Según el EBEP, las faltas graves de los funcionarios públicos
Están establecidas en el propio EBEP, que tipifica todas las faltas disciplinarias.
Serán establecidas por Ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma.
Se establecen por las diferentes Administraciones Públicas en uso de su potestad de autoorganización
Se establecen por Real Decreto del Consejo de Ministros, en desarrollo del EBEP.
De acuerdo con el EBEP, las sanciones impuestas por faltas disciplinarias prescribirán:
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves a los 6 meses.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 2 años, las impuestas por faltas graves al año y las impuestas por faltas leves a los 6 meses.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por faltas leves al año.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves al año y las impuestas por faltas leves a los 3 meses.
El artículo 98 del EBEP regula el procedimiento disciplinario, estableciendo que la suspensión provisional como medida cautelar podrá ser:
Como máximo de 6 meses en caso de expediente disciplinario y de 1 año en caso de tramitación de procedimiento judicial si hay prisión provisional.
Como máximo de 6 meses tanto en expediente disciplinario como en caso de tramitación de procedimiento judicial.
Por el tiempo que dure la tramitación del expediente disciplinario o el procedimiento judicial si hay prisión provisional.
No podrá exceder de 6 meses en el expediente disciplinario, y en la tramitación de un procedimiento judicial se extenderá por el tiempo que dure la prisión provisional.
Según el artículo 5 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público a qué personal del que se cita a continuación se le podrá dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades:
Al sanitario.
Al docente.
Al investigador.
A todos los anteriores.
Según el artículo 39.2 del estatuto básico del empleado público, que concierne a los órganos de representación del personal sometido a esta Ley, una unidad electoral que posea 29 funcionarios de plantilla y en activo, ¿cuántos delegados de personal elegirá?
Uno.
Dos.
Tres.
Ninguno, porque ha de contar con 31 o más funcionarios.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, el empleado público que ejercite su derecho de huelga:
No devengará ni percibirá las retribuciones correspondientes al tiempo en que haya permanecido en esa situación sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.
No devengará ni percibirá las retribuciones correspondientes al tiempo en que haya permanecido en esa situación y la deducción de haberes que se efectué tendrá carácter de sanción.
Devengará y percibirá las retribuciones correspondientes cuando la duración de la huelga no supere más de un día.
Ninguna es correcta.
De conformidad con el artículo 46 del Estatuto Básico del Empleado Público, están legitimados para convocar una reunión, además de las Organizaciones Sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales:
Los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 10 por 100 del colectivo convocado.
Los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado.
Las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior a 20 por 100 del colectivo convocado.
Los empleados públicos no están legitimados para convocar una reunión.
De conformidad con el artículo 55 del Estatuto Básico del Empleado Público, las Administraciones públicas seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los siguientes principios:
Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
Discrecionalidad política en la actuación de los órganos de selección.
Adecuación entre las pruebas de selección y la titulación exigida.
Ninguna de las anteriores es correcta.
