I. La de investigación, que comprende las siguientes fases:
a) Investigación inicial, que comienza con la presentación
de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y
concluye cuando el imputado queda a disposición del
Juez de control para que se le formule imputación, e
b) Investigación complementaria, que comprende
desde la formulación de la imputación y se agota una
vez que se haya cerrado la investigación;
II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende
desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura
del juicio, y
III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto
de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el
Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se
interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se
lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o
durante la víspera de la ejecución de una orden de
aprehensión.
Síntesis de las ideas
Características de las etapas de investigación penal
de acuerdo con el CNPP
Elementos:
Unieversidad Autónoma del Estado de Morelos,
Lic. En Derecho Modalidad Virtual Luis Alberto
Rodríguez Sánchez, Grupo "A"
Artículo 212. Deber de investigación penal
Artículo 212. Deber de investigación penal.- Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia
de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender,
interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. Se deberá realizar de manera
inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a
explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del
hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.
Artículo 213. Objeto de la investigación
La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los
hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el
imputado y la reparación del daño.
Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación
Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los Tratados.
Artículo 215. Obligación de suministrar información
Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el
Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto.
En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de
comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley.
Artículo 216. Proposición de actos de investigación
Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su
Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de
investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio
Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un
plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público.
Artículo 217. Registro de los actos de investigación
El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la
investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información
recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo
con la ley tuvieren derecho a exigirlo. Cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por
quienes hayan intervenido. Si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital.
Artículo 218. Reserva de los actos de investigación
En la investigación inicial, los registros de ésta, así como todos los documentos, independientemente de su
contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son
estrictamente reservados. El imputado y su Defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre
detenido, o sea citado para comparecer como imputado, y se pretenda recibir su entrevista. En ningún caso la
reserva de los registros podrá hacerse valer una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto
en este Código.
Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial
Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de
la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el
Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir
ante el Juez de control para que resuelva lo conducente.
Artículo 220. Excepciones para el acceso a la información
El Ministerio Público podrá solicitar excepcionalmente al Juez de control que determinada información se
mantenga bajo reserva aún después de la vinculación a proceso, cuando sea necesario para evitar la
destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los testigos del
hecho, para asegurar el éxito de la investigación, o para garantizar la protección de personas o bienes
jurídicos.
INICIO DE LA INVESTIGACIÓN BAJO LOS ARTICULOS
Artículo 221. Formas de inicio
La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por
querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio,
bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se haga del
conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito. Tratándose
de informaciones anónimas, la Policía constatará la veracidad de los datos aportados mediante los actos de
investigación que consideren conducentes para este efecto.
Artículo 222. Deber de denunciar
Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está
obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía. No
estarán obligados a denunciar quienes al momento de la comisión del delito detenten el carácter de tutor,
curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, los parientes por
consanguinidad o por afinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la
colateral por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive.
Artículo 223. Forma y contenido de la denuncia
La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener, salvo los casos de denuncia anónima o
reserva de identidad, la identificación del denunciante, su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la
indicación de quién o quiénes lo habrían cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan
noticia de él y todo cuanto le constare al denunciante. En el caso de que la denuncia se haga en forma oral, se
levantará un registro en presencia del denunciante, quien previa lectura que se haga de la misma, lo firmará
junto con el servidor público que la reciba. La denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos
casos, si el denunciante no pudiere firmar, estampará su huella digital, previa lectura que se le haga de la
misma.
Artículo 224. Trámite de la denuncia
Cuando la denuncia sea presentada directamente ante el Ministerio Público, éste iniciará la investigación
conforme a las reglas previstas en este Código. Cuando la denuncia sea presentada ante la Policía, ésta
informará de dicha circunstancia al Ministerio Público en forma inmediata y por cualquier medio, sin perjuicio
de realizar las diligencias urgentes que se requieran dando cuenta de ello en forma posterior al Ministerio
Público.
Artículo 225. Querella u otro requisito equivalente
La querella es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien legalmente se encuentre
facultado para ello. La querella deberá contener, en lo conducente, los mismos requisitos que los previstos para
la denuncia. El Ministerio Público deberá cerciorarse que éstos se encuentren debidamente satisfechos para, en
su caso, proceder en los términos que prevé el presente Código. Tratándose de requisitos de procedibilidad
equivalentes, el Ministerio Público deberá realizar la misma verificación.
