Ley 39/2015. TÍTULO V

Deberá dictarse dentro del plazo de cuatro años desde que se dictó el acto administrativo

Puede adoptarse con dictamen desfavorable del Consejo de Estado

Se podrá adoptar respecto de los actos que tengan un contenido imposible

La incoación debe ser de oficio, sin que sea posible a solicitud del interesado

La revisión de oficio de los actos administrativos nulos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo exige, en todo caso, el previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.

La declaración de lesividad de actos anulables podrá acordarse en cualquier momento posterior al dictado del acto administrativo anulable.

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para resolver podrá suspender en todo caso la ejecución del acto.

Las facultades de revisión podrán ser ejercitadas cuando por la prescripción de acciones su ejercicio resulte contrario al derecho de los particulares.

Un mes, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo

Tres meses, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo

Seis meses, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo

En cualquier momento a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo

El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo

El acto que se recurre, la razón de su impugnación y la legislación en que se base el recurso

Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones

Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación

1 mes

2 meses

30 días

6 meses

Solo los actos administrativos de contenido desfavorable para el interesado

Los actos administrativos de contenido desfavorable para el interesado y los favorable aquejados de un vicio de nulidad absoluta

Todos los actos administrativos

La respuesta varia en función de que el procedimiento de revisión se haya iniciado de oficio o a instancia de parte

Únicamente contra resoluciones

Tanto contra resoluciones como contra cualquier acto de trámite

Contra resoluciones y, en determinados casos, contra actos de trámite

En ningún caso contra actos de trámite

Suspenderá la ejecución del acto impugnado

No suspenderá la ejecución del acto impugnado

No suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario

Ante el órgano que dictó el acto que se impugna mediante recurso de alzada en el plazo de un mes, si el acto fuera expreso

Cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó

Potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado

Deberán ser recurridos mediante recurso de reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado con carácter previo a su impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo

La anulación de todos los actos habidos en el procedimiento

La prescripción del expediente

La caducidad del procedimiento y archivo de las actuaciones

La anulación y acuerdo de inicio de nuevo expediente

Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

Cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.

Cuando la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados

A través del recurso ordinario

Previa declaración de lesividad

Previa audiencia a los interesado

En cualquier momento a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el
acto presunto.

En el plazo de un mes y se contará a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su
normativa específica, se produzca el acto presunto.

En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa
específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de
reposición en cualquier momento a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera presunto.
Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.

Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de
reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su
normativa específica, se produzca el acto presunto.

Dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha en que la sentencia judicial quedó firme.

El plazo será de dos meses a contar desde que la sentencia judicial quedó firme.

El plazo será de tres meses a contar desde que la sentencia judicial quedó firme.

Las resoluciones de los recursos de alzada

Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior jerárquico

Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca

Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento

Dicha revocación no sea contraria al principio de igualdad

El acto a revocar es contrario al ordenamiento jurídico

No hayan transcurrido más de seis meses desde que se dictó el acto

El acto a revocar no tiene efectos desfavorables

Siempre de oficio cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho.

A solicitud del recurrente cuando la impugnación se fundamente en cualquier infracción del ordenamiento jurídico incluso la desviación de poder.

De oficio o a solicitud del recurrente cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho.

De oficio o a solicitud del recurrente cuando la impugnación se fundamente en cualquier infracción del ordenamiento jurídico incluso la desviación de poder.

Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el órgano competente para resolverlo.

Ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna.

Ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto impugnado.

Podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.

No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.

Podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y no exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.

No, nunca.

Sí, siempre que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Sí, siempre que la no ejecución pudiera causar un beneficio superior al perjuicio causado por la ejecución.

Sí, en los casos de nulidad del procedimiento.

Podrá ser inadmitido siempre que exista informe previo del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma

Transcurrido el plazo de seis meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin
haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado

Podrá interponerse contra actos firmes cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de documentos ajenos al expediente

Podrá interponerse contra actos firmes en vía administrativa en el plazo de cuatro años cuando al dictarlo se hubiera incurrido en error de hecho

La interposición de cualquier recurso en ningún caso suspende la ejecución del acto impugnado

Puede suspenderse de oficio por causas de anulabilidad

Puede suspenderse de oficio o a instancia de parte si la impugnación se fundamente en causa de nulidad o de anulabilidad

Puede suspenderse de oficio o a instancia de parte si la ejecución puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación

3 días

10 días

15 días

2 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.

