La constitución

La Constitución española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico del Reino de España, a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España, en vigor desde el 29 de diciembre de 1979. La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 , siendo posteriormente sancionada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año. La promulgación de la Constitución implicó la culminación de la llamada transición a la democracia, que tuvo lugar como consecuencia de la muerte, el 20 de noviembre de 1975, del anterior jefe de Estado, el general y dictador Francisco Franco , precipitando una serie de acontecimientos políticos e históricos que transformaron el anterior régimen franquista en un «Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político», tal y como proclama el título preliminar de la Carta Magna. En él también se afianza el principio de soberanía popular, y se establece la monarquía parlamentaria como forma de gobierno.La división de poderes, idea fundamental en el pensamiento liberal, es establecida implícitamente por el texto constitucional. En la base, la soberanía nacional permite la elección, por sufragio universal (varones y mujeres, mayores de 18 años), de los representantes del pueblo soberano en las Cortes Generales, configuradas a modo de un bicameralismo atenuado, integrado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas cámaras comparten el poder legislativo, si bien existe una preponderancia del Congreso de los Diputados, que además es el responsable exclusivo de la investidura del presidente del Gobierno, y su eventual cese por moción de censura o cuestión de confianza. No obstante, tanto el Congreso como el Senado ejercen una tarea de control político sobre el Gobierno mediante las preguntas e interpelaciones parlamentarias. El Gobierno, cuyo presidente es investido por el Congreso de los Diputados, dirige el poder ejecutivo, incluyendo la administración publica. Los miembros del Gobierno son designados por el presidente, y junto a él, componen el Consejo de Ministros, órgano colegiado que ocupa la cúspide del poder ejecutivo. El Gobierno responde solidariamente de su actuación política ante el Congreso de los Diputados, que, dado el caso, puede destituirlo en bloque mediante una moción de censura, que necesariamente debe incluir un candidato alternativo que será inmediatamente investido presidente del Gobierno. El poder judicial recae en los jueces y tribunales de justicia, siendo el Consejo General del Poder Judicial su máximo órgano de gobierno. El Tribunal Constitucional controla que las leyes y las actuaciones de la administración pública se ajusten a la norma suprema.

Se reunió una potencia que trabajo en la redacción del ante proyecto de Constitución. Estaba formada por:-1. Gabriel Cisneros de UCD-2. José Pedro Pérez- Llorca de UCD-3. Miguel Herrero Miñón de UCD-4. Miguel Roca (Nacionalismo Catalán)-5. Manuel Fraga de (Analiza Popular)-6. Gregorio Peces-Barba del PSOE-7. Jordi Solé Tura del PCE

1. La introducción histórica

2. LA ESTRUCTURA DE LA CONSTITUCIÓN

La Constitución establece una organización territorial basada en la autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas, rigiendo entre ellos el principio de solidaridad. Tras el proceso de formación del Estado de las Autonomías, las comunidades autónomas gozan de una autonomía de naturaleza política que configura a España como un Estado autonómico. Las entidades locales, como los municipios y las provincias, gozan de una autonomía de naturaleza administrativa, cuyas instituciones actúan en conformidad con criterios de oportunidad dentro del marco legal fijado por el Estado y las comunidades autónomas. El rey es el jefe del estado, figura que desempeña funciones de naturaleza eminentemente simbólica y que carece de poder efectivo de decisión. Sus actos tienen una naturaleza reglada, cuya validez depende del refrendo de la autoridad competente que, según el caso, es el presidente del Gobierno, el presidente del Congreso de los Diputados, o un ministro.

3. LA REFORMA CONSTITUCIONAL

INDICE 1. La introducción historica. 1.1. Los padres de la constitucion. 2. La estructura de la constitucion. 3. La reforma constitucional.

1.1. Los padres de la constitucion

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

La Constitución cumple 37 años en mitad de una campaña electoral. El debate sobre su reforma lleva años sobre la mesa pero, en mitad semejante coyuntura, revive y con sangre nueva, la que aportan las formaciones emergentes que aspiran al Gobierno o, al menos, a un trozo de arco parlamentario. Rozando la cuarentena, surgen las preguntas: ¿vale un texto aprobado en los inicios de la transición? ¿Hay que remozarlo? ¿O hay que rehacerlo desde cero? Esto es lo que piensan, esencialmente, los principales partidos españoles:

1. Gabriel Cisneros de UCD Nacido en Tarazona (Zaragoza), en 1940, y fallecido en Murcia en 2007. Licenciado en Derecho, ingresó por oposición en el Cuerpo General Técnico de la Administración Civil del Estado en 1967. En 1976 fue nombrado director general de Asistencia Social en el Ministerio de Gobernación, cargo del que dimitió en abril de 1977 para presentarse a las elecciones legislativas de ese año, en las que fue elegido diputado.