Artículo 226. Querella de personas menores de edad o que no tienen capacidad para comprender el significado
del hecho
Tratándose de personas menores de dieciocho años, o de personas que no tengan la capacidad de comprender
el significado del hecho, la querella podrá ser presentada por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela o sus
representantes legales, sin perjuicio de que puedan hacerlo por sí mismos, por sus hermanos o un tercero,
cuando se trate de delitos cometidos en su contra por quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o sus propios
representantes.
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN BAJO LOS ARTÍCULOS
Artículo 227. Cadena de custodia
La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento
o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o
del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Con el fin de corroborar los elementos
materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes
factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado; lugares y
fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se hayan realizado; igualmente se registrará el
nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos.
Artículo 228. Responsables de cadena de custodia
La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes en cumplimiento de las funciones propias
de su encargo o actividad, en los términos de ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos,
instrumentos o productos del hecho delictivo.
Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito
Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener
relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán
asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan.
Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la
naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación.
Artículo 230. Reglas sobre el aseguramiento de bienes
El aseguramiento de bienes se realizará conforme a lo siguiente: I. El Ministerio Público, o la Policía en auxilio
de éste, deberá elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretendan asegurar, firmado
por el imputado o la persona con quien se atienda el acto de investigación. Ante su ausencia o negativa, la
relación deberá ser firmada por dos testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la
Policía y cuando ello suceda, que no hayan participado materialmente en la ejecución del acto; II. La Policía
deberá tomar las providencias necesarias para la debida preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y
de los indicios, huellas, o vestigios del hecho delictivo, así como de los instrumentos, objetos o productos del
delito asegurados, y III. Los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a
disposición de la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones aplicables.
Artículo 231. Notificación del aseguramiento y abandono
El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto,
instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando
o poniendo a su disposición, Texto actualizado a lunes 29 de diciembre de 2014 96 según sea el caso, una
copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga.Cuando se
desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará por dos edictos que se publicarán
en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, medio de difusión oficial en la Entidad federativa y en
un periódico de circulación nacional o estatal, según corresponda, con un intervalo de diez días hábiles entre
cada publicación. En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que se
abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se le apercibirá que de no manifestar lo
que a su derecho convenga, en un té
Artículo 232. Custodia y disposición de los bienes asegurados
Cuando los bienes que se aseguren hayan sido previamente embargados, intervenidos, secuestrados o
asegurados, se notificará el nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. Los
bienes continuarán en custodia de quien se haya designado para ese fin, y a disposición de la autoridad
judicial o del Ministerio Público para los efectos del procedimiento penal. De levantarse el embargo,
intervención, secuestro o aseguramiento previos, quien los tenga bajo su custodia, los entregará a la
autoridad competente para efectos de su administración. Sobre los bienes asegurados no podrán ejercerse
actos de dominio por sus propietarios, depositarios, interventores o administradores, durante el tiempo que
dure el aseguramiento en el procedimiento penal, salvo los casos expresamente señalados por las
disposiciones aplicables. El aseguramiento no implica modificación alguna a los gravámenes o limitaciones de
dominio existentes con anterioridad sobre los bienes.
Artículo 233. Registro de los bienes asegurados
Se hará constar en los registros públicos que correspondan, de conformidad con las disposiciones aplicables:
I. El aseguramiento de bienes inmuebles, derechos reales, aeronaves, embarcaciones, empresas,
negociaciones, establecimientos, acciones, partes sociales, títulos bursátiles y cualquier otro bien o derecho
susceptible de registro o constancia, y II. El nombramiento del depositario, interventor o administrador, de
los bienes a que se refiere la fracción anterior. El registro o su cancelación se realizarán sin más requisito que
el oficio que para tal efecto emita la autoridad judicial o el Ministerio Público.
Artículo 234. Frutos de los bienes asegurados
A los frutos o rendimientos de los bienes durante el tiempo del aseguramiento, se les dará el mismo
tratamiento que a los bienes asegurados que los generen. Ni el aseguramiento de bienes ni su conversión a
numerario implican que éstos entren al erario público.
