1. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece y regula (señala la incorrecta):
las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas
los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora
el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas
la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades
2. La presente Ley se aplica al sector público que comprende (señala la incorrecta):
la Administración General del Estado
las Administraciones de las Comunidades Autónomas
as Entidades que integran la Administración Local
el sector público y privado institucional
3. El sector público institucional se integra por:
cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas
las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas
las Universidades públicas
todas son correctas
4. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas:
no quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, salvo, cuando ejerzan potestades administrativas
no quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, ni siquiera, cuando ejerzan potestades administrativas
quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas
quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, excepto, cuando ejerzan potestades administrativas
5. Las Universidades públicas se regirán por:
las previsiones de la presente Ley y supletoriamente por su normativa específica
su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley
exclusivamente por su normativa específica
exclusivamente por las previsiones de la presente Ley
6. Tienen la consideración de Administraciones Públicas (señala la incorrecta):
las Entidades que integran la Administración Local
cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas
7. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho y actúan de acuerdo con los principios de:
eficacia, legalidad, descentralización, desconcentración y coordinación
eficiencia, legalidad, descentralización, desconcentración y cooperación
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación
eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y cooperación
8. Las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:
simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos
participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa
responsabilidad por la gestión pública
9. Las Administraciones Públicas:
se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios no electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas
garantizarán la protección de los datos de carácter personal
facilitarán preferentemente la prestación disociada de servicios a los interesados
10. La actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico, bajo la dirección de (señala la incorrecta):
el Gobierno de la Nación
los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas
los órganos de gobierno de las Entidades Locales
los órganos de gobierno de las Universidades públicas
11. Las Administraciones Públicas actúan para el cumplimiento de sus fines con:
personalidad jurídica propia
personalidad jurídica única
personalidad jurídica plena
personalidad jurídica física
12. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán (señala la incorrecta):
aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva
motivar su necesidad para la protección del interés público
justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, evitando en la medida de lo posible que se produzcan diferencias de trato discriminatorias
evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos
13. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias con los límites establecidos en:
la legislación de protección de datos de carácter personal
el Código Civil
la Constitución Española
la ley de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas
14. Tendrán la consideración de órganos administrativos:
las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo
las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo
las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo
las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo
15. Respecto a los órganos administrativos (señala la incorrecta):
corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización
en ningún caso podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes
la creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población
16. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de (señala la incorrecta):
denominación y establecimiento de sus recursos humanos necesarios
determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica
delimitación de sus funciones y competencias
dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento
17. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante:
circulares
reglamentos internos
instrucciones y órdenes de servicio
disposiciones de carácter general
18. Las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno cuando:
una disposición específica así lo establezca
se estime conveniente por razón de los destinatarios
se estime conveniente por razón de los efectos que puedan producirse
19. Sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir, el incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio:
no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos
supone la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos
supone la nulidad de los actos dictados por los órganos administrativos
supone la anulabilidad de los actos dictados por los órganos administrativos
20. La Administración consultiva podrá articularse:
mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa
a través de los servicios de la Administración activa que prestan asistencia jurídica
a y b son correctas
a y b son incorrectas
1. En caso de que la Administración consultiva se articule a través de los servicios de la Administración activa, dichos servicios no podrán:
estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional
recibir instrucciones o directrices
recibir cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta
2. La competencia es:
renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación
renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación
irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación
irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación
3. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia:
suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén
no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén
no suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén
suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén
4. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos:
podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos
podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente independientes de aquéllos
podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes o independientesde aquéllos
no podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos
5. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a:
los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio
los órganos superiores competentes por razón de la materia
os órganos superiores competentes por razón de la materia y del territorio
los órganos inferiores competentes por razón de la materia
6. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en:
otros órganos de la misma Administración, siempre que sean jerárquicamente dependientes
los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas
7. La delegación de competencias:
deberá ser aprobada previamente en el ámbito de la Administración General del Estado, por el órgano máximo de dirección y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante
deberá ser aprobada previamente en el ámbito de la Administración General del Estado, por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección
en el ámbito de la Administración General del Estado no necesitará ser aprobada previamente, en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes deberá ser aprobada por el órgano máximo de dirección
en el ámbito de la Administración General del Estado y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, deberá ser aprobada previamente por el órgano máximo de dirección
8. Respecto a la delegación de competencias cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente:
será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo Ministerio
será necesaria la aprobación previa del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios
no será necesario aprobación previa
9. Cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión, los órganos de la Administración General del Estado po
cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público
sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes
sus entidades de derecho privado vinculadas o dependientes
ninguna es correcta
10. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a (señala la incorrecta):
los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas
la adopción de disposiciones de carácter especial
