La independencia de Centroamérica es un proceso que se origina con la invasion de Napoleon Bonaparte en 1808 lo cual crea un vacío de poder que desde México se transmite a la Capitanía General de Guatemala. La invasión propicia al menos dos procesos: uno por la vía de la guerra que se inicia en España contra la Invasión y que tiene significación para América con las Cortes de Cádiz y otro por la vía insurreccional con el inicio de la guerra por la independencia con el levantamiento de Miguel Hidalgo (1810) en México y que culminó en 1821 con el Plan de Iguala de Iturbide, al cual se adhiere Guatemala y sus provincias.

La invasión

Marx narra así el contexto del Estado español al momento de la invasión:
«Así ocurrió que Napoleón, quien, como todos sus contemporáneos, creía a España un cadáver exámine, se llevó una sorpresa fatal al descubrir que, si el Estado español yacía muerto, la sociedad española estaba llena de vida y rebosaba, en todas sus partes, de fuerza de resistencia. [...] Al no ver nada vivo en la monarquía española, salvo la miserable dinastía que había puesto bajo llave, se sintió completamente seguro de que había confiscado a España. Pero pocos días después de su golpe de mano recibió la noticia de una insurrección en Madrid. Cierto que Murat aplastó el levantamiento, matando a cerca de mil personas; pero cuando se supo esta matanza, estalló una insurrección en Asturias que muy pronto englobó a todo el reino. Debe subrayarse que este primer levantamiento espontáneo surgió del pueblo, mientras las clases «bien» se habían sometido mansamente al yugo extranjero.

De esta forma se vio España preparada para su reciente actuación revolucionaria y se lanzó a las luchas que han marcado su desarrollo en el presente siglo.» («New York Daily Tribune» 9-9-1854).

De este modo, desde el mismo comienzo de la guerra de Independencia, la alta nobleza y la antigua administración perdieron toda influencia sobre las clases medias y sobre el pueblo por haber desertado en los primeros días de la lucha (...). Las autoridades existentes fueron, destituidas en todas partes. Unos meses antes del alzamiento, el 19 de marzo de 1808, las revueltas populares de Madrid perseguían la destitución del Choricero (apodo de Godoy) y sus odiosos satélites. Este objetivo fue conseguido ahora a escala nacional, y con ello la revolución interior se llevaba a cabo tal como anhelaban las masas y sin relacionarla con la resistencia al intruso. El movimiento, en su conjunto, más parecía dirigido contra la revolución que a favor de ella. Era al mismo tiempo nacional, por proclamar la independencia de España con respecto a Francia; dinástico, por oponer el «deseado» Fernando VII a José Bonaparte; reaccionario, por oponer las viejas instituciones, costumbres y leyes a las racionales innovaciones de Napoleón; supersticioso y fanático, por oponer la «santa religión» a lo que se denominaba ateísmo francés, o sea, a la destrucción de los privilegios especiales de la Iglesia romana. [...]

El 24 de septiembre de 1810 se reunieron en la isla de León la Cortes extraordinarias; el 20 de febrero de 1811 se trasladaron a Cádiz; el 19 de marzo de 1812 promulgaron la nueva Constitución, y el 20 de septiembre de 1813, tres años después de su apertura, terminaron sus sesiones.

«Lo cierto es que la Constitución de 1812 es una reproducción de los fueros antiguos, pero leídos a la luz de la revolución francesa y adaptados a las demandas de la sociedad moderna. [...]
Por otra parte, podemos descubrir en la Constitución de 1812 indicios inequívocos de un compromiso entre las ideas liberales del siglo XVIII y las tradiciones tenebrosas del clero. Baste citar el articulo 12, según el cual «la religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra». [...]
Examinando, pues, más de cerca la Constitución de 1812, llegamos a la conclusión de que, lejos de ser una copia servil de la Constitución francesa de 1791, era un producto original de la vida intelectual española que resucitaba las antiguas instituciones nacionales, introducía las reformas reclamadas abiertamente por los escritores y estadistas más eminentes del siglo XVIII y hacia inevitables concesiones a los prejuicios del pueblo.» («New York Daily Tribune» 24-11-1854)

Seria, sin embargo, un craso error suponer que la mayoría de las Cortes estaba formada por partidarios de las reformas. Las Cortes estaban divididas en tres partidos: los serviles, los liberales (estos epítetos salieron de España para difundirse por toda Europa) y los americanos. Estos últimos votaban alternativamente por uno u otro partido conforme a sus intereses particulares. [...]
Los liberales tuvieron asimismo buen cuidado de no proponer la abolición de la Inquisición, de los diezmos, de los monasterios, etc., hasta después de promulgada la Constitución. Pero, a partir de este mismo instante, la oposición de los serviles dentro de las Cortes, y del clero fuera de ellas, se hizo implacable.

Ya hemos explicado en los artículos anteriores cómo el propio partido revolucionario contribuyó a despertar y fortalecer los viejos prejuicios populares con el propósito de convertirlos en otras tantas armas contra Napoleón. Hemos visto como la Junta Central, en el único periodo en que podían combinarse las reformas sociales con las medidas de defensa nacional, hizo cuanto estuvo en su mano por impedirías y ahogar las aspiraciones revolucionarias de las provincias. Las Cortes de Cádiz, por el contrario, desvinculadas totalmente de España durante la mayor parte de su existencia, no pudieron siquiera dar a conocer su Constitución y sus leyes orgánicas hasta que se hubieron retirado los ejércitos franceses. Las Cortes llegaron, por así decir, post factum, encontraron a la sociedad fatigada, exhausta, dolorida [...]
Las clases más interesadas en el derrocamiento de la Constitución de 1812 y en la restauración del antiguo régimen - los grandes, el clero, los frailes y los abogados - no dejaron de fomentar hasta el más alto grado el descontento popular derivado de las desdichadas circunstancias que acompañaron a la implantación del régimen constitucional en el suelo español. De aquí la victoria de los serviles en las elecciones generales de 1813.
En el decreto de 4 de mayo de 1814, por el que Fernando VII disolvía las Cortes de Madrid y derogaba la Constitución de 1812, expresaba al mismo tiempo su odio al despotismo, prometía convocar las Cortes con arreglo a las formas legales antiguas, establecer una libertad de imprenta razonable, etc. Fernando VII cumplió su palabra de la única manera merecida por el recibimiento que el pueblo español le había tributado, esto es, derogando todas las leyes que promulgaran las Cortes, volviendo a ponerlo todo como estaba antes, restableciendo la Santa Inquisición, llamando a los jesuitas desterrados por su abuelo, mandando a galeras, a los presidios africanos o al destierro a los miembros más destacados de las juntas y de las Cortes, así como a los partidarios de las mismas, y, por último, ordenando el fusilamiento de los jefes de guerrillas más ilustres: Porlier y Lacy.» («New York Daily Tribune» 1-12-1854).

La restauración tuvo como consecuencia en América el endurecimiento de los regímenes coloniales que tanto en México como en la Capitanía General se comenzaron a ver con el Gobierno de Bustamante.

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Ensayo