La Ley Orgánica 2/1982, de 12 de Mayo, del Tribunal de Cuentas, establece que los acuerdos del Pleno se adoptarán por:
Por mayoría absoluta de asistentes
Por mayoría cualificada de asistentes
Por mayoría de dos tercios de asistentes
Por mayoría de asistentes
Según el artículo 135 de la Constitución Española, los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones:
Podrán ser objeto de enmienda o modificación cuando resulte necesario
Se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos
No se incluirán en sus presupuestos si con ello se incurre en déficit estructural
De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución Española:
El Gobierno deberá presentar ante las Cortes los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior
El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior
El Gobierno deberá presentar ante las Cortes los Presupuestos Generales del Estado al menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior
El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior
Según el artículo 135.4 de la Constitución Española los límites del déficit estructural y de volumen de la deuda pública sólo podrán superarse:
En caso de catástrofes naturales.
En caso de recesión económica por acuerdo del Consejo de Ministros.
En caso de recesión económica apreciada por mayoría simple del Congreso de los Diputados.
El artículo 128.2 de la Constitución Española regula la posibilidad de reservar al sector público mediante ley:
Cualquier tipo de servicios o recursos
Los recursos o servicios esenciales
Los bienes de dominio privado
El artículo 135 de la Constitución Española establece que todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de:
Estabilidad económica
Subsidiariedad
Estabilidad presupuestaria
Según establece el artículo 136.3 de la Constitución Española los miembros del Tribunal de Cuentas:
Gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los miembros del Tribunal Constitucional
Gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los miembros del Consejo de Estado
Gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces
Gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que el Defensor del Pueblo
A tenor literal del artículo 135 de la Constitución Española señala que:
Una ley fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto.
Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por 2/3 de los miembros del Congreso de los Diputados.
El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley o disposición reglamentaria para emitir deuda pública o contraer crédito.
Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
Según lo establecido en el artículo 134 de la CE, toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá para su tramitación la conformidad del:
Congreso
Senado
Gobierno
Ministerio de Hacienda y Función Pública
De conformidad con la Constitución Española:
Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales no podrán establecer y exigir tributos pues la potestad originaria para establecer los tributos corresponden exclusivamente al Estado, mediante Ley
Las Haciendas Locales que no dispongan de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas se podrán nutrir de la participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas
Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes
La Constitución Española de 1978 establece respecto a los Presupuestos Generales del Estado que:
Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación.
Corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación.
Corresponde al Consejo de Ministros la elaboración y examen de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su enmienda y aprobación.
Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y al Congreso de los Diputados su examen, enmienda y aprobación.
Fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas en relación con su Producto Interior Bruto:
Una ley.
Una ley orgánica.
El Congreso.
Las Cortes Generales.
La potestad originaria para establecer tributos corresponde:
Exclusivamente al Estado y a las Comunidades Autónomas
A los Estados, Comunidades Autónomas y Corporaciones locales, mediante ley
Exclusivamente al Gobierno
Exclusivamente al Estado, mediante ley
Aprobados los Presupuestos Generales del Estado:
No podrán presentarse proposiciones de ley, aunque sí enmiendas a los proyectos de Ley, que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos presupuestarios, sin la conformidad del Gobierno
Podrán presentarse proyectos y proposiciones de ley que impliquen aumento de gasto público o disminución de los ingresos, requiriéndose mayoría absoluta para su aprobación
No podrán presentarse ni proyectos ni proposiciones de ley que impliquen aumento de gasto público o disminución de los ingresos
Podrán presentarse ni proyectos ni proposiciones de ley que impliquen aumento de gasto público o disminución de los ingresos
