El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá
procedimiento legal
reglamentariamente establecido
procedimiento legal o reglamentariamente establecido
Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deberán establecer
la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos
la debida separación entre la fase de iniciación y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos
la debida separación entre la fase de ordenación y la sancionadora, encomendándolas al mismo órgano
la debida separación entre la fase de finalización y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos
la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas al mismo órgano
En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento
En algunos casos se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento
Los procedimientos sancionadores garantizarán al presunto responsable los siguientes derechos:
A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes
A formular quejas y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes
A ser notificado de los hechos que se le imputen
de la identidad del instructor
de la identidad del ordenante
de las infracciones que tales hechos puedan constituir la imputación
de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer
de la ley que atribuya tal competencia
de la autoridad competente para imponer la sanción
de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia
ser notificado de los hechos que se le imputen
de las infracciones que tales hechos puedan constituir
Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá proceder mediante acuerdo motivado a la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer
en cuanto a la presunción de inocencia:
Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario
Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes no vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que sustancien
Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados
Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario
Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que sustancien
Se practicarán de oficio o se admitirán a propuesta del presunto responsable cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de hechos y posibles responsabilidades
Sólo podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que por su relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable
Sólo podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que por su relación con los hechos puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable
Sólo podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que por su relación con los hechos no puedan alterar la resolución final en contra del presunto responsable
Sólo podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que por su relación con los hechos puedan alterar la resolución final en contra del presunto responsable
en cuanto a la resolución
La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa
La resolución que ponga fin al procedimiento habrá de ser motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente
En la resolución se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica
En la resolución se adoptarán, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva
En la resolución se adoptarán, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto sea ejecutiva
La resolución no será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa
En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica
La resolución que ponga fin al procedimiento habrá de ser fundada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente
Principios de la responsabilidad:Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos
Principios de la responsabilidad:Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos
señale la correcta en cuanto al principio de responsabilidad:
Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos
Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos
Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos
Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normalseñale la correctra de los servicios públicos
En todo caso, el daño alegado de los particulares de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos habrá de ser :
efectivo
evaluable económicamente
generalizado con relación a una persona o grupo de personas
individualizado con relación a una persona o grupo de personas
evaluable financieramente
Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos
Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos
Las Administraciones Públicas no indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos
Las Administraciones Públicas no indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos
La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por
la Ley Orgánica del Poder Judicial
la Ley Orgánica de la Hacienda Pública
la Ley Orgánica de la Conserjería competente en materia de Hacienda
la Ley Orgánica del Estado
quién fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar
El Consejo de Ministros
la Administración de Justicia
Tribunal Constitucional
Tribunal de Justicia
El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando ...haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad
el Tribunal Constitucional
el Tribunal de Justicia
El Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Economía
El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad
El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento normal o anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad
El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal de Justicia haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad
El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por
el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado
el Ministerio de Economía, con audiencia al Consejo de Ministros
el Ministerio de Hacienda, con audiencia al Consejo de Estado
el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Ministros
Responsabilidad concurrente de las Administraciones públicas
Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad, las Administraciones intervinientes responderán de forma solidaria
El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas
En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación
En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de
competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención
eficacia, interés público tutorizado e intensidad de la actuación
competencia, interés público tutelado e fuerza de la intervención
eficacia, interés público tutelado e intensidad de la actuación
serán indemnizables
las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos
La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en
la legislación de expropiación forzosa
legislación fiscal
demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado
legislación económica
la legislación de expropiación vountaria
La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado
La indemnización procedente no podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, aunque existiese acuerdo con el interesado
La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos íntegros, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado
La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo,fijado por
el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria
Ministerio de Economía, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria
Ministerio de Hacienda, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria
Ministerio de Justicia, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria
La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.
La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial
Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se iniciarán
de oficio o por reclamación de los interesados
de oficio
por reclamación de los interesados
Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán, por
el Ministro respectivo
el Consejo de Ministros si una Ley así lo dispone
por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local
por el Consejo General de Estado
por la Administración General de Estado
La reclamación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverá por:
Cuando su norma de creación así lo determine, la reclamación se resolverá por los órganos a los que corresponda de las Entidades de Derecho Público
Cuando su norma de creación así lo determine, la reclamación se resolverá por los órganos a los que corresponda de las Entidades de Derecho Privado
Cuando su norma de modificación así lo determine, la reclamación se resolverá por los órganos a los que corresponda de las Entidades de Derecho Público
Cuando su norma de modificación así lo determine, la reclamación se resolverá por los órganos a los que corresponda de las Entidades de Derecho Privado
Para la determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerá reglamentariamente un procedimiento general con inclusión de un procedimiento abreviadoPara la determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerá reglamentariamente un procedimiento abreviado con inclusión de un procedimiento general cuando Iniciado el procedimiento general, cuando sean inequívocos la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, el órgano competente podrá acordar la sustanciación de un procedimiento abreviado, a fin de reconocer el derecho a la indemnización en el plazo de treinta días
Para la determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerá reglamentariamente un procedimiento abreviado con inclusión de un procedimiento general cuando Iniciado el procedimiento general, cuando sean inequívocos la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, el órgano competente podrá acordar la sustanciación de un procedimiento abreviado, a fin de reconocer el derecho a la indemnización en el plazo de treinta días
Iniciado el procedimiento general, cuando sean inequívocos la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, el órgano competente podrá acordar la sustanciación de un procedimiento abreviado, a fin de reconocer el derecho a la indemnización en
el plazo de treinta días
el plazo de quince días
el plazo de veinte días
el plazo de diez días
En el procedimiento general de responsabilidad patrimonial cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 € o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica.
será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma
será preceptivo el dictamen del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Consejo de Estado
será preceptivo el dictamen del Consejo del Poder Judicial o, en su caso, del órgano consultivo de la Entidad local
será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Entidad local
En el procedimiento general será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean
de cuantía igual o superior a 50.000 € o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica.
de cuantía igual o inferior a 50.000 € o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica.
de cuantía igual o superior a 50.000 € o a la que se establezca en la correspondiente legislación estatal.
de cuantía igual o inferior a 50.000 € o a la que se establezca en la correspondiente legislación estatal.
La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización, pero si la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la Sentencia definitiva
La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas presupone derecho a la indemnización, pero si la resolución o disposición impugnada no lo fuese por razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la Sentencia definitiva
presupone derecho a la indemnización
la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la Sentencia definitiva
La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas
La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización, pero si la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar
prescribirá al año de haberse dictado la Sentencia definitiva
prescribirá a los seis meses de haberse dictado la Sentencia definitiva
prescribirá a los dos años de haberse dictado la Sentencia definitiva
prescribirá a los tres meses de haberse dictado la Sentencia definitiva
En todo caso, el derecho a reclamar (en cuanto a los procedimientos de responsabilidad patrimonial)
prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.
En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas
prescribe a los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.
En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.
La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive
pone fin a la vía administrativa
no pone fin a la vía administrativa
Si no recae resolución expresa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, se podrá entender desestimada la solicitud de indemnización
Si recae resolución expresa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, se podrá entender desestimada la solicitud de indemnización
Iniciado el procedimiento general, cuando sean inequívocos la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, el órgano competente podrá acordar la sustanciación de un procedimiento abreviado, a fin de reconocer el derecho a la indemnización en el plazo de treinta días
Iniciado el procedimiento general, cuando sean inequívocos la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, el órgano competente podrá acordar la sustanciación de un procedimiento abreviado, a fin de reconocer el derecho a la indemnización en el plazo de veinte días
en cuanto al procedimiento abreviado
En todo caso, los órganos competentes podrán acordar o proponer que se siga el procedimiento general
Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud de indemnización
Si recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud de indemnización
En cualquier caso, los órganos competentes podrán acordar o proponer que se siga el procedimiento general
Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de derecho privado, responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad
Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de derecho privado, responderán indirectamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, no considerándose la actuación del mismo actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre
los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio
los particulares exigirán indirectamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio
La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados,
exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves
previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca
exigirá de oficio o a solicitud del interesado de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves
previa instrucción del procedimiento que judicialmente se establezca
La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca.Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios:
el resultado dañoso producido
la existencia o no de intencionalidad
la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.
Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando
hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves
hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia muy graves
hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia leves
La resolución declaratoria de responsabilidad
pondrá fin a la vía administrativa
no pondrá fin a la vía administrativa
la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes
La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en
la legislación correspondiente
la legislación Estatal
la legislación Comunidad Autonoma
La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial
La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones públicas
no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan
salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial
suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan
salvo que la determinación de los hechos en la responsabilidad patrimonial sea necesaria para la fijación de los hechos en el orden jurisdiccional penal
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, regulado en:
Ley 30/1992, de 26 de noviembre
Ley 7/1985, de 26 de noviembre
R.D. 1398/1993
se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora
Ley 29/1992, de 26 de noviembre
R.D. 1388/1993
La potestad sancionadora de las Administraciones públicas, reconocida por la Constitución, se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por
una norma con rango de Ley
Ley
Reglamento
Decreto
La potestad sancionadora de las Administraciones públicas, reconocida por la Constitución
se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley,
con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio
cuando se trate de entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a
los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario
los órganos legislativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario
los órganos judiciales que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario
los órganos legales que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario
las disposiciones de la de la potestad sancionadora no son de aplicación respecto del personal a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual.
las disposiciones de la de la potestad sancionadora son de aplicación respecto del personal a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual.
con respecto a la irretroactividad
Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa
Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición
Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto no favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición
No serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa
Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, excluidas las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición
con respecto a la tipicidad
Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la administración local en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Unicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley
Las normas definidoras de infracciones y sanciones serán susceptibles de aplicación analógica
Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica
Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que,contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes
constituyen infracciones administrativas entre otras: las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la administración local en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
con respecto a la tipicidad: Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación digital
con respecto a la tipicidad:quienes podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes
Las disposiciones reglamentarias de desarrollo
Las disposiciones reglamentarias
Las disposiciones adicionales de desarrollo
Las disposiciones de desarrollo
Unicamente por ... podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley.
la comisión de infracciones administrativas
la comisión de infracciones judiciales
la comisión de infracciones reglamentarias
Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa
Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. Menos en los casos de inobservancia
Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con
la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario,
la indemnización por los daños y perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano al que le corresponda la potestad sancionadora, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente
la indemnización por los daños y perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano gestor, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente
Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecida por una norma con rango de Ley, corresponda a varias personas conjuntamente previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan
Serán responsables subsidiarios o solidarios por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley que conlleven el deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otros, las personas físicas y jurídicas sobre las que tal deber recaiga, cuando así lo determinen las Leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores
No serán responsables subsidiarios o solidarios por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley que conlleven el deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otros, las personas físicas y jurídicas sobre las que tal deber recaiga, cuando así lo determinen las Leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores
Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad
Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en algún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad
El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas
El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas
En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar
La existencia de intencionalidad o grado de culpabilidad
La naturaleza de los perjuicios causados
La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa
La reincidencia, por comisión en el término de dos año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa
La continuidad o persistencia en la conducta infractora
Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan.
