a) 106

b) 105

c) 108

d) 107

a) la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

b) Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

c) Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

d) Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

a) la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

b) Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común

c) Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común

d) Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común

a) 2 de octubre de 2016

b) 2 de octubre de 2015

c) 3 de noviembre de 2016

d) 2 de noviembre de 2016

a) 3 de abril de 2020.

b) 2 de abril de 2020.

c) 5 de abril de 2021.

d) 2 de abril de 2021.

a) 139 artículos

b) 133 artículos

c) 143 artículos

d) 123 artículos

a) Sí, a todo el sector público

b) No, solamente a la Administración General del Estado

c) Sí, a las Administraciones Territoriales

d) No, solamente es aplicable a la Administración General del Estado y a las CC.AA

a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las
Administraciones Públicas.

b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán
sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso,
cuando ejerzan potestades administrativas.

c) Las Universidades y los Colegios públicos, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las
previsiones de esta Ley.

d) a y b son ciertas

a) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas

b) Las Entidades que integran la Administración Local

c) Las Entidades de Derecho Privado con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las
Administraciones Públicas

d) Administración General de Estado

a) los requisitos de validez de los actos administrativos

b) el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, no incluyendo el sancionador y el
de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas

c) los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

d) los requisitos de eficacia de los actos administrativos

a) El castellano siempre que no existe lengua cooficial.

b) El idioma que elija cada interesado.

c) El castellano.

d) El castellano o cualquier otra lengua que pueda tener un carácter cooficial en cualquier comunidad autónoma.

a) Se verán obligaos al usar el castellano en sus comunicaciones.

b) Podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.

c) No podrán elegir la lengua del procedimiento.

d) Estarán obligados a usar la lengua cooficial, en caso de existir.

a) Castellano, siempre.

b) Castellano o lengua cooficial, según indique la mayoría de ellos.

c) Castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

d) Ninguna es correcta

a) no será nunca obligatoria.

b) será obligatoria presencialmente, si así lo prevé una norma.

c) ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma
con rango de ley.

d) todas las anteriores son incorrectas.

a) Los titulares de las unidades administrativas.

b) El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los
asuntos.

c) Tanto los señalados en A como en B.

d) No se prevé que la responsabilidad sea directa.

a) Tan solo la Administración General del Estado y cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, además de las Entidades Locales siempre que sean territoriales.

b) la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que
integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público que no estén
vinculados o sean dependientes de las Administraciones Públicas.

c) la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que
integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes de las Administraciones Públicas.

d) Ninguna es correcta.

a) Servicio efectivo a los ciudadanos.

b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.

d) Todas las anteriores son principios que deben respetar las Administraciones Públicas.

a) Proporcionalidad y elegir la medida más restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así
como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias
de trato discriminatorias.

b) Eficacia y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como
justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de
trato discriminatorias.

c) Eificencia y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así
como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias
de trato discriminatorias.

d) Proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público
así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan
diferencias de trato discriminatorias.

a) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, serán titulares de intereses
legítimos colectivos en los términos que los reglamentos reconozcan

b) Los que lo promuevan, sean o no titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución, se
personen o no en el procedimiento, siempre que no haya recaído resolución definitiva

d) Ninguna es correcta

a) Aquellas personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles

b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos cuya actuación esté permitida por el
ordenamiento jurídico-administrativo

c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad
jurídica y los patrimonios independientes o autónomos

d) Todas son correctas

a) Todos

b) Los interesados

c) Aquellos interesados que tengan capacidad de obrar

d) Ninguna es correcta

a) Las personas físicas con personalidad de obrar

b) las personas físicas con personalidad de obrar, únicamente

c) las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos

d) Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus
Estatutos

a) Quienes lo promuevan como titulares de derecho o intereses legítimos únicamente individuales

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que
en el mismo se adopte

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se
personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución provisional

d) b) y c) son correctas

a) En todo caso

b) Para formular solicitudes

c) Cuando no esté prohibido por el ordenamiento jurídico

d) Para los actos y gestiones de mero trámite

a) se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano
administrativo.

b) se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de quince días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo.

c) lo señalado en la a pero podrá ser un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

d) todo lo anterior es incorrecto.

a) apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal

b) apoderamiento efectuado en comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica

c) a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente

d) todo lo anterior es cierto

a) Quienes lo promueven como titulares de derechos colectivos

b) Quienes lo promueven como titulares de derechos individuales

c) Los que, sin haber promovido el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados

d) Aquellos que, teniendo intereses legítimos afectados, se personen en el procedimiento en cualquier momento del
mismo

a) Siempre que se aporte la acreditación dentro del plazo de diez días, este plazo podrá ser ampliado
prudencialmente, hasta cinco días, cuando las circunstancias del caso así lo requieran

b) Siempre que se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano
administrativo

c) La anterior es correcta, además este plazo se podrá ampliar por uno superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran

d) b) y c) son correctas

a) cinco años a contar desde la fecha de inscripción

b) cuatro años a contar desde la fecha de su emisión

c) cinco años a contar desde la fecha de la comparecencia

d) cuatro años a contar desde la fecha de la comparecencia

a) Con el representante

b) Con el interesado que expresamente hayan señalado

c) En defecto de los dos anteriores, con el que figure en primer término

d) Todas son correctas

a) se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento

b) se deberán personar en el procedimiento

c) se les otorgará un plazo de alegaciones no superior a 30 días

d) todas son incorrectas

a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores
incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.

b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores
incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’.

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema, que las Administraciones consideren válido en los términos
y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su
identidad, previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública.

d) Todas son correctas

a) A, B y C sea posible para todo procedimiento.

b) A y B sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los
previstos en la letra C.

c) A y B no sea posible a la misma vez, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra C.

d) Ninguna es correcta.

a) Se encuentren situados en cualquier país europeo, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos, en
territorio español.

b) en territorio español.

c) Se encuentren situados en territorio de la Unión Europea, y en caso de tratarse de categorías especiales de datos, en territorio español.

d) En territorio español o europeo, indistintamente.

a) Formular solicitudes e interponer recursos.

b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.

c) todas las respuestas son correctas.

d) Desistir de acciones y renunciar a derechos.

a) Para entablar un recurso administrativo.

b) Para desistir de una acción administrativa.

c) Para presentar un documento.

d) Para renunciar a derechos en nombre de otra persona.

a) Cinco días.

b) Diez días.

c) Siete días.

d) Veinte días.

a) Los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten.

b) Los interesados no incluidos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten.

c) Los interesados no incluidos en el apartado 3 del artículo 14 que así lo soliciten.

d) Los interesados obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública.

a) Que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios.

b) Que se identifique ante el funcionario.

c) Que preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de
discrepancia o litigio.

d) Todas son correctas.

a) La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mantendrán
actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la
identificación o firma regulada en este artículo.

b) Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes
Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.

c) En este registro o sistema equivalente, al menos, constarán los funcionarios que presten servicios en las oficinas
de asistencia en materia de registros.

d) Todas son correctas.