Proceso de paz en Colombia

Proceso de paz en Colombia

La historia reciente colombiana ha tenido varios procesos de paz, escenarios para disputas, reflexiones y soluciones. Habría que tener esto en cuenta para enfrentar los retos que supondría una posible firma de paz con las FARC. El proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC ha avanzado de manera significativa. De los seis puntos que hacen parte de la agenda de negociación (“Desarrollo agrario integral”, “Participación política”, “Solución al problema de las drogas ilícitas”, “Fin del conflicto”, “Víctimas”, “Implementación, verificación y refrendación”), los tres primeros fueron abordados y sobre ellos ya hay acuerdos entre las partes. 

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Colombia cuenta con una larga experiencia en materia de diálogos entre los gobiernos y diversas agrupaciones armadas ilegales. Desde 1982, con la llegada al poder de Belisario Betancur, el diálogo como mecanismo para superar los conflictos armados ha sido una herramienta para alcanzar la reconciliación entre las partes enfrentadas. El diálogo implica, en principio, que los adversarios se reconozcan como interlocutores, que la contraparte merezca ser escuchada, que la vía militar no sea suficiente para superar el enfrentamiento armado. El diálogo significa, también, negociar, discutir en torno a los graves problema.

Desde que iniciaron las negociaciones en los años ochenta, las discusiones, en términos muy generales, se han centrado en aspectos políticos, sociales y jurídicos: ¿Cómo reformar un sistema político para hacerlo más “democrático”, “incluyente” y “representativo” a los intereses nacionales? ¿Qué medidas adoptar para disminuir los índices de pobreza que afectan a buena parte de la población? ¿Cuáles son los mecanismos jurídicos más adecuados para que los guerrilleros puedan reinsertarse en la sociedad?

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A partir de ese “modelo”, los resultados de los procesos de paz no son desdeñables: la mayor parte de los grupos guerrilleros, o facciones importantes de ellos, se desmovilizaron a finales de los años ochenta y comienzos de la siguiente década. Además de las partes involucradas, la participación de otros sectores ha sido sin duda un factor clave en los avances de los diálogos. En un nuevo contexto internacional (derrumbe de los Estados comunistas) y nacional (nueva carta constitucional), importantes dirigentes guerrilleros y numerosos simpatizantes de la izquierda, que hasta los años noventa no ocultaban su desconfianza hacia el Estado y hacia sus propuestas de paz, se libraron a una autocrítica en torno a la lucha armada, tras la cual decidieron aceptar los retos de lanzarse a la legalidad.

Desde la orilla opuesta, la Iglesia católica, que también se había opuesto a los diálogos, empezó a mostrar una nueva actitud, motivada seguramente por el evidente debilitamiento del tan temido comunismo. De esa manera, los diagnósticos que, hasta principios de los años noventa se empecinaban en hacer de la “crisis moral” y del “alejamiento de Dios” las principales causas para explicar los problemas del país, comenzaron a dar cabida a la pobreza, a la corrupción, al desplazamiento forzado, a la violación de los DD.HH, es decir, decidieron tomar en cuenta la compleja realidad nacional. Hoy en día, la participación en las negociaciones incluye, por fin, a las víctimas del conflicto, a los militares y a otros sectores de la sociedad civil.