Que su actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes territoriales y otros organismos de Derecho público, o bien cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estos últimos, o bien cuyo órgano de administración, dirección o vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por el Estado, entes territoriales y otros organismos de Derecho público