GUATEMALA ANTE GRAVE CRISIS AMBIENTAL

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Debate y propuesta de solución.
Axel Edgardo López
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Axel Edgardo López
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Resumo de Recurso

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GUATEMALA ANTE GRAVE CRISIS AMBIENTAL En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, los colectivos y organizaciones sociales que formamos parte de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala REDSAG y la Alianza Nacional por la Protección a la Biodiversidad ANAPROB y las comunidades afectadas por los efectos de los monocultivos y megaproyectos, denunciamos que Guatemala vive una grave crisis ambiental, atentando contra la vida y los derechos humanos de nuestros Pueblos.
Impunidad Ambiental La grave crisis ambiental que enfrentamos se caracteriza por la alta impunidad ambiental con la que actúan las empresas contaminantes y la débil respuesta gubernamental, que en muchos casos llega a actuar en complicidad con los destructores del ambiente. Estas prácticas se presentan en todo el territorio nacional, y son parte de un modelo económico que abusa irracionalmente de los bienes naturales y atentan contra el medio ambiente y la vida de la población.
Manifestamos nuestra preocupación ante algunos casos emblemáticos que evidencian la crisis ambiental que estamos viviendo y solicitamos a las instituciones públicas correspondientes y las instituciones internacionales de apoyo a la justicia, dar respuestas a nuestras demandas sobre el derecho al agua, a la salud, a un ambiente sano y la soberanía alimentaria de nuestros Pueblos:
1. El desvío y contaminación de ríos continúa siendo una realidad en las comunidades de la Costa Sur, producto de la actividad de los ingenios de azúcar y monocultivos. Uno de los casos es el del Río Canillas, ubicado en la comunidad Candelario de Retalhuleu, cuyo afluente fue desviado por los ingenios que producen caña de azúcar en la zona. Este es otro caso de desvío de ríos que pese a ser denunciado no ha sido investigado y continúa en impunidad. 2. El uso de pesticidas en la agricultura convencional deteriora el medio ambiente, contamina la producción agrícola familiar y daña la salud de la población. Las aspersiones aéreas de pesticidas afectan directamente a las familias que viven cerca de los monocultivos de caña, banano y azúcar. Los daños y el deterioro en la salud de la población es evidente y las denuncias al Ministerio Público tienen pocos avances. La respuesta Estatal al tema es muy débil, el Gobierno no ha dado muestras de voluntad política en la regulación del uso indiscriminado de los pesticidas y recientemente se opuso en la Asamblea de Ginebra a la regulación y uso del Paraquat y seis pesticidas más.
3. El desvío y contaminación de los ríos atenta fuertemente en la seguridad alimentaria y calidad de vida de la población, al no tener acceso al agua para regar siembras y abastecerse se alimentos que proveen los ríos y fuentes de agua. El poco acceso a la tierra por parte de las familias en mayor situación de pobreza y la precaria situación de salud se incrementan con el deterioro de los recursos ambientales. 4. Continúa con total impunidad el ecocidio del río La Pasión, en Sayaxché. Este 6 de junio se cumplen 2 años de que la empresa de palma Reforestadora de Palmas de Peten S.A. REPSA propiedad de la familia Molina, contaminó el río La Pasión y provocó una de las tragedias ambientales más grandes de Latinoamérica, calificada como ecocidio. Pese al daño ambiental, social y económico de más de 22 mil familias en 22 comunidades de Sayaxché, el caso sigue en total impunidad y pocos avances en el sistema de justicia como es el caso de la Fiscalía de Delitos Conta el Ambiente del Ministerio Público y las maliciosas resoluciones de la Sala de Apelación de Poptún y la demora mal intencionada de la Corte Suprema de Justicia para asignar juzgado y juez para el caso.
5. La construcción de hidroeléctricas es otro de los factores que ha incrementado la destrucción del ambiente, debido al desvío de los cauces y la alteración de los ecosistemas propios, además de los impactos sociales y humanos que conlleva. En la actualidad hay más de 20 proyectos hidroeléctricos nuevos autorizados y la instalación de los sistemas de transporte PET y PETNAC que se construyen con el único fin de generar y transportar energía para grandes usuarios o exportar a otros países, y no para electrificar a comunidades como se repite en los discursos oficiales.
6. Ese modelo energético explotador se complementa con el abuso de las empresas mineras, que además de destruir nuestros territorios para lograr sus ganancias, alteran la vida comunitaria y produce violencia en los territorios, como lo evidenció la más recientemente represión contra la población de El Estor, Izabal por defender sus derechos ante la destrucción de sus cerros y contaminación del Lago de Izabal por parte de la mina de niquel CGN. 7. La institucionalidad pública continúa actuando en beneficio de los intereses empresariales y garantizando la impunidad ambiental. En otros casos, las empresas se han aliado con los funcionarios vinculados al sector energéticos y las autoridades locales para garantizar la construcción de estos proyectos, aunque existan ilegalidades o se violen leyes nacionales. Ejemplo de ello es la decisión de la Corte de Constitucionalidad sobre el caso de la Hidroeléctrica Oxec que permiten que esta empresa continúe destruyendo el río Cahabón; el acuerdo 145-2013 que permite la construcción del Proyecto PET 1-2009 (Trecsa) en más de 74 municipios sin consulta a la población; o los permisos del Ministerio de Ambiente para que se construya un proyecto hidroeléctrico en la laguna Lachuá, entre muchos otros casos.
8. Los empresarios por su parte buscan garantizar que sus proyectos continúen en total impunidad. Pese a las evidencias de su responsabilidad en la destrucción y contaminación de ríos y lagos, buscan impulsar una Ley de Agua desde el Congreso que les garantice condiciones a su favor para seguir operando. Pese a que las comunidades han presentado también inciativas de Ley para proteger y regular el uso adecuado del agua, esta propuesta no ha sido atendida por las y los diputados. 9. En este contexto de grave crisis ambiental se ha incrementado la represión y criminalización contra las y los defensores del agua y los territorios. Las mujeres y hombres que han sido delegados para representar a las comunidades, enfrentan diversas acciones de criminalización y atentados en su contra con lo cual se busca contrarrestar la defensa de los derechos de las comunidades. Pese a las denuncias ante las instancias correspondientes, estos casos también prevalecen en total impunidad. Ante el abuso y daño a nuestra Madre Tierra, las comunidades hemos fortalecido nuestra organización y por medio de más de 80 consultas comunitarias se ha rechazado cualquier proyecto que afecte los territorios.
Este libre ejercicio de autodeterminación como Pueblos es irrespetado por el Gobierno, y ahora en complicidad con funcionarios y ONGs están promoviendo la “reglamentación” del derecho de consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT, con lo cual buscan regular una práctica ancestral de nuestros Pueblos y garantizar condiciones para que continúen operando los proyectos privados. Alertamos que la estrategia de reglamentar el Convenio 169, es apoyada decididamente por los empresarios, quienes buscan a través de la cooptación de liderazgos y campañas mediáticas lograr consultas para su beneficio y seguir explotando los bienes y recursos naturales.
Como Pueblos organizados, nosotras y nosotros, delegados de comunidades, organizaciones y colectivos sociales que nos hemos articulado para trabajar por la Vida, el Agua y la defensa de nuestros Territorios denunciamos nacional e internacionalmente estos hechos y expresamos nuestro decidido compromiso de seguir actuando a favor de los intereses colectivos y para el bien común. Somos defensores de la vida, del agua, la biodiversidad y de nuestros territorios. Guatemala, 05 de julio de 2017. Recuperada de: http://www.revistaperrobravo.com/denuncian-crisis-ambiental-en-guatemala/

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