4 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.

6 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.

Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.

Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la desestimación del mismo.

Ninguna es correcta.

Ponen fin siempre a la vía administrativa

No pone fin a la vía administrativa si cabe recurso de reposición

Pone fin a la vía administrativa siempre y cuando no exista superior jerárquico al que recurrir

Directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ante el órgano que dictó la disposición.

Ante el órgano que resuelva el procedimiento.

Es recurrible ante el órgano que la haya declarado o el superior jerárquico.

No es recurrible, pero puede notificarse a los interesados a efectos informativos.

Es recurrible unicamente por quienes acrediten interés directo.

Nunca, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos

Cuando se trate de un acto no susceptible de recurso

Cuando carezca de habilitación el recurrente

Cuando sea incompetente el órgano administrativo, si el competente perteneciera a la misma Administración Pública

En cualquier momento, de oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico en los supuestos previstos en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre

En cualquier momento, de oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre

En cualquier momento, de oficio, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico en los supuestos previstos en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre

En cualquier momento, de oficio, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre

Cuando haya transcurrido tres meses desde su iniciación

Cuando haya transcurrido seis meses desde su iniciación

Cuando haya transcurrido seis meses desde su admisión a trámite

En los procedimientos de revisión iniciados a solicitud del interesado no se produce su caducidad

Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante
el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.

Los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos en alzada ante el órgano
superior jerárquico del que los dictó o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.

Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior
jerárquico del que los dictó o potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado.

Los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos en alzada o en reposición ante el
órgano superior jerárquico del que los dictó.

Los actos de los Subsecretarios y Directores Generales en materia de personal

Los actos de los Subdirectores Generales en materia de personal

Los actos de los Directores Provinciales en cuantía superior a 500.000 euros

Los actos de los Subdelegados del Gobierno en materia de seguridad vial

Procede contra actos favorables a la Administración que no hayan agotado la vía administrativa o que no
hayan sido recurridos en plazo. Se tramita, exclusivamente, por iniciativa de la propia Administración

Puede iniciarse tanto de oficio como a instancia de parte interesada

Requiere del informe facultativo y vinculante del Consejo de Estado u órgano equivalente en la Comunidad
Autónoma

Procede contra las disposiciones generales que vulneren derechos singulares, previo informe favorable del
Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma

Los que ponen fin a un procedimiento mediante una resolución que contiene la voluntad del órgano
administrativo

Los que no permiten recurso administrativo ordinario alguno, salvo el potestativo de reposición

Los que son susceptibles de recurso administrativo de tipo ordinario

Los que, en su producción, requieren la intervención de varios órganos administrativos

Se adoptará por el orden contencioso-administrativo para anular los actos Administrativos

Se adoptará, en todo caso, siempre que lo solicite el interesado

Se adoptará por el órgano competente de la administración competente en cada Materia

La competencia para su declaración le corresponde al superior jerárquico del órgano que dictó el acto

Las Administraciones Públicas podrán revocar, en cualquier momento, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico

Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos

Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico

Las resoluciones de los recursos de alzada.

En el ámbito estatal, las resoluciones emanadas de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia presupuestaria.

Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.

Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

En cualquier momento

En aplicación del principio de seguridad jurídica no puede revocar estos actos

Cuando lo solicite el interesado

Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción

3 meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada

6 meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada

1 año siguiente a la fecha de la notificación de la resolución impugnada

4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada

La equidad, la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes

Cuando hayan transcurrido más de 10 años

Cuando afecte a derechos de entidades sociales

Cuando exista analogía con otras actuaciones de la administración ejercitante

Desestimará en todo o en parte o estimará las pretensiones formuladas en el
mismo o declarará su inadmisión total o parcialmente.

Estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el
mismo o declarará su inadmisión.

Estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas
en el mismo o declarará su inadmisión total o parcialmente.

Ninguna es correcta.

Produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses de particulares

Por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes

Quepa interponer por los interesados los recursos de alzada o potestativo de reposición, si estos se hallan motivados en las causas de nulidad o anulabilidad

Existan procedimientos alternativos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo

Desestimará en todo o en parte o estimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.

Será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, pudiéndose agravar su situación inicial.

Estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

En cualquier momento.

Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.

Mientras no haya transcurrido el plazo de caducidad.

No los pueden revocar.