Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, los márgenes estarán sujetos a:
A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura perteneciente al DPH, para uso público que se regulará reglamentariamente.
A una zona de policía de cauces de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.
A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura perteneciente al DPH, donde se podrá hacer un uso común.
A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura perteneciente al DPH, donde no se podrán realizar ningún tipo de actuación no autorizada por la autoridad hidrográfica.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, se entiende por cuenca hidrográfica:
La superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y eventualmente lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta.
Las aguas de escorrentía, cauces y acuíferos que fluyen en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y eventualmente lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta.
A una unidad de gestión indivisible que comprende que incluye las aguas superficiales y subterráneas que fluyen hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta.
A una demarcación hidrográfica cuyas aguas discurren íntegramente dentro del territorio de una Comunidad Autónoma.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, no es una función de los organismos de cuenca:
La administración y control de los aprovechamientos de interés general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma.
El proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los fondos propios del organismo, y las que les sean encomendadas por el Estado.
La inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico.
El otorgamiento de las licencias de pesca en su demarcación hidrológica.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente:
La descripción general de los usos, presiones e incidencias antrópicas significativas sobre las aguas.
La lista de objetivos medioambientales para las aguas superficiales, las aguas subterráneas y las zonas protegidas, incluyendo los plazos previstos para su consecución.
Un resumen del análisis económico del uso del agua, incluyendo una descripción de las situaciones y motivos que puedan permitir excepciones en la aplicación del principio de recuperación de costes.
Todas las respuestas son correctas.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, los organismos de cuenca podrán imponer:
Las servidumbres de saca de agua y abrevadero, de estribo de presa y de parada o partidor, así como las de paso, cuando se trate de garantizar el acceso o facilitar el mismo a zona de dominio público de los cauces, si el propietario del predio sirviente no presenta alegaciones en contra.
Las servidumbres de saca de agua y abrevadero, de estribo de presa y de parada o partidor, así como las de paso, cuando se trate de garantizar el acceso o facilitar el mismo a zona de dominio público de los cauces. En el caso de usos deportivos y recreativos se deberá contar con la aprobación del propietario del predio sirviente.
Las servidumbres de saca de agua y abrevadero, de estribo de presa y de parada o partidor, así como las de paso, cuando se trate de garantizar el acceso o facilitar el mismo a zona de dominio público de los cauces.
Las servidumbres de acueducto estarán sujetas a la previa declaración de utilidad pública en todo caso.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, son usos comunes sujetos a previa declaración responsable:
La navegación y flotación, el establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos y cualquier otro uso, no incluido en el artículo anterior, que no excluya la utilización del recurso por terceros.
La navegación y flotación, el aprovechamiento de acuíferos hasta 3.000 metros cúbicos anuales, el establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos y cualquier otro uso, no incluido en el artículo anterior, que no excluya la utilización del recurso por terceros.
La navegación y flotación, el establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos ,la utilización de pastos en la zona de policía de cauces y cualquier otro uso, no incluido en el artículo anterior, que no excluya la utilización del recurso por terceros.
Ninguna respuesta es correcta.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, los usos privativos se clasifican en:
Usos privativos por disposición legal y por concesión administrativa.
Usos privativos por disposición legal y sujetos a previa declaración responsable.
Usos privativos por disposición legal, sujetos a previa declaración responsable y por concesión administrativa.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, estaría dentro de los usos privativos por disposición legal:
El aprovechamiento de las aguas pluviales que discurran por una finca y las estancadas, dentro de sus linderos, sin más limitaciones que las establecidas en la presente Ley y las que se deriven del respeto a los derechos de tercero y de la prohibición del abuso del derecho.
La utilización de manantiales situados en el interior de una finca y aprovechar las aguas subterráneas, cuando el volumen total anual no sobrepase los 3.000 metros cúbicos, respetando los derechos de terceros y la prohibición del abuso del derecho.
El aprovechamiento para regadíos y usos agrarios.
El establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, se observará entre orden de preferencia de usos en el otorgamiento de concesiones:
Regadíos y usos agrarios, usos industriales para producción de energía eléctrica, otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores, acuicultura, usos recreativos, navegación y transporte acuático.
Regadíos y usos agrarios, acuicultura, usos industriales para producción de energía eléctrica, otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores, usos recreativos, navegación y transporte acuático.
Regadíos y usos agrarios, usos industriales para producción de energía eléctrica, otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores, acuicultura, navegación y transporte acuático y usos recreativos.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, en el procedimiento para otorgar concesiones y autorizaciones:
Se ajustará siempre a los principios de publicidad y tramitación en competencia, prefiriéndose, en igualdad de condiciones, aquellos que proyecten la más racional utilización del agua y una mejor protección de su entorno.
