¿Cual es el objeto de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?
Regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.
Asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.
La regulación del régimen jurídico aplicable a los contratos administrativos.
Todas son correctas.
¿Cuáles de los siguientes negocios quedan excluidos del ámbito de la presente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?
Los contratos y convenios que se celebren en los ámbitos de la defensa o de la seguridad.
Los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con otros sujetos de derecho internacional.
Los contratos de investigación y desarrollo (salvo excepciones).
Contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre vienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales.
La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral.
Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el bono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general.
Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.
Los contratos que tengan por objeto servicios relacionados con campañas políticas, cuando sean adjudicados por un partido político.
La prestación de servicios sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos.
¿Cuáles son tipos contractuales del sector público?
Contrato de obras.
Contrato de concesión de obras.
Contrato de concesión de servicios.
Contrato de servicios y contratos mixtos.
Contratos de arriendamientos de locales y suelo.
Contratos sanitarios.
Contratos sociales.
¿De acuerdo con que principio las entidades del sector público podrán celebrar contratos derivados de proyectos promovidos por la iniciativa privada, en particular con respecto a los contratos de concesión de obras y concesión de servicios, incluidos en su modalidad de sociedad de economía mixta.
Principio de necesidad.
Principio de idoneidad.
Principio de eficiencia.
Todas son correctas
La duración de los contratos de concesión de obras o de concesión servicios no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de:
Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio.
Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.
Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios.
¿Qué deben recoger los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público?
La identificación de las partes.
La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
Definición del objeto y tipo del contrato, teniendo en cuenta en la definición del objeto las consideraciones sociales, ambientales y de innovación.
Referencia a la legislación aplicable al contrato.
La enumeración de los documentos que integran el contrato.
El precio cierto, o el modo de determinarlo.
La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas.
Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones.
Las condiciones de pago.
Los supuestos en que procede la modificación, en su caso.
Los supuestos en que procede la resolución.
El credito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio, en su caso.
La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al contratista.
La obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación.
¿En función de qué criterios se clasifica a las empresas?
En función de su solvencia.
En función de su experiencia.
En función de su tamaño.
Ninguna de las anteriores es correcta.
¿Cuál es el plazo de vigencia de la clasificación de las empresas?
1 año.
3 años.
5 años.
Indefinida.