las infracciones muy graves prescribirán a
los tres años
dos años
un año
seis meses
las infracciones graves prescribirán a
tres años
las infracciones leves prescribirán a
las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los
las sanciones impuestas por faltas graves prescribirán a los
las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán a los
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse
desde el día en que la infracción se hubiera cometido
a partir del día en que la infracción se hubiera cometido
desde el día en que se pone en conocimiento cuando se hubiera cometido la infracción
a partir del día en que se pone en conocimiento cuando se hubiera cometido la infracción
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante menos de un mes por causa no imputable al presunto responsable
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse
desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla
a partir del día siguiente a aquél en que sea ejecutable la firmeza la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla
en el mismo día en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante menos de un mes por causa no imputable al infractor
No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
Podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
No podrán sancionarse los hechos que
hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
no hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie
identidad del sujeto
hecho
fundamento
procedimiento
Las disposiciones de los Principios de la potestad sancionadora serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo
Las disposiciones de los Principios de la potestad sancionadora no serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo
Las disposiciones de los Principios de la potestad sancionadora no serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas
Las disposiciones de los Principios de la potestad sancionadora serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas
Las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en
graves
leves
muy graves
Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecida por una norma con rango de Ley, corresponda a varias personas conjuntamente previstas en una disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente,
responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan
cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable
cuando la sanción no sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable
Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores, podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas
en cualquier caso, las personas no responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas
Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción
en el grado inferior
en el grado superior
Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer
únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida
únicamente la sanción correspondiente a la infracción menos grave cometida
todas las sanciones correspondientes a la infracciones cometidas
todas las sanciones graves correspondientes a la infracciones cometidas
Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión
Será sancionable, como infracción aislada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse en el caso de infracciones continuadas o permanentes,
desde que finalizó la conducta infractora
a partir de la finalización de la conducta infractora
en el momento en que finalizó la conducta infractora
En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse
desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso
a partir del día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso
en el mismo día en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso
señale las opciones correctas en cuanto a la concurrencia de sanciones
No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento
Podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento
Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción
Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción porel mismo fundamento, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y hechos, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción
señale la opcion correcta en cuanto a la concurrencia de sanciones
Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo incrementarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción
Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos fundamentos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y hechos, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción
Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos fundamentos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y hechos, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo incrementarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción
El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las adm publicas, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites:
Alegaciones durante un plazo de quince días
Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días
Alegaciones durante un plazo de diez días
Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de cinco días
Audiencia durante un plazo de diez días
Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia
Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días
Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de diez días
Resolución por el órgano competente en el plazo de diez días
Resolución por el órgano competente en el plazo de quince días
Audiencia durante un plazo de cinco días
Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá
incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado
directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad
incluso cuando no concurra con sujetos de derecho privado
indirectamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad
en los casos de indemninzaciones: En los casos de responsabilidad patrimonia, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de...de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa
los cinco años anteriores a la fecha de la publicación
los cuatro años posteriores a la fecha de la publicación
los tres años anteriores a la fecha de la publicación
los cinco años posteriores a la fecha de la publicación
La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Entidades Locales
la indemnización en los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social
En los casos de responsabilidad concurrente de las adm publicas, la Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será
la fijada en los Estatutos o reglas de la organización colegiada
En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio
la fijada en las Leyes o reglas de la organización colegiada
En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la economía del servicio
Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas,deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de
quince días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente
veinte días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente
treinta días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente
diez días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente
Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor
o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
o de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor
La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización
La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas presupone, por sí misma, derecho a la indemnización
La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos
Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional
Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea
Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma declarada inconstitucional
Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho del Estado
Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada
Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad anteriormente declarada
Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada
Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada favorable al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada
señale las afirmaciones correctas en cuanto a los requisitos que deben cumplirse con respecto de la responsabilidad patrimonial de las administraciones publicas
La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.
El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado
Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares
El incumplimiento ha de estar suficientemente motivado
La norma ha de tener por objeto conferir obligaciones a los particulares
Ha de existir una relación de causalidad indirecta entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares
ninguna es correcta
La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos
desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa
a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa
desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» «Boletón Oficial Provincial» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa
a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» «Boletón Oficial Provincial» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa
para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, se seguirá
el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas
en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
en la Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas
para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
