Según el artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para la válida constitución del órgano colegiado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá como regla general:
La asistencia presencial del Presidente y Secretario, o en su caso de quienes les suplan, y la mitad al menos de sus miembros
La asistencia presencial del Presidente y Secretario, o en su caso de quienes les suplan, y un tercio al menos de sus miembros
La asistencia presencial o a distancia del Presidente y Secretario, o en su caso de quienes les suplan, y la mitad al menos de sus miembros
La asistencia presencial o a distancia del Presidente y Secretario, o en su caso de quienes les suplan, y un tercio al menos de sus miembros
Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos:
Podrán ser delegadas en otros órganos jerárquicamente dependientes de aquéllos
Podrán ser desconcentradas en otros órganos jerárquicamente dependientes de aquéllos
Podrán ser delegadas en cualquier otro órgano de la misma Administración
Podrán ser desconcentradas en cualquier otro órgano de la misma Administración
Según la normativa en materia de órganos colegiados de las Administraciones Públicas establecida en la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, corresponde velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas:
Al presidente y al secretario mancomunadamente
Al presidente
Al secretario
A la totalidad de los miembros integrantes del órgano colegiado
El artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público regula la encomienda la gestión. Respecto de dicho precepto legal, indique la respuesta errónea:
Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto las prestaciones propias de los servicios regulados en la legislación de contratos del sector público.
La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia del órgano o de la entidad encomendante.
La encomienda de gestión conlleva la cesión de los elementos esenciales del ejercicio de la competencia del órgano o de la entidad encomendante.
Para su eficacia, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión entre órganos administrativos pertenecientes a la misma Administración y su resolución deberán ser publicadas en el Diario oficial a que corresponda el órgano encomendante.
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante:
Instrucciones y circulares
Instrucciones y ordenes de servicio
Circulares y ordenes de servicio
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos:
Los centros directivos a los que se les atribuyan funciones frente a terceros y que tengan delimitadas sus competencias
Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo
Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que en todo caso, la avocación:
Se realizará mediante resolución motivada que deberá ser notificada a los interesados en el procedimiento, en todo caso, con anterioridad a la resolución final que se dicte.
Se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificada a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la propuesta de resolución que se dicte.
Se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificada a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la resolución final que se dicte.
Se realizará mediante resolución motivada que deberá ser notificada a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la propuesta de resolución que se dicte.
Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
Solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley
No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.
La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado
Es motivo de abstención:
Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado
Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del tercero, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas o con sus asesores o representantes legales
Haber prestado servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar en los cinco últimos años a persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto
La recusación la promueve:
La autoridad o funcionario
El superior jerárquico de la autoridad o funcionario
El interesado
No podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:
El inicio del procedimiento, el seguimiento y la justificación de las subvenciones excepcionales
La adopción de disposiciones de carácter general
El inicio y resolución del procedimiento sancionador
De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la sede electrónica es:
El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada.
Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
Un documento o información electrónica capaz de contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y muchas otras cosas, adaptada para la llamada World Wide Web (WWW) y que puede ser accedida mediante un navegador.
Entre los principios de la potestad sancionadora establecidos en el Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el artículo 27 regula el principio de tipicidad, siendo uno de sus presupuestos:
Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.
Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley.
El artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece el procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, que se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, disponiendo que la resolución declaratoria de responsabilidad se dictará por el órgano competente en el plazo de:
Cinco días. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa.
Quince días. Dicha resolución no pondrá fin a la vía administrativa.
Diez días. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa.
En materia de responsabilidad patrimonial de la Administraciones Públicas, el artículo 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula la responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas, disponiendo en su apartado 1 que, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias
De forma solidaria, cuando no sea posible dicha determinación.
En todo caso, de forma solidaria.
De forma subsidiaria, cuando no sea posible dicha determinación.
En relación con la firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
Determina los sistemas de firma electrónica que debe utilizar el personal sujeto a sus disposiciones.
Atribuye a cada Administración Pública la determinación de los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal.
Prevé que esta determinación sea objeto de desarrollo reglamentario.
La Delegación de firma:
No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.
Alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación
Alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación.
No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación.
Una vez promovida la recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento:
El recusado paralizará la tramitación del procedimiento hasta que sea sustituido.
El superior inmediato se hará cargo de los sucesivos trámites.
En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada.
El superior resolverá en el plazo de cinco días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
¿Se pueden delegar las competencias que se ejercen por delegación?
