1. La norma actual vigente que regula la jurisdicción contencioso-administrativa se aprobó mediante:
a) Ley 29/1998, de 13 de julio
b) Ley Orgánica 29/1998, de 13 de julio
c) Ley 13/2003, de 13 de julio
d) Ley Orgánica 13/2003, de 13 de julio
2. ¿Cuántos artículos tiene la LJCA?
a) 169
b) 723
c) 234
d) 139
3. ¿Cuál de las siguientes materias no le corresponde su conocimiento al orden con- tencioso-administrativo?
a) la protección de los derechos fundamentales en relación con los actos de los Con- sejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturale- za de dichos actos
b) la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
c) el recurso contencioso-disciplinario militar
d) la actuación de la Administración electoral, en los términos previstos en la ley orgá- nica de régimen electoral general
4. La jurisdicción contencioso-administrativa es:
a) prorrogable a instancia de parte por las cuestiones conexas que plantearan los liti- gantes
b) improrrogable
c) como norma general, improrrogable, sin perjuicio de que se pueda prorrogar, de oficio o a instancia de parte, si concurren los requisitos expresados en el art. 5.1 LJCA
d) ninguna de las anteriores respuestas es correcta
5. La falta de jurisdicción se apreciará:
a) de oficio o a instancia de parte, previa audiencia de las partes y el ministerio fiscal dentro del plazo de cinco días sucesivos
b) de oficio o a instancia de parte, previa audiencia de las demás partes personadas dentro del plazo común de diez días
c) de oficio, previa audiencia de las partes y el ministerio fis- cal dentro del plazo común de diez días
d) de oficio o a instancia de parte, previa audiencia de las partes y el ministerio fiscal dentro del plazo sucesivo de diez días
6. La declaración de incompetencia adoptará la forma de:
a) sentencia
b) auto
c) decreto
d) providencia
7. Si un juzgado contencioso-administrativo entiende que la competencia del litigio pudiera corresponder a un tribunal superior en grado:
a) le remitirá la causa
b) le oficiará, remitiéndole la causa
c) mediante providencia, le planteará una cuestión de compe- tencia
d) acompañará una exposición razonada, estándose a lo que resuelva éste
8. ¿Dentro de qué plazo el demandante se personará ante el concreto órgano judicial que se estime competente, desde la notificación de la resolución que declare la falta de jurisdic- ción, para que se entienda haberlo efectuado en la fecha en que se inició el plazo para interponer el recurso contencioso- administrativo?
a) un mes
b) quince días
c) diez días
d) treinta días
9. Los órganos judiciales con competencia contencioso-admi- nistrativa son:
a) juzgado de lo contencioso-administrativo, audiencia provin- cial, tribunal superior de justicia y audiencia nacional
b) juzgado de lo contencioso-administrativo, juzgado central de lo contencioso-administrativo, audiencia provincial, tribu- nal superior de justicia, audiencia nacional y tribunal supre- mo
c) juzgado de lo contencioso-administrativo, juzgado central de lo contencioso-administrativo, audiencia provincial, tribu- nal superior de justicia y tribunal supremo
d) juzgado de lo contencioso-administrativo, juzgado central de lo contencioso-administrativo, tribunal superior de justicia, audiencia nacional y tribunal supremo
10. Las disposiciones generales emanadas de las Comunida- des autónomas y de las entidades locales constituye una com- petencia atribuida a:
a) la sala contencioso-administrativa de la audiencia provin- cial
b) el juzgado contencioso-administrativo
c) la sala contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia
d) la sala especial del art. 61 LOPJ del tribunal supremo
11. El conocimiento, en primera o única instancia, de los re- cursos contra las resoluciones dictadas por los ministros y secretarios de estado en materia de responsabilidad patrimo- nial cuando lo reclamado no exceda de 30050 euros, constitu- ye una competencia atribuida a:
a) la sala contencioso-administrativa del tribunal superior de justicia de Madrid
b) el juzgado central de lo contencioso-administrativo
c) la sala contencioso-administrativa de la audiencia nacional
d) la sala contencioso-administrativa del tribunal supremo
12. El conocimiento, en única o primera instancia, de las reso- luciones que, en vía de fiscalización, sean dictadas por el Co- mité español de disciplina deportiva en materia de disciplina deportiva, constituye una competencia atribuida a:
d) el juzgado contencioso-administrativo
13. Las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración periférica del Estado constituye una competencia atribuida a:
a) la sala contencioso-administrativa del tribunal superior de justicia
14. ¿Cuál de las siguientes materias no es competencia de los juzgados de lo contencioso-administrativo?