Artículo 235. Aseguramiento de narcóticos y productos relacionados con delitos de propiedad intelectual y
derechos de autor
Cuando se aseguren narcóticos previstos en cualquier disposición, productos relacionados con delitos de
propiedad intelectual y derechos de autor o bienes que Texto actualizado a lunes 29 de diciembre de 2014 98
impliquen un alto costo o peligrosidad por su conservación, si esta medida es procedente, el Ministerio
Público ordenará su destrucción, previa autorización o intervención de las autoridades correspondientes,
debiendo previamente fotografiarlos o videograbarlos, así como levantar un acta en la que se haga constar la
naturaleza, peso, cantidad o volumen y demás características de éstos, debiéndose recabar muestras del
mismo para que obren en los registros de la investigación que al efecto se inicie.
Artículo 236. Objetos de gran tamaño
Los objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y otros
similares, después de ser examinados por peritos para recoger indicios que se hallen en ellos, podrán ser
videograbados o fotografiados en su totalidad y se registrarán del mismo modo los sitios en donde se
hallaron huellas, rastros, narcóticos, armas, explosivos o similares que puedan ser objeto o producto de
delito.
Artículo 237. Aseguramiento de objetos de gran tamaño
Los objetos mencionados en el artículo precedente, después de que sean examinados, fotografiados, o
videograbados podrán ser devueltos, con o sin reservas, al propietario, poseedor o al tenedor legítimo según
el caso, previa demostración de la calidad invocada, siempre y cuando no hayan sido medios eficaces para la
comisión del delito.
Artículo 238. Aseguramiento de flora y fauna
Las especies de flora y fauna de reserva ecológica que se aseguren, serán provistas de los cuidados
necesarios y depositados en zoológicos, viveros o en instituciones análogas, considerando la opinión de la
dependencia competente o institución de educación superior o de investigación científica.
Artículo 239. Requisitos para el aseguramiento de vehículos
Tratándose de delitos culposos ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, estos se entregarán en
depósito a quien se legitime como su propietario o poseedor. Previo a la entrega del vehículo, el Ministerio
Público debe cerciorarse: I. Que el vehículo no tenga reporte de robo; II. Que el vehículo no se encuentre
relacionado con otro hecho delictivo; III. Que se haya dado oportunidad a la otra parte de solicitar y practicar
los peritajes necesarios, yIV. Que no exista oposición fundada para la devolución por parte de terceros, o de la
aseguradora.
Artículo 240. Aseguramiento de vehículos
En caso de que se presente alguno de los supuestos anteriores, el Ministerio Público podrá ordenar el
aseguramiento y resguardo del vehículo hasta en tanto se esclarecen los hechos, sujeto a la aprobación
judicial en términos de lo previsto por este Código.
Artículo 241. Aseguramiento de armas de fuego o explosivos
Cuando se aseguren armas de fuego o explosivos se hará del conocimiento de la Secretaría de la Defensa
Nacional, así como de las demás autoridades que establezcan las disposiciones legales aplicables.
Artículo 242. Aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras
El Ministerio Público o a solicitud de la Policía podrá ordenar la suspensión, o el aseguramiento de cuentas,
títulos de crédito y en general cualquier bien o derecho relativos a operaciones que las instituciones
financieras establecidas en el país celebren con sus clientes y dará aviso inmediato a la autoridad encargada
de la administración de los bienes asegurados y a las autoridades competentes, quienes tomarán las medidas
necesarias para evitar que los titulares respectivos realicen cualquier acto contrario al aseguramiento.
Artículo 243. Efectos del aseguramiento en actividades lícitas
El aseguramiento no será causa para el cierre o suspensión de actividades de empresas, negociaciones o
establecimientos con actividades lícitas.
Artículo 244. Cosas no asegurables
No estarán sujetas al aseguramiento las comunicaciones y cualquier información que se genere o
intercambie entre el imputado y las personas que no están obligadas a declarar como testigos por razón de
parentesco, secreto profesional o cualquiera otra establecida en la ley. En todo caso, serán inadmisibles como
fuente de información o medio de prueba. No habrá lugar a estas excepciones cuando existan indicios de
que las personas mencionadas en este artículo, distintas al imputado, estén involucradas como autoras o
partícipes del hecho punible o existan indicios fundados de que están encubriéndolo ilegalmente.
