La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régim Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, regula el régimen jurídico de:
La Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas
La Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades que componen la Administración Local
La Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades que componen la Administración Local, las entidades de Derecho Público y las de Derecho Privado
La Administración General del Estado y las entitades que integran la Administración Local
Tienen la consideración de Administración Pública:
Sólo la Administración General del Estado y la de las comunidades autònomas
Sólo la Administración General del Estado, la de las comunidades autònomas y las entidades que integran la Administración Local
Además de la Administración General del Estado, la de las comunidades autònomas y las entitades que integran la Administración local también las entitades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las administraciones públicas.
Además de la Administración General del Estado, la de las comunidades autònomas y las entitades que integran la Administración local también las entitades de Derecho Público y Privado con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las administraciones públicas.
Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales de acuerdo con los principios:
de eficacia y jerarquia
de eficacia y jerarquia, descentralización y coordinación
de eficacia y jerarquia, descentralización, desconcentración y coordinación
con sumisión a la ley y a los principios generales del Derecho
¿Cuál de los siguientes NO es un principio de actuación de las Administraciones Públicas?
Eficacia
Desconcentración
Defensa de los intereses de la Administración
Buena fe
Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de:
Eficacia y eficiencia
Cooperación y colaboración
Eficiencia y servicio a los ciudadanos
Ninguno de los anteriores
Cada una de las Administraciones Públicas actúa, para el cumplimiento de sus finalidades:
con personalidad jurídica única
sin personalidad jurídica
con lealtad institucional a la Administración General del Estado
con sometimiento a las disposiciones de la Administración General superior
Señale la respuesta INCORRECTA respecto de las Administraciones Públicas
En sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos
En sus relaciones con los ciudadanos actúan de conformidad con los principios de transparencia y participación
En sus relaciones con los ciudadanos actúan de conformidad con los principios buena fe y confianza legítima
Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y de las correspondientes entidades locales, la actuación de la Administración pública respectiva se desarrolla para conseguir los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico
Señale la respuesta INCORRECTA. Las Administraciones Públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en consecuencia, están obligadas a:
Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones Públicas de sus competencias
Ponderar, en el ejercicio de los competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados
Facilitar a las otras Administraciones Públicas los medios materiales y humanos que necesiten sobre la actividad que lleven a cabo en el ejercicio de sus propias competencias
Prestar, en su propio ámbito, la cooperación y la asistencia activa que las otras Administracines puedan solicitar para el ejercicio efectivo de sus competencias
La asistencia y la cooperación requerida entre Administraciones Públicas sólo se puede negar cuando:
Los entes de los que se solicita no estén facultados para prestarla, no se disponga de medios suficientes o, cuando si lo hace, causa un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tenga encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones
Cuando el presidente de la comunidad autónoma o el alcalde respectivamente, no hayan sido autorizados por sus órganos competentes.
Los entes de los que se solicita puedan prestarla pero causa un molestias a los ciudadanos
Se disponga de medios suficientes pero no sea beneficioso para los intereses de sus administrados
En las relaciones entre la Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas, el contenido del deber de colaboración se llevará a cabo a través de:
Los principios de jerarquia y sometimiento al ordenamiento reglamentario
A través de los instrumentos y procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración General del Estado
A través de los instrumentos y procedimientos establecidos que de manera común y voluntaria establezcan
A través de los instrumentos y procedimientos establecidos que establezca la Administración General del Estado
