El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos
de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en el
ejercicio de la función pública.
Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión
o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de
nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.
El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o
funciones que tienen encomendadas.
La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la
Administración o a los ciudadanos.
La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o
hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados
como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento
indebido.
El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o
funciones encomendadas.
La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en
procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que
constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.
La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido
para sí o para otro.
La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de
huelga.
El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una
situación de incompatibilidad.
La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes
Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
o) El acoso laboral.
También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en Ley de las
Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad
Autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral.
La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades.
El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a
la administración o a los administrados.
La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves o graves de sus
subordinados.
La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados.
Causar daños graves en los locales, material o documentos de los servicios.
Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de
abstención legalmente señaladas.
La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen
perjuicio, a la administración o a los ciudadanos y no constituyan falta muy grave.
La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y no constituya
falta muy grave.
No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo,
cuando causen perjuicio a la administración o se utilice en provecho propio.
El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de
incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo
de diez horas al mes.
La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses, cuando las dos
anteriores hubieren sido objeto de sanción por falta leve.
La grave perturbación del servicio.
El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la administración.
La grave falta de consideración con los administrados.
Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir
que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.
El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no suponga falta grave.
La falta de asistencia injustificada de un día.
La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.
El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre que no deban ser
calificados como falta muy grave o grave.