Las medidas provisionales en el procedimiento administrativo:
Iniciado el procedimiento, se adoptarán por el órgano instructor, previa audiencia a las partes y al órgano competente para resolver
Iniciado el procedimiento, se adoptarán a instancia de parte únicamente para la protección provisional de intereses implicados
Antes de la iniciación del procedimiento, podrán adoptarse en los casos de urgencia y para la protección provisional de intereses implicados
Podrán adoptarse, previa presentación de fianza, aún en los casos en que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación
De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho:
A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En tal caso, tendrán derecho a presentar una copia autenticada del mismo, y conservar en su poder el documento original.
A actuar asistidos de asesor, siempre y cuando se determine reglamentariamente tal posibilidad
A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentre en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.
De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la incomparecencia en el trámite de información pública:
Supone la privación de la condición de interesado
Impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento
No impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento
De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo disposición expresa en contrario, los informes en el procedimiento administrativo serán:
Preceptivos y vinculantes
Preceptivos y no vinculantes
Facultativos y no vinculantes
De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los informes
Serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor
Serán emitidos por escrito en el plazo de veinte días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor
Serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de veinte días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor
De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el procedimiento administrativo, cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, éstos deberán ser remitidos:
En el plazo de diez días a contar desde su solicitud
En el plazo de quince días a contar desde su solicitud
En el plazo de un mes a contar desde su solicitud
De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Cuál de las siguientes no es una medida provisional que se pueda adoptar en un procedimiento administrativo?
Confiscación preventiva de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos
La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda
La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas
De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos:
En un plazo de 10 días
En un plazo de 15 días
En un plazo de 5 días naturales
Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando:
Se trate de actos personalisimos que puedan ser realizados por sujeto distinto del interesado
Se trate de actos, personalisimos o no, que puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado
Se trate de actos personalisimos en que no proceda la compulsión sobre el obligado o no se estime conveniente
Se trate de actos que por no ser personalisimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado
Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados:
Deberán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y que sea compatible, en todo caso, con sus obligaciones laborales o profesionales
Podrán practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos, siempre que sea posible, con pleno respeto de sus obligaciones laborales o profesionales
Sólo podrán practicarse en la forma que resulte más cómoda y sea compatible con la buena marcha del procedimiento
Habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales
No es un medio de ejecución forzosa de los previstos en el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
La multa coercitiva
El procedimiento recaudatorio
La compulsión sobre las personas
La ejecución subsidiaria
Según el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará respetando siempre el principio:
De intervención mínima
De proporcionalidad
De igualdad
De eficacia
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. ¿En qué plazo se producirá la caducidad con motivo de su paralización por causa imputable a aquél?
Seis meses
En plazo establecido en la normativa reguladora de cada procedimiento
Tres meses
Un año
Según la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos:
Forzosamente
No
No, salvo que una disposición establezca su ejecutoriedad
Si, salvo que se produzca la suspensión de la ejecución del acto
Según lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites que no sean indispensables para dictar resolución, tendrá como efecto:
La pérdida del derecho al trámite del que se trate
La caducidad del procedimiento
La prescripción de las acciones del particular
El requerimiento al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane el trámite omitido
Según lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos administrativos se iniciarán de oficio:
Por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia
Por acuerdo del órgano responsable, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición motivada de otros órganos o por denuncia
Por acuerdo de la autoridad competente, por propia iniciativa u orden superior, a petición de otros órganos o por denuncia
Por acuerdo del órgano competente, bien por iniciativa propia o como consecuencia de orden o instrucción superior, a petición razonada de otros órganos o unidades administrativas o por denuncia o queja
A tenor de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de estas formas no pone fin al procedimiento administrativo:
La resolución del procedimiento
El desistimiento del derecho en que se funde la solicitud del interesado
La declaración de caducidad del procedimiento
La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas
Conforme a lo previsto en los artículos 79 y 80 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los informes que soliciten dentro del procedimiento administrativo:
Tienen el carácter de preceptivos, si así lo resuelve el órgano que ha iniciado el procedimiento
Tienen el carácter de preceptivos, si así lo establece una norma legal o reglamentaria
Tienen el carácter de preceptivos, si así lo establece una norma con rango de ley
Como regla general tienen el carácter de facultativos, pero una vez solicitados son vinculantes
El artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula el trámite de audiencia, disponiendo que:
Una vez instruido el procedimiento, se pondrá de manifiesto a los interesados inmediatamente después de redactar la propuesta de resolución
En este trámite los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince
No se podrá prescindir del trámite de vista
La audiencia a los interesados será posterior a la solicitud de informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico
Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento administrativo:
Suspenderán la tramitación del mismo si se refieren a la nulidad de las actuaciones