Sí, siempre.
Sí, siempre que las autorice el órgano que las haya conferido.
No, salvo autorización expresa de una ley.
No, nunca.
Los órganos consultivos que regula la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
Están dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa.
Están dotados de autonomía funcional, pero no orgánica con respecto a la Administración activa.
Estarán sujetos a la dependencia jerárquica de los servicios a los que prestan asistencia jurídica.
Podrán recibir instrucciones o directrices de los órganos que hayan elaborado las disposiciones objeto de consulta.
De acuerdo con la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la suplencia temporal de un titular de un órgano administrativo, en supuesto de vacante, ausencia o enfermedad:
No implicará alteración de competencia y para su validez requerirá su publicación.
En caso de no haberse designado suplente, la competencia administrativa se ejercerá por quién designe el órgano administrativo inmediato superior de quién dependa.
No cabrá suplencia temporal en caso de haber sido declarada la abstención o recusación del titular del órgano administrativo.
En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente únicamente podrá efectuarse por el órgano competente para el nombramiento del titular en el propio acto de nombramiento.
Para la válida celebración de una sesión y adopción de acuerdos de un órgano colegiado de los contemplados en la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
Bastará con la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario del órgano colegiado.
Podrá utilizarse medio telefónico.
Podrá utilizarse única y exclusivamente videoconferencia como medio electrónico.
No podrá celebrarse una sesión y adoptarse un acuerdo si no se realiza de forma presencial.
Con arreglo al artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la determinación de la responsabilidad de la Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, seguirá el procedimiento establecido en:
La Ley de Procedimiento Administrativo Común.
La propia Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley de Contratos del Sector Público.
En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:
La resolución de los recursos de alzada
Ambas respuestas son correctas
Los órganos administrativos no podrán delegar las competencias que ejerzan por delegación, salvo:
Que se trate de la adopción de disposiciones de carácter general
Autorización previa del órgano delegante originario
Que se deleguen en órganos jerárquicamente inferiores
Autorización expresa de una Ley
Los miembros de un órgano colegiado que discrepen del acuerdo mayoritario adoptado podrán formular voto particular por escrito en el plazo de:
24 horas
Dos días
72 horas
Cinco días
Según la Ley 40/2015:
Podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a la adopción de disposiciones de carácter general
La delegación de firma requiere para su validez de publicación
La Administración consultiva no podrá articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional
La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación
La encomienda de gestión:
Supone cesión de la titularidad de la competencia
No podrá tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público
No requiere, para su eficacia, que el instrumento por el que se formaliza y su resolución, sea publicado en el Boletín oficial de la Administración a que pertenezca el órgano encomendante
En ningún caso implicará que el órgano encomendado tenga la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda
Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que puedan tener efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo
Corresponde a la Administración Pública Estatal delimitar las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de la Administración Autonómica y Local
Será requisito necesario para la creación de cualquier órgano administrativo determinar su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica
Las Administraciones Públicas pueden crear órganos sin límite alguno, siempre que exista la dotación de créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento
En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado:
Únicamente por el titular del Departamento al que pertenezca el órgano delegante
Por el órgano superior jerárquico común
Únicamente por el órgano delegante
Por el órgano delegante y el superior jerárquico común
Si concurren los supuestos de suplencia y no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá:
Por la autoridad que nombró al titular del órgano administrativo
Por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa
Por el órgano administrativo inmediato inferior
De forma colegiada cuando sean varios los órganos administrativos superiores que formen parte del mismo órgano
El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio dictado por los órganos administrativos para dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes:
Obliga a la Administración a iniciar un procedimiento de revisión de oficio del acto dictado
Implica necesariamente la imposición de una sanción disciplinaria al funcionario responsable
Determina siempre la invalidez del acto por ser causa de nulidad
No afecta por si solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos
En las reuniones los órganos colegiados podrá ser objeto de deliberación o acuerdo un asunto que no figure en el orden del día siempre que:
Estén presentes todos los miembros y así lo solicite el Presidente
Estén presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia por la mayoría de los miembros
Estén presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia por el Presidente
Estén presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia por el Presidente y las 2/3 partes de los miembros
Los titulares de los órganos administrativos:
Deberán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad
Podrán ser suplidos, salvo en los casos de abstención o recusación
Podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad
Serán suplidos en los términos fijados por la Administración General del Estado
Los convenios suscritos cuyo compromiso económico asumido supere los 600.000 euros, deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma
Dentro de los treinta días siguientes a la suscripción
Dentro de los seis meses siguientes a la suscripción
Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción
Dentro de los dos meses siguientes a la suscripción
La desconcentración:
Supone el traspaso de la titularidad y el ejercicio de una competencia de un órgano a otro de la misma Administración aun cuando no sean jerárquicamente dependientes
Supone el traspaso de la titularidad y el ejercicio de una competencia de un órgano a otro jerárquicamente dependiente
Supone el traspaso únicamente de la titularidad de una competencia de un órgano a otro jerárquicamente dependiente
Supone el traspaso únicamente del ejercicio de una competencia de un órgano a otro jerárquicamente dependiente
Los conflictos de atribuciones:
Solo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración estén o no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo
Solo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración estén o no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos que estén recurridos en vía administrativa
Solo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos que estén recurridos en vía administrativa
Solo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo
En el procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuál de los siguientes trámites tendrá un plazo de diez días:
Alegaciones
Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas
Audiencia
Resolución por el órgano competente
¿Cuál de los siguientes es un criterio de graduación de las sanciones?