la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso
las materias en que así se determine por norma con rango de Ley
11. Respecto a la delegación de competencias, señala la correcta:
las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste
las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el tablón de anuncios del ayuntamiento de la Administración delegante
las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el portal web de la Administración delegante
las delegaciones de competencias y su revocación no precisan publicarse para su validez
12. Respecto a la delegación de competencias, señala la correcta:
las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegado
salvo autorización expresa de una Ley, podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación
la delegación una vez que el órgano delegante la haya conferido no será revocable
el acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum o mayoría
13. Respecto a la delegación de competencias:
no constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe
podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo
14. Cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda:
ordinariamente a sus órganos administrativos dependientes
por delegación a sus órganos administrativos dependientes
ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes
15. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por:
el órgano delegante
el órgano delegante y cualquier otro que se encuentre en el mismo nivel jerárquico
16. La avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere::
simultáneamente a la resolución final que se dicte
con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte
simultáneamente o con posterioridad a la resolución final que se dicte
con posterioridad a la resolución final que se dicte
17. Contra el acuerdo de avocación:
podrá imponerse recurso de alzada
podrá imponerse recurso potestativo de reposición
no cabrá recurso, ni podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento
no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento
18. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño, a otros órganos o Entidades de Derecho Público de:
la misma Administración, siempre que entre sus competencias no estén esas actividades
la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias no estén esas actividades
la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades
distinta Administración, siempre que entre sus competencias no estén esas actividades
19. Las encomiendas de gestión:
en todo caso, podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público
como regla general, podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público
excepcionalmente, podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público
no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público
20. La encomienda de gestión:
supone cesión de la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio
supone cesión de la titularidad de la competencia, aunque no de los elementos sustantivos de su ejercicio
no supone cesión de la titularidad de la competencia, pero sí de los elementos sustantivos de su ejercicio
no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio
1. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio.Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá a:
cualquiera de ellos
el órgano que determine el superior jerárquico común de estos
el superior jerárquico común de estos
2. No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén:
la delegación de competencias, la avocación, la delegación de firma y la suplencia
la avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia
la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia
la delegación de competencias, la avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia
3. Respecto a la encomienda de gestión, dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda, será responsabilidad de:
el órgano o Entidad encomendada
el órgano o Entidad encomendante
cualquiera de los anteriores
ninguno de los anteriores
4. Respecto a los datos de carácter personal a los que se pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión:
la Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento
la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento
la Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de encargado del tratamiento
la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento
5. Respecto a la formalización de las encomiendas de gestión:
cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes y, en su defecto, en los términos que establezca su normativa propia
en todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendado
cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada
6. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones la formalización:
se realizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas
deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante
en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares se regirá por la legislación de Régimen Local
7. Dentro de los límites señalados en el artículo 9, los titulares de los órganos administrativos podrán delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan:
en materias de su competencia, que ostenten por atribución
en materias que no sean de su competencia, que ostenten por atribución
en materias que no sean de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias
en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias
8. Respecto a la delegación de firma no es correcto:
no alterará la competencia del órgano delegante
para su validez deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración delegante
en las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia
9. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente:
en los supuestos de vacante o ausencia
en los supuestos de enfermedad
en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación
10. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente:
en la forma que disponga cada Administración Pública
en la forma que se dispone en la presente Ley
en la forma que se disponga reglamentariamente
11. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por:
quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa
quien designe el órgano administrativo inmediato inferior de quien dependa
cualquier titular del mismo órgano administrativo
cualquier titular del órgano administrativo inmediato inferior de quien dependa
12. La suplencia:
implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación
no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación
implicará alteración de la competencia y para su validez deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezcan los titulares de los órganos administrativos
no implicará alteración de la competencia y para su validez deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezcan los titulares de los órganos administrativos
13. En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá efectuarse:
en los reales decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales
en los estatutos de sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes
por el órgano competente para el nombramiento del titular, bien en el propio acto de nombramiento, bien en otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia
14. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia (señala la incorrecta):
se hará constar esta circunstancia
se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan
se especificará quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia
se especificará la duración de la suplencia
15. Respecto a las decisiones sobre competencia es correcto:
el órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, sin necesidad de notificar esta circunstancia a los interesados
los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente
los interesados no podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto
los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo
16. Se realizará mediante acuerdo motivado:
la avocación
la delegación de firma
la suplencia
la encomienda de gestión
17. No es correcto respecto a los órganos colegiados:
el régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en la presente Ley, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran
el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran
las Administraciones no podrán publicar el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento en otros medios de difusión
cuando se trate de un órgano colegiado en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, la publicidad se realizará por la Administración a quien corresponda la Presidencia
18. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas
que cuenten con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento
que no cuenten con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento
que cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.
