(a) está estableciendo una prohibición para contratar.

(b) está estableciendo un criterio de solvencia.

(c) está estableciendo un criterio de adjudicación.

(d) está estableciendo un requisito de habilitación profesional.

(a) de los Presidentes de las dos Cámaras.

(b) del Presidente del Congreso.

(c) del Presidente del Gobierno y sus ministros.

(d) del Presidente del Gobierno en funciones.

(a) no contiene ninguna definición de funcionario público a efectos penales.

(b) contiene un concepto de funcionario público a efectos penales que coincide exactamente con el de Derecho Administrativo: no puede cometer un delito de funcionario quien no está administrativamente reconocido como tal.

(c) contiene un concepto de funcionario público a efectos penales más amplio que el propio de Derecho Administrativo, caracterizándose el concepto penal por la participación del sujeto en el ejercicio de funciones públicas.

(d) contiene un concepto de funcionario más estricto que el de Derecho Administrativo, como corresponde a la idea de que el Derecho penal solo debe intervenir subsidiariamente.

(a) Corresponde a la Administración insular aprobar una disposición reglamentaria de desarrollo de la Ley balear, en ejercicio de la potestad que le reconoce el Estatuto de Autonomía sobre las competencias asignadas como propias.

(b) Corresponde en exclusiva al Gobierno de las llles Balears el ejercicio de la potestad reglamentaria para desplegar y completar la ley autonómica.

(c) Corresponde a la Administración insular aprobar un decreto de principios generales, que
posteriormente deberá ser desarrollado.

(d) Corresponde a la Administración insular aprobar una disposición reglamentaria, en ejercicio de las potestades para aprobar ordenanzas insulares que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

(a) político y normativo.

(b) únicamente jurisdiccional.

(c) exclusivamente administrativo.

(d) administrativo, jurisdiccional y parlamentario.

(a) deben comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

(b) están obligados a prestar colaboración en el ejercicio de las actuaciones de control financiero, que deberán concluir en el plazo máximo de 6 meses a contar desde la fecha de notificación a los beneficiarios del inicio de las mismas.

(c) están obligados a prestar colaboración en el ejercicio de las actuaciones de control financiero, que deberán concluir en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la fecha de notificación a los beneficiarios del inicio de las mismas.

(d) pueden no cumplir con el objetivo que fundamenta la concesión de una subvención, siempre que justifiquen ante el órgano concedente el cumplimiento de las condiciones determinantes para su otorgamiento.

(a) a los órganos e instituciones del Estado o de las Comunidades Autónomas que puedan resultar interesados.

(b) al Tribunal Supremo.

(c) al Gobierno y al Congreso de los Diputados.

(d) a las Cortes Generales.

(a) los conseieros sin cartera y los gabinetes.

(b) los comisionados autonómicos y el portavoz del Gobierno.

(c) el secretario del Consejo de Gobierno y el representante del Gobierno ante la Junta de Portavoces del Parlamento.

(d) la Comisión de Secretarios Generales y las comisiones delegadas del Gobierno.

(a) no son directamente aplicables, precisando su transposición en el plazo previsto.

(b) son disposiciones obligatorias que tienen por destinatario un órgano comunitario en concreto.

(c) son utilizados para establecer políticas armonizadoras en el seno de esta rama del ordenamiento jurídico.

(d) se limitan a la regulación de la libre circulación de los trabajadores asalariados y de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia y ajena.

(a) la aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos.

(b) los tributos no pueden servir como instrumentos de la política económica general, sólo para obtener ingresos.

(c) los actos de aplicación de los tributos tienen carácter discrecional.

(d) la potestad originaria para establecer tributos no corresponde exclusivamente al Estado.

(a) de al menos dos grupos parlamentarios del Congreso y con la aprobación de la mayoría
absoluta del mismo.

(b) de una cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

(c) de una décima parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta
del mismo.

(d) de una quinta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

(a) Le corresponde impartir instrucciones entre los demás miembros del Gobierno.

(b) Su existencia es necesaria para conformar el Gobierno.

(c) Puede delegar el ejercicio de competencias propias en los Ministros.

(d) Si asume la titularidad de un departamento ministerial ostentará, además, la condición de ministro.

(a) el límite de cuota tributaria defraudada a partir del cual se da lugar a delito no está fijado en el Código Penal de modo invariable para todos los ciudadanos, sino que depende de los ingresos del obligado tributario infractor.

(b) sólo son delito las defraudaciones a la Hacienda estatal o a la autonómica; la defraudación de tributos forales o locales es siempre infracción administrativa.

(c) el autor del delito no puede proceder a la regularización tributaria (que le eximiría de pena) si
la Fiscalía ya ha interpuesto denuncia o querella contra él.

(d) la defraudación tributaria a la Hacienda de la Unión Europea no es delictiva en España.

(a) al Consejo Balear de la Función Pública.

(b) al Consejo de Gobierno.

(c) al consejero competente en materia de Función Pública.

(d) a la Comisión de Personal de la Comunidad Autónoma de las llles Balears.

(a) La adopción del acuerdo sobre el cese corresponde al Consejo, como órgano colegiado de la Sindicatura

(b) Con carácter previo a la adopción del acuerdo sobre el cese, es preceptiva la audiencia de la
persona interesada.

(c) Con carácter previo a la adopción del acuerdo sobre el cese, es preceptivo el informe del Consejo de la Sindicatura.

(d) La adopción del acuerdo sobre el cese corresponde al Parlamento.

(a) puede plantear al Pleno la cuestión de confianza sobre su programa en conjunto, sobre una declaración de política general o sobre la aprobación de cualquier asunto o actuación de relevancia política.

(b) es elegido por el Pleno entre sus miembros, por mayoría absoluta en primera votación y por
mayoría simple en segunda.

(c) dirige el Gobierno y la Administración insulares y designa y separa libremente al resto de miembros del Consejo Ejecutivo.

(d) aprueba el reglamento orgánico del Consejo Insular, que incluirá los criterios mínimos de estructuración de la Administración ejecutiva insular.

(a) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 a 600.000 euros.

(b) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 50 a 40.000 euros.

(c) Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros.

(d) En ningún caso podrá imponerse una sanción más grave que la fijada en la Ley para la clase de infracción en la que se integre la que se pretenda sancionar.

(a) tiene el monopolio de la iniciativa legislativa en la Unión Europea.

(b) nombra los miembros del Consejo Europeo.

(c) está formado por 28 personas que han de actuar de forma independiente.

(d) representa el elemento intergubernamental de la integración europea.

(a) la varianza.

(b) la mediana.

(c) la moda.

(d) la desviación típica.

(a) la comunicación por vía electrónica entre los interesados y las Administraciones se configura como un derecho y, en algunos casos, como una obligación.

(b) cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, sin bien el expediente administrativo tendrá necesariamente un formato papel.

(c) la comunicación por vía electrónica entre los interesados y las Administraciones se configura
como una obligación.

(d) los registros mercantiles, de la propiedad y de los protocolos notariales no serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos, en virtud de los principios de seguridad jurídica y eficacia.

(a) la Renta Nacional Neta.

(b) el Producto Interior Bruto.

(c) el Producto Nacional Bruto.

(d) el Producto Nacional Bruto a coste de los factores de producción.

(a) del Congreso y, posteriormente, fuese ratificado por esa misma mayoría por el Senado.

(b) del Congreso y, posteriormente, fuese ratificado por mayoría de dos tercios en el Senado.

(c) de la Comisión Mixta Congreso-Senado.

(d) de las Cortes Generales, reunidas en sesión conjunta.

(a) En nuestro ordenamiento jurídico pueden distinguirse varios subsistemas normativos: el subsistema normativo estatal y los subsistemas normativos locales.

(b) En nuestro ordenamiento se establece que el Derecho autonómico debe considerarse supletorio respecto del Derecho estatal.

(c) El principio de prevalencia del Derecho estatal implica que, en caso de conflicto, las normas
dictadas por el Estado prevalecerán siempre sobre las normas de las Comunidades Autónomas.

(d) El principio de competencia se constituye como la regla fundamental a la hora de resolver los conflictos que se pueden producir como consecuencia de la aprobación de normas contradictorias por las Comunidades Autónomas y el Estado.

(a) Los procedimientos de naturaleza sancionadora establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora.

(b) No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.

(c) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente.

(d) El pago voluntario de la sanción por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a
la resolución, implicará la terminación del procedimiento, pudiéndose aplicar en este caso una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta.

(a) sus miembros son elegidos a través de un sistema electoral uniforme en los 28 Estados miembros de la Unión.

(b) tiene un mandato de 4 años.

(c) comparte el poder legislativo con el Consejo a través del procedimiento legislativo ordinario.

(d) está formado por 500 diputados.

(a) serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con la Constitución.

(b) serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con las leyes de normalización.

(c) podrán ser objeto de especial respeto y protección.

(d) serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos.

(a) Denominar el tributo de nueva creación y remitir su regulación a una norma posterior.

(b) Determinar el régimen jurídico del tributo, es decir, los elementos esenciales del mismo.

(c) Determinar completamente el régimen jurídico del tributo, sin dejar margen al reglamento.

(d) Depende de si se trata de un tributo estatal, autonómico o local.

(a) Dicha convocatoria es ilegal, pues la libre circulación de trabajadores se proyecta sobre cualquier tipo de trabajo por cuenta ajena.

(b) Ello es compatible con la libre circulación de trabajadores prevista en el Derecho de la Unión Europea, pues se trata de trabajos que implican el ejercicio de poder público.

(c) La seguridad interna no es competencia de la Unión Europea y, por tanto, lo dispuesto en los
tratados en materia de discriminación por razón de nacionalidad no es aplicable al supuesto planteado.

(d) El artículo 18 del TFUE prohíbe cualquier discriminación por razón de nacionalidad y, por ello,
la convocatoria es ilegal.

(a) corresponde al Parlamento de las llles Balears la potestad legislativa, en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado por la Constitución.

(b) se reserva al Gobierno de las llles Balears, como garante del equilibrio interinsular, el ejercicio de la función ejecutiva.

(c) el derecho propio de las llles Balears es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier
otro, en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía.

(d) los Consejos Insulares ejercen la potestad reglamentaria en las competencias que les son propias.

(a) Como regla general, la interposición de cualquier recurso produce automáticamente la
suspensión de la ejecución del acto administrativo.

