renta y de la riqueza y [blank_start]su más justa distribución[blank_end].

El [blank_start]Gobierno[blank_end] elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por [blank_start]las Comunidades Autónomas[blank_end] y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá [blank_start]un Consejo[blank_end], cuya composición y funciones se desarrollarán por [blank_start]ley[blank_end].

Son bienes de dominio público estatal [blank_start]los que determine la ley[blank_end] y, en todo caso, [blank_start]la zona marítimo-terrestre[blank_end], [blank_start]las playas[blank_end], [blank_start]el mar territorial[blank_end] y [blank_start]los recursos naturales[blank_end] de la zona económica y [blank_start]la plataforma continental[blank_end].

Por ley se regularán el Patrimonio [blank_start]del Estado[blank_end] y el [blank_start]Patrimonio Nacional[blank_end], su administración, defensa y conservación.

Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su [blank_start]administración[blank_end], [blank_start]defensa[blank_end] y [blank_start]conservación[blank_end].

La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente [blank_start]al Estado[blank_end], mediante [blank_start]ley[blank_end].

Las Comunidades Autónomas y las [blank_start]Corporaciones locales[blank_end] podrán establecer y exigir [blank_start]tributos[blank_end], de acuerdo con [blank_start]la Constitución[blank_end] y [blank_start]las leyes[blank_end].

Todo [blank_start]beneficio fiscal[blank_end] que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de [blank_start]ley[blank_end].

Las administraciones públicas sólo podrán contraer [blank_start]obligaciones financieras[blank_end] y realizar [blank_start]gastos[blank_end] de acuerdo con las [blank_start]leyes[blank_end].

Corresponde [blank_start]al Gobierno[blank_end] la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y [blank_start]a las Cortes Generales[blank_end], su examen, enmienda y aprobación.

Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su [blank_start]examen[blank_end], [blank_start]enmienda[blank_end] y [blank_start]aprobación[blank_end].

Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter [blank_start]anual[blank_end], incluirán la totalidad de [blank_start]los gastos e ingresos[blank_end] del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los [blank_start]beneficios fiscales[blank_end] que afecten a los tributos del Estado.

[blank_start]El Gobierno[blank_end] deberá presentar ante [blank_start]el Congreso de los Diputados[blank_end] los Presupuestos Generales del Estado al menos [blank_start]tres meses[blank_end] antes de la expiración de los del año anterior.

Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes [blank_start]del primer día[blank_end] del ejercicio económico correspondiente, se considerarán [blank_start]automáticamente prorrogados[blank_end] los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la [blank_start]aprobación de los nuevos[blank_end].

Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, [blank_start]el Gobierno[blank_end] podrá presentar [blank_start]proyectos de ley[blank_end] que impliquen [blank_start]aumento del gasto público[blank_end] o [blank_start]disminución de los ingresos[blank_end] correspondientes [blank_start]al mismo ejercicio presupuestario[blank_end].

Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad [blank_start]del Gobierno[blank_end] para su tramitación.

La Ley de Presupuestos no puede crear [blank_start]tributos[blank_end]. Podrá modificarlos cuando una [blank_start]ley tributaria sustantiva[blank_end] así lo prevea.

Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de [blank_start]estabilidad presupuestaria[blank_end].

[blank_start]El Estado[blank_end] y [blank_start]las Comunidades Autónomas[blank_end] no podrán incurrir en un [blank_start]déficit estructural[blank_end] que supere los márgenes establecidos, en su caso, por [blank_start]la Unión Europea[blank_end] para sus [blank_start]Estados Miembros[blank_end]. Una [blank_start]ley orgánica[blank_end] fijará el [blank_start]déficit estructural máximo[blank_end] permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con [blank_start]su producto interior bruto[blank_end]. Las Entidades Locales deberán presentar [blank_start]equilibrio presupuestario[blank_end].

El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un [blank_start]déficit estructural[blank_end] que supere [blank_start]los márgenes establecidos[blank_end], en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una [blank_start]ley orgánica[blank_end] fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar [blank_start]equilibrio presupuestario[blank_end].

Una [blank_start]ley orgánica[blank_end] fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por [blank_start]ley[blank_end] para emitir deuda pública o contraer crédito.

