La seguridad jurídica es un principio garantizado en:
La Ley Orgánica de Garantía de la Seguridad Jurídica.
La Constitución.
La Ley de Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado.
La Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Personal.
Según la CE de 1978, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos:
Al poder del Rey
Al Gobierno de la nación
A la Constitución, y al resto del ordenamiento jurídico
Exclusivamente al Presidente del Gobierno nombrado por el pueblo