(b) La Administración, como medio de ejecución forzosa de un acto administrativo, puede optar por imponer multas coercitivas, siempre tras obtener la correspondiente autorización judicial.

(c) La Administración, como medio de ejecución forzosa de un acto administrativo, puede optar por el apremio sobre el patrimonio, siempre tras obtener la correspondiente autorización judicial.

(d) Para acordar la suspensión de la ejecución de un acto administrativo solicitada por el interesado en un recurso administrativo, la Administración deberá ponderar el efecto que ésta
causaría al interés público o a terceros y el perjuicio que se causa al recurrente si se mantiene la eficacia del acto.

(a) Los contratos mixtos son aquellos contratos en los que el adjudicatario es una Unión Temporal de Empresas.

(b) La normativa sobre contratación pública permite en todo caso la celebración de contratos mixtos.

(c) La normativa sobre contratación pública prohíbe la celebración de contratos mixtos.

(d) La normativa sobre contratación pública permite la celebración de contratos mixtos siempre que las prestaciones que se incluyan en el contrato se encuentren directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de complementariedad.

(a) pueden consistir en prestaciones personales.

(b) van destinados al ahorro.

(c) no están afectados a la realización de ningún gasto en concreto, salvo que una ley determine lo contrario.

(d) siempre están afectados a la realización de gastos concretos y determinados.

(a) cartas que recogen el conjunto de derechos de un determinado grupo de usuarios y usuarias en relación con una política concreta y con su despliegue mediante prestaciones o servicios.

(b) cartas certificadas o evaluadas por un órgano externo acreditado al efecto.

(c) cartas de mínimos de calidad que elaboran los servicios que se encuentran comprendidos en redes, centros, oficinas o unidades existentes.

(d) cartas que establecen los mínimos de calidad a los que se ajustará un servicio determinado, que pueden surgir de iniciativas previas de otras cartas o individualmente sino forman parte de una red.

(a) cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.

(b) siempre que el Rey lo estime oportuno.

(c) cuando se vea afectado el funcionamiento regular de las instituciones.

(d) cuando se deba resolver alguna duda de hecho o de derecho en relación a la institución de la Corona.

(a) los dos tercios de los miembros de la Cámara.

(b) las dos quintas partes de los miembros de la Cámara.

(c) una quinta parte de los miembros de las Cámara.

(d) las tres quintas partes de los miembros de la Cámara.

(a) Igual que la hora ordinaria de trabajo.

(b) Con un incremento del 50 por 100 del valor de la hora ordinaria.

(c) Con un incremento del 25 por 100 del valor de la hora ordinaria.

(d) Con un incremento del 100 por 100 del valor de la hora ordinaria.

(a) Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y
entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo, entre otros, con el principio de cooperación, cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común.

(b) Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo, entre otros, con el principio de solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución.

(c) Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo, entre otros, con el principio de lealtad institucional.

(d) Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo, entre otros, con el principio de coordinación, entendido este como el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes.

(a) formular planes a largo plazo para toda la organización.

(b) formular estrategias prospectivas para lograr los objetivos de la organización.

(c) formular estrategias a largo plazo para lograr los objetivos de la organización con éxito.

(d) formular planes a corto plazo para poner de relieve lo que las diferentes partes de la organización han de hacer para tener éxito.

(a) siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo. En caso contrario, se hará fuera de la jornada de trabajo sin descuento en la misma del tiempo invertido en el curso.

(b) siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas, pero con el correspondiente descuento de jornada de trabajo por el tiempo invertido en el curso.

(c) siempre fuera de la jornada de trabajo.

(d) siempre dentro de la jornada de trabajo.

(a) debe interponerse ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.

(b) se puede interponer frente a actos firmes en vía administrativa cuando concurran determinadas circunstancias, entre las que se encuentra que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme.

(c) puede interponerse mientras dure el plazo para la interposición del recurso de alzada o, en su caso, del recurso potestativo de reposición.

(d) es uno de los mecanismos a disposición de las Administraciones Públicas a través del cual pueden proceder de oficio a la anulación de actos administrativos incursos en vicio de anulabilidad que sean favorables.

(a) procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

(b) procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido una resolución en vía administrativa desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, y con independencia de si se hubiera o no alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

(c) procederá su indemnización, de forma automática al declararse la inconstitucionalidad de la ley.

(d) nunca procederá su indemnización.

(a) crear una ciudadanía europea.

(b) crear una moneda única.

(c) evitar otro conflicto armado en Europa.

(d) promover el desarrollo económico de los Estados miembros.

(a) deberíamos calcular 30 días hábiles, quitando los sábados, domingos y festivos.

(b) tendríamos de plazo para presentar el recurso de alzada hasta el día 15 de febrero de 2018, salvo que ese día fuera inhábil en cuyo caso el plazo finalizaría el siguiente día hábil.

(c) tendríamos de plazo para presentar el recurso de alzada hasta el día 16 de febrero de 2018, salvo que ese día fuera inhábil en cuyo caso el plazo finalizaría el siguiente día hábil.

(d) deberíamos calcular 30 días hábiles, quitando domingos y festivos.

(a) El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

(b) Las infracciones graves prescriben a los dos años.

(c) Las infracciones leves prescriben al año.