Artículo 245. Causales de procedencia para la devolución de bienes asegurados
La devolución de bienes asegurados procede en los casos siguientes: I. Cuando el Ministerio Público resuelva
el no ejercicio de la acción penal, la aplicación de un criterio de oportunidad, la reserva o archivo temporal, se
abstenga de acusar, o levante el aseguramiento de conformidad con las disposiciones aplicables, o II. Cuando
la autoridad judicial levante el aseguramiento o no decrete el decomiso, de conformidad con las
disposiciones aplicables.
Artículo 246. Entrega de bienes
Las autoridades deberán devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no
estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las
diligencias conducentes. En todo caso, se dejará constancia mediante fotografías u otros medios que resulten
idóneos de estos bienes. Esta devolución podrá ordenarse en depósito provisional y al poseedor se le podrá
imponer la obligación de exhibirlos cuando se le requiera. Dentro de los treinta días siguientes a la
notificación del acuerdo de devolución, la autoridad judicial o el Ministerio Público notificarán su resolución al
interesado o al representante legal, para que dentro de los diez días siguientes a dicha notificación se
presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor de la
Procuraduría o de las Entidades federativas, según corresponda y se procederá en los términos previstos en
este Código. Cuando se haya hecho cons
Artículo 247. Devolución de bienes asegurados
La devolución de los bienes asegurados incluirá la entrega de los frutos que, en su caso, hubieren generado.
La devolución de numerario comprenderá la entrega del principal y, en su caso, de sus rendimientos durante
el tiempo en que haya sido administrado, a la tasa que cubra la Tesorería de la Federación o la instancia
correspondiente en las Entidades federativas por los depósitos a la vista que reciba.
Artículo 248. Bienes que hubieren sido enajenados o sobre los que exista imposibilidad de devolver
Cuando se determine por la autoridad competente la devolución de los bienes que hubieren sido enajenados
o haya imposibilidad para devolverlos, deberá cubrirse a la persona que tenga la titularidad del derecho de
devolución el valor de los mismos, de conformidad con la legislación aplicable.
Artículo 249. Aseguramiento por valor equivalente
En caso de que el producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo hayan desaparecido o no se
localicen por causa atribuible al imputado, el Ministerio Público decretará o solicitará al Órgano jurisdiccional
correspondiente el embargo precautorio, el aseguramiento y, en su caso, el decomiso de bienes propiedad del
o de los imputados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, cuyo valor
equivalga a dicho producto, sin menoscabo de las disposiciones aplicables en materia de extinción de
dominio.
Artículo 250. Decomiso
La autoridad judicial mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de
bienes, con excepción de los que hayan causado abandono en los términos de este Código o respecto de
aquellos sobre los cuales haya resuelto la declaratoria de extinción de dominio. El numerario decomisado y
los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación
a la víctima, serán entregados en partes iguales al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Secretaría de Salud y
al fondo previsto en la Ley General de Víctimas.
Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del
Juez de control
No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación: I. La inspección del lugar
del hecho o del hallazgo;II. La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo; III. La inspección de
personas; IV. La revisión corporal; V. La inspección de vehículos; VI. El levantamiento e identificación de
cadáver; VII. La aportación de comunicaciones entre particulares; VIII. El reconocimiento de personas; IX. La
entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los términos que
establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el Procurador; X. La entrevista a testigos, y XI. Las
demás en las que expresamente no se prevea control judicial. En los casos de la fracción IX, dichas
actuaciones deberán ser autorizadas por el Procurador o por el servidor público en quien éste delegue dicha
facultad. Para los efectos de la fracción X de este artículo, cuando un testigo se niegue a ser entrevistado,
será citado.
Artículo 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control
Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa
del Juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la
Constitución, así como los siguientes: I. La exhumación de cadáveres; II. Las órdenes de cateo; III. La
intervención de comunicaciones privadas y correspondencia; IV. La toma de muestras de fluido corporal,
vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u
ofendido, se niegue a proporcionar la misma; V. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando
aquélla se niegue a ser examinada, y VI. Las demás que señalen las leyes aplicables.
FORMAS DE TERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Artículo 253. Facultad de abstenerse de investigar
El Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o
acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados
permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado.
Esta decisión será siempre fundada y motivada.
