¿En cuántos grados se califican las situaciones de discapacidad?
3 grados.
5 grados.
6 grados.
2 grados
La plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el siguiente porcentaje:
50 %.
70 %.
80 %.
60 %.
Las restricciones de la participación son:
Problemas para participar en situaciones vitales.
Dificultades para ejecutar acciones o tareas.
Problemas que afectan a una estructura o función corporal.
Anomalías psicológicas de las personas.
¿A través de qué norma se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social?
Real decreto legislativo 2/2009, de 13 de noviembre.
Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
Real decreto legislativo 1/2009, de 29 de noviembre.
Real decreto legislativo 2/2013, de 13 de noviembre.
El principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás, se denomina:
Accesibilidad universal.
Inclusión social.
Normalización.
Acción positiva.
No está recogido expresamente como uno de los principios de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social:
La igualdad entre mujeres y hombres.
La vida independiente.
Diseño universal o diseño para todas las personas.
La igualdad de trato.
Cuando una persona o grupo en que se integra es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de discapacidad, se produce:
Discriminación directa.
Discriminación indirecta.
Discriminación relativa.
Discriminación por asociación.
Conforme al artículo 2.1.g) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, la relación laboral de los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en los centros especiales de empleo es de carácter:
Ordinario.
Indefinido.
Especial.
Extraordinario.
Realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad, es el objetivo de:
Los servicios de ajuste personal y social.
Las unidades de apoyo.
Los centros especiales de empleo.
Los servicios de empleo con apoyo.
Los servicios que permitan ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas trabajadoras con discapacidad de los centros especiales de empleo tengan en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el mismo, se llaman:
Servicios de ajuste personal y social.
Unidades de apoyo.
Centros especiales de empleo.
Servicios de empleo con apoyo.
El principio en virtud del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad, se llama principio de:
Transversalidad.
Participación activa.
Diálogo civil.
Los preceptos reglamentarios que den lugar a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de discapacidad, en los ámbitos del empleo, en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo.
Se entenderán nulos y sin efecto.
Se entiende que son anulables, pero surten efecto en tanto no se sustituyan.
Se entenderán nulos en caso de discriminación directa, y anulables en el caso de discriminación indirecta.
Son válidos a todos los efectos mientras no sean anulados por la autoridad competente.
Tendrán la consideración de personas con discapacidad todas aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al:
25 %.
33 %.
40 %.
45 %.
A nivel estatal, el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad está regulado por:
El real decreto 1971/1999, de 23 de diciembre.
El real decreto 1997/1991, de 23 de noviembre.
El real decreto 1997/1999, de 20 de diciembre.
El real decreto 1971/1997, de 20 de noviembre.
La situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad se conoce como:
Vida independiente.
Integración.
A efectos de determinación del porcentaje de discapacidad, a la clase V, que incluye las deficiencias permanentes severas que, cumpliendo los parámetros objetivos que se especifican en cada aparato o sistema, originan una discapacidad muy grave, se le asigna un porcentaje del:
75 %.
90 %.
Para establecer compensaciones económicas, destinadas a los centros, de ayuda a la viabilidad de los mismos, será necesario que estos reúnan una serie de condiciones. Señalar cuál de las siguientes no está contemplada en el RDL 1/2013:
Carecer de ánimo de lucro.
Utilidad pública.
Imprescindibilidad.
Reconocimiento social.
Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar:
El diálogo civil.
La accesibilidad universal.
El diseño universal.
La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
Se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad:
El Observatorio Estatal de la Discapacidad
La Dirección General de Servicios Sociales.
El Consejo Nacional de la Discapacidad.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La ausencia de toda discriminación directa o indirecta por motivo o por razón de discapacidad, en el empleo, en la formación y la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo, es lo que se entiende por:
Accesibilidad.
Discriminación positiva.
Igualdad de trato.
Toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, se considera:
Acoso.
Maltrato.
Falta.
Exclusión.
El principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad, es el principio de:
Participación.
Integralidad.
Aplicación.
Para facilitar la transición al empleo ordinario de las personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades para el acceso al mismo, el RDL contempla la creación de:
Enclaves laborales.
Entidades de economía social.
Cooperativas con apoyo.
Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos sean trabajadores con discapacidad:
El 2 %.
El 4 %.
El 6 %.
El 8 %.
La situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad, se denomina:
En los proyectos de viviendas protegidas, se programará con las características constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el acceso y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad, un mínimo de un:
4 %
8 %.
10 %.
12 %.
El término “discapacidad” según la definición de la OMS engloba varios aspectos. Señalar de los siguientes cuál no es correcto:
Deficiencias.
Restricciones de la participación.
Dificultades sociales.
Limitaciones de la actividad.
El conjunto de acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo, que tienen por objeto facilitar la adaptación social y laboral de personas trabajadoras con discapacidad con especiales dificultades de inclusión laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo en condiciones similares al resto de los trabajadores que desempeñan puestos equivalentes, se conoce como:
Plan de Orientación para el empleo de personas con discapacidad.
Servicios sociales de empleo.
La adopción de medidas de acción positiva a favor de las personas con discapacidad, se entiende, según la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que es:
Discriminación legal.
Igualdad de oportunidades.
El principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona, se llama principio de:
Igualación.
Equiparación.
Según lo establecido en el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, señale quién se encarga de promover y facilitar el desarrollo de las asociaciones y demás entidades en que se agrupan las personas con discapacidad y sus familias.
Las Comunidades Autónomas.
Las administraciones públicas.
El Gobierno.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Según el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, señale cuál es el órgano encargado de definir y coordinar las políticas públicas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad:
Oficina de Atención a la Discapacidad.
El Observatorio Nacional de la Discapacidad.
El Consejo de Ministros.
Según el artículo 75 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, señale la respuesta correcta en relación con la indemnización por daño moral:
Tendrá, en todo caso, un tope máximo determinado por una norma de rango reglamentario
Procederá aun cuando no existan perjuicios de carácter económico
Se valorará atendiendo a las circunstancias de la infracción y a la gravedad de la lesión.
Las respuestas b) y c) son correctas
Según el artículo 22.2 del Texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en el ámbito del empleo, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación a las que se refiere el capítulo V del Título I de dicha norma serán de aplicación, con respecto a lo previsto en la legislación laboral,….
De aplicación con carácter preferente.
De aplicación con carácter supletorio.
De aplicación con carácter prioritario.
De aplicación con carácter subsidiario.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida de igualdad en condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona, se denomina:
Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.
De conformidad con el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en relación con el contenido de las medidas de acción positiva y medidas de igualdad de oportunidades, señale la afirmación correcta:
Las medidas de acción positiva podrán consistir en apoyos complementarios y normas, criterios y prácticas más favorables.
Las medidas de acción positiva deberán incluir en todos los casos ayudas económicas.
Las Comunidades Autónomas no podrán establecer medidas de acción positiva.
Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta.