(d) Las infracciones muy graves prescriben a los cuatro años.

(a) Violencia bidireccional.

(b) Violencia de género.

(c) Acoso sexual por razón de sexo.

(d) Discriminación por razón de sexo.

(a) es el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados.

(b) está formado exclusivamente por representantes de la Administración.

(c) tiene la composición que se fije en el convenio colectivo correspondiente.

(d) está formado exclusivamente por los funcionarios miembros de la Junta de Personal correspondiente y por los representantes del personal laboral miembros del comité de empresa.

(a) Únicamente se presumen válidos los actos administrativos dictados por la Administración General del Estado.

(b) los actos administrativos producen efectos desde que se dictan, si bien la eficacia del acto quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.

(c) Se dice que un acto administrativo es eficaz cuando es conforme con el ordenamiento jurídico.

(d) los vicios en que pueden incurrir los actos administrativos son: anulabilidad y vicios de forma
no invalidantes.

(a) es una norma con rango de ley dictada por el Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad que debe ser inmediatamente sometida a debate y votación en el Congreso de los Diputados para su convalidación o derogación.

(b) es una norma con rango de ley dictada por el Gobierno previa delegación legislativa por parte de las Cortes Generales.

(c) es una norma con rango reglamentario dictada por el Gobierno que desarrolla o complementa una ley.

(d) es una norma con rango reglamentario dictada por el Gobierno que desarrolla un ámbito carente de regulación por parte de una norma con rango de ley.

(a) de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

(b) de neutralidad y transparencia en la gestión.

(c) de eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión.

(d) de imparcialidad, profesionalidad, diligencia, buena fe y responsabilidad.

(a) no puede implicar un cambio de municipio de residencia de la persona funcionaria afectada.

(b) ha de respetar las retribuciones, las condiciones esenciales de trabajo y la isla de residencia del personal afectado.

(c) puede suponer un cambio de municipio de residencia de la persona funcionaria afectada, sin generar indemnización alguna.

(d) no necesariamente ha de respetar las retribuciones, las condiciones esenciales de trabajo y la
isla de residencia del personal afectado.

(a) los de justicia y de capacidad económica.

(b) sólo el principio de especialidad.

(c) los de unidad, universalidad, no afectación, especialidad y anualidad.

(d) los de generalidad, progresividad y no confiscatoriedad.

(a) 30 días laborales de vacaciones.

(b) 3 pagas extraordinarias.

(c) una reducción de jornada por tener 55 años o la edad que fije la normativa específica en cada caso.

(d) disponer de hasta un máximo de 7 días de permiso al año por asuntos propios sin necesidad de
justificación, cuya concesión está subordinada a las necesidades del servicio.

(a) se tienen que publicar siempre en el DOUE.

(b) son actos típicos obligatorios.

(c) son actos típicos no obligatorios.

(d) sólo vinculan a su destinatario.

(a) proporcionalidad y progresividad

(b) capacidad económica, generalidad, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad.

(c) legalidad, jerarquía y seguridad jurídica.

(d) igualdad formal y material.

(a) por la Asociación para la Cultura de Mallorca.

(b) por la Diputación de Mallorca.

(c) por la Asamblea de Ayuntamientos y Entidades convocada por el Presidente de la Diputación Provincial.

(d) por el Gran y General Consejo

(a) Están incluidos dentro del ámbito de protección de la normativa en materia de protección de
datos de carácter personal únicamente los datos de carácter personal relativos a nombre, apellidos, domicilio, fecha de nacimiento, lugar de trabajo, número de teléfono, correo electrónico.

(b) Están incluidos dentro del ámbito de protección de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal únicamente los datos de carácter personal relativos a ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual.

(c) Están incluidos dentro del ámbito de protección de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal únicamente los datos de carácter personal obtenidos sin el consentimiento del interesado.

(d) Están incluidos dentro del ámbito de protección de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal únicamente los datos de carácter personal que estén registrados en soporte físico.

(a) implica que las Administraciones Públicas deben actuar, en todo momento, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

(b) implica el derecho de los particulares a mantener la integridad del valor económico de su
patrimonio frente a las privaciones singulares de que puedan ser objeto frente de los poderes públicos.

(c) implica que las Administraciones Públicas deben actuar, con carácter general, de conformidad
con el ordenamiento jurídico, con la excepción de la posibilidad de incumplir sus propias normas reglamentarias.

(d) implica que cualquier actuación de las Administraciones Públicas es revisable por la jurisdicción contencioso-administrativa, a excepción de las normas reglamentarias.

(a) no denunciar a la persona que sabemos que ha cometido un delito es constitutivo de encubrimiento.

(b) la prevaricación judicial solo se sanciona como delito si se comete en un proceso por delito; en los demás casos es infracción disciplinaria.

(c) el quebrantamiento de condena solo incluye la evasión por un condenado de la prisión donde esté cumpliendo pena privativa de libertad. Los demás incumplimientos de pena (p. ej., quebrantar una pena de alejamiento) no se contemplan en este delito.

(d) para dar lugar a delito de prevaricación no basta que una resolución judicial sea incorrecta a la luz de la ley, sino que ha de constituir una flagrante ilegalidad.

(a) sólo puede ser objeto de recurso ante los jueces y tribunales.