Artículo 254. Archivo
temporal
El Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se
encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de
investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la
investigación. El archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la
acción penal.
Artículo 255. No ejercicio de la acción
Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los
antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de
sobreseimiento previstas en este Código.
Artículo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad
Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las
disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público ponderará el ejercicio de la acción penal
sobre la base de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños
causados a la víctima u ofendido o ésta manifieste su falta de interés jurídico en dicha reparación de lo cual
deberá dejarse constancia.
Artículo 257. Efectos del criterio de oportunidad
La aplicación de los criterios de oportunidad extinguirá la acción penal con respecto al autor o partícipe en
cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio. Si la decisión del Ministerio Público se sustentara en
alguno de los supuestos de procedibilidad establecidos en las fracciones I y II del artículo anterior, sus efectos
se extenderán a todos los imputados que reúnan las mismas condiciones.
Artículo 258. Notificaciones y control judicial
Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación
de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u
ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean
notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en
definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su
Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a
pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La
resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.
DE LOS DATOS DE PRUEBA, MEDIOS DE PRUEBA Y PRUEBAS DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 259. Generalidades
Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Las pruebas serán valoradas por el
Órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio
carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este Código y en
la legislación aplicable. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo serán valoradas aquellas pruebas que hayan
sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este Código.
Artículo 260. Antecedente de investigación
El antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de
sustento para aportar datos de prueba.
Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas
El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano
jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la
probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite
reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos.
Artículo 262. Derecho a ofrecer medios de prueba
Las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus
planteamientos en los términos previstos en este Código.
Artículo 263. Licitud probatoria
Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos
lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos
que establece este Código
Artículo 264. Nulidad de la prueba
Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será
motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez
o Tribunal deberá pronunciarse al respecto.
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE ACTOS DE MOLESTIA
Artículo 266. Actos de molestia
Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. Antes de que el
procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación. Se
realizará un registro forzoso sólo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Si la persona sujeta al procedimiento
no habla español, la autoridad deberá tomar medidas razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y
para solicitar su cooperación.
Artículo 267. Inspección
La inspección es un acto de investigación sobre el estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito.
Será materia de la inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por los sentidos. Si se considera necesario,
la Policía se hará asistir de peritos. Al practicarse una inspección podrá entrevistarse a las personas que se encuentren
presentes en el lugar de la inspección que puedan proporcionar algún dato útil para el esclarecimiento de los hechos. Toda
inspección deberá constar en un registro.
Artículo 268. Inspección de personas
En la investigación de los delitos, la Policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de
flagrancia, o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o
productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. La revisión consistirá en una exploración
externa de la persona y sus posesiones. Cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo
requerirá autorización judicial. Antes de cualquier inspección, la Policía deberá informar a la persona del motivo de dicha
revisión, respetando en todo momento su dignidad.
Artículo 269. Revisión corporal
Durante la investigación, la Policía o, en su caso el Ministerio Público, podrá
solicitar a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras de fluido
corporal, vello o cabello, exámenes corporales de carácter biológico, extracciones
de sangre u otros análogos, así como que se le permita obtener imágenes
internas o externas de alguna parte del cuerpo, siempre que no implique riesgos
para la salud y la dignidad de la persona. Se deberá informar previamente a la
persona el motivo de la aportación y del derecho que tiene a negarse a
proporcionar dichas muestras. En los casos de delitos que impliquen violencia
contra las mujeres, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, la inspección corporal deberá ser llevada a cabo en
pleno cumplimiento del consentimiento informado de la víctima y con respeto de
sus derechos.
Artículo 270. Toma de muestras cuando la persona requerida se
niegue a proporcionarlas
Si la persona a la que se le hubiere solicitado la aportación voluntaria de las muestras referidas en el artículo anterior se
negara a hacerlo, el Ministerio Público por sí o a solicitud de la Policía podrá solicitar al Órgano jurisdiccional, por cualquier
medio, la inmediata autorización de la práctica de dicho acto de investigación, justificando la necesidad de la medida y
expresando la persona o personas en quienes haya de practicarse, el tipo y extensión de muestra o imagen a obtener. De
concederse la autorización requerida, el Órgano jurisdiccional deberá facultar al Ministerio Público para que, en el caso de
que la persona a inspeccionar ya no se encuentre ante él, ordene su localización y comparecencia a efecto de que tenga
verificativo el acto correspondiente.
