La Restauración (1874-1902)

los fundamentos políticos de la Restauración A. Cánovas del Castillo Es el cerebro de la Restauración (Restauración = Canovismo) Participó en el pronunciamiento de 1854 y redactó el Manifiesto de Manzanares. Fue ministro en gobiernos moderados y de la Unión Liberal en época de Isabel II. Fue impulsor del partido alfonsino durante el sexenio. Fue cerebro de la restauración y jefe indiscutible del partido conservador. Ideologia: - Firmes convicciones liberales. - Defendía una monarquía constitucional con una soberanía compartida Rey - Cortes y basada en dos partidos fuertes complementarios, uno más avanzado, otro más conservador. - La política para él es el arte de lo posible y debe estar basada en el acuerdo o consenso. La Constitución de 1876. Por decreto de 31 diciembre de 1875 se convocan elecciones a Cortes constituyentes, de acuerdo con la ley electoral de 1870, por tanto, por sufragio universal. Con ello, Cánovas, hábilmente, buscaba la aprobación de los progresistas a la futura Constitución. Las elecciones tuvieron lugar en enero de 1876. Hubo una gran abstención, pero el gobierno se aseguró el triunfo con un 81% de los diputados. Elaborada por una Comisión, la Constitución fue aprobada por las Cortes en el mes de mayo. La Constitución de 1876 ofrece un cierto eclecticismo al reunir las influencias de las Constituciones moderada de 1845 (como la tradición doctrinaria, es decir, el principio de que la soberanía reside en las “Cortes con el rey”, planteamiento que lleva a dar al monarca un gran protagonismo en el sistema político) y democrática de 1869 al incorporar bastantes de los derechos individuales reconocidos por aquélla, aunque su desarrollo posterior en leyes orgánicas permitía una visión, según el color del gobierno, más restrictiva o más avanzada. Cánovas, por tanto, tuvo que transigir para conseguir la aceptación de la nueva Constitución por otras fuerzas políticas. Así, la determinación del derecho de sufragio quedó sin cerrar. El artículo 28 se remitía en tal materia al “método que determine la ley”. Así, Cánovas, por una ley electoral de 1878 restableció el sufragio restringido y, más tarde, Sagasta, en 1890, recuperó el sufragio universal. Otro punto importante, que suscitó encendidas polémicas, fue la cuestión religiosa. El Congreso se dividió entre defensores de la unidad católica y los de la tolerancia dentro de la línea de la Constitución de 1869; al final se llegó a una fórmula intermedia: la Constitución estableció un Estado confesional, aunque permitió el ejercicio privado de otras religiones. En relación a la división de poderes, el rey ejerce el poder ejecutivo a través del gobierno. Las Cortes eran bicamerales. El Senado o Cámara alta estaba integrado por tres clases de senadores: por derecho propio, vitalicios y elegidos. La Cámara baja o Congreso de los Diputados, como ya se ha visto, la Constitución remitía a una ley electoral la amplitud del censo y el procedimiento de elección de aquéllos. En resumen, aunque la Constitución es de carácter moderado, es lo suficientemente elástica como para ser aceptada por los progresistas. Con ello se trataba de evitar, para lo sucesivo, que cada partido pretendiese implantar “su” propia Constitución tan pronto llegase al poder. El sistema político oficial: bipartidismo y turnismo. El sistema político de la Restauración se basaba en la existencia de dos grandes partidos, el conservador y el liberal, que coincidían ideológicamente en lo fundamental: defendían la monarquía, la Constitución de 1876, la propiedad privada y la consolidación del Estado liberal, unitario y centralista. Ambos eran partidos de minorías, de notables, que contaban con periódicos, centros y comités distribuidos por el territorio español. La extracción social de las fuerzas de ambos partidos era bastante homogénea y se nutría básicamente de las élites económicas y de la clase media acomodada, aunque era mayor el número de terratenientes entre los conservadores y el de profesionales entre los liberales. El Partido Liberal-Conservador (Partido Conservador) se organizó alrededor de su líder, Antonio Cánovas del Castillo, y aglutinó a los sectores más conservadores y tradicionales de la sociedad (a excepción de los carlistas y los integristas más radicales). El Partido Liberal-Fusionista (Partido Liberal) tenía como principal dirigente a Práxedes Mateo Sagasta y reunió a antiguos progresistas, unionistas y algunos ex republicanos moderados. Para el ejercicio del gobierno se contemplaba el turno pacífico o alternancia regular en el poder entre las dos grandes opciones dinásticas, cuyo objeto era asegurar la estabilidad institucional mediante la participación en el poder de las dos familias del liberalismo. Cuando el partido en el gobierno sufría un proceso de desgaste político y perdía la confianza de las Cortes, el monarca llamaba al jefe del partido de la oposición a formar gobierno. Entonces, el nuevo jefe de gabinete obtenía también del monarca el decreto de disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones, con el objetivo de construirse una mayoría parlamentaria suficiente para ejercer el poder de manera estable. El fraude en los resultados y los mecanismos caciquiles aseguraban que estas elecciones fuesen siempre favorables al gobierno que las convocaba. El sistema político real: caciquismo. La alternancia en el gobierno se llevó a cabo a través de un sistema electoral corrupto y manipulador que no dudaba en comprar votos, falsificar actas y medidas de presión sobre el electorado, valiéndose de la influencia y del poder económico de determinados individuos sobre la sociedad (caciquismo). El control del proceso electoral se ejercía a partir de varias instituciones: el ministro de la Gobernación, los gobernadores civiles, los alcaldes y los caciques locales. Este ministro era, de hecho, quien elaboraba la lista de los candidatos que deberían ser elegidos (encasillados). Los gobernadores civiles transmitían la lista de los candidatos "ministeriales" a los alcaldes y caciques y todo el aparato administrativo se ponía a su servicio para garantizar su elección. Si este proceso resultaba insuficiente y se ponía en peligro la elección del candidato “ministerial”, todo un conjunto de trampas electorales ayudaba a conseguir este objetivo: es lo que se conoce como el pucherazo, es decir, la sistemática adulteración de los resultados electorales: manipular las actas electorales, ejercer la compra de votos... Pero en todo proceso electoral era fundamental la figura del cacique. Los caciques eran individuos o familias que, por su poder económico o por sus influencias políticas, controlaban una determinada circunscripción electoral. Cumplían el papel de conectar el ámbito rural o local con el Estado y en su función de intermediarios los caciques intercambian votos por favores.