Los países iberoamericanos se han reiterado continuamente en favor de la Corte Penal Internacional, 17 de 21 países de nuestra región, firmaron el Estatuto de Roma y 14, lo han ratificado. El reto de consolidar sociedades democráticas exige combatir la impunidad por graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, como las que han marcado la historia iberoamericana en recientes épocas, y prevenir su repetición.