En agosto de 1984, el M-19 había hecho una alianza con el Ejército Popular de Liberación (EPL) para llevar a cabo negociaciones con el Gobierno de manera conjunta en el Huila y el Cauca (En los municipios del Hobo y Corinto, respectivamente), lo que concluyó con un acuerdo en el que se estableció un cese al fuego, que posteriormente se rompió.
Entre tanto, en el ámbito de la insurgencia se creó en 1985 de la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG), en la que participaron el EPL, el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento Armado “Quintín Lame” (MAQL), el Movimiento de Integración Revolucionario “Patria Libre” (MIR-PL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por su parte, las FARC se lanzan a la lucha democrática con la creación de la Unión Patriótica, partido conformado por miembros de las FARC, del Partido Comunista, líderes indígenas, estudiantiles y sindicales. Este partido llegó a ganar 23 alcaldías propias y 102 en coalición.

En contraste, en 1985 el M-19 protagoniza con el Ejército Nacional una de las confrontaciones armadas más dramáticas en la historia del país: la toma y retoma del Palacio de Justicia, cuyo trágicos hechos fueron aprovechados, tanto por los sectores radicales de ultra derecha para criticar los procesos de paz con las guerrillas, deslegitimando sus demandas políticas y promoviendo de esta manera la salida militar, como por los grupos guerrilleros, que encontraron en la retoma una expresión de la crudeza de la Fuerzas Armadas.

Estos años de conversaciones, treguas, acuerdos y de procesos de paz adelantados con los diferentes grupos guerrilleros llegaron a su fin hacia la segunda mitad de la década de los ochentas. Esto se detonó por: los incumplimientos a lo pactado entre las partes, la falta de garantías para ejercer la oposición, los ataques a la población civil y el accionar de los grupos paramilitares. Las FARC-EP tuvo una de las cuotas más sangrientas, pues la Unión Patriótica padeció una aniquilación en manos los sectores radicales de ultra derecha, aliados con las élites nacionales y ante la pasividad de la sociedad civil que fue testigo del asesinato de cerca de 4.000 militantes y simpatizantes de este partido político. Esto generó en las FARC una profunda desconfianza hacia el establecimiento, acompañada de una radicalización en el plano militar (García Duran, 2010).

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