19. Los órganos colegiados a que se refiere la pregunta anterior quedarán integrados en la Administración Pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que:
así lo establezcan sus normas de creación
se desprenda de sus funciones
se desprenda de la propia naturaleza del órgano colegiado
20. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que (señala la incorrecta):
podrá ser un miembro del propio órgano
podrá ser una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente
podrá ser una persona ajena a la Administración Pública correspondiente
10. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por:
una Ley
una norma con rango de Ley
una norma con rango de Ley o un reglamento
un reglamento
11. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por:
Ley
disposición de rango legal
disposición de rango legal o reglamentario
disposición de rango reglamentario
12. Las disposiciones del Capítulo Principios de la potestad sancionadora de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo
serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público
serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas
13. Las disposiciones sancionadoras:
producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, excepto respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición
producirán efecto irretroactivo en cuanto favorezcan al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición
producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición
producirán efecto irretroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, excepto respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición
14. Sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por: (principio de tipicidad)
una norma con rango de ley
15. Las infracciones administrativas se clasificarán en:
leves y graves
graves y muy graves
leves, graves y muy graves
16. Respecto a las sanciones:
únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones
en ningún caso podrán imponerse sanciones por la comisión de infracciones administrativas
podrán imponerse sanciones por la comisión de cualquier tipo de infracción
17. Con el fin de contribuir a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes, las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que:
constituyan nuevas infracciones o sanciones, o alteren la naturaleza o límites de las que la Ley contempla
no constituyan nuevas infracciones o sanciones, pero alteren la naturaleza o límites de las que la Ley contempla
no constituyan nuevas infracciones o sanciones, ni alteren la naturaleza o límites de las que la Ley contempla
constituyan nuevas infracciones o sanciones, pero no alteren la naturaleza o límites de las que la Ley contempla
19. Podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa si resultan responsables de los mismos a título de dolo o culpa, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar:
los grupos de afectados
las uniones y entidades sin personalidad jurídica
los patrimonios independientes o autónomos
20. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles
con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario
con la indemnización por los daños y perjuicios causados
1.Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan:
de forma solidaria
de forma subsidiaria
de forma indvidual
de forma mancomunada
2. Cuando sea posible la sanción se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable:
cuando la sanción sea pecuniaria
cuando la sanción no sea pecuniaria
cuando el sujeto sea reincidente
cuando el sujeto no sea reincidente
3. Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores:
podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación
no podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes no se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación
no podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación
podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes no se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación
4. Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores:
podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones no pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas
podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas
no podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones no pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas
no podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas
5. Las sanciones administrativas:
sean o no de naturaleza pecuniaria, podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad
que no sean de naturaleza pecuniaria, podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad
sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad
que sean de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad
6. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas:
resulte más satisfactorio para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas
resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas
no resulte más satisfactorio para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas
no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas
7. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar:
la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer
la adecuación de la sanción a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción
8. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios (señala la incorrecta):
el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad
la continuidad o persistencia en la conducta infractora
la naturaleza de los perjuicios causados
la reincidencia, por comisión en el término de dos años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa
9. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes:
el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior
el juez podrá imponer la sanción en el grado inferior
el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado superior
el juez podrá imponer la sanción en el grado superior
10. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras:
se deberá imponer la sanción en el grado superior
se deberán imponer todas las sanciones correspondientes
se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida
11. Señala la correcta:
será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo precepto administrativo, en ejecución de un plan espontáneo o aprovechando distinta ocasión
será sancionable, como infracción interrumpida, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan espontáneo o aprovechando distinta ocasión
no será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo precepto administrativo, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión
será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión
12. Las infracciones y sanciones prescribirán:
según lo dispuesto en la presente Ley
según lo dispuesto en las leyes que las establezcan
según lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias que las desarrollen
13. Si no se han fijado los plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán
a los seis meses
al año
a los dos años
a los tres años
14. Si no se han fijado los plazos de prescripción, las infracciones leves prescribirán:
15. Si no se han fijado los plazos de prescripción, las sanciones graves prescribirán:
16. Si no se han fijado los plazos de prescripción, las sanciones leves prescribirán:
17. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse:
desde el día en que la infracción se hubiera cometido
desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido
desde que finalizó la conducta infractora
desde el día siguiente en que finalizó la conducta infractora
18. El plazo de prescripción de las infracciones continuadas o permanentes, comenzará a correr:
19. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante::
más de 1 mes por causa no imputable al presunto responsable
más de 3 meses por causa imputable al presunto responsable
más de 1 mes por causa imputable al presunto responsable
más de 3 meses por causa no imputable al presunto responsable
20. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde:
el día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción
el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción
el día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla
el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla
1. En los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento:
podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido administrativamente
no podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido administrativamente
no podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente
podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente
2. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y:
siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción
siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo aumentarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción
siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo aumentarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción
siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción
3. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia de:
el funcionamiento anormal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley
el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley
el funcionamiento anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley
el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley
16. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a:
una Administración Pública
a uno o varios organismos públicos en el ejercicio de sus competencias
a una o varias entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias
17. No es correcto respecto a las sedes electrónicas:
el establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma
las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias
la publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos
la Administración General del Estado determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad
18. Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a (señala la incorrecta):
un organismo público
una entidad de Derecho Privado
19. Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a:
la información publicada
la sede electrónica correspondiente
20. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de:
cualquier sistema electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de protección de datos
cualquier sistema electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica
un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de protección de datos
un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica
1. Los certificados electrónicos que usen las Administraciones Públicas como sistemas de identificación incluirán (señala la incorrecta):
el número de identificación fiscal
la denominación correspondiente
en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos
el periodo de validez del certificado
2. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública:
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública
excepto las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, será privada
incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, será privada
excepto las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública
3. Respecto a los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas:
cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos
se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que se publique como propia en su portal de internet
la relación de sellos electrónicos será accesible por medios electrónicos
4. Se entiende por actuación administrativa automatizada:
cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público
cualquier acto o actuación realizada parcial o íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público
cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público
cualquier acto o actuación realizada parcial o íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público
5. En caso de actuación administrativa automatizada deberá:
establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad
caso, para auditoría del sistema de información y de su código fuente
indicarse el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación
6. En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica:
sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica
código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, no permitiéndose la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente
7. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42, la actuación de una Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, cuando utilice medios electrónicos se realizará mediante:
sello electrónico del titular del órgano o empleado público
firma electrónica del titular del órgano o empleado público
certificado electrónico del titular del órgano o empleado público
8. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal, los cuales:
podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios
identificarán de forma separada al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios
únicamente identificarán al titular del puesto de trabajo o cargo
9. Serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en esta Ley:
los documentos electrónicos transmitidos en entornos abiertos de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público o privado
los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público
los documentos electrónicos transmitidos en entornos abiertos de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público
los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público o privado
10. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que:
al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar
en ningún caso, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar
comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados, pero no la naturaleza de los datos a intercambiar
no comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados, pero sí la naturaleza de los datos a intercambiar
11. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y garantías por las que se regirán:
se establecerá por la Administración que sea superior jerárquicamente a las demás
se establecerá por la Administración que inicie el envío de las comunicaciones
son las que se establecen en la presente Ley
se establecerán mediante convenio suscrito entre aquellas
12. Señala la incorrecta:
en todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno abierto de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan
las Administraciones Públicas podrán determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica
con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando una Administración utilice sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para remitir o poner a disposición de otros órganos, organismos públicos, entidades de Derecho Público o Administraciones la documentación firmada electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado
13. Los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán:
por medios no electrónicos, salvo cuando no sea lo más adecuado para su conservación
por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible
siempre por medios electrónicos y medios no electrónicos
siempre por medios electrónicos
14. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza:
en el mismo formato a partir del que se originó el documento
en cualquier formato que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo
en el formato que decidan los particulares
15. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en:
el Esquema Nacional de Seguridad
el Consejo de Ministros
el Punto de Acceso General electrónico de la Administración
el Registro Electrónico General de cada Administración
16. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad que garanticen (señala la incorrecta):
la integridad y autenticidad de los documentos almacenados
la confidencialidad y la calidad de los documentos almacenados
la protección y la conservación de los documentos almacenados
el acceso libre a los documentos almacenados
17. Los medios o soportes en que se almacenen documentos asegurarán (señala la incorrecta):
la identificación de los usuarios y el control de accesos
el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos
la recuperación y conservación a corto plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran
