Concierne a la vigilancia, fiscalización y auditoría de la
gestión pública, para verificar el cumplimiento de las
normas legales, las políticas y los planes de acción
establecidos, así como la eficacia, eficiencia, economía,
calidad e impacto en la administración de los ingresos,
gastos y bienes públicos y las operaciones relativas a los
mismos
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