La reincidencia, por comisión en el término de tres meses de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
La reincidencia, por comisión en el término de seis meses de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
La reincidencia, por comisión en el término de dos años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras:
Se deberán imponer las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones cometidas
Se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida
Se deberá sancionar como una infracción continuada
Se deberá sancionar únicamente la primera infracción cometida
En relación con las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
La cuantía de la indemnización se calculará con referencia a la fecha en que sea resuelto el procedimiento
Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, incluso en los casos de fuerza mayor
La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado
La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie, aunque no exista acuerdo con el interesado, siempre que convenga al interés público
La sede electrónica es:
El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, que permite el acceso a través de Internet a las informaciones publicadas
Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública
Un medio o soporte en que se almacenan documentos, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados
Un sistema de reconocimiento de firma electrónica de los interesados en los procedimientos
En los supuestos de Responsabilidad Concurrente de varias Administraciones Públicas, estas responderán frente al interesado:
Siempre de forma solidaria
Generalmente de forma subsidiaria
De forma individualizada
Dependiendo de los casos, de forma solidaria o individualizada
El establecimiento de una sede electrónica conlleva:
La responsabilidad del titular respecto a la seguridad, sostenibilidad e integridad de la información
La responsabilidad del titular respecto de la integridad, seguridad, veracidad y actualización de la información
La responsabilidad del titular respecto a las garantías, transparencia y veracidad de la información
La responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que puede accederse
Según el artículo 19.3, los miembros del órgano colegiado deberán recibir la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones con una antelación mínima de:
2 días
5 días
7 días
1 día
Para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios:
El resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la negligencia del personal al servicio de las Administraciones Públicas y su relación con la producción del resultado dañoso
El resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones Públicas y su relación con la producción del resultado dañoso
El resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones Públicas y su relación con la producción del resultado dañoso
Señale cuál de los siguientes principios no es un principio de la potestad sancionadora
Principio de legalidad
Principio de responsabilidad
Principio de presunción de inocencia
La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio:
La responsabilidad en que hubieran incurrido por culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca
La responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca
La responsabilidad en que hubieran incurrido por negligencia grave, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca
La responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca
Las Administraciones Públicas exigirán la responsabilidad de sus autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados por éstos en sus bienes y derechos:
Cuando hubiere mediado dolo, culpa o negligencia cualquiera que fuera su graduación
Cuando hubiere mediado dolo, culpa o negligencia muy graves
Cuando hubiere mediado dolo, culpa o negligencia graves
Entre otros, son principios de la potestad sancionadora:
Principio de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y presunción de inocencia
Principio de legalidad, irretroactividad, tipicidad y presunción de inocencia
Principio de legalidad, tipicidad y proporcionalidad
En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones Públicas actúan de conformidad con los principios de:
Buena fe y participación
Colaboración y cooperación
Eficacia y eficiencia
Transparencia y participación
Frente a un acuerdo de avocación de una competencia originaria:
No es posible interponer ningún recurso.
Puede interponerse un recurso de reposición.
Solo están legitimados para interponer recurso los interesados en el procedimiento en el que se esté ejerciendo dicha competencia.
Solo cuando el avocante sea un órgano superior se puede interponer un recurso de alzada
La indemnización a satisfacer por la Administración en los supuestos de responsabilidad patrimonial:
Podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, previa comunicación al interesado.
Podrá ser abonada mediante pagos periódicos, sin necesidad de que exista acuerdo con el interesado.
Podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, siempre que exista acuerdo con el interesado.
Se calculará con referencia al día en que se ponga fin al procedimiento.
Las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación los principios de:
Racionalidad organizativa y de racionalización, simplificación y agilidad de los procedimientos.
Buena fe y de confianza legítima.
Igualdad de oportunidades y de trato de hombres y mujeres.
Responsabilidad por la gestión pública.
Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de:
Descentralización y desconcentración
Jerarquía y coordinación
Buena fe y confianza legítima
Cooperación y colaboración
Señalar cual de las siguientes es una causa de abstención:
Tener parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con cualquiera de los interesados
Tener amistad manifiesta o enemistad íntima con alguna de las personas interesadas en el asunto
Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los cinco últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar
Haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento de que se trate
En sus relaciones con los ciudadanos. las Administraciones Públicas:
Actúan de conformidad con los principios de transparencia y participación
Actúan para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única
Se rigen por los principios de cooperación y coordinación.
Actúan de conformidad con el principio de buena fe y confianza legítima
El incumplimiento de instrucciones y órdenes de servicio:
No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
Afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
Determina la nulidad de pleno derecho de los actos dictados por los órganos administrativos.
Anula los actos dictados por los órganos administrativos.
En materia de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, el daño alegado habrá de ser en todo caso:
Verdadero e indentificable, cuantificado económicamente e individualizable
Evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas
Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas
Concurrente, cuantificable económicamente y exclusivo de forma individual
¿A quién corresponde la función de visar las actas y las certificaciones de los acuerdos de un órgano colegiado?:
Al secretario del órgano colegiado.
Al presidente del órgano colegiado.
A ninguno de ellos.
Al portavoz del órgano colegiado.
Señale la respuesta correcta en relación a la prescripción:
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de 30 días por causa no imputable al infractor.
Todas las respuestas son correctas.
En relación con las sedes electrónicas y los portales de internet, señale la respuesta correcta:
Los portales dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias
El establecimiento de un portal conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma
Se entiendo por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente
Los portales de internet utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con los mismos, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente
En el procedimiento general por responsabilidad patrimonial podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular si no recae resolución expresa
Transcurridos 30 días desde que se inició el procedimiento o el plazo que resulte de añadirle un periodo extraordinario de prueba
Transcurridos 3 meses desde que se inició el procedimiento o el plazo que resulte de añadirle un periodo extraordinario de prueba
Transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento o el plazo que resulte de añadirle un periodo extraordinario de prueba
Transcurrido 1 año desde que se inició el procedimiento o el plazo que resulte de añadirle un periodo extraordinario de prueba
En los casos previstos como motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los interesados:
En cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
En cualquier momento anterior al trámite de audiencia.
En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución.
En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento.
Cuál de los siguientes no es un principio general de actuación de las administraciones públicas, de conformidad a la Ley 40/2015 de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional
Autonomía institucional en el cumplimiento de sus fines
Simplicidad y claridad
Si, siempre que las autorice el órgano que las haya conferido
No, nunca
Si, siempre
No, salvo autorización expresa de una ley
Según establece la ley 40/2015, las actas de las sesiones que celebren los órganos colegiados especificarán necesariamente:
Asistentes, orden del día de la reunión y acuerdos adoptados.
Asistentes, orden del día, deliberaciones y acuerdos adoptados.
Asistentes, orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se han celebrado, el contenido de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados.
Asistentes, orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se han celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
Según establece la ley 40/2015, las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas se abstendrán de intervenir en un procedimiento cuando tengan vínculo de parentesco con cualquiera de los interesados en el procedimiento:
Dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Dentro del 3º grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Dentro del 2º grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Dentro del 1º grado de consanguinidad o afinidad.
Entre los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas contenidos en la ley 40/2015 se encuentran los de:
Legalidad, tipicidad, responsabilidad, justicia y proporcionalidad.
Legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad y proporcionalidad.
Legalidad, irretroactividad, responsabilidad y publicidad.
Legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y publicidad.
Los convenios se perfeccionan:
Cuando se inscriban en el Registro Electrónico de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público
Por la prestación del consentimiento de las partes
Cuando se publiquen en los diarios oficiales correspondientes
En los que haya compromiso de gasto, cuando se cuente con la autorización presupuestaria preceptiva