2. Miguel Roca (Nacionalismo Catalán) Aunque nació en Francia, Miguel Roca siempre ha vivido en Cataluña. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, su primer cargo representativo en política lo desempeñó como secretario general adjunto de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). En las elecciones de 1977 resultó elegido diputado y fue uno de los siete miembros que elaboró la ponencia que sirvió como borrador para redactar la Constitución de 1978.

3. Manuel Fraga de (Alianza Popular) Nacido en 1922 en Vilalba (Lugo) y fallecido en Madrid en 2012. Doctor en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Madrid, comenzó su actividad política en 1951 como secretario general del Instituto de Cultura Hispánica. Durante la dictadura de Franco, ostentó los cargos de consejero nacional del Movimiento y procurador en Cortes, aunque su puesto más destacado fue el de ministro de Información y Turismo, entre 1962 y 1969. Al frente de esta cartera, elaboró la Ley de Prensa e Imprenta y el Estatuto de Publicidad.

4. Gregorio Peces-Barba del PSOE Nacido en Madrid en 1938 y fallecido en Austias en 2012. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense y en 1963 fundó, junto a Pedro Altares y Javier Rupérez, entre otros, la revista Cuadernos para el diálogo. En 1972 se afilió al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), entonces en la clandestinidad. En las elecciones generales de 1977 fue elegido diputado por Valladolid y designado miembro de la ponencia encargada de estudiar el anteproyecto de la Constitución. El 7 de marzo de 1978 se retiró de la citada ponencia, siguiendo instrucciones de su partido.

5. Jordi Solé Tura del PCE Nacido en Mollet del Vallès (Barcelona), en 1930, y fallecido en Barcelona en 2009. Se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona con Premio Extraordinario en 1958. Se vio obligado a abandonar España en 1960 ante el aumento de detenciones de comunistas catalanes, viviendo en París y Bucarest durante cuatro años. Al poco tiempo de regresar y después de reincorporarse a la vida universitaria, fue detenido y pasó seis meses en prisión. Solé fue miembro de Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) desde 1956. Varios años después resultó elegido diputado de este partido por Barcelona y fue ponente y portavoz en la comisión encargada de redactar la Constitución de 1978.

¿Quién quiere hacer la reforma? Todos quieren cambio, salvo el Partido Popular. El actual ministro de Justicia,Rafael Catalá, ha repetido con insistencia que su formación se sumará a un debate si se genera, pero "no propondrá reforma alguna". La razón que esgrime es que “la Constitución del 78 simboliza la libertad, la democracia y el pluralismo político. No es el debate ni es el momento para hacer la reforma. No es la prioridad”. Sostiene que "no lo demanda la sociedad" y que mejoras en derechos o funcionamiento de instituciones, en las que los demás fundamentan su deseo de cambio, se pueden llevar a cabo por otras vías. El PSOE defiende la reforma ante la "insatisfacción actual de los ciudadanos", que necesitan que se garanticen derechos esenciales hoy en riesgo; hay que "dar respuestas al reto de Cataluña y analizar el modelo territorial" e incluir "realidades" que ahora están presentes en España y eran casi una quimera en el 78. Una línea parecida a la que defiendeCiudadanos. “Reconocemos las bondades de la Constitución del 78, pero, al igual que yo he cambiado, toda la sociedad ha cambiado; nuestras necesidades son distintas. Y necesita actualizaciones. El derecho va por detrás de la sociedad”, resumía Begoña Villacis en la Cadena SER. Misma senda que sigue UPyD, que defiende sólo tocando la Carta Magna se podrá estabilizar el modelo territorial, cambiar la ley electoral o mejorar la eficiencia de determinadas instituciones. Podemos dice sí al cambio de articulado, pero sostiene que ha de hacerse una reforma "profunda", que permita dar respuesta a los cinco grandes acuerdos que plantean a los ciudadanos para "recuperar la democracia real, erradicar la corrupción, tener una justicia independiente y profundizar en los derechos sociales”. Unidad Popular-Izquierda Unida no se conforma con el cambio. Quiere un proceso constituyente. Empezar de nuevo. Sostiene que una reforma parcial será dirigida de nuevo por las "élites" y apenas pondrá parches, mientras que un debate integral incluirá "a toda la sociedad". "Se trata de cambiar las bases de esta sociedad, la correlación de fuerzas, frente a los que sólo quieren imponer nuevas reglas de juego sobre el terreno conquistado", denuncia su candidato,Alberto Garzón.