Artículo 271. Levantamiento e identificación de cadáveres
En los casos en que se presuma muerte por causas no naturales, además de otras diligencias que sean procedentes, se
practicará: I. La inspección del cadáver, la ubicación del mismo y el lugar de los hechos; II. El levantamiento del cadáver; III. El
traslado del cadáver; IV. La descripción y peritajes correspondientes, o V. La exhumación en los términos previstos en este
Código y demás disposiciones aplicables. Cuando de la investigación no resulten datos relacionados con la existencia de algún
delito, el Ministerio Público podrá autorizar la dispensa de la necropsia. Si el cadáver hubiere sido inhumado, se procederá a
exhumarlo en los términos previstos en este Código y demás disposiciones aplicables. En todo caso, practicada la inspección
o la necropsia correspondiente, se procederá a la sepultura inmediata, pero no podrá incinerarse el cadáver.
Artículo 272. Peritajes
Durante la investigación, el Ministerio Público o la Policía con conocimiento de éste, podrá disponer la práctica de los peritajes
que sean necesarios para la investigación del hecho. El dictamen escrito no exime al perito del deber de concurrir a declarar
en la audiencia de juicio.
Artículo 273. Acceso a los indicios
Los peritos que elaboren los dictámenes tendrán en todo momento acceso a los indicios sobre los
que versarán los mismos, o a los que se hará referencia en el interrogatorio.
Artículo 274. Peritaje irreproducible
La pericial deberá ser admitida como medio de
prueba, no obstante que el perito designado por el
Defensor del imputado no compareciere a la
realización del peritaje, o éste omita designar uno
para tal efecto.
Artículo 275. Peritajes especiales
Cuando deban realizarse diferentes peritajes a personas
agredidas sexualmente o cuando la naturaleza del hecho delictivo
lo amerite, deberá integrarse un equipo interdisciplinario con
profesionales capacitados en atención a víctimas, con el fin de
concentrar en una misma sesión las entrevistas que ésta requiera,
para la elaboración del dictamen respectivo.
PRUEBA ANTICIPADA Artículo 304. Prueba anticipada
Artículo 304. Prueba anticipada
Hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio se podrá desahogar anticipadamente cualquier medio de prueba
pertinente, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos: I. Que sea practicada ante el Juez de control; II. Que sea
solicitada por alguna de las partes, quienes deberán expresar las razones por las cuales el acto se debe realizar con
anticipación a la audiencia de juicio a la que se pretende desahogar y se torna indispensable en virtud de que se estime
probable que algún testigo no podrá concurrir a la audiencia de juicio, por vivir en el extranjero, por existir motivo que hiciere
temer su muerte, o por su estado de salud o incapacidad física o mental que le impidiese declarar; III. Que sea por motivos
fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio, y IV. Que se practique en
audiencia y en cumplimiento de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio.
Artículo 305. Procedimiento para prueba anticipada
La solicitud de desahogo de prueba anticipada podrá plantearse desde que se presenta la denuncia, querella o equivalente y
hasta antes de que dé inicio la audiencia de juicio oral. Cuando se solicite el desahogo de una prueba en forma anticipada, el
Órgano jurisdiccional citará a audiencia a todos aquellos que tuvieren derecho a asistir a la audiencia de juicio oral y luego de
escucharlos valorará la posibilidad de que la prueba por anticipar no pueda ser desahogada en la audiencia de juicio oral, sin
grave riesgo de pérdida por la demora y, en su caso, admitirá y desahogará la prueba en el mismo acto otorgando a las partes
todas las facultades previstas para su participación en la audiencia de juicio oral.
Artículo 306. Registro y conservación de la prueba anticipada
La audiencia en la que se desahogue la prueba anticipada deberá registrarse en su totalidad. Concluido el desahogo de la
prueba anticipada, se entregará el registro correspondiente a las partes. Si el obstáculo que dio lugar a la práctica del anticipo
de prueba no existiera para la fecha de la audiencia de juicio, se desahogará de nueva cuenta el medio de prueba
correspondiente en la misma. Toda prueba anticipada deberá conservarse de acuerdo con las medidas dispuestas por el Juez
de control.