Se ajustará siempre a los principios de publicidad y tramitación en competencia, y observando el orden de preferencia de uso en las concesiones.
Se ajustará siempre a los principios de publicidad y tramitación en competencia, aunque el principio de competencia podrá eliminarse cuando se trate de abastecimiento de agua a poblaciones.
Se elegirá el proyecto que sea declarado de utilidad pública.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, se producirá la caducidad de las concesiones:
Cuando en una concesión fuese absolutamente necesaria la realización de determinadas obras, cuyo coste no pueda ser amortizado dentro del tiempo que falta por transcurrir hasta el final del plazo de la concesión, éste podrá prorrogarse por el tiempo preciso para que las obras puedan amortizarse, con un límite máximo de diez años en todo caso.
Cuando se produzca una interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos siempre que aquélla sea imputable al titular.
Cuando razones de interés general lo justifiquen.
Cuando se produzca una interrupción permanente de la explotación durante cinco años consecutivos siempre que aquélla sea imputable al titular.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, es una función de los agentes medioambientales destinados en las comisarías de aguas:
Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en los lugares sujetos a inspección y a permanecer en los mismos, con respeto en todo caso a la inviolabilidad del domicilio.
Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente.
Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes, y levantar croquis y planos, siempre que se notifique al empresario o a su representante.
Todas son las respuestas son correctas.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, son zonas a incluir en el registro de zonas protegidas:
Las zonas en las que se realiza una captación de agua destinada a consumo humano, siempre que proporcione un volumen medio de al menos 5 metros cúbicos diarios.
Las masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas aguas de baño.
Las zonas de producción piscícola.
Las zonas donde existan captaciones para el riego, cuando afecten a más de un propietario o regante.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, se entiende que es una extracción de áridos en un cauce sin la correspondiente autorización, se entenderá que constituye infracción:
Es una infracción leve si los daños no superan los 3.000,00 euros.
Es una infracción leve si los daños no superan los 5.000,00 euros.
Es una infracción leve si los daños no superan los 3.000,00 euros, ya que si lo hiciera pasaría a ser infracción grave.
Es una infracción leve en todo caso.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, cuando el organismo de cuenca declara que una masa de agua subterránea está en riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo o químico, se tomará alguna de estas medidas:
Restringir la explotación de pozos y manantiales existentes a 3000 metros cúbicos anuales Incluir un perímetro en el cual no será posible el otorgamiento de nuevas concesiones de aguas subterráneas.
Incluir un perímetro en el cual no será posible el otorgamiento de nuevas concesiones de aguas subterráneas.
Establecer un plan para eliminar captaciones no autorizadas.
Aumentar la capacidad del acuífero con los métodos que determine el organismo de cuenca en cada momento.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, forman parte del Consejo Nacional del Agua (señalar la opción incorrecta):
Las comunidades autónomas.
Los organismos de cuenca.
El organismo autónomo parques nacionales.
Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito estatal.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, serán los responsables de la infracción:
El titular del terreno, el promotor de la captación, el empresario que ejecuta la obra y el técnico director de la misma.
El promotor de la captación, el empresario que ejecuta la obra y el técnico director de la misma.
El promotor de la captación y el técnico director de la misma, en caso de infracciones graves y muy graves.
El que ejecuta la obra en las infracciones leves.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, la sanción de las infracciones graves corresponderá:
Al organismo de cuenca.
A la conserjería competente en recursos hídricos.
Al consejo de gobierno.
Al ministro competente en recursos hídricos.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, en las multas coercitivas que se pueden imponer:
La cuantía de cada multa no superará, en ningún caso, el 10 por 100 de la sanción máxima fijada para la infracción cometida.
La cuantía de cada multa no superará, en ningún caso, el 30 por 100 de la sanción máxima fijada para la infracción cometida.
La cuantía de las multas coercitivas en total no podrá superar la mitad de la sanción máxima fijada para la infracción cometida.
La cuantía de cada multa no superará, en ningún caso, el 5 por 100 de la sanción máxima fijada para la infracción cometida.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2001, el importe de las multas será:
Infracciones leves, multa de hasta 10.000,00 euros.
Infracciones menos graves, multa de 10.000,01 a 100.000,00 euros.
Infracciones menos graves, multa de 5.000,01 a 50.000,00 euros.
Infracciones muy graves, multa de 100.000,01 a 1.000.000,00 euros