En ningún caso suspenderá la tramitación del procedimiento
Suspenderán la tramitación del mismo si se refieren a la caducidad de las actuaciones
Suspenderán la tramitación del mismo si se refieren a la recusación
El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de este lo requiera, podrá acordar un periodo de información pública. Respecto a dicho periodo de información cuál de las siguientes respuestas es correcta:
El plazo para formular alegaciones en ningún caso podrá ser inferior a veinte días
Se anunciará en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma y en el de la Provincia respectiva
La comparecencia en el trámite de información pública otorga por sí misma, la condición de interesado
La incomparecencia en este trámite impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento
En relación a la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta:
La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción
Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes
Podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución
No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite
La ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas en su artículo 85 establece respecto a la terminación en los procedimientos sancionadores:
Iniciado un procedimiento sancionador, aunque el infractor no reconozca su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda
Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda
Iniciado un procedimiento sancionador, en ningún caso se podrá resolver el procedimiento con la imposición de una sanción
Iniciado un procedimiento sancionador, en todo caso se podrá resolver el procedimiento con la imposición de una sanción
Respecto a los medios y período de prueba no es correcto:
En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien
Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquellos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario
Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter facultativo
Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución
En cuanto a los actos de instrucción, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a:
Los principios de eficacia y de proporcionalidad de los interesados en el procedimiento
Los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento
Los principios de cooperación y de buena regulación de los interesados en el procedimiento
Los principios de eficiencia y de necesidad de los interesados en el procedimiento
En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de:
10 días
Un mes
Dos meses
Respecto de las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, el artículo 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común determina que:
Suspenderán su tramitación si éstas se refieren a la nulidad de actuaciones.
Suspenderán su tramitación si la cuestión incidental que se suscite es la recusación.
No suspenderán su tramitación cualquiera que sea la cuestión que se suscite.
Suspenderán su tramitación cuando así lo acuerde motivadamente el órgano instructor del procedimiento, si se acredita que causa perjuicio a terceros ajenos al procedimiento.
El desistimiento, como forma de finalización del procedimiento, está regulado por los artículos 93 y 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. De las afirmaciones siguientes, indique la correcta:
Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento afectará a todos ellos.
Todo interesado podrá desistir de su solicitud cuando no esté prohibido por el ordenamiento jurídico.
En los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes, la Administración podrá desistir motivadamente en los procedimientos iniciados de oficio.
La formulación del desistimiento conllevará siempre la finalización automática del procedimiento administrativo.
Señale la respuesta correcta:
En sus relaciones con las Administraciones Públicas, los ciudadanos tendrán derecho a:
A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución
A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución
A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior a la propuesta de resolución, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución
A formular alegaciones pero no a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior a la propuesta de resolución, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución
La comunicación para el inicio de una actividad podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad:
En cualquier caso
Cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente
Nunca
Siempre que se efectúe dentro de los diez días siguiente al inicio de la actividad
Antes de iniciarse el procedimiento administrativo:
Sólo el órgano competente para resolverlo podrá abrir un periodo de información previa
Sólo el órgano competente para instruir podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas si existiesen elementos de juicio suficientes para ello
El órgano competente podrá, de oficio o a instancia de parte, adoptar las medidas provisionales correspondientes en los supuestos previstos expresamente por una norma con rango de ley
No podrán adoptarse medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento administrativo
Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio:
Unos y otros podrán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente resolución
Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución
Unos y otros deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente resolución
Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos:
A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que estén interesados
A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentre en poder de la Administración actuante
A obtener original y copias de documentos contenidos en los procedimientos en los que tengan la condición de interesados
La determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerá reglamentariamente un procedimiento general, en el que será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado, o en su caso del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía:
Inferior a 50.000 euros, o a la cuantía que se establezca en la correspondiente legislación autonómica
Igual o superior a 50.000 euros, o a la cuantía que se establezca en la correspondiente legislación autonómica
Superior a 50.000 euros, o a la cuantía que se establezca en la correspondiente legislación autonómica
La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas, en el caso de actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar, se efectuará mediante:
Apremio sobre el patrimonio
Ejecución subsidiaria
Multa coercitiva
Compulsión sobre las personas
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56.3 de la LPAC, podrán acordarse, entre otras, las siguientes medidas provisionales, en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:
Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos; consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen; la formación de inventario de bienes.
