26834375
Descrição
Mapa Mental por LENIS MISER, atualizado more than 1 year ago
|
Criado por LENIS MISER
aproximadamente 4 anos atrás
|
|
El contencioso administrativo y la
jurisdicción contenciosa
administrativa tributaria para el
actuar público
- El contencioso administrativo
- Es aquella destinada al
conocimiento y aplicación del
Derecho en el orden
administrativo, es decir, el
referente al conjunto normativo
destinado a la regulación de la
actividad de la Administración
pública en su versión contenciosa
o del control de la legalidad y del
sometimiento de esta a los fines
que la justifiquen.
- JUZGADOS DE MUNICIPIO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATVA (art. 26 LOCA)
- Son los competentes para conocer de: 1. Las demandas que interpongan los usuarios o usuarias o las
organizaciones políticas o privadas que los representen, por la prestación de servicios públicos.
2. Cualquier otra demanda o recurso que les atribuyan las leyes.
- JUZGADOS SUPERIORES ESTADALES DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA (art. 25 LOJCA)
- Son competentes para conocer de: 1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto
autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los
entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su
conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. 2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los
municipios, o algún instituto autónomo, ente público o empresa, o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados,
los municipios o cualquiera de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de treinta mil unidades
tributarias (30.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
- 3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados
por autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad
ejercidas contra las decisiones administrativas del trabajo en materia de inmovilidad, con ocasión de
una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo. 4. La abstención o la negativa de las
autoridades estadales o municipales, a cumplir los actos a que estén obligados por las leyes. 5. Las
reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las autoridades estadales o municipales de su
jurisdicción. 6. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares
concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la Ley.
- 7. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. 8. Las demandas derivadas de la actividad administrativa contraria al ordenamiento
jurídico de los órganos del Poder Público estadal, municipal o local. 9. Las controversias administrativas
entre municipios de un mismo estado por el ejercicio de una competencia directa e inmediata en
ejecución de la ley. 10. Las demás causas previstas en la Ley.
- SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (art. 23 LOJCA)
- Es competente para conocer de: 1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los
municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación,
en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan
participación decisiva, si su cuantía excede de setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su
conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. 2. Las demandas que ejerzan
la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público o empresa, o
cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios o cualquiera de
los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de setenta mil unidades
tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su
especialidad.
- 3. La abstención o la negativa del Presidente o Presidenta de la República, del Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva de la República, de los Ministros o Ministras, así como de las máximas
autoridades de los demás órganos de rango constitucional, a cumplir los actos a que estén obligados
por las leyes. 4. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las altas autoridades antes
enumeradas. 5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o
particulares dictados por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva de la República, los Ministros o Ministras, así como por las máximas
autoridades de los demás organismos de rango constitucional, si su competencia no está atribuida a
otro tribunal.
- 6. Las demandas de nulidad que se ejerzan contra un acto administrativo de efectos particulares y al
mismo tiempo del acto normativo sublegal que le sirve de fundamento, siempre que el conocimiento
de este último corresponda a la Sala Político Administrativa. 7. Las controversias administrativas entre
la República, los estados, los municipios u otro ente público, cuando la otra parte sea una de esas
mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre municipios de un mismo estado. 8. Las
controversias administrativas entre autoridades de un mismo órgano o ente, o entre distintos
órganos o entes que ejerzan el Poder Público, que se susciten por el ejercicio de una competencia
atribuida por la Ley. 9. La apelación de los juicios de expropiación. 10. Las demandas que se interpongan
con motivo de la adquisición, goce, ejercicio o pérdida de la nacionalidad o de los derechos que de ella
derivan.
- 11. Las demandas que se ejerzan con ocasión del uso del espectro radioeléctrico. 12.
Las demandas que le atribuyan la Constitución de la República o las leyes especiales,
o que le correspondan conforme a éstas, en su condición de máxima instancia de la
Jurisdicción Administrativa. 13. Las demás demandas derivadas de la actividad
administrativa desplegada por las altas autoridades de los órganos que ejercen el
Poder Público, no atribuidas a otro tribunal. 14. Las causas que se sigan contra los
representantes diplomáticos acreditados en la República, en los casos permitidos
por el derecho internacional.