¿Cuál es la base de la reforma? Todos los partidos que abogan por remodelar el texto constitucional defienden, palabra arriba, palabra abajo, una base clara: es urgente reforzar una serie de derechos esenciales que, si bien el texto del 78 ya los citaba, no quedan absolutamente garantizados y se han puesto en riesgo -y aún más, en peligro crítico- en tiempos de crisis. Esos derechos están en la cabeza de todos: son la educación y sanidad públicas, el derecho a la vivienda, el reconocimiento y cuidado de la dependencia, la libertad religiosa absoluta, la eliminación de la pena de muerte -que todavía hoy se contempla para tiempos de guerra-, el derecho a la protección de datos ahora que las nuevas tecnologías hacen saltar las alarmas (esta propuesta es una de las más novedosas de Ciudadanos)...

¿Cómo cambiarán las instituciones? El PSOE apuesta por "transformar" el Senado para que sea una cámara territorial con presencia de los Gobiernos o los Parlamentos autónomos y que no sea sólo cámara de segunda vuelta, sino "con capacidad de tomar decisiones sobre leyes que afectan a las comunidades".UP-IU propone la "reforma del Senado como verdadera cámara de representación territorial que ejerza de contrapeso y evite abusos por parte del Estado Federal en cuanto al desarrollo de las competencias de los territorios. Será una cámara territorial con potestad legislativa propia". Sin embargo, Podemos, Ciudadanos y UPyD directamente piden que se elimine esta segunda cámara, que consideran que no cumple verdaderamente con las funciones de representación regional para las que fue creada y que el poder territorial puede tener presencia en el Congreso, en comisiones o grupos de trabajo específicos. Conllevaría un importante ahorro, alegan, además. Las diputaciones provinciales y forales deben desaparecer para Ciudadanos, IU y Podemos, un proceso paulatino hecho con "coordinación", para que no se resientan los ayuntamientos. Las competencias podrían ser asumidas por consejos comarcales o mancomunidades. Lo mismo exige UPyD, que ha calculado que la eliminación de estas instituciones, junto a la fusión de municipios pequeños, supondría un ahorro de 22.000 millones de euros anuales en toda España.El PSOE se milita a proponer que se "modernicen" y se "reformule" su papel. ¿Qué hacemos con el Consejo General del Poder Judicial? Mientras los socialistas hablan de "corregir sus funciones" para asegurar que "se cumplan las previsiones constitucionales sobre el sistema de nombramiento de sus integrantes, composición, colegialidad y pluralidad", UPyD pide que se elimine y sus competencias pasen al Tribunal Supremo. Podemos lo mantiene pero para que cumpla con su misión original: "velar por la independencia del Poder Judicial como servicio público". Pero como ahora no ocurre, denuncia, propone la elección directa de sus miembros por parte de los ciudadanos, revisiones de esa campaña y límites de gasto. Muy similar a la propuesta de UP-IU. Es común también el deseo de citar expresamente a las actuales comunidades autónomas, no recogidas en el texto actual.

¿Nos metemos con la Iglesia y la Casa Real? El PP no toca en principio la materia, pero el bloque compuesto por PSOE. Ciudadanos, Podemos y UPyD plantean en sus programas la modificación del articulo 57.1, por el que se declara que el varón tiene prioridad sobre la mujer a la hora de heredar el trono. Sí, en el siglo XXI. http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=56&fin=65&tipo=2Unidad Popular-Izquierda Unida va más allá y, dentro de su reforma integral de la Constitución, reclama que se revise si de hecho es la monarquía parlamentaria el sistema que quieren los españoles o si, por contra, prefieren una república. "La forma política del Estado, la monárquica, fue impuesta. Es evidente que mientras ese asunto no se subsane, el Estado actual seguirá siendo ilegítimo democráticamente, siendo necesario que la figura del Jefe de Estado se realice por el cauce electoral y no por línea sucesoria", señala su programa.Otra institución que se proponen edulcorar los programas sometidos al voto el 20-D: e excepción del PP, todos los partidos dejan claro que hay que ahondar en la declaración de España como estado laico, no vinculado a religión alguna pero respetuoso con todas ellas. Podemos y UP-IU contemplan la anulación del Concordato de 1953 con el Vaticano y de los cinco acuerdos que firmó el Estado español con la Santa Sede en 1976 y 1979. Quieren suprimir la referencia a la Iglesia Católica en el articulado, como lo propone también el PSOE, que ha tenido en la anulación o no del concordato uno de sus vaivenes clave en los últimos meses. Hoy su programa propone "denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede".