Protección de derechos fundamentales

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• Se refiere a las instituciones que tienen como misión específica la protección de los derechos fundamentales. El artículo 44 de la Constitución señala como deber primordial del Estado la plena vigencia de los derechos humanos, y en consecuencia promover el bienestar general fundamentado en la justicia y el desarrollo equilibrado.

1. Estatales

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   • A nivel del Estado podemos identificar a la Defensoría del Pueblo, encargada de la protección de los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, mediante la supervisión de la administración estatal. Consulta sus funciones y ámbito de actuación desde su pag web. Este control puede darse también a nivel internacional, el Perú forma parte de la OEA, y de su sistema de protección conformado por la Comisión y la Corte Interamericana.
2. No estatales

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   • Los Organismos No Gubernamentales (ONGs), son instituciones que de acuerdo a sus propias materias de interés protegen derechos humanos.  Estas pueden ser nacionales o  internacionales, algunas de ellas por su consecuencia y largos años de trabajo han conseguido prestigio internacional como Amnistia Internacional o American Watch.

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• No es posible la protección de derechos sin el acceso a la justicia. La Constitución Política del Perú, en sus artículos 138 y 139, establecen una serie de garantías para la administración de justicia, especialmente en la tutela judicial efectiva y abarca incluso el derecho de las personas privadas de libertad.

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• Lo que realmente determina la situación de vulnerabilidad son condiciones extrinsicas a las personas. Es la respuesta de la sociedad la condena a la exclusión de ciertos grupos humanos.Estas pueden clasificarse en económicas (pobreza), culturales (pensamiento atávico), o sociales (discriminación).

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• Los conflictos sociales surgen desde la percepción de una amenaza o real afectación de uno o varios derechos. Es importante analizar las relaciones de poder que se presentan en los conflictos, la afectación de los derechos a poblaciones en condición de vulnerabilidad, los derechos y expectativas que pueden afectarse a la ciudadanía en general y la participación del Estado en su desarrollo y solución.