- 15. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa y de las consultas que le correspondan conforme al
ordenamiento jurídico. 16. El avocamiento, de oficio o a petición de parte, sobre algún
asunto que curse en otro tribunal cuando sea afín con la materia administrativa. 17. Los
juicios en que se tramiten acciones conexas, cuando a la Sala Político Administrativa le esté
atribuido el conocimiento de alguna de ellas. 18. Del recurso especial de Juridicidad, de
conformidad con lo establecido en esta Ley. 19. Los conflictos de competencia que surjan
entre los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 20. Las consultas y
recursos de regulación de jurisdicción.
- 21. Los recursos de interpretación de leyes de contenido administrativo. 22. Los juicios sobre hechos
ocurridos en alta mar, en el espacio aéreo internacional o en puertos o territorios extranjeros
tramitados en la República, cuando su conocimiento no estuviese atribuido a otro tribunal. 23. Conocer y
decidir las pretensiones, acciones o recursos interpuestos, en el caso de retiro, permanencia,
estabilidad o concepto derivados de empleo público del personal con grado de oficial de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana. 24. Las demás causas previstas en la Ley.
- JUZGADOS NACIONALES DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA (art. 24 LOJCA)
- 1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los
municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o
cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los
estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan
participación decisiva, si su cuantía excede de treinta mil unidades
tributarias (30.000 U.T.) y no supere setenta mil unidades
tributarias (70.000 U.T.) cuando su conocimiento no esté atribuido
expresamente a otro tribunal en razón de su especialidad.
- 2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los
municipios, o algún instituto autónomo, ente público o
empresa, o cualquier otra forma de asociación, en la
cual la República, los estados, los municipios o
cualquiera de los entes mencionados tengan
participación decisiva, si su cuantía excede de treinta
mil unidades tributarias (30.000 U.T.) y no supere
setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su
conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón
de su especialidad. 3. La abstención o la negativa de las
autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 3
del artículo 23 de esta Ley y en numeral 4 del artículo 25
de esta Ley.
- 4. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las
autoridades a que se refiere el numeral anterior. 5. Las
demandas de nulidad contra los actos administrativos de
efectos generales o particulares dictados por autoridades
distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de
esta Ley y en numeral 3 del artículo 25 de esta Ley, cuyo
conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la
materia. 6. Los juicios de expropiación intentados por la
República, en primera instancia. 7. Las apelaciones de las
decisiones de los Juzgados Superiores Estadales de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa y de las consultas que
les correspondan conforme al ordenamiento jurídico. 8. Las
demandas derivadas de la actividad administrativa contraria al
ordenamiento jurídico desplegadas por las autoridades de los
órganos que ejercen el Poder Público, cuyo control no haya sido
atribuido a la Sala Político Administrativa 9. Las demás causas
previstas en la Ley.
- 4. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las
autoridades a que se refiere el numeral anterior. 5. Las
demandas de nulidad contra los actos administrativos de
efectos generales o particulares dictados por autoridades
distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de
esta Ley y en numeral 3 del artículo 25 de esta Ley, cuyo
conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la
materia. 6. Los juicios de expropiación intentados por la
República, en primera instancia. 7. Las apelaciones de las
decisiones de los Juzgados Superiores Estadales de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa y de las consultas que
les correspondan conforme al ordenamiento jurídico. 8. Las
demandas derivadas de la actividad administrativa contraria al
ordenamiento jurídico desplegadas por las autoridades de los
órganos que ejercen el Poder Público, cuyo control no haya sido
atribuido a la Sala Político Administrativa 9. Las demás causas
previstas en la Ley.
- 2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los
municipios, o algún instituto autónomo, ente público o
empresa, o cualquier otra forma de asociación, en la
cual la República, los estados, los municipios o
cualquiera de los entes mencionados tengan
participación decisiva, si su cuantía excede de treinta
mil unidades tributarias (30.000 U.T.) y no supere
setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su
conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón
de su especialidad. 3. La abstención o la negativa de las
autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 3
del artículo 23 de esta Ley y en numeral 4 del artículo 25
de esta Ley.
- 1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los
municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o
cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los
estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan
participación decisiva, si su cuantía excede de treinta mil unidades
tributarias (30.000 U.T.) y no supere setenta mil unidades
tributarias (70.000 U.T.) cuando su conocimiento no esté atribuido
expresamente a otro tribunal en razón de su especialidad.
- JUZGADOS NACIONALES DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA (art. 24 LOJCA)
- 21. Los recursos de interpretación de leyes de contenido administrativo. 22. Los juicios sobre hechos
ocurridos en alta mar, en el espacio aéreo internacional o en puertos o territorios extranjeros
tramitados en la República, cuando su conocimiento no estuviese atribuido a otro tribunal. 23. Conocer y
decidir las pretensiones, acciones o recursos interpuestos, en el caso de retiro, permanencia,
estabilidad o concepto derivados de empleo público del personal con grado de oficial de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana. 24. Las demás causas previstas en la Ley.
- 15. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa y de las consultas que le correspondan conforme al
ordenamiento jurídico. 16. El avocamiento, de oficio o a petición de parte, sobre algún
asunto que curse en otro tribunal cuando sea afín con la materia administrativa. 17. Los
juicios en que se tramiten acciones conexas, cuando a la Sala Político Administrativa le esté
atribuido el conocimiento de alguna de ellas. 18. Del recurso especial de Juridicidad, de
conformidad con lo establecido en esta Ley. 19. Los conflictos de competencia que surjan
entre los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 20. Las consultas y
recursos de regulación de jurisdicción.
- 11. Las demandas que se ejerzan con ocasión del uso del espectro radioeléctrico. 12.
Las demandas que le atribuyan la Constitución de la República o las leyes especiales,
o que le correspondan conforme a éstas, en su condición de máxima instancia de la
Jurisdicción Administrativa. 13. Las demás demandas derivadas de la actividad
administrativa desplegada por las altas autoridades de los órganos que ejercen el
Poder Público, no atribuidas a otro tribunal. 14. Las causas que se sigan contra los
representantes diplomáticos acreditados en la República, en los casos permitidos
por el derecho internacional.
- 6. Las demandas de nulidad que se ejerzan contra un acto administrativo de efectos particulares y al
mismo tiempo del acto normativo sublegal que le sirve de fundamento, siempre que el conocimiento
de este último corresponda a la Sala Político Administrativa. 7. Las controversias administrativas entre
la República, los estados, los municipios u otro ente público, cuando la otra parte sea una de esas
mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre municipios de un mismo estado. 8. Las
controversias administrativas entre autoridades de un mismo órgano o ente, o entre distintos
órganos o entes que ejerzan el Poder Público, que se susciten por el ejercicio de una competencia
atribuida por la Ley. 9. La apelación de los juicios de expropiación. 10. Las demandas que se interpongan
con motivo de la adquisición, goce, ejercicio o pérdida de la nacionalidad o de los derechos que de ella
derivan.
- 3. La abstención o la negativa del Presidente o Presidenta de la República, del Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva de la República, de los Ministros o Ministras, así como de las máximas
autoridades de los demás órganos de rango constitucional, a cumplir los actos a que estén obligados
por las leyes. 4. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las altas autoridades antes
enumeradas. 5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o
particulares dictados por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva de la República, los Ministros o Ministras, así como por las máximas
autoridades de los demás organismos de rango constitucional, si su competencia no está atribuida a
otro tribunal.
- Es competente para conocer de: 1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los
municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación,
en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan
participación decisiva, si su cuantía excede de setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su
conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. 2. Las demandas que ejerzan
la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público o empresa, o
cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios o cualquiera de
los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de setenta mil unidades
tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su
especialidad.
- SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (art. 23 LOJCA)
- 7. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. 8. Las demandas derivadas de la actividad administrativa contraria al ordenamiento
jurídico de los órganos del Poder Público estadal, municipal o local. 9. Las controversias administrativas
entre municipios de un mismo estado por el ejercicio de una competencia directa e inmediata en
ejecución de la ley. 10. Las demás causas previstas en la Ley.
- 3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados
por autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad
ejercidas contra las decisiones administrativas del trabajo en materia de inmovilidad, con ocasión de
una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo. 4. La abstención o la negativa de las
autoridades estadales o municipales, a cumplir los actos a que estén obligados por las leyes. 5. Las
reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las autoridades estadales o municipales de su
jurisdicción. 6. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares
concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la Ley.
- Son competentes para conocer de: 1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto
autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los
entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su
conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. 2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los
municipios, o algún instituto autónomo, ente público o empresa, o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados,
los municipios o cualquiera de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de treinta mil unidades
tributarias (30.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
- JUZGADOS SUPERIORES ESTADALES DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA (art. 25 LOJCA)
- Son los competentes para conocer de: 1. Las demandas que interpongan los usuarios o usuarias o las
organizaciones políticas o privadas que los representen, por la prestación de servicios públicos.
2. Cualquier otra demanda o recurso que les atribuyan las leyes.
- Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son
competentes para anular los actos administrativos generales o
individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de
poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación
de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la
Administración; conocer de reclamos por la prestación de
servicios, públicos; y disponer lo necesario para el
restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas
lesionadas por la actividad administrativa.
- JUZGADOS DE MUNICIPIO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATVA (art. 26 LOCA)
- Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, numero: 39.451, de fecha:
22 de junio de 2010, gaceta oficial 37.330.
- La Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en su artículo 259, establece que «La
jurisdicción contencioso administrativa corresponde
al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás
tribunales que determine la ley.
- La Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en su artículo 259, establece que «La
jurisdicción contencioso administrativa corresponde
al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás
tribunales que determine la ley.
- Esta destinada a la aplicabilidad del derecho a
nivel administrativo, específicamente a la
administración publica.
- Es aquella destinada al
conocimiento y aplicación del
Derecho en el orden
administrativo, es decir, el
referente al conjunto normativo
destinado a la regulación de la
actividad de la Administración
pública en su versión contenciosa
o del control de la legalidad y del
sometimiento de esta a los fines
que la justifiquen.
- Jurisdicción contenciosa administrativa
tributaria para el actuar público
- Es un medio judicial de impugnación de actos
administrativos de efectos particulares dictados por la
Administración Tributaria, ya sea que éstos
determinen tributos, donde se apliquen sanciones o
afecten de cualquier forma los derechos subjetivos o
intereses legítimos de los administrados. En cuanto a
su naturaleza jurídica este se encuentra estipulado en
el articulo (259 CRBV), y artículos (260 COT).
- Efectos y Caducidad del Recurso Establecido en el articulo (178
COT), se interpone y se suspende la ejecución del acto recurrido
en cuanto la interposición del recurso jerárquico dispuesto en el
articulo (172 ejusdem). El lapso de caducidad no admite ni
interrupciones ni suspensiones, lo cual este transcurre de
acuerdo a lo previsto en el articulo (176 COT).
- OBJETO
- Es un Recurso Jurisdiccional es decir que solo puede intentarse
contra actos y efectos a particulares de la administración
tributaria. Puede ser Impugnado no solamente con actos
determinativos o liquidatarios, sino a cualquier acto de los
organismos antes mencionados Puede se interpuesto no solo por
el Contribuyente sino también por un tercero que resulte
afectado.
- El recurso contencioso tributario ejercido en esta jurisdicción procederá: Contra
los mismos actos de efectos particulares que pueden ser objeto de impugnación
mediante el recurso jerárquico, sin necesidad del previo ejercicio de dicho
recurso. Contra los mismos actos a que se refiere el numeral anterior, cuando
habiendo mediado recurso jerárquico éste hubiere sido denegado tácitamente
conforme al artículo 255 este Código. Contra las resoluciones en las cuales se
deniegue total o parcialmente el recurso jerárquico, en los casos de actos de
efectos particulares. Y estos deben de ser ejercidos ante los:
- JUZGADOS SUPERIORES TRIBUTARIOS (art. 329 y 330 COT)
- La jurisdicción y competencia de los Tribunales Superiores de lo Contencioso
Tributario se ejercerán en forma excluyente de cualquier otro fuero, por lo
que no podrá atribuirse la competencia a otra jurisdicción ni a otros
Tribunales de distinta naturaleza. Los Tribunales Superiores de lo
Contencioso Tributario serán unipersonales y cada uno de ellos tendrá
competencia en los procedimientos relativos a todos los tributos regidos por
este código son competentes para conocer en primera instancia de los
procedimientos judiciales establecidos en el Código Orgánico Tributario, los
cuales los sustanciarán y decidirán con arreglo a las normas de ese Código.
- TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA POLÍTICO ADMINITRATIVA (art. 329
COT)
- Conocerán de las apelaciones ejercidas contra las decisiones
dictadas por los tribunales superiores.
- Conocerán de las apelaciones ejercidas contra las decisiones
dictadas por los tribunales superiores.
- TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA POLÍTICO ADMINITRATIVA (art. 329
COT)
- La jurisdicción y competencia de los Tribunales Superiores de lo Contencioso
Tributario se ejercerán en forma excluyente de cualquier otro fuero, por lo
que no podrá atribuirse la competencia a otra jurisdicción ni a otros
Tribunales de distinta naturaleza. Los Tribunales Superiores de lo
Contencioso Tributario serán unipersonales y cada uno de ellos tendrá
competencia en los procedimientos relativos a todos los tributos regidos por
este código son competentes para conocer en primera instancia de los
procedimientos judiciales establecidos en el Código Orgánico Tributario, los
cuales los sustanciarán y decidirán con arreglo a las normas de ese Código.
