El fundamento legal del principio de legalidad se encuentra establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 14 Constitucional contiene disposiciones referidas al derecho penal que también se relacionan con los artículo 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del mismo ordenamiento.
El principio de legalidad debe observarse en todas las materias que sean susceptibles de imponer sanciones a los particulares.
Sólo las leyes pueden decretar las penas y los delitos, y esta autoridad debe residir únicamente en el legislador, que representa toda la sociedad unida por el contrato social.
La reserva de ley se refiere a que la ley no puede aplicarse retroactivamente, sino regirse al tiempo de su vigencia.
En atención al principio de taxatividad, la normas penales deben dictarse con precisión y claridad, deben describir claramente las conductas que regulan y las sanciones penales que se pueden aplicar a quienes las realicen.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en sentencia que los tipos penales deben dictar en sus normas términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles.
En la Convención Americana de Derechos Humanos se establece únicamente lo relativo al principio de legalidad, pero no refiere sobre la regulación de la retroactividad.
En materia penal atendiendo a la legalidad, debe imponerse la simple analogía para la resolución de los casos, de igual forma puede aplicarse la mayoría de razón.
Toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, se refiere al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