a) los actos de cuantía superior a 60000 euros dictados por la Administración periférica del Estado y organismos públicos estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional sobre expropiación forzosa
b) las impugnaciones contra actos de las juntas electorales de zona y de las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las juntas electorales, en los términos previstos en la legislación electoral
c) las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración pública
d) los recursos que se deduzcan frente a los actos de las enti- dades locales, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico
15. Los recursos que se deduzcan, en única instancia, contra los actos y disposiciones del Consejo general del poder judi- cial serán conocidos por:
16. El conocimiento de los recursos de casación de cualquier modalidad se atribuyen a:
17. Los recursos contra los actos y resoluciones dictados por los tribunales económico-administrativos locales que pongan fin a la vía económico-administrativa serán conocidos por:
c) el tribunal económico-administrativo regional
18. Los recursos contra las resoluciones dictadas por los tribu- nales administrativos territoriales de recursos contractuales serán conocidos por:
a) los juzgados contencioso-administrativos
b) la sala contencioso-administrativa del tribunal superior de justicia
d) los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo
19. Los recursos contra los actos de naturaleza económico-ad- ministrativa dictados por el Ministro de Economía y Hacienda y por el Tribunal Económico-Administrativo Central, con ex- cepción de lo dispuesto en el art. 10.1.e) LJCA serán conoci- dos por:
a) la sala contencioso-administrativa de la audiencia nacional
b) la sala contencioso-administrativa del tribunal supremo
c) la sala contencioso-administrativa del tribunal superior de justicia
d) el juzgado central contencioso-administrativo
20. Con carácter general, la competencia territorial de los juz- gados y de los tribunales superiores de justicia será:
a) el órgano jurisdiccional del domicilio de la Administración demandada o del demandante, a elección de este último
b) exclusivamente, el órgano jurisdiccional del domicilio del demandante
c) el órgano jurisdiccional del territorio de cualquiera de las sedes del órgano que dictó la disposición o acto originario impugnado, a elección del recurrente
d) el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado la disposición o acto origi- nario impugnado
21. Si el acto originario impugnado afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversos los juzgados o tribunales competencias, según las reglas establecidas en el art. 14.1 LJCA, la competencia vendrá atribuida:
a) al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impug- nado
b) el órgano jurisdiccional del territorio de cualquiera de las sedes del órgano que dictó la disposición o acto originario impugnado
c) el órgano jurisdiccional del territorio de cualquiera de las sedes del órgano que dictó la disposición o acto originario impugnado, siempre que el recurso contencioso-administrati- vo sea interpuesto por la mayoría de los afectados
d) el órgano jurisdiccional del territorio de cualquiera de las sedes del órgano que dictó la disposición o acto originario impugnado, previa audiencia del ministerio fiscal y del resto de afectados dentro de un plazo común de diez días
22. ¿Cuál de las siguientes personas, entidades o grupos care- ce, en virtud de lo dispuesto en el art. 18 LJCA, de capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrati- vo?
a) en todo caso, los grupos de afectados, uniones sin perso- nalidad o patrimonios independientes o autónomos
b) las personas que la ostenten con arreglo a la ley de enjui- ciamiento civil
c) los menores de edad para la defensa de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación sea permitida por el orde- namiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela
d) las personas jurídicas
23. ¿Cuál de las siguientes sujetos no está legitimado ante la jurisdicción contencioso-administrativa?
a) el ministerio fiscal para intervenir en los procesos que de- termine la ley
b) cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por las leyes
c) las personas físicas
d) las personas jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo
24. En los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo:
a) estarán legitimados los sindicatos y asociaciones legalmen- te constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igual- dad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afilia- dos y asociados, respectivamente
b) estarán legitimados, además de la persona acosada, los sindicatos y asociaciones legalmente constituidas cuyo fin pri- mordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, respecto de sus afiliados y asociados, respectiva- mente
c) estarán legitimados, además de la persona acosada, los sindicatos y asociaciones legalmente constituidas cuyo fin pri- mordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres
d) estará únicamente legitimada la persona acosada
25. El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre e inte- rés de las entidades locales se rige:
a) por la Ley orgánica del poder judicial
b) por lo dispuesto en la legislación de régimen local
c) por la ley de jurisdicción contencioso-administrativa
d) por la ley de jurisdicción contencioso-administrativa y, su- pletoriamente, por lo dispuesto en la legislación de régimen local
26. Señala la respuesta errónea:
a) no pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración pública los particula- res cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de la Administración
b) se considerará parte demandada a las personas o entida- des cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del deman- dante
c) tendrán legitimación para recurrir ante el orden jurisdiccio- nal contencioso-administrativo las resoluciones del tribunal administrativo del deporte que se dicten en asuntos de disci- plina deportiva en materia de dopaje, todas las personas mencionadas en el art. 40.4 LOPSDLDAD
d) no pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración pública, en todo caso, los órganos de la misma y los miembros de sus órga- nos colegiados
27. Si la legitimación de las partes derivare de alguna rela- ción jurídica transmisible, el causahabiente podrá suceder en el proceso a la persona que inicialmente hubiera actuado co- mo parte:
a) en ningún caso
b) antes de que finalice el plazo para la contestación de la demanda
c) antes del día de la vista
d) en cualquier estado del proceso
28. La representación y defensa de las Administraciones públi- cas y de los órganos constitucionales se rige:
a) por lo dispuesto en la LOPJ y en la Ley de asistencia jurídi- ca del Estado e Instituciones públicas, así como en las nor- mas que sobre la materia y en el marco de sus competencias hayan dictado las Comunidades autónomas
b) por lo dispuesto en la LOPJ y en la Ley de asistencia jurídi- ca del Estado e Instituciones públicas
c) por lo dispuesto en la Ley de asistencia jurídica del Estado e Instituciones públicas
d) por lo dispuesto en la LOPJ
29. En virtud de lo establecido en el art. 23.2 LJCA:
a) en sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes de- berán conferir su defensa a un abogado y podrán conferir su representación a un procurador
b) en sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un procurador y ser asis- tidas por abogado
c) en sus actuaciones ante órganos colegiados únicamente es preceptivo que la parte actúe representada por procurador de los tribunales
30. En sus actuaciones ante órganos unipersonales:
a) las partes deberán conferir su representación a un procura- dor y serán asistidas por abogado
b) las partes pueden actuar, en defensa de sus intereses legí- timos, con abogado o procurador
c) las partes podrán, si lo estiman conveniente, defenderse por sí mismos si la cuantía del litigio no excede de 2000 eu- ros
d) las partes podrán conferir su representación a un procura- dor y serán asistidas, en todo caso, por abogado
31. Señala la respuesta correcta. Los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las preten- siones:
a) que se deduzcan en relación con la actuación de las Admi- nistraciones públicas sujeta al derecho administrativo y con las disposiciones generales de rango interior a la ley
b) que se deduzcan en relación con la actuación de las Admi- nistraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango interior a la ley y con los decretos legislativos cuando excedan de los límites de la dele- gación
c) que se deduzcan en relación con la actuación de las Admi- nistraciones públicas sujeta al derecho administrativo y con los decretos legislativos cuando excedan de los límites de la delegación
d) únicamente que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administra- tivo
