El Estado garantiza la realización efectiva del principio de [blank_start]solidaridad[blank_end], consagrado en el artículo [blank_start]2[blank_end] de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del [blank_start]hecho insular[blank_end].