- JUZGADOS SUPERIORES TRIBUTARIOS (art. 329 y 330 COT)
- El recurso contencioso tributario ejercido en esta jurisdicción procederá: Contra
los mismos actos de efectos particulares que pueden ser objeto de impugnación
mediante el recurso jerárquico, sin necesidad del previo ejercicio de dicho
recurso. Contra los mismos actos a que se refiere el numeral anterior, cuando
habiendo mediado recurso jerárquico éste hubiere sido denegado tácitamente
conforme al artículo 255 este Código. Contra las resoluciones en las cuales se
deniegue total o parcialmente el recurso jerárquico, en los casos de actos de
efectos particulares. Y estos deben de ser ejercidos ante los:
- Es un Recurso Jurisdiccional es decir que solo puede intentarse
contra actos y efectos a particulares de la administración
tributaria. Puede ser Impugnado no solamente con actos
determinativos o liquidatarios, sino a cualquier acto de los
organismos antes mencionados Puede se interpuesto no solo por
el Contribuyente sino también por un tercero que resulte
afectado.
- OBJETO
- Efectos y Caducidad del Recurso Establecido en el articulo (178
COT), se interpone y se suspende la ejecución del acto recurrido
en cuanto la interposición del recurso jerárquico dispuesto en el
articulo (172 ejusdem). El lapso de caducidad no admite ni
interrupciones ni suspensiones, lo cual este transcurre de
acuerdo a lo previsto en el articulo (176 COT).
- PROCEDIMIENTO Interposición y
Admisión del Recurso
- Artículos 260 y 261 por el Recurrente. Subsidiario al Recurso
Jerárquico. • Admisión articulo 267 COT. Lapso Probatorio Promoción
articulo 269 COT diez (10) días de despacho siguientes a la apertura del
lapso Probatorio. Articulo 269 COT. • Articulo 270 COT Oposición a las
pruebas: dentro de los tres 3 días de despacho siguientes. •
Providencia del Juez a los escritos de las pruebas, a los tres 3 días de
despacho siguientes. • Apelación de Admisión de pruebas 5 días de
despacho siguientes. • Evacuación de pruebas: lapso de 20 días de
despacho, una vez admitidas. Los Informes El articulo 274 del COT,
establece que al decimoquinto (15) día de despacho siguiente al
vencimiento del lapso probatorio, las partes podrán presentar los
informes correspondientes. La Sentencia El articulo 277 de la COT que
presentados los informes, cumplido el auto o pasado el termino de su
cumplimiento, el Tribunal deberá dictar sentencia dentro de los
sesenta (60) días continuos siguientes.
- Artículos 260 y 261 por el Recurrente. Subsidiario al Recurso
Jerárquico. • Admisión articulo 267 COT. Lapso Probatorio Promoción
articulo 269 COT diez (10) días de despacho siguientes a la apertura del
lapso Probatorio. Articulo 269 COT. • Articulo 270 COT Oposición a las
pruebas: dentro de los tres 3 días de despacho siguientes. •
Providencia del Juez a los escritos de las pruebas, a los tres 3 días de
despacho siguientes. • Apelación de Admisión de pruebas 5 días de
despacho siguientes. • Evacuación de pruebas: lapso de 20 días de
despacho, una vez admitidas. Los Informes El articulo 274 del COT,
establece que al decimoquinto (15) día de despacho siguiente al
vencimiento del lapso probatorio, las partes podrán presentar los
informes correspondientes. La Sentencia El articulo 277 de la COT que
presentados los informes, cumplido el auto o pasado el termino de su
cumplimiento, el Tribunal deberá dictar sentencia dentro de los
sesenta (60) días continuos siguientes.
- Es un medio judicial de impugnación de actos
administrativos de efectos particulares dictados por la
Administración Tributaria, ya sea que éstos
determinen tributos, donde se apliquen sanciones o
afecten de cualquier forma los derechos subjetivos o
intereses legítimos de los administrados. En cuanto a
su naturaleza jurídica este se encuentra estipulado en
el articulo (259 CRBV), y artículos (260 COT).
Anexos de mídia
Quer criar seus próprios Mapas Mentais gratuitos com a GoConqr? Saiba mais.