Es una figura legal que protege a los trabajadores de ser despedidos por su empleador en razón a
su discapacidad.
Normas que referencian el fuero de los trabajadores
El marco normativo que sustenta el fuero mencionado es: los artículos 25 y 13 de la Constitución
Nacional; el artículo 26 de la ley 361 de 1997, la Convención Interamericana para la eliminación de
todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad, aprobada por la Ley 1346 de
2009.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, e incorporada al ordenamiento jurídico
colombiano mediante la Ley 1346 de 2009, pone de manifiesto el interés por la protección y efectiva
realización de los derechos de las personas con discapacidad a partir del pleno reconocimiento de su
dignidad humana.
La protección de las personas con discapacidad o en situación de debilidad manifiesta han tenido su
desarrollo jurisprudencial mediante la revisión, entre otros, de los siguientes fallos de tutela: T-1639
de 2000; T-285, T-473 y T-951 de 2003; T-1012 y T-1103 de 2004; T-1031 de 2005; T-884 y T-1070 de
2006; T-560, T-816, T-984 y T-988 de 2007; T-090 y T-1258 de 2008, y T-650 de 2009. En el mismo
sentido el legislador garantizo los derechos de estas personas con la expedición de la Ley 361 de
1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitaciones y
se dictan otras disposiciones”.
“el artículo 27 de la Convención destaca como principio general el derecho de las personas con
discapacidad a tener un empleo que les permita procurarse su propio sustento, dentro de un
entorno de igualdad de oportunidades que tome en cuenta sus circunstancias particulares. Este
artículo subraya también la necesidad de garantizar el derecho al trabajo de las personas que
adquieran una discapacidad mientras tengan un empleo, así como otros aspectos, entre ellos, el
pleno ejercicio de los derechos laborales y sindicales por las personas discapacitadas, la realización
de ajustes razonables en los espacios de trabajo, la prevención de la discriminación, el acoso o la
explotación laborales contra ellas, y la necesidad de que se diseñen e implementen políticas públicas
encaminadas al readiestramiento y