(b) únicamente puede ser objeto de recurso si se trata de un acto administrativo resolutorio.

(c) se caracteriza por ser una decisión bilateral.

(d) puede ser concebido, esencialmente, como una decisión unilateral ejecutoria de la Administración, en la que se concreta el ejercicio de una potestad administrativa.

(a) por el Presidente del Gobierno, bajo su exclusiva responsabilidad.

(b) por las mesas de las Cámaras legislativas.

(c) por acuerdo del Gobierno y el Congreso de los Diputados.

(d) por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

(a) las entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles públicas, que integran el sector público instrumental empresarial.

(b) los consorcios, que tienen la consideración de entes de naturaleza institucional de base
asociativa con personificación pública.

(c) las fundaciones del sector público, que son organismos de titularidad pública de naturaleza institucional con personificación privada.

(d) los organismos autónomos, que son organismos públicos de naturaleza institucional con personificación pública.

(a) De seis meses, pudiendo ser contratada de nuevo como eventual al día siguiente de finalizar su primer contrato.

(b) De nueve meses dentro de un periodo de dieciocho meses contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas.

(c) De seis meses dentro de un periodo de doce meses contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas.

(d) De nueve meses, pudiendo ser contratada de nuevo como eventual al día siguiente de finalizar su primer contrato.

(a) que no pueda acreditar el nivel mínimo exigido de lengua catalana queda exonerado de tal conocimiento.

(b) que obtenga destino en un puesto de trabajo de la Administración autonómica se rige por la legislación en materia de Función Pública de la Comunidad Autónoma de las llles Balears.

(c) mantiene las condiciones de trabajo de origen.

(d) puede participar en todos los procedimientos de provisión de puestos de trabajo de la Administración autonómica.

(a) Según lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las Administraciones Públicas se ajustarán, entre otros, a los principios de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.

(b) Según lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, los bienes y derechos afectados a fines o servicios de los departamentos ministeriales serán desafectados por el Ministro de Hacienda.

(c) Según lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la afectación determina la vinculación de los bienes y derechos a un uso general o a un servicio público, y su consiguiente integración en el dominio público.

(d) Según lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la mutación demanial es el acto en virtud del cual se efectúa la desafectación de un bien o derecho del Patrimonio del Estado, que pierde la condición de demanial, adquiriendo la de patrimonial.

(a) podrá ser reelegido Presidente hasta que finalice su mandato como magistrado.

(b) podrá ser reelegido Presidente, pero por período interpuesto; en cuyo caso se exige una mayoría de dos tercios de los miembros del Pleno.

(c) podrá ser reelegido Presidente por una sola vez.

(d) no podrá ser reelegido.

(a) El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de resolver las dudas que ofrezca el cumplimiento de los contratos administrativos.

(b) El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos.

(c) El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de modificar los contratos administrativos, aun cuando no sea por razones de interés público.

(d) El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de acordar la resolución de los contratos administrativos.

(a) Un documento que tiene que ser elaborado obligatoriamente por el responsable del fichero o del tratamiento en el que se recogen las medidas necesarias para garantizar que exista siempre una copia de seguridad de los datos de carácter personal, evitando así la pérdida o cancelación de los mismos.

(b) Un documento que tiene que ser elaborado obligatoriamente por el responsable del fichero o del tratamiento en el que se recogen las medidas de índole técnica y organizativa acordes a la normativa de seguridad vigente, de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los sistemas de información.

(c) Un documento que tiene que ser elaborado obligatoriamente por el responsable del fichero o del tratamiento únicamente cuando los datos de carácter personal objeto de tratamiento sean relativos a salud pasada, presente y futura, física o mental.

(d) Un documento que tiene que ser elaborado por el responsable del fichero o del tratamiento únicamente cuando los datos de carácter personal objeto de tratamiento sean relativos a ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual.

(a) emitir dictamen preceptivo y no vinculante en relación con los proyectos de decreto del Gobierno de las llles Balears y los proyectos de orden de los consejeros del Gobierno que regulen materias socioeconómicas, laborales y de empleo.

(b) emitir un informe anual, con carácter previo a la aprobación del anteproyecto de presupuestos generales, en el que se incluirán propuestas y recomendaciones en relación con su contenido.

(c) elaborar y remitir anualmente al Gobierno, dentro del primer semestre de cada año, una memoria en la que podrá exponer las sugerencias y observaciones que considere oportunas en relación con la situación socieconómica y laboral de las llles Balears.

(d) emitir dictamen preceptivo y no vinculante en relación con los anteproyectos de ley, salvo el de presupuestos generales, que regulen de forma directa y estructural materias socioeconómicas, laborales y de empleo.

(a) de sus sesiones se extenderá un acta en la que constarán, como mínimo, las circunstancias relativas al tiempo, al lugar y a los asistentes, los puntos principales de las deliberaciones y las decisiones y los acuerdos adoptados.

(b) será su secretario el consejero o alto cargo que se determine por decreto de la Presidencia.

(c) sus acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes y el Presidente dirimirá con su voto los posibles empates.

(d) se constituye válidamente con la asistencia del Presidente, o la persona que lo sustituya, y la mayoría de los consejeros.

(a) tienen siempre un contenido individualizado.

(b) se clasifican en atención a los criterios de titulación, especialización, responsabilidad, competencia y estructura jerárquica subordinada.

(c) no pueden ser objeto de supresión.

(d) se clasifican en cincuenta niveles, que determinan las retribuciones correspondientes al complemento de destino.

(a) es correcta, dado que esta facultad forma parte de las funciones que le corresponden en materia de asesoramiento jurídico y de apoyo técnico.

(b) es correcta, siempre y cuando mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno haya sido designado el órgano responsable del procedimiento.

(c) no es correcta, la elaboración de disposiciones administrativas es iniciada por el Consejero
competente, el cual debe designar el órgano responsable del procedimiento.

(d) es correcta, dado que esta facultad forma parte de las funciones de impulsar los proyectos de disposiciones generales tramitadas por la consejería.

(a) En la presentación de recursos administrativos, así como para los actos y gestiones de mero trámite, se presumirá la representación, no siendo necesario su acreditación.

(b) Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.

(c) La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

(d) Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.

(a) celebrará un contrato de concesión de obras públicas.

(b) celebrará un contrato mixto.

(c) celebrará un contrato de servicios.

(d) celebrará un contrato de suministro.

(a) acreditar la representación mediante cualquiera de los medios admitidos en derecho.

(b) la representación se presume siempre concedida en este caso.

(c) acreditar la representación mediante cualquier medio admitido en derecho, siempre que deje constancia fidedigna o mediante declaración por comparecencia personal del interesado ante el órgano administrativo.

(d) aportar dos testigos que acrediten la representación.

(a) las tasas pertenecen a la categoría de las exacciones parafiscales.

(b) las tasas son tributos exigidos sin contraprestación.

(c) las tasas no son tributos.

(d) las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.

(a) Instituto Balear de la Mujer, Administración local y Consejos Insulares.

(b) Consejos Insulares, Administración local, Consejería de Educación, Cultura y Universidades, Consejería de Salud y EBAP.

(c) No se prevé ninguna institución o entidad responsable de supervisar las mentadas actuaciones.

(d) Consejos Insulares.

(a) desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.

(b) en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos para las Administraciones Públicas.

(c} en virtud de nombramiento y con carácter no permanente sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

(d) por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia es nombrado como tal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera.

(a) dentro de los veinte días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de ambas Cámaras.

(b) dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

(c) dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de ambas Cámaras.

(d) dentro de los veinte días siguientes a su aprobación, una décima parte de los parlamentarios.

(a) están permitidas por los Tratados.

(b) implican la aplicación de impuestos de naturaleza discriminatoria por origen de la mercancía y, por tanto, están prohibidas.

(c) implican el cobro en la frontera de una cantidad pecuniaria.

(d) son medidas nacionales que prohíben o limitan cuantitativamente la entrada de productos.

(a) sólo se entenderán incluidos los créditos para satisfacer el pago de los intereses de la Deuda Pública.

(b) los créditos correspondientes a la Deuda Pública no deben figurar en los Presupuestos porque son gastos vinculados a un contrato.

(c) sólo se entenderán incluidos los créditos para satisfacer la devolución del capital de la Deuda Pública.

(d) los créditos presupuestarios para satisfacer el pago de los intereses y del capital de la Deuda
Pública se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los Presupuestos.

(a) por faltas graves prescriben a los tres años.

(b) por faltas muy graves prescriben a los cinco años.

(c) por faltas leves prescriben a los dos años.

(d) se anotarán en los expedientes personales respectivos con indicación de las faltas que las motivaron.

(a) afecta a la carrera profesional vertical del trabajador.

(b) resulta aplicable exclusivamente al personal funcionario.

(c) consiste en un procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados.

(d) resulta aplicable exclusivamente al personal laboral.

(a) salvo lo previsto en sus apartados 3 y 4.

(b) salvo lo previsto en su apartado 3.

(c) salvo lo previsto en sus apartados 2 y 3.

(d) en toda su extensión.

(a) el Tribunal Superior de Justicia de las llles Balears.

(b) la Sala Penal del Tribunal Supremo.

(c) la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de las llles Balears.

(d) la Sala Penal del Tribunal Supremo, pero sólo en los casos en que los actos delictivos sean cometidos en ejercicio de su cargo.

(a) Puede reducir su jornada hasta un máximo de la mitad de la misma.

(b) Puede reducir su jornada entre un octavo y la mitad de la misma.

(c) Ya no puede solicitar la reducción de la jornada por tal circunstancia, pues su hijo es mayor de ocho años.

(d) Puede reducir su jornada entre un cuarto y la mitad de la misma.

(a) los consejeros, mediante orden, desarrollan la estructura orgánica básica de cada consejería.

(b) la estructura orgánica básica de cada consejería se aprueba por decreto del Presidente del Gobierno de las llles Balears.

(c) las consejerías, para el ejercicio de sus funciones, se estructuran en órganos superiores y
órganos directivos.

(d) los titulares de los órganos directivos de las consejerías son nombrados por el Gobierno de las llles Balears atendiendo a criterios de competencia profesional y de experiencia.

(a) Como no se llega a diez funcionarios no debe haber órgano de representación.

(b) Mediante una junta de personal.

(c) Con dos delegados de personal.

(d) A través de un delegado de personal.

(a) La presentación de un recurso por incumplimiento.

(b) La presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(c) La presentación de un recurso de anulación.

(d) La presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal Supremo.

(a) Los actos que incurren en desviación de poder son nulos de pleno derecho.

(b) Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido son nulos de pleno derecho.

(c) Los actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional son
nulos de pleno derecho.

(d) Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio son nulos de pleno derecho.

(a) Entre los contenidos básicos del Derecho Administrativo podemos encontrar, entre otros, un
extensísimo número de regulaciones sectoriales, esto es, de conjuntos normativos muy amplios que disciplinan la acción que las Administraciones llevan a cabo en todos los sectores de la vida social y económica (por ejemplo, en materia de urbanismo, energía, o industria).

(b) El Derecho Administrativo incluye, entre otros contenidos, la regulación general de la creación, funcionamiento y extinción de las sociedades de capital.

(c) El Derecho Administrativo nace y se configura como un derecho especial, diferente del que regula las relaciones entre los particulares y con el que se intenta dotar a la Administración de los poderes necesarios para su adecuado funcionamiento, imponiéndole asimismo limitaciones al uso de dichos poderes.

(d) Entre los contenidos básicos del Derecho Administrativo podemos encontrar, entre otros, una serie de regulaciones generales y transversales, entre las que se encuentran la regulación del procedimiento administrativo, y el derecho de la organización de las Administraciones Públicas.

(a) no es a admisible.

(b) cabe únicamente mediante la impugnación directa de la disposición de carácter general, en el plazo de dos meses desde su publicación.

(c) cabe tanto mediante la impugnación directa de la disposición de carácter general, como a
través de su impugnación indirecta.

(d) cabe únicamente mediante la impugnación indirecta, es decir, mediante la impugnación de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.

(a) La Ley 39/2015 es de aplicación al sector público, que a estos efectos está conformado únicamente por la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, y las Entidades que integran la Administración Local.

(b) La Ley 39/2015 regula y es de aplicación directa a las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y aduanera, así como su revisión en vía administrativa.

(c) La Ley 39/2015 regula y es de aplicación directa a las actuaciones y procedimientos de gestión,
inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y desempleo.

(d) La Ley 39/2015 tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos
administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

(a) En el mismo momento en que supera el proceso selectivo de acceso al empleo público.

(b) Justo después del nombramiento y su publicación.

(c) Tras el juramento o promesa de cumplir la Constitución, el Estatuto de Autonomía de las llles Balears y el ordenamiento vigente en el ejercicio de la Función Pública.

(d) Después del nombramiento y su publicación por parte del órgano competente; del juramento o promesa de cumplir la Constitución, el Estatuto de Autonomía de las llles Balears y el ordenamiento vigente en el ejercicio de la Función Pública; y de la toma de posesión en el plazo establecido.

(a) un recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes desde que la sentencia sea firme.

(b) un recurso de alzada, en el plazo de un mes desde que la sentencia sea firme.

(c) un recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis meses desde que la sentencia sea firme.

(d) un recurso extraordinario de revisión, en el plazo de tres meses desde que la sentencia sea
firme.

(a) Todas las personas que tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas tienen derecho a ser asistidas en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

(b) Todas las personas que tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de cualquier procedimiento del que tengan conocimiento.

(c) Todas las personas que tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas tienen derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en cualquier procedimiento de que tengan conocimiento.

(d) Todas las personas que tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas tienen derecho a formular alegaciones en cualquier procedimiento de que tengan conocimiento.

(a) Entre las técnicas de la acción de policía se encuentran, entre otras, la inspección, la
identificación de personas y productos, la orden, y el requerimiento.

(b) Los medios de la policía pueden consistir en un control durante el ejercicio de la actividad (por ejemplo, la inspección de las instalaciones industriales); o en un control a posteriori de la conducta a vigilar por la Administración Pública (por ejemplo, los controles de calidad de un determinado producto), pero nunca pueden consistir en un control previo de la actividad.

(c) La policía, como cualquier otra manifestación del ejercicio de potestades administrativas, está sometida a los principios generales que informan toda la actividad administrativa, incluyendo los principios de legalidad, igualdad y proporcionalidad.

(d) La policía puede ser definida como la actividad de ordenación y control de la actividad privada, para velar por el respeto a los derechos y libertades públicas fundamentales, y el cumplimiento de la legalidad vigente.

(a) No, los actos favorables nunca pueden ser revisados por la Administración.

(b) Sí, pero sólo en el caso de que se trata de un acto incurso en causa de nulidad de pleno Derecho, a través de la revisión de actos nulos.

(c) Si las obras han sido ya ejecutadas, no cabe ninguna posibilidad de revisión.

(d) Sí. En caso de que se trate de una causa de nulidad podrá acudir a la revisión de oficio de actos nulos, y si se trata de una causa de anulabilidad podrá acudir a la declaración de lesividad, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos para ello.

(a) las mociones alternativas deberán ser sometidas a votación en todo caso.

(b) podrá acordarse el debate conjunto de todas las incluidas en el orden del día, pero deberán ser sometidas a votación por separado, siguiendo el orden de presentación.

(c) podrá acordarse el debate y la votación conjunta de todas las incluidas en el orden del día.

(d) sólo serán sometidas a votación las mociones alternativas que sean propuestas, como mínimo, por un veinte por cien de los diputados.

(a) la renuncia de la persona interesada.

(b) la jubilación parcial.

(c) la pérdida de la nacionalidad que permitió el acceso a la ocupación pública, aunque simultáneamente se adquiera otra de las requeridas.

(d) la remoción.

(a) para asegurar el ejercicio del derecho de voto, que es personal e indelegable, de los diputados
que no asistan a las sesiones en el Pleno, se han de habilitar sistemas telemáticos.

(b) se podrán habilitar sistemas para garantizar el ejercicio del derecho de voto en el Pleno de los diputados que no puedan asistir a las sesiones como consecuencia de encontrarse de permiso parental.

(c) se podrán habilitar sistemas para garantizar el ejercicio del derecho de voto en el Pleno de los
diputados que no puedan asistir a las reuniones como consecuencia de una larga enfermedad.

(d) el voto es personal e indelegable.

(a) al Parlamento de las llles Balears.

(b) a la Intervención General.

(c) al Gobierno de la Comunidad Autónoma.

(d) al Consejero de Hacienda.

(a) directamente al empresario desde el cuarto día hasta vigésimo primero.

(b) a la Seguridad Social desde el cuarto día.

(c) a la Seguridad Social desde el primer día.

(d) directamente al empresario entre los días cuarto y decimoquinto.

(a) Los topónimos de las llles Balears tienen como única forma oficial la catalana.

(b) en las pruebas selectivas para el acceso a las plazas de la Administración en el ámbito territorial de las llles Balears, debe tenerse en cuenta el nivel de conocimiento de las dos lenguas
oficiales, cuya ponderación determinará la Administración para cada nivel profesional.

(c) las leyes aprobadas por el Parlamento de las llles Balears deben publicarse en catalán y en castellano en el Butlletí Oficial de les llles Balears y, en caso de interpretación dudosa, el texto catalán será el auténtico.

(d) los documentos públicos otorgados en las llles Balears deben redactarse en la lengua oficial escogida por el otorgante o, si hay más de un otorgante, en el idioma que estos acuerden.

(a) pueden tener un plazo de vigencia de ocho años, incluida su prórroga.

(b) no admiten prórrogas.

(c) en ningún caso deben incluir las obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes.

(d) podrán tener una duración indeterminada.

(a) el establecimiento de los tributos sólo puede realizarse mediante una norma de rango legal.

(b) el establecimiento de los tributos puede realizarse por medio de una ley o por un reglamento que la desarrolle.

(c) los Decretos legislativos y los Decretos-Leyes no pueden regular ninguna materia tributaria.

(d) los reglamentos tributarios pueden prever excepciones a la aplicación de las leyes tributarias.

(a) sirve para financiar proyectos de desarrollo regional y urbano.

(b) sirve para financiar proyectos de desarrollo agrícola.

(c) sirve para financiar proyectos de desarrollo marítimo.

(d) sirve para financiar proyectos de inclusión social.

(a) la interpone un juez nacional y puede ser de interpretación o de validez.

(b) la interpone un juez nacional siempre que un particular lo solicite.

(c) la interpone un Estado contra decisiones adoptadas por un juez nacional.

(d) es un recurso contencioso que tienen a su disposición los particulares.

(a) si es para desarrollar trabajos propios de una categoría profesional inferior, no se requiere alegar causa alguna por cuanto el trabajador mantiene su retribución de origen y percibe, además, un incremento del 10% en sus retribuciones totales.

(b) si es para realizar trabajos de categoría superior, superados los 6 meses durante 1año o los 8 meses durante 2 años, si el trabajo desarrollado no lo fuera con carácter de sustitución y existiera un puesto de trabajo vacante, se tendrá que abrir una convocatoria para su provisión mediante los procedimientos establecidos en dicho convenio colectivo.

(c) si es para real.izar trabajos de categoría superior, superados los 6 meses durante 1año o los 8 meses durante 2 años, la persona que haya sido objeto de dicha movilidad obtendrá el ascenso.

(d) si es para desarrollar trabajos propios de una categoría inferior no hay límite temporal alguno.

(a) Las Administraciones institucionales no tienen personalidad jurídica propia.

(b) Con carácter general, en el supuesto de extinción del ente institucional, su aparato organizativo y patrimonial retorna al seno de la Administración matriz, que le sucede en todos sus derechos y obligaciones.

(c) La Administración institucional integra las entidades de naturaleza fundacional creadas por otra Administración Pública para el desempeño de funciones que son competencia de la Administración matriz, o de actividades privadas para las que dichas Administraciones tienen reconocida plena capacidad jurídica.

(d) A excepción del caso de las Administraciones institucionales independientes, la relación entre la Administración matriz y el ente institucional es de dependencia o instrumentalidad, conservando la Administración matriz la responsabilidad política, jurídica y organizativa sobre los resultados de la actividad desarrollada por el ente institucional.

(a) en los procedimientos iniciados de oficio, desde el momento en que se recibiera la denuncia que diera lugar al inicio del procedimiento.

(b) en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.

(c) en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha de firma de la solicitud de inicio del procedimiento.

(d) en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha en que se notifique el acuerdo de iniciación.