Suspensión temporal de actividades; el depósito, retención o inmovilización de cosa mueble; consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.
Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen; el depósito, retención o inmovilización de cosa mueble y la anotación preventiva de demanda.
De conformidad con lo previsto en el artículo 96.6 de la LPAC, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en el plazo de:
Veinte días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constarán, entre otros, del trámite de alegaciones formuladas en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, durante el plazo de cinco días.
Treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constarán, entre otros, del trámite de alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de diez días.
Treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y constarán, entre otros, del trámite de alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.
El artículo 95.3 de la LPAC, en relación con los requisitos y efectos de la caducidad, establece que en los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse:
Los trámites de alegaciones, y audiencia al interesado.
Los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.
Los actos de instrucción y los trámites de alegaciones y audiencia al interesado.
En el despacho de los expedientes se quardará el orden riquroso de incoación:
En todo caso.
En ningún caso, pues depende de las prioridades del órgano administrativo
Solo cuando los asuntos sean de homogénea naturaleza
Cuando los asuntos correspondan a un único órgano administrativo
El Acuerdo de apertura de Información Pública en un procedimiento administrativo es un documento que se clasifica como:
De la Fase de lniciación
De la Fase de lnstrucción.
De la Fase Terminación.
Documento de Juicio
Durante la tramitación de un procedimiento administrativo, en el supuesto de no emitirse en el plazo fijado para ello el informe solicitado, se podrán proseguir las actuaciones:
En todo caso
Sólo si el dictamen solicitado era facultativo
Salvo que, siendo preceptivo, sea determinante para la resolución del procedimiento
Nunca podrán proseguirse las actuaciones
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial podrá iniciarse procedimiento abreviado:
En cualquier momento del procedimiento.
Cuando el instructor/a lo crea conveniente y se dicte resolución motivada.
Sólo antes del trámite de audiencia.
Cuando el instructor/a entienda que son inequívocas la relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento del servicio público y tenga el visto bueno del órgano que resuelve.
En el caso de daños físicos o psíquicos el plazo para reclamar empezará a computarse:
Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización
En cualquier momento
Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas
Desde el momento en que se manifiesta el efecto lesivo del hecho o acto que motive la indemnización
Ante la propuesta de pruebas por los interesados, el instructor del procedimiento:
Rechazará aquellas que impliquen gastos que no tengan que soportar las administraciones.
Podrá rechazar las que sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, previo informe preceptivo del órgano iniciador.
Acordará necesariamente la apertura de un período de prueba.
Podrá rechazar las que sean manifiestamente improcedentes o innecesarias.
¿Respecto de que tipo de actos administrativos cabe la ejecución subsidiaria?
Respecto de actos personalísimos en que non proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.
Respecto de actos personalísimos y que non tengan contenido económico.
Respecto de actos que puedan ser realizados por sujetos distintos del obligado.
Respecto de actos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar.
En un procedimiento administrativo, cuando se trate de cuestiones conexas que no fueran formuladas por los interesados, el órgano competente:
No podrá pronunciarse sobre éstas.
Deberá pronunciarse sobre éstas, poniéndolo antes de manifiesto a los interesados por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.
Podrá pronunciarse sobre éstas, poniéndolo antes de manifiesto a los interesados por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.
Deberá pronunciarse sobre éstas, sin necesidad de ponerlo de manifiesto a los interesados.
En cuanto a la ordenación del procedimiento:
A los interesados, se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se dicte la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.
Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto.
Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación y la nulidad de actuaciones.
Ninguna es correcta.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula en un capítulo especifico:
Una tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
El procedimiento especial en materia de responsabilidad patrimonial.
La organización y funcionamiento del sector institucional estatal.
Con arreglo al artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la información contenida en aplicaciones informáticas, ¿forma parte del expediente administrativo?:
No, es información auxiliar o de apoyo
Solo los datos de carácter personal
Si, es información principal
Con arreglo al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las declaraciones responsables, con carácter general permiten el reconocimiento o ejercicio de un derecho:
Desde su presentación
Una vez comprobada su veracidad
Finalizado el plazo de presentación
En un procedimiento sancionador se comunica al denunciante la incoación del procedimiento sancionador:
Cuando lo solicite en la denuncia
Siempre, al ser interesado
Si lo prevén las normas reguladoras del procedimiento
Tal y como establece el artículo 96, de la Ley 39/2015, la tramitación simplificada del procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas:
A) Podrá acordarse, cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, de oficio o a solicitud del interesado
B) Además de lo dispuesto en A), podrá acordarse si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, previa suspensión del procedimiento general
C) En ningún caso, podrá acordarse la tramitación simplificada una vez iniciado el procedimiento general
La resolución que ponga fin a un procedimiento sancionador
Será inmediatamente ejecutiva
Será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa
Será ejecutiva cuando alcance firmeza en vía judicial
Respecto a la prueba en el procedimiento sancionador, señala la respuesta correcta:
Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter vinculante
En los procedimientos sancionadores, el instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a diez días
En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes no vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien
Vincularán a las Administraciones Públicas los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes, respecto de los procedimientos sancionadores que substancien
En el trámite de práctica de prueba de un procedimiento administrativo, en la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba y...
La advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan
La comunicación de los recursos que puedan formularse
La fijación de plazos que procedan
¿Contra qué acuerdo de los que se señalan no podrá interponerse recurso, aunque podrá impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento?
Contra el acuerdo de avocación
Contra el acuerdo de acumulación
Contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia
Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos
En base al art. 81 de la Ley 39/2015, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado, cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía:
Superior a 50.000€.
Superior a 30.000€.
Igual o superior a 50.000€.
Igual o superior a 30.000€.
El derecho a obtener de las Administraciones Públicas información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, es reconocido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a:
Cualquier persona física o jurídica con capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas.
Sólo a los que tienen la condición de interesados en un procedimiento administrativo.
Cualquier ciudadano español.
Exclusivamente a quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.
De acuerdo con el principio de celeridad en el procedimiento administrativo, regulado en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, éste se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de:
Transparencia y publicidad.
Simplificación e igualdad.
Simplificación y transparencia.
Igualdad y publicidad.
El principio de la ejecutividad inmediata de los actos administrativos desde su notificación o publicación:
Se cumple siempre
Los actos administrativos no son ejecutivos
No son inmediatamente ejecutivos los actos sancionadores si cabe contra ellos algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición
Son siempre de obligado cumplimiento desde que se notifica la resolución
Respecto a los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos, únicamente, al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración:
Deberá, no obstante, dictar resolución expresa sobre la conformidad de dicho ejercicio
No está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla
Está obligada a dictar resolución expresa, pero no a notificarla, a efectos de constancia de las actuaciones efectuadas
Se aplicará la regulación del acto presunto en la forma que específicamente se establece para estos procedimientos
De acuerdo con el artículo 57, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión:
Únicamente a instancia de parte
Siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento
Únicamente de oficio
Ninguna es correcta
En cuanto al expediente administrativo, según el artículo 70.2, formarán parte del mismo:
Documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias
Borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos
Índica numerado y copia en papel de la resolución adoptada
Las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas:
Cuando determinada obligación pecuniaria no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal
Cuando se trate de actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado
Cuando se trate de actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado
Cuando se trate de actos cuya ejecución no pueda el obligado encargar a otra persona
En relación al desistimiento y la renuncia por los interesados en un procedimiento administrativo:
La Administración las aceptará de plano y declarará concluso el procedimiento en todo caso.
Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados , el desistimiento y la renuncia afectarán a todos los interesados en el procedimiento.
La Administración las aceptará de plano y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de quince días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
La Administración las aceptará de plano y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
Cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado habrá lugar a:
Ejecución subsidiaria.
Apremio sobre el patrimonio.
Multa coercitiva.
Compulsión sobre las personas.
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados por un interesado, el plazo de prescripción del derecho a reclamar es de:
Seis meses naturales
Es un derecho que no prescribe
Dos años
De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán adoptarse las siguientes medidas provisionales, señale la incorrecta:
Suspensión temporal de actividades.
Embargo definitivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos.
El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.
La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas.
Los expedientes administrativos se formarán de conformidad con lo regulado en el artículo 70.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública:
Mediante los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.
Mediante la información contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.
Mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita.
Mediante la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo.
De conformidad con lo fijado en el artículo 73.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de:
5 días a partir del día de la notificación del correspondiente acto.
5 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.
10 días a partir del día de la notificación del correspondiente acto.
10 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.