El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar [blank_start]autorizados por ley[blank_end] para [blank_start]emitir deuda pública[blank_end] o [blank_start]contraer crédito[blank_end]. Los créditos para satisfacer [blank_start]los intereses[blank_end] y [blank_start]el capital[blank_end] de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en [blank_start]el estado de gastos de sus presupuestos[blank_end] y su pago gozará de [blank_start]prioridad absoluta[blank_end]. Estos créditos no podrán ser [blank_start]objeto de enmienda o modificación[blank_end], mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El [blank_start]volumen de deuda pública[blank_end] del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con [blank_start]el producto interior bruto[blank_end] del Estado no podrá superar [blank_start]el valor de referencia[blank_end] establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Los límites de [blank_start]déficit estructural[blank_end] y de [blank_start]volumen de deuda pública[blank_end] sólo podrán superarse en caso de [blank_start]catástrofes naturales[blank_end], [blank_start]recesión económica[blank_end] o [blank_start]situaciones de emergencia extraordinaria[blank_end] que escapen [blank_start]al control del Estado[blank_end] y perjudiquen considerablemente [blank_start]la situación financiera[blank_end] o [blank_start]la sostenibilidad económica o social[blank_end] del Estado, apreciadas por la [blank_start]mayoría absoluta[blank_end] de los miembros del [blank_start]Congreso de los Diputados[blank_end].

Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por [blank_start]la mayoría absoluta[blank_end] de los miembros [blank_start]del Congreso de los Diputados[blank_end].

Según el art. 135.5CE, [blank_start]una ley orgánica[blank_end] desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera.

Una [blank_start]ley orgánica[blank_end] desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los [blank_start]órganos de coordinación institucional[blank_end] entre las Administraciones Públicas en [blank_start]materia de política fiscal y financiera[blank_end]. En todo caso, regulará: a) La distribución de [blank_start]los límites de déficit y de deuda[blank_end] entre las distintas [blank_start]Administraciones Públicas[blank_end], los [blank_start]supuestos excepcionales[blank_end] de [blank_start]superación de los mismos[blank_end] y la [blank_start]forma y plazo de corrección[blank_end] de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. b) [blank_start]La metodología y el procedimiento[blank_end] para el cálculo del déficit estructural. c) [blank_start]La responsabilidad[blank_end] de cada Administración Pública en caso de [blank_start]incumplimiento de los objetivos[blank_end] de estabilidad presupuestaria.

Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus [blank_start]respectivos Estatutos[blank_end] y dentro de los [blank_start]límites[blank_end] a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del [blank_start]principio de estabilidad[blank_end] en sus normas y decisiones presupuestarias.

El Tribunal de Cuentas es [blank_start]el supremo órgano fiscalizador[blank_end] de las cuentas y [blank_start]de la gestión económica[blank_end] de Estado, así como [blank_start]del sector público[blank_end]. Dependerá directamente [blank_start]de las Cortes Generales[blank_end] y ejercerá sus funciones [blank_start]por delegación de ellas[blank_end] en el examen y comprobación de [blank_start]la Cuenta General del Estado[blank_end].

El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano [blank_start]fiscalizador[blank_end] de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como [blank_start]del sector público[blank_end]. Dependerá directamente [blank_start]de las Cortes Generales[blank_end] y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán [blank_start]al Tribunal de Cuentas[blank_end] y serán censuradas por éste.

Las [blank_start]cuentas del Estado[blank_end] y del [blank_start]sector público estatal[blank_end] se rendirán al [blank_start]Tribunal de Cuentas[blank_end] y serán censuradas por éste. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá [blank_start]a las Cortes Generales[blank_end] un [blank_start]informe anual[blank_end] en el que, cuando proceda, comunicará [blank_start]las infracciones o responsabilidades[blank_end] en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá [blank_start]a las Cortes Generales[blank_end] un informe [blank_start]anual[blank_end] en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que [blank_start]los Jueces[blank_end].

Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán [blank_start]de la misma independencia[blank_end] e [blank_start]inamovilidad[blank_end] y estarán sometidos [blank_start]a las mismas incompatibilidades[blank_end] que los Jueces.

[blank_start]Una ley orgánica[blank_end] regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

[blank_start]Una ley orgánica[blank_end] regulará [blank_start]la composición[blank_end], [blank_start]organización[blank_end] y [blank_start]funciones[blank_end] del Tribunal de Cuentas.