Los Derecho Humanos en el nuevo
Sistema de Justicia Penal Mexicano.
En el marco de aplicación del nuevo sistema
de justicia penal, esto significa que cualquier
persona involucrada en el desahogo de un
proceso penal tiene garantizado el derecho al
debido proceso, a ser tratada con respeto y
dignidad, a ser considerada inocente mientras
no se declare su culpabilidad en sentencia
ejecutoria, a ser juzgada por un tribunal
imparcial independiente en un plazo
razonable, a ser informada en forma precisa y
clara de los cargos que se le imputan, a contar
con una defensa pública eficaz y a la aplicación
de medidas alternas para la solución de
conflictos.
Con relación a las víctimas de delitos y abusos
de poder, la protección a sus derechos está
encaminada a garantizar que sean tratadas por
las autoridades de manera respetuosa, sensible y
humana, a recibir asistencia, atención y
protección del Estado para salvaguardar su
integridad física y psicológica, a conocer “la
verdad” sobre el delito que sufrieron, a ser
informados, con precisión, del proceso penal
contra sus agresores, a que éstos sean juzgados
y sancionados con penas adecuadas y
proporcionadas, a procurar que los culpables no
queden impunes y a tener acceso a la reparación
integral de los daños causados por el delito que
sufrieron.
Es decir, que como resultado de las
reformas constitucionales de 2008 y 2011
en materia de justicia penal y derechos
humanos, ha sido posible adecuar el
sistema de justicia penal mexicano, en su
diseño normativo, a los principios
universales de igualdad y respeto a los
derechos humanos, de justicia pronta y
expedita, de protección a las víctimas y
ofendidos por el delito, a garantizar los
derechos de los imputados y
sentenciados y emprender el combate a
la impunidad, entre otros más.