El control de constitucionalidad se refiere a que solamente los tratados internacionales deberán prevalecer por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La finalidad del control de constitucionalidad radica en vigiar que tanto los actos jurídicos como las normas generales y cualquier actos de autoridad sean apegados a la Constitución Federal.

El control de convencionalidad tiene que ver con la forma en que los tribunales locales aplican la Constitución Federal por encima de los Tratados Internacionales.

El control de convencionalidad puede ser entendido como la potestad que tiene un órgano de jurisdiccional supranacional para resolver controversias que derivan de normas, hechos o actos contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos.

El parámetro normativo del control de convencionalidad es la Convención Americana de Derechos Humanos.

La Comisión interamericana de Derechos Humanos es la encargada de resolver las sentencias sobre los casos concretos que llegan a juicio por violaciones a los derechos humanos.

El órgano encargado de ejercer el control concentrado de convencionalidad es la Corte IDH, sin embargo, los jueces de cada Estado están obligados a aplicar un control difuso de convencionalidad tomando como parámetro normativo la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

El caso Almonacid Arellano y otros vs Chile fue la carta de naturalización en México del control de convencionalidad.

En cumplimiento a la sentencia Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la interpretación por parte de los Jueces nacionales presupone tres pasos: Interpretación conforme en sentido amplio; interpretación conforme en sentido